Una iniciativa para multiplicar la caja de los barones del conurbano

Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. La sabiduría del viejo adagio popular le cabe al líder del FR, Sergio Massa, quien acaba de presentar un proyecto en la Legislatura bonaerense para limitar la reelección indefinida de los intendentes, acompañada de otros ítems como la eliminación de las listas sábana, la instrumentación del voto electrónico y la separación de las elecciones municipales de los comicios provinciales y nacionales. La propuesta levantó polvareda pues establece como máximo dos mandatos consecutivos, y de prosperar, 68 de los 135 jefes comunales no podrían renovar sus candidaturas en 2015. Sin embargo, a ultimo momento trascendió que dicha limitación “recién operaría como veda efectiva en 2023” (Clarín, 7/5).
El proyecto fue respaldado por Macri, la UCR, Hermes Binner y el FAP, el GEN y por supuesto los intendentes massistas Gustavo Posse (San Isidro), Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), Luis Acuña (Hurlingham), tan vitalicios como los intendentes kirchneristas, Julio Pereyra (Florencio Varela), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Hugo Curto (Tres de Febrero), el que ya superó más de 22 años atornillado al municipio. Cualquier periodista avezado sabe que cuando los intendentes y los gobernadores saltan hacia otras esferas delegan el mando en familiares o herederos políticos como testaferros de su poder detrás del trono.
Tras 20 años al frente de la intendencia de Merlo y su alianza con Massa, Raúl Othacehé en principio objetó la moción sosteniendo que “va en contra de la autonomía de los municipios”. Rápidamente cambió de parecer. Es que la iniciativa massista sostiene adicionalmente una reforma de la Ley Orgánica de las Municipalidades que rige el funcionamiento de todas las intendencias de la provincia de Buenos Aires. La reforma de marras descentraliza los municipios, confiriéndoles plena autonomía funcional para ejercer tareas de administración, prestación de servicios, celebración de convenios con otros municipios u otras provincias, sin el necesario consentimiento del estado provincial. De ese modo, los intendentes adquirirían plenos poderes como mini gobernadores para decidir el uso de su suelo y el código de ordenamiento de sus distritos. “Ésta es una discusión que cobra real dimensión cuando se piensa en las ‘cajas’ de la política”, desmintiendo así que esa iniciativa supone “el fin de los aparatos” (La Nación, 4/5). En lenguaje más llano, cada emprendimiento empresario será “arreglado” directamente con los intendentes, fortaleciendo financieramente sus aparatos políticos, amén de las consecuencias sobre las franjas populares mas vulnerables. La instalación de barrios privados como el Nordelta (el negocio inmobiliario más importante de los últimos años), construido sobre terrenos elevados que provocan inundaciones sobre los barrios populares aledaños, ilustra sin ambigüedades las intenciones del massismo.
De esta forma, así como las policías municipales consagran el poder represivo de los intendentes mediante la institucionalización de sus patotas para redoblar el control territorial, el proyecto para limitar su reelección indefinida encubre la concesión de nuevos poderes para multiplicar sus finanzas, asociados sin intermediarios a los grandes capitalistas. Una iniciativa reaccionaria opuesta a las necesidades de las grandes mayorías populares.

Miguel Raider