Aumento de los 150 pesos que entregaban los planes sociales, esa había sido la principal consigna de aquel 26 de junio de 2002; universalización, es decir que toda familia desocupada, indigente o pobre pudiera acceder sin más trámite a ese monto, le siguió en el orden de reclamos. Pasaron siete años de los cuales en seis la argentina creció económicamente a niveles récords. Escalada de los precios de canasta básica alimentaria por medio, sostener desde supuestas posturas redistribucionistas ese piso, fue es y seguirá siendo injustificable.
Más allá de experiencias provinciales anteriores, los planes sociales del tipo del Jefas y Jefes de Hogar, hicieron su aparición a principios de 2002, durante un alza en las luchas de los movimientos de desocupados. Fueron un dique de contención - aun entonces sobradamente insuficiente – implementado por un gobierno que no encontraba un carácter definitivo: si regresar a las políticas neoliberales más duras, para las que la movilización popular eran un escollo o avanzar hacia el modelo, a grandes rasgos digamos, “neodesarrollista” que implementaría finalmente Néstor Kirchner.
Tras seis años de crecimiento sostenido, aún en momentos en que gobernaba casi sin oposición de peso, el oficialismo se negó a cambiar la matriz distributiva heredada del los ´90, impactando sobre todo el universo de la indigencia y la pobreza, hubiera sido un piso. Condiciones sociales, sobre todo en los primeros años de gestión había. Con la llegada de la crisis internacional, el gobierno -ahora de Cristina Kirchner - repitió el esquema implementando por un lado subsidios millonarios para las grandes empresas y por el otro planes de compra de electrodomésticos para las capas medias.
Los sectores que menos porción de la torta recibían en los `90 con el neoliberalismo vivito y coleando no fueron contemplados en los planes tendientes a reforzar el mercado interno, pero sostenidos en criterios de distribución que, favoreciendo centralmente a los sectores exportadores de materias primas y al sector productivo por sobre el financiero, constituye una continuidad en cuanto al direccionamiento: de arriba hacia abajo. Asegurar las ganancias empresarias, y no favorecer un modelo más igualitario en la distribución, es el criterio que prima.
Las políticas sociales del kirchnerismo no revierten en lo teórico los criterios que el FMI y el Banco Mundial proponían en los `90. Experiencias productivas focalizadas y aisladas entre sí, sin oportunidad real de convertirse en redes que instalen formas conceptualmente alejadas de las lógicas del mercado pero con posibilidades de supervivencia en el horizonte. En lo práctico, los criterios clientelares aparecen como transfondo de las denuncias de los movimientos barriales sobre falta de cumplimiento por parte del gobierno en el financiamiento de proyectos cooperativos y productivos.
Siete años han pasado de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En aquel frío mediodía de junio cuando el gobierno de Eduardo Duhalde respondió a las presiones del sector industrial (UIA) y la Sociedad Rural, a las que se sumaban en coro los gobernadores, quienes exigían una “acción ejemplar” para recomponer la “autoridad estatal” resquebrajada luego de la pueblada de diciembre de 2001 y el fin del gobierno de la Alianza. Duhalde, que necesitaba mostrarse internamente fuerte, para poder negociar con mayor margen préstamos con el Fondo Monetario Internacional, quiso barrer a los piqueteros del camino y tuvo que anticipar las elecciones por ello.
Kirchner utilizó durante estos años los asesinatos, trayéndolos varias veces a escena como parte de sus disputas con su antecesor, pero jamás tuvo interés político en que sea investigadas las responsabilidades políticas. Siete años más tarde ni aumento, ni universalización. Los planes sociales para las familias desocupadas siguen siendo de 150 pesos y continúan en manos de la estructura del PJ, cuyos punteros digitan quien lo recibe y quien no, en un 80 por ciento. Financiamiento había.
PRENSA DE FRENTE
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