Las movidas de los grupos empresarios. Excusas y reagrupamientos para conseguir nuevas ventajas

Rápidos y contundentes como siempre, los grupos empresariales perciben la oportunidad de ocupar nuevos espacios de poder y se juntan para actuar en consecuencia. Con las elecciones del 28 –y sus supuestos efectos debilitadores en el Gobierno- como oportunidad y la decisión venezolana de nacionalizar empresas siderúrgicas como excusa, estos son tiempos de reagrupamiento para los aparatos de representación corporativa del poder económico, cuestión de apretar para conseguir algunos objetivos fundamentales: devaluación hasta conseguir un dólar a 5 pesos y eliminación de retenciones para los exportadores; más exenciones impositivas, más subsidios y permiso para producir mayor precarización laboral y reducción de costos salariales para todos.
La progresiva convergencia de la Unión Industrial Argentina y la Mesa de Enlace de las patronales rurales, más allá de alguna protesta de forma de la Federación Agraria, es la más reciente de las movidas fijadas en la estrategia diseñada para conseguir aquellos objetivos. Aunque un hito fundamental en el lanzamiento de esa estrategia fue el cambio en la presidencia de la UIA, que pasó de las manos del empresario metalúrgico Juan Lascurain, conciliador y complaciente con los Kirchner, a las del plástico Héctor Méndez, un señor que en sus tiempos miraba con buenos ojos la tablita cambiaria de José Alfredo Martínez de Hoz, y supo también del calor del entorno empresarial menemista.
Que el tema de las nacionalizaciones del gobierno de Hugo Chávez de tres empresas con capital de Techint es apenas una excusa para las demostraciones de “temor” o “desconfianza” lo demuestran las declaraciones del titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, para el que el líder venezolano “mal o bien paga las nacionalizaciones”, mientras que según él las retenciones impuestas por el kirchnerismo a las exportaciones de granos y cereales son “confiscaciones” sin reparación.
Los dueños y ejecutivos del grupo Techint ya empezaron a contar los primeros 400 millones de dólares pagados por el gobierno venezolano como primer desembolso de la suculenta indemnización de 1970 millones dólares convenida por la anterior nacionalización de Sidor, también de la trasnacional de supuesto origen argentino.
Los aducidos “temores” de los empresarios a un endurecimiento pos electoral de una política anti empresa privada del gobierno también suenan a excusas. Como lo demuestra un último trabajo del equipo del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, entre 2005 y 2009 los gobiernos de los Kirchner transfirieron a los grupos económicos nada menos que 41.200 millones de dólares entre subsidios de todo tipo y préstamos. Mecanismos que incluyen precisamente la denominada ley Techint –de exenciones impositivas a favor sobre todo de esa empresa- y sus normas de reemplazo.
En todo caso, está claro que los grupos empresarios, a través de sus distintas estructuras de representación, están dispuestos a cobrarle al Gobierno en especias el presumible debilitamiento de su situación en los comicios del 28.

PRENSA DE FRENTE