En un dictamen escandaloso, el Tribunal Oral Nº 1 en lo Criminal de Morón absolvió al cura Julio Grassi de 15 de las 17 acusaciones de abuso sexual, corrupción de menores y amenazas contra tres chicos de la Fundación Felices los Niños. La condena a 15 años de cárcel es por los dos casos restantes. Si la Cámara de Casación la confirma, el paidófilo múltiple no estaría ni diez años preso. La fiscalía había pedido 30 años de prisión y la querella, encabezada por Juan Pablo Gallego, 37. Conocido el veredicto, la fuerza de choque del cura golpeó a quienes esperaban su condena en las puertas del tribunal.
Para más vergüenza, el TOF 1 decidió que Grassi continúe en libertad hasta que se confirme la sentencia. El cura, que vive en una lujosa quinta enfrente de la Fundación, en Hurlingham, sólo estuvo preso 20 días durante los 8 años que duró el proceso. La fiscalía y la querella pidieron sin éxito que se lo detuviera. Grassi es procesado en El Calafate por hechos de la misma índole.
El TOF llega a la infamia de mantener el permiso al cura para que visite a los chicos en la Fundación "en acompañamiento de una persona designada por el condenado". Sólo le prohíbe ver a los tres denunciantes. Ya lo tenía prohibido antes, lo que no impidió que Grassi y su patota los amenazaran y agredieran a ellos, a sus testigos, abogados y peritos de parte. Los jueces no tuvieron en cuenta estos hechos ni la posibilidad de una fuga.
El dictamen es escandaloso también por la homofobia de sus fundamentos. Para los jueces, el delito de Grassi no es el abuso sexual de menores sino que "las conductas que les impuso eran aptas para desviar el normal desarrollo de la sexualidad". Esto, porque ejecutó "actos de connotación sexual con un menor de su propio sexo" lo que significa "influir voluntariamente sobre la normal formación sexual del menor para obtener que aceptara estas relaciones homosexuales como si fueran lo que ocurre habitualmente"1. ¡El delito es la homosexualidad, no que un chico sea violado por un adulto, del sexo que sea!
Un consorcio de cómplices
El fallo corona años de impunidad garantizados por el Poder Judicial. Aunque el cura afirmó que es "víctima de una injusticia", la Justicia no sólo demoró ocho años en juzgarlo sino que dejó pasar todas las triquiñuelas de la defensa y jamás investigó los atentados contra los denunciantes. Por algo el amigo de Grassi y actual presidente de la Fundación, Raúl Portal, exclamó eufórico: "Estoy feliz, es una gran victoria. El tribunal es probo y no voy a cometer la torpeza de cuestionarlo" (urgente 24).
Horas antes del veredicto, Grassi había blandido el apoyo del nuncio papal, de una docena de obispos y del cardenal Bergoglio, quien lo llamó esta semana para ratificarle "su afecto, su confianza, y que para nada me había soltado la mano" (el intransigente.-com, 9/6; Perfil, 10/6).
El dispositivo de impunidad incluye al gobierno de Scioli y al de Macri (y a sus predecesores), que siguieron financiando a Grassi con el envío de menores a sus hogares, a pesar de que la situación de su fundador y de que hay procesos judiciales por abuso sexual y maltrato en varios de ellos. El gobierno nacional también dejó en el poder de Grassi los terrenos en los que funcionan los hogares, la mayoría de su propiedad.
Olga Cristóbal (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)
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