Finalmente está todo dispuesto para que sesione el Congreso de la Nación, tras un largo mes de parálisis en el que se pretendió disimular la anulación de las funciones legislativas con la “visita” de ministros y reuniones con el presidente. Para ello, la semana pasada se acordó en comisiones una modificación del reglamento que habilita las sesiones remotas, combinadas con la modalidad presencial para los jefes de bloque.
Llegamos a esta situación tras el reiterado reclamo de los diputados del Frente de Izquierda, y choques políticos de diverso tenor con la oposición –un sector liderado por Camaño y Bali Bucca, el “peronismo opositor”, amenazó con convocar a una sesión especial con su propio temario, para este miércoles. Juntos por el Cambio, por su parte, había puesto el grito en el cielo contra la posibilidad de avanzar en una reforma impositiva que grave a los capitalistas (siquiera de manera limitada), y presentó en el Senado su “contraproyecto” para que las empresas, en lugar de pagar impuestos especiales, deban destinar un 2% de sus ganancias a la “inversión productiva”: una verdadera estafa, para salir del paso, que ni siquiera ataca de verdad la huelga de inversiones, mientras las patronales recortan salarios y despiden a mansalva.
Confirmado: no piensan afectar las ganancias capitalistas
El dato más relevante es que este acuerdo para poner en marcha el parlamento tiene como base la exclusión del tratamiento del impuesto a las grandes fortunas. Clarín de este domingo (3/5) titula “El impuesto a los más ricos, en coma inducido”, lo que sería tal cual, referido a un proyecto, digamos de paso, que nunca vio la luz. Dicen que fue la prenda de negociación para que la oposición, que lidera Mario Negri, acepte la sesión. Pero también se sabe que, de entrada, Massa no era amigo de la iniciativa, y algunos aseguran que es el propio Alberto Fernández quien se opone.
Lo cierto es que hasta el momento, el presidente no ha hecho más que recular ante las presiones patronales: deja pasar los despidos (una verdadera masacre social a esta altura), habilitó la reducción de salarios por DNU, y busca avanzar en una renegociación de la deuda más que generosa con los bonistas. No está en el horizonte del gobierno afectar los intereses capitalistas –que es el telón de fondo de los límites insalvables de la política oficial frente a la pandemia, con un sistema de salud que se dirige al colapso, y la ruina progresiva de millones de trabajadores en todo el país. Ahora, la noticia es que Massa y Cristina (las cabezas de ambas cámaras) ceden a la presión de excluir el gravamen impositivo.
Lo cierto es que el único proyecto sobre el tema realmente existente (redactado y presentado en el Congreso) es el del Frente de Izquierda, que presentaron Romina Del Plá y Nicolás Del Caño.
El gobierno sólo amenazó con la iniciativa, cuya redacción le encargó al “banquero comunista” Carlos Heller. La cosa venía mal parida de entrada.
Como denunciamos oportunamente, los trascendidos sobre el proyecto que preparaba el kirchnerismo, daban cuenta de que –en la versión más auspiciosa- permitiría recaudar unos 3 mil millones de dólares, y sólo habían avanzado en una formulación para gravar a personas físicas. Contrariamente, el proyecto de nuestra banca establece impuestos especiales y progresivos a las ganancias bancarias, las altas rentas (beneficios empresariales y rentas de capital), a la gran propiedad de la tierra (a partir de las 5.000 hectáreas) y, a las viviendas ociosas. Esto, en suma, habilitaría una recaudación de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares para el combate a la pandemia.
Vamos por una sesión que incorpore las necesidades obreras y populares para hacer frente a la crisis
La sesión que estarían pergeñando quedaría acotada a tratar proyectos que versen sobre “cuestiones sanitarias”, como protocolos de cuidado y prevención para el personal del área de salud -¡como si no existieran ya dichos protocolos, sistemáticamente vulnerados y violentados, con complicidad del gobierno, tanto en el sistema público como privado!
En materia sanitaria, lo que debería aprobarse es el proyecto del Partido Obrero que establece la centralización de todo el sistema de salud (público, privados, de obras sociales y de las universidades nacionales), bajo control de los profesionales y trabajadores del área, junto con un aumento extraordinario del presupuesto destinado al mismo. Del mismo modo, son prioridades una real prohibición de despidos y rebajas salariales, el seguro al parado y a los precarizados de 30 mil pesos por mes, la suspensión del pago de alquileres y de créditos personales y a la vivienda única; entre toda la batería de medidas que tradujimos en proyectos de ley.
Este martes habría una reunión de labor parlamentaria, con los jefes de todos los bloques, para definir temario de la sesión. Iremos a batallar por esta agenda, y porque se trate nuestro proyecto para gravar a los capitalistas: ellos, y no los trabajadores, deben pagar la crisis.
Juliana Cabrera
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