La Justicia confirmó el procesamiento de más de 40 efectivos de las policías Federal y Metropolitana por el triple asesinato en la represión del Parque Indoamericano. La mirada del CELS. Faltan los responsables políticos y el posible pedido de indagatoria a Eugenio Burzaco. Marcha y Che Barracas conversaron con un abogado de ese centro de estudios.
La jueza Mónica Berdión de Crudo procesó por los delitos de "homicidio y lesiones culposas" al superintendente y cinco comisionados de la Metropolitana y a tres comisarios de la Federal. La medida también alcanzó a 25 agentes de la fuerza porteña y a 8 de la Federal.
Durante el operativo policial en el Parque Indoamericano en 2010, Bernardo Salgueiro, paraguayo, de 22 años que vivía en la Villa 20, y sus vecinos, Rossemary Chura Puña y Emiliano Canaviri Álvarez, oriundos de Bolivia, murieron cuando unos 200 efectivos de la Policía Federal y 250 de la Metropolitana participaron de un operativo para desalojar a familias que habían ocupado predios.
Desde ese entonces el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) impulsa la querella en representación de los familiares de Rossemary Chura Puña.
Federico Efron es abogado del CELS. En diálogo con Marcha y Che Barracas, detalló las novedades del caso y explicó qué expectativas hay sobre las responsabilidades políticas.
-¿Cuántos policías hay procesados por los asesinatos?
-En total son 41 policías procesados. Hay tres jefes policiales de la Federal, que son los que estuvieron a cargo del operativo y lo comandaron. Están los tres procesados por homicidio y lesiones culposas. Hay cinco jefes de la Metropolitana, que trabajaban con la Federal, procesados por lo mismo, y después hay 25 de la Metropolitana acusados de homicidio y lesiones por agresión. Por último, ocho efectivos de la Federal procesados por abuso de armas cuando disparaban hacia la Villa 20 desde el Puente Escalada.
-¿Cómo se encaró la investigación?
-El primer año, de diciembre 2010 a 2011, hubo una investigación muy seria del fiscal Abraldes, que juntó muchísima información y reconstruyó en forma precisa cómo fue el operativo. A partir de ahí hubo un contratiempo con un sobreseímiento dictado por el juez Otero. Se revocó pero eso generó demoras. Luego se pudo retomar lo que investigó Abraldes, se arribaron nuevas pruebas a la causa, tomaron nuevas indagatorias y quedó bastante claro no sólo la responsabilidad de la Metropolitana en los disparos, y de la Federal a cargo, sino que quedó muy claro que no hay pruebas que pongan la posibilidad de que ese día, en ese momento, hayan existido tumberas y muchísimo menos que se hayan utiliado. No hay pruebas al respecto. Se construyó a partir de las pruebas las responsabilidades de los efectivos y quedó claro que no hubo ese día armas tumberas ni armas de civiles.
-¿Cuál es la situación de los responsables políticos o intelectuales de los crímenes?
-No hay procesamientos ni imputaciones de los responsables políticos, ni Montenegro ni Macri. Hay que marcar una diferencia. En términos de responsabilidad penal, hay que hacer un corte en algún momento. En este caso en particular no hay pruebas que indiquen que Montenegro tomase decisiones que tuviese que ver directamente sobre lo que sucedió en el indoamericano. Es distinto a lo que pasó con De La Rúa en el 2001: él sí tomó decisiones, y se probó, de lo que estaba pasando en Congreso, en la 9 de Julio, en Avenida de Mayo y en Plaza de Mayo. De ninguna manera eso quita la responsabilidad política. Porque hay una decisión política cuando se conforma una fuerza como la Metropolitana con gran mayoría de ex federales, ex bonaerenses y ex penitenciarios, y hay una decisión política cuando después de la represión del Indoamericano se sale a negar que tuviesen plomo, y no solo tenían plomo sino que lo usaron ese día. Y no solo se los protege dándoles defensa institucional en la causa, ya que los abogados los pone el Ministerio de Justicia y Seguridad, sino que además siguen trabajando día a día en la calle.
-No es la primera vez que la Metropolitana se mueve de esta manera.
-Exacto. En el caso del Gobierno de la ciudad es una decisión política tener esta fuerza y que se trabaje de esta forma, porque la misma respuesta de proteger, de cubrir y justificar se dio después cuando pasó la represión en el Borda, en Parque Centenario y en Sala Alberdi. Siempre la misma forma de accionar de la Metropolitana. No hay búsqueda de una negociación pacífica y política, y cuando se recurre a la fuerza se va directo al choque y la represión, y como se dice en el fallo de la Jueza Crudo no se busca limitar lo más posible la afectación a la vida y a la seguridad de las personas.
-¿Cómo continúa el proceso judicial?
-Damos por descontado que las defensas apelaron, eso significa que vamos a la Cámara de Apelaciones a sostener el procesamiento. Si eso sucede, vamos a elevar a juicio oral. Lo que va a pasar luego es que se indague a Eugenio Burzaco, quien ese momento era Jefe de la Metropolitana. Está la causa por el procesamiento, ahora falta la indagatoria de él y vemos qué sucede; si se resuelve, si se une o no a la causa principal.
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