El gremio rechaza la absolución del juez Pedro Hooft, acusado de no investigar la desaparición de abogados marplatenses en 1977. El fallo marca la resistencia al avance del juzgamiento y condena de miembros del Poder Judicial cómplices en delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar.
El Jurado de Enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios provincial, presidido por el ministro de la Corte Juan Carlos Hitters, absolvió el lunes pasado por ocho votos contra dos al juez penal marplatense Pedro Hooft, quien fuera acusado de no investigar la desaparición forzada de abogados en el operativo realizado en la ciudad de Mar del Plata en julio de 1977, conocido como “Noche de las corbatas”.
La mayoría del Jurado de Enjuiciamiento a Magistrados bonaerense entendió que el juez provincial “no incurrió en delitos de lesa humanidad” y rechazó el planteo de la acusación. Votaron por el rechazo de la acusación el ministro de la Suprema Corte Juan Carlos Hitters, los legisladores Héctor Vitale (Frente Renovador) y Abel Buil (FAP) y los abogados Héctor Martín, Eduardo López Wesselhoefft, Atilio Rossello, José Luis Núñez y José Miguel Nemiña. Los legisladores Lucía Portos y Luciano Martini (FPV) votaron en disidencia.
Hooft está imputado ante la justicia federal por su participación en 17 casos con víctimas de homicidios, desapariciones, torturas y privaciones ilegales de la libertad, entre los delitos más graves, perpetrados entre el 6 y el 13 de julio de 1977, en el marco del episodio conocido como “La Noche de las Corbatas”.
Esta operación represiva consistió en la detención ilegal, secuestro, tortura y posterior desaparición de abogados laboralistas marplatenses, entre los que se cuentan Jorge Candeloro, Norberto Centeno, Tomás Fresneda y su esposa, Mercedes Argañaraz, Hugo Alais y Salvador Arestin. Como parte de la misma acción fueron detenidos el entonces secretario General de la AJB Mar del Plata, José “Pepe” Verde y su esposa, quienes luego fueron liberados y conminados al exilio.
Para la fiscalía, esos delitos no hubiesen podido perpetrarse -o al menos no hubiesen contado con la garantía de impunidad posterior-, sin el aporte esencial prestado por el juez Hooft.
En todos los casos se omitieron las medidas de instrucción que podrían haber resultado útiles para el esclarecimiento de los hechos, y transcurrido un mes y medio de los mismos remitió las causas para su investigación a la misma fuerza armada que había secuestrado y tenía bajo su órbita de poder a las víctimas, lo cual ya fue acreditado en dos juicios orales. Es importante resaltar que a la fecha de la remisión de los expedientes a las autoridades militares, los abogados estaban aún con vida y sometidos a condiciones inhumanas en el centro clandestino de detención denominado “La Cueva”.
Pese al resultado del jury, la abogada de derechos humanos y letrada de la acusación, Natalia Messineo, manifestó que “la causa penal avanza porque son crímenes imprescriptibles”. Hasta el momento, Hooft viene negándose a prestar declaración indagatoria amparado en sus fueros de magistrado. “Hooft en algún momento se jubilará”, añadió la abogada, aclarando que pese a que por sus fueros el juez no puede ser detenido, “no hay nada que impida al doctor Hooft presentarse a declaración indagatoria”.
En la justicia de la provincia de Buenos Aires no sólo se encontraba en trámite el pedido de jury de Hooft, sino que también hay pedidos de destitución en trámite contra el actual presidente de la Cámara Civil y Comercial del Departamento de Quilmes doctor Julio Ernesto Casanello y el Fiscal General del Departamento Judicial de Morón doctor Federico Guillermo Nieva Woodgate; en todos los casos por su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad.
AJB - ACTA
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