lunes, 31 de octubre de 2016
Morgan Papers: Confesiones de un empleado infiel
Nos visitaron Ignacio Chausis y Leandro Renou autores del libro "Morgan Papers, confesiones de un empleado infiel", de reciente aparición. Un libro que explica muy bien el mecanismo de los grandes bancos para facilitar la fuga de capitales y la evasión de impuestos.
Los entrevistaron Christian Castillo y Pablo Anino. Con Victoria Sánchez, hablaron acerca del blanqueo de capitales en curso.
“Es un suicidio para las elecciones”
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, criticó la adopción del sistema del voto electrónico
“Es una locura absoluta, ya que es muy fácil de manipular”, aseguró Assange en una videoconferencia con especialistas argentinos. Dijo que los controles no dan certezas.
El creador de Wikileaks, Julian Assange, sostuvo que la utilización del voto electrónico –que en nuestro país ya obtuvo media sanción en el Congreso– para unas elecciones presidenciales es “una locura absoluta ya que es muy fácil de manipular”. En una videoconferencia organizada por la Conferencia Internacional de Software Libre (CISL), el exiliado en la Embajada de Ecuador en Londres afirmó que “como experto en seguridad, el voto electrónico es un suicidio para elecciones nacionales. La criptografía es fácilmente modificable”.
“Además, la gente que votará en los comicios no puede saber si los controles que supuestamente existen, realmente se establecerán. Para una votación presidencial, es una locura absoluta establecer el voto electrónico”, explicó el informático australiano.
Entre interrupciones y cortes de transmisión, Assange también trató de esclarecer por qué es tan complejo generar una comunicación desde la Embajada donde se encuentra recluido desde hace más de cuatro años. “Hace ya unas semanas, se desconectó el servicio de Internet por pedido del gobierno de Ecuador hasta que terminen las elecciones de Trump contra Clinton. Lo que sucede es que Estados Unidos, junto con Gran Bretaña y Suecia, presionan a Ecuador, país sumamente pequeño, sabiendo además que las publicaciones de Wikileaks no se generan en aquel país sino en Francia, Alemania y Noruega. Por eso, el presidente (Rafael Correa) y sus ministros decidieron cortar el servicio, para que no se los acuse de influir parcialmente en el sufragio norteamericano. No me gusta para nada, ni comparto la decisión, pero la entiendo”.
“Wikileaks es un animal de caza. Nuestra organización se construyó para luchar. Por más que se nos desconecte con Internet, seguiré con mi equipo dando a conocer nuevos cables. Batallaremos, como siempre lo hemos hecho, contra las agencias de seguridad y los grandes oligopolios tecnológicos, como Google y Yahoo”, sentenció.
La videoconferencia de Julian Assange, invitado estelar de la séptima Conferencia Internacional de Software Libre, se realizó en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) en una mesa de la que participaron el rector de la Universidad, Nicolás Trotta, el presidente de la CISL, Jorge Cabezas, el especialista en ciberseguridad Diógenes Moreira y el decano de la Facultad de Informática en UMET, Ricardo Bosco. Además, se pudo sintonizar en simultáneo en más de veinte universidades nacionales y existió la posibilidad de hacer preguntas a través de Twitter. Una de las consultas se refirió al papel que emplearon algunos medios de comunicación en la conformación del poder, especialmente en el caso de Argentina. El programador consideró que a raíz de las redes sociales “se pudo visualizar mejor las relaciones que siempre existieron entre los distintos partidos políticos y los medios en América Latina. Existe un libro (“WikiMediaLeaks”) que exhibe cómo medios masivos como CNN y Clarín participaron activamente del armado de estrategias políticas. Pero nunca se verán esas publicaciones ya que enterarse de aquello cambiaría la perspectiva de las personas ante quienes les informan las noticias”, argumentó Assange.
Explicativo y con predisposición, defendió el desarrollo del software libre –objetivo central del CISL– pero alertó sobre los enemigos que enfrentan al sistema operativo democrático. “Se reconfiguró la estructura del poder, pasando ésta a ser totalmente computarizada. Y nosotros (los programadores) somos quienes configuran aquel sistema. Entonces la pregunta es: ¿seremos los idiotas que quieren las corporaciones y sólo haremos el trabajo por el cual nos contratan? ¿O nos enfrentaremos a ellos, a partir de generar un sistema que no centre el poder en muy pocas personas?”, se preguntó.
Assange concluyó: “El problema es que todos los avances que hemos tenidos desde el software libre fueron absorbidos por la NSA –Agencia de Seguridad Norteamericana– o Google, por caso. Wikileaks fue mi manera de poder enfrentarme contra esas injusticias. No quiere decir que no haya otras. Por eso, es muy importante tanto estas conferencias y como el compromiso de todos los programadores informáticos”.
Página/12
“Es una locura absoluta, ya que es muy fácil de manipular”, aseguró Assange en una videoconferencia con especialistas argentinos. Dijo que los controles no dan certezas.
El creador de Wikileaks, Julian Assange, sostuvo que la utilización del voto electrónico –que en nuestro país ya obtuvo media sanción en el Congreso– para unas elecciones presidenciales es “una locura absoluta ya que es muy fácil de manipular”. En una videoconferencia organizada por la Conferencia Internacional de Software Libre (CISL), el exiliado en la Embajada de Ecuador en Londres afirmó que “como experto en seguridad, el voto electrónico es un suicidio para elecciones nacionales. La criptografía es fácilmente modificable”.
“Además, la gente que votará en los comicios no puede saber si los controles que supuestamente existen, realmente se establecerán. Para una votación presidencial, es una locura absoluta establecer el voto electrónico”, explicó el informático australiano.
Entre interrupciones y cortes de transmisión, Assange también trató de esclarecer por qué es tan complejo generar una comunicación desde la Embajada donde se encuentra recluido desde hace más de cuatro años. “Hace ya unas semanas, se desconectó el servicio de Internet por pedido del gobierno de Ecuador hasta que terminen las elecciones de Trump contra Clinton. Lo que sucede es que Estados Unidos, junto con Gran Bretaña y Suecia, presionan a Ecuador, país sumamente pequeño, sabiendo además que las publicaciones de Wikileaks no se generan en aquel país sino en Francia, Alemania y Noruega. Por eso, el presidente (Rafael Correa) y sus ministros decidieron cortar el servicio, para que no se los acuse de influir parcialmente en el sufragio norteamericano. No me gusta para nada, ni comparto la decisión, pero la entiendo”.
“Wikileaks es un animal de caza. Nuestra organización se construyó para luchar. Por más que se nos desconecte con Internet, seguiré con mi equipo dando a conocer nuevos cables. Batallaremos, como siempre lo hemos hecho, contra las agencias de seguridad y los grandes oligopolios tecnológicos, como Google y Yahoo”, sentenció.
La videoconferencia de Julian Assange, invitado estelar de la séptima Conferencia Internacional de Software Libre, se realizó en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) en una mesa de la que participaron el rector de la Universidad, Nicolás Trotta, el presidente de la CISL, Jorge Cabezas, el especialista en ciberseguridad Diógenes Moreira y el decano de la Facultad de Informática en UMET, Ricardo Bosco. Además, se pudo sintonizar en simultáneo en más de veinte universidades nacionales y existió la posibilidad de hacer preguntas a través de Twitter. Una de las consultas se refirió al papel que emplearon algunos medios de comunicación en la conformación del poder, especialmente en el caso de Argentina. El programador consideró que a raíz de las redes sociales “se pudo visualizar mejor las relaciones que siempre existieron entre los distintos partidos políticos y los medios en América Latina. Existe un libro (“WikiMediaLeaks”) que exhibe cómo medios masivos como CNN y Clarín participaron activamente del armado de estrategias políticas. Pero nunca se verán esas publicaciones ya que enterarse de aquello cambiaría la perspectiva de las personas ante quienes les informan las noticias”, argumentó Assange.
Explicativo y con predisposición, defendió el desarrollo del software libre –objetivo central del CISL– pero alertó sobre los enemigos que enfrentan al sistema operativo democrático. “Se reconfiguró la estructura del poder, pasando ésta a ser totalmente computarizada. Y nosotros (los programadores) somos quienes configuran aquel sistema. Entonces la pregunta es: ¿seremos los idiotas que quieren las corporaciones y sólo haremos el trabajo por el cual nos contratan? ¿O nos enfrentaremos a ellos, a partir de generar un sistema que no centre el poder en muy pocas personas?”, se preguntó.
Assange concluyó: “El problema es que todos los avances que hemos tenidos desde el software libre fueron absorbidos por la NSA –Agencia de Seguridad Norteamericana– o Google, por caso. Wikileaks fue mi manera de poder enfrentarme contra esas injusticias. No quiere decir que no haya otras. Por eso, es muy importante tanto estas conferencias y como el compromiso de todos los programadores informáticos”.
Página/12
Papel Prensa, cuatro décadas de impunidad
La apropiación ilegal de Papel Prensa –cedida por la dictadura a los diarios Clarín, La Nación y La Razón– que en noviembre cumple 40 años, es no sólo la prueba acabada de la complicidad cívico militar en aquel régimen de facto sino, además, el huevo de la serpiente de un poder desenfrenado que, hasta hoy, se ha llevado por delante todo lo que se interpone en su camino: la prensa hegemónica nacional.
El 2 de noviembre de 1976, mientras el grupo Graiver –que hasta entonces era el dueño mayoritario de la empresa– intentaba desprenderse de otras firmas propias para afrontar deudas, se produjo el traspaso accionario de Papel Prensa a una sociedad llamada Fapel, integrada por los diarios Clarín, La Nación y La Razón (este último quebraría años más tarde, pasando su porción de las acciones al Grupo Clarín). La discusión previa al interior de las fuerzas armadas había sido reñida: Massera tenía otro candidato, el banquero José Rafael Trozzo, dueño del Banco de Intercambio Regional (BIR); pero Videla y el ejército lograron imponer el suyo, el definitivo. El traspaso de los militares a los tres medios antes citados fue “un premio que la dictadura les dio a quienes la acompañaron –manifestó el periodista Eduardo Anguita- con las proclamas y, sobre todo, con el silencio”.
No quedan dudas acerca de la anomalía de aquel traspaso: “yo vi –afirmará años más tarde Osvaldo Papaleo, hermano de la viuda de Graiver– a los tres grandes diarios de este país saquear una empresa de un grupo familiar que estaban todos presos, juzgados por un tribunal de guerra y condenados. Un tribunal que le sacó declaraciones bajo tortura”. Aquel 2 de noviembre, en una oficina del diario La Nación, Lidia Papaleo fue obligada a reunirse a solas con Héctor Magnetto, el representante de Clarín, quien le sugirió que “firme o le costará la vida de su hija y la suya”. Fue finalmente el 19 de abril de 1977 cuando la dictadura, que había detenido ilegalmente a seis de los integrantes del grupo Graiver, incluyendo a su viuda, blanqueó dicha situación y se efectivizó la apropiación de la empresa.
El manejo discrecional de la compañía les permitió a los dos principales matutinos no solo abaratar el costo de sus periódicos sino también restringir o eliminar la competencia. Papel Prensa tuvo durante décadas un manejo monopólico del insumo, situación que fue denunciada por numerosos periodistas, entre ellos, Julio Ramos, Héctor Ricardo García, Jorge Lanata y Jorge Fontevecchia. La empresa cobraba un precio diferencial a sus propios dueños, notablemente más bajo que a la competencia, que no tenía más remedio que recurrir a ella para abastecerse del papel, además de las restricciones impuestas en el abastecimiento. Los dueños de Papel Prensa seguían de este modo las enseñanzas de John D. Rockefeller, el depredador magnate de la Standard Oil, quien alguna vez hubo de sentenciar: “La competencia es un pecado, por eso procedemos a eliminarla”.
Y si el caso Papel Prensa nació manchado de sangre, se convirtió además en un negociado gigantesco que, hasta hoy, les ha brindado cuantiosos privilegios a sus accionistas. El reparto inequitativo del papel para diario pronto cambiaría no solo el tablero periodístico en el país, sino también el modo de ejercerlo: esto es, extorsionando a los gobiernos de turno con el manejo de la agenda política y su posición dominante. La apropiación de Papel Prensa también disparó el metabolismo expansivo y hegemónico de ambos medios, en especial de Clarín, dueño del paquete mayoritario de acciones. El grupo liderado por Magnetto se lanzó a una ofensiva para operar contra todo gobierno de turno, empleando la victimización como mecanismo de defensa, estrategia que le ha dado suculentos réditos. Aun se recuerda la famosa sentencia del ex diputado radical César Jaroslavsky durante los años ochenta: “Hay que cuidarse de Clarín: ataca como partido político y, si uno le contesta, se defiende con la libertad de prensa”.
Aunque parezca tedioso, conviene enumerar algunas de las ventajas que el grupo Clarín consiguió a expensas de los gobiernos democráticos desde 1983: presionó a Alfonsín para que derogara el inciso “e” del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión (de la dictadura) que impedía al poseedor de un diario ser dueño además de una licencia de radio o televisión, e incluso hizo abortar un proyecto del ex presidente radical de crear un Comité Federal de Radiodifusión. De Menem obtuvo la licencia de Canal 13, la de radio Mitre y, mediante un contrato con la AFA, la empresa Torneos y Competencias, con la que adquirió la propiedad de los derechos de televisación del fútbol. Esto hizo que se expandiera en el negocio de la TV por cable: en pocos años, se quedó con cerca de 120 pequeñas empresas del interior que había aniquilado al no venderles los derechos del fútbol. Con ellas, formó Multicanal. En esos años Clarín creó TN, ingresó en el negocio de las AFJP, la venta de tickets para espectáculos y compró nuevos diarios: La Razón, La Voz del Interior y Los Andes. Con De la Rua logró un viejo reclamo: la desregulación de la venta de diarios que hasta ese entonces estaba en poder del sindicato de Canillitas, y compró además algunos canales del interior del país. Del provisional gobierno de Duhalde obtuvo la ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, con la que logró que el presidente devalúe el peso y el grupo licúe la deuda que tenía en dólares. Y, con Néstor Kirchner en el gobierno, consiguió la fusión de las dos mayores prestadoras del servicio de televisión por cable: Multicanal y Cablevisión. La ruptura del multimedio con el kirchnerismo sobrevino, al parecer, cuando Magnetto le ofreció total apoyo durante el conflicto con el campo a condición de que el Gobierno hiciera lobby en favor de su ingreso a Telecom.
Como puede deducirse, el caso del multimedio Clarín es paradigmático: no sería la corporación mediática que hoy es si no hubiese accedido al control accionario de Papel Prensa.
Gobierno invisible
De aquella imbecilidad del dictador Videla se cumplen cuarenta años. El huevo de la serpiente ya ha dado origen al depredador que llevaba en sus entrañas. La metáfora se popularizó a partir de la película homónima de Ingmar Bergman, en los años setenta, una analogía sobre el proceso que condujo a la gestación del nazismo en Alemania: todos vieron al monstruo crecer a través de la cáscara del huevo, pero nadie se atrevió a destruirlo impidiendo su nacimiento. La concentración monopólica de medios ha proliferado en el mundo sin que ninguna democracia haya podido acotarla por vía constitucional.
El cineasta australiano John Pilger afirmó que este proceso de acelerada concentración de medios concluyó en la instauración de gobiernos invisibles e incontrolables, que no rinden cuentas ante nadie y que actúan sin ninguna clase de restricciones. Ya en 1969 el vicepresidente Spiro Agnew durante la administración norteamericana de Lyndon Johnson cuestionaba las concentraciones monopólicas de medios por estar “en manos de una minúscula y cerrada fraternidad de hombres privilegiados a quienes nadie ha elegido”. Y, entre otras voces, el actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha rechazado la idea de que “a empresas de dudosa ética y con cero legitimidad democrática que buscan beneficios se les deba confiar la entrega de un derecho democrático fundamental: el acceso a la información”.
Ni bien asumió, el actual presidente Mauricio Macri anuló por decreto la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en un evidente pago de favores a la mega corporación mediática que obstruyó durante años, con chicanas judiciales, la aplicación plena de aquella ley, la única que había llegado a incomodar su insaciable poder. Además adquirió la compañía Nextel y, a través del socio del Grupo en Cablevisión, tomó el control de Telecom Argentina -el viejo sueño de Magnetto- con lo que Clarín está a un paso de tener un rol predominante también en las telecomunicaciones: con la suma de Telecom y Nextel logrará el 35% del mercado de la telefonía móvil. El nido de la serpiente a buen resguardo.
En tanto, la causa judicial que investiga los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la adquisición de las acciones por parte de los diarios dueños de Papel Prensa, duerme el sueño de los justos en el despacho del juez Julián Ercolini. Otra prueba más de la influencia que ejerce el grupo multimedia sobre la Justicia: durante años consiguió dilatar la aplicación de la extinta ley de Medios mediante la presentación de medidas cautelares.
Mientras arma el tablero del ajedrez político y judicial a su antojo, Magnetto –una especie de Rasputín vernáculo por el influjo que ha ejercido y ejerce en las decisiones de la política argentina- juega a la playstation un partido que ganará de antemano, porque no sólo es el árbitro sino que tiene el don de elegir a todos los jugadores. No está de más recordar sus palabras, confesándole a José Pirillo -el fallecido ex dueño del diario La Razón- el modus operandi de su estrategia política para con los gobiernos democráticos: ”los dos primeros años hay que sacarles todo. Los segundos dos años hay que golpearlos para seguir sacándoles, y los terceros dos años hay que voltearlos para que venga otro”. Todo un manual de metafísica de la impunidad.
Y, como epílogo, el actual gobierno acaba de nombrar al economista Javier González Fraga como director de la empresa Papel Prensa en representación del Estado. Aquel que justificó las cuentas en paraísos fiscales de Macri al decir que “tener dinero en el exterior se había transformado en una necesidad para sobrevivir”.
En fin, hace ya cuarenta años la operación fraudulenta de un gobierno ilegal engendró un monstruo. ¿Quién le pone el cascabel?
Gabriel Cocimano (Buenos Aires, 1961) Periodista y escritor. Todos sus trabajos en el sitio web www.gabrielcocimano.wordpress.com
El 2 de noviembre de 1976, mientras el grupo Graiver –que hasta entonces era el dueño mayoritario de la empresa– intentaba desprenderse de otras firmas propias para afrontar deudas, se produjo el traspaso accionario de Papel Prensa a una sociedad llamada Fapel, integrada por los diarios Clarín, La Nación y La Razón (este último quebraría años más tarde, pasando su porción de las acciones al Grupo Clarín). La discusión previa al interior de las fuerzas armadas había sido reñida: Massera tenía otro candidato, el banquero José Rafael Trozzo, dueño del Banco de Intercambio Regional (BIR); pero Videla y el ejército lograron imponer el suyo, el definitivo. El traspaso de los militares a los tres medios antes citados fue “un premio que la dictadura les dio a quienes la acompañaron –manifestó el periodista Eduardo Anguita- con las proclamas y, sobre todo, con el silencio”.
No quedan dudas acerca de la anomalía de aquel traspaso: “yo vi –afirmará años más tarde Osvaldo Papaleo, hermano de la viuda de Graiver– a los tres grandes diarios de este país saquear una empresa de un grupo familiar que estaban todos presos, juzgados por un tribunal de guerra y condenados. Un tribunal que le sacó declaraciones bajo tortura”. Aquel 2 de noviembre, en una oficina del diario La Nación, Lidia Papaleo fue obligada a reunirse a solas con Héctor Magnetto, el representante de Clarín, quien le sugirió que “firme o le costará la vida de su hija y la suya”. Fue finalmente el 19 de abril de 1977 cuando la dictadura, que había detenido ilegalmente a seis de los integrantes del grupo Graiver, incluyendo a su viuda, blanqueó dicha situación y se efectivizó la apropiación de la empresa.
El manejo discrecional de la compañía les permitió a los dos principales matutinos no solo abaratar el costo de sus periódicos sino también restringir o eliminar la competencia. Papel Prensa tuvo durante décadas un manejo monopólico del insumo, situación que fue denunciada por numerosos periodistas, entre ellos, Julio Ramos, Héctor Ricardo García, Jorge Lanata y Jorge Fontevecchia. La empresa cobraba un precio diferencial a sus propios dueños, notablemente más bajo que a la competencia, que no tenía más remedio que recurrir a ella para abastecerse del papel, además de las restricciones impuestas en el abastecimiento. Los dueños de Papel Prensa seguían de este modo las enseñanzas de John D. Rockefeller, el depredador magnate de la Standard Oil, quien alguna vez hubo de sentenciar: “La competencia es un pecado, por eso procedemos a eliminarla”.
Y si el caso Papel Prensa nació manchado de sangre, se convirtió además en un negociado gigantesco que, hasta hoy, les ha brindado cuantiosos privilegios a sus accionistas. El reparto inequitativo del papel para diario pronto cambiaría no solo el tablero periodístico en el país, sino también el modo de ejercerlo: esto es, extorsionando a los gobiernos de turno con el manejo de la agenda política y su posición dominante. La apropiación de Papel Prensa también disparó el metabolismo expansivo y hegemónico de ambos medios, en especial de Clarín, dueño del paquete mayoritario de acciones. El grupo liderado por Magnetto se lanzó a una ofensiva para operar contra todo gobierno de turno, empleando la victimización como mecanismo de defensa, estrategia que le ha dado suculentos réditos. Aun se recuerda la famosa sentencia del ex diputado radical César Jaroslavsky durante los años ochenta: “Hay que cuidarse de Clarín: ataca como partido político y, si uno le contesta, se defiende con la libertad de prensa”.
Aunque parezca tedioso, conviene enumerar algunas de las ventajas que el grupo Clarín consiguió a expensas de los gobiernos democráticos desde 1983: presionó a Alfonsín para que derogara el inciso “e” del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión (de la dictadura) que impedía al poseedor de un diario ser dueño además de una licencia de radio o televisión, e incluso hizo abortar un proyecto del ex presidente radical de crear un Comité Federal de Radiodifusión. De Menem obtuvo la licencia de Canal 13, la de radio Mitre y, mediante un contrato con la AFA, la empresa Torneos y Competencias, con la que adquirió la propiedad de los derechos de televisación del fútbol. Esto hizo que se expandiera en el negocio de la TV por cable: en pocos años, se quedó con cerca de 120 pequeñas empresas del interior que había aniquilado al no venderles los derechos del fútbol. Con ellas, formó Multicanal. En esos años Clarín creó TN, ingresó en el negocio de las AFJP, la venta de tickets para espectáculos y compró nuevos diarios: La Razón, La Voz del Interior y Los Andes. Con De la Rua logró un viejo reclamo: la desregulación de la venta de diarios que hasta ese entonces estaba en poder del sindicato de Canillitas, y compró además algunos canales del interior del país. Del provisional gobierno de Duhalde obtuvo la ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, con la que logró que el presidente devalúe el peso y el grupo licúe la deuda que tenía en dólares. Y, con Néstor Kirchner en el gobierno, consiguió la fusión de las dos mayores prestadoras del servicio de televisión por cable: Multicanal y Cablevisión. La ruptura del multimedio con el kirchnerismo sobrevino, al parecer, cuando Magnetto le ofreció total apoyo durante el conflicto con el campo a condición de que el Gobierno hiciera lobby en favor de su ingreso a Telecom.
Como puede deducirse, el caso del multimedio Clarín es paradigmático: no sería la corporación mediática que hoy es si no hubiese accedido al control accionario de Papel Prensa.
Gobierno invisible
De aquella imbecilidad del dictador Videla se cumplen cuarenta años. El huevo de la serpiente ya ha dado origen al depredador que llevaba en sus entrañas. La metáfora se popularizó a partir de la película homónima de Ingmar Bergman, en los años setenta, una analogía sobre el proceso que condujo a la gestación del nazismo en Alemania: todos vieron al monstruo crecer a través de la cáscara del huevo, pero nadie se atrevió a destruirlo impidiendo su nacimiento. La concentración monopólica de medios ha proliferado en el mundo sin que ninguna democracia haya podido acotarla por vía constitucional.
El cineasta australiano John Pilger afirmó que este proceso de acelerada concentración de medios concluyó en la instauración de gobiernos invisibles e incontrolables, que no rinden cuentas ante nadie y que actúan sin ninguna clase de restricciones. Ya en 1969 el vicepresidente Spiro Agnew durante la administración norteamericana de Lyndon Johnson cuestionaba las concentraciones monopólicas de medios por estar “en manos de una minúscula y cerrada fraternidad de hombres privilegiados a quienes nadie ha elegido”. Y, entre otras voces, el actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha rechazado la idea de que “a empresas de dudosa ética y con cero legitimidad democrática que buscan beneficios se les deba confiar la entrega de un derecho democrático fundamental: el acceso a la información”.
Ni bien asumió, el actual presidente Mauricio Macri anuló por decreto la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en un evidente pago de favores a la mega corporación mediática que obstruyó durante años, con chicanas judiciales, la aplicación plena de aquella ley, la única que había llegado a incomodar su insaciable poder. Además adquirió la compañía Nextel y, a través del socio del Grupo en Cablevisión, tomó el control de Telecom Argentina -el viejo sueño de Magnetto- con lo que Clarín está a un paso de tener un rol predominante también en las telecomunicaciones: con la suma de Telecom y Nextel logrará el 35% del mercado de la telefonía móvil. El nido de la serpiente a buen resguardo.
En tanto, la causa judicial que investiga los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la adquisición de las acciones por parte de los diarios dueños de Papel Prensa, duerme el sueño de los justos en el despacho del juez Julián Ercolini. Otra prueba más de la influencia que ejerce el grupo multimedia sobre la Justicia: durante años consiguió dilatar la aplicación de la extinta ley de Medios mediante la presentación de medidas cautelares.
Mientras arma el tablero del ajedrez político y judicial a su antojo, Magnetto –una especie de Rasputín vernáculo por el influjo que ha ejercido y ejerce en las decisiones de la política argentina- juega a la playstation un partido que ganará de antemano, porque no sólo es el árbitro sino que tiene el don de elegir a todos los jugadores. No está de más recordar sus palabras, confesándole a José Pirillo -el fallecido ex dueño del diario La Razón- el modus operandi de su estrategia política para con los gobiernos democráticos: ”los dos primeros años hay que sacarles todo. Los segundos dos años hay que golpearlos para seguir sacándoles, y los terceros dos años hay que voltearlos para que venga otro”. Todo un manual de metafísica de la impunidad.
Y, como epílogo, el actual gobierno acaba de nombrar al economista Javier González Fraga como director de la empresa Papel Prensa en representación del Estado. Aquel que justificó las cuentas en paraísos fiscales de Macri al decir que “tener dinero en el exterior se había transformado en una necesidad para sobrevivir”.
En fin, hace ya cuarenta años la operación fraudulenta de un gobierno ilegal engendró un monstruo. ¿Quién le pone el cascabel?
Gabriel Cocimano (Buenos Aires, 1961) Periodista y escritor. Todos sus trabajos en el sitio web www.gabrielcocimano.wordpress.com
domingo, 30 de octubre de 2016
El triunfo de Alfonsín y el progresismo que no fue
Hace 33 años la formula presidencial de la Unión Cívica Radical encabezada por Raúl Alfonsín y Víctor Martinez. Las elecciones del ’83 consagraran el retorno a la democracia burguesa y el bipartidismo que se mantendrá hasta iniciados los 90.
La fórmula de Alfonsín se imponía sobre la formula del Partido Justicialista de Italo Luder y Deolindo Felipe Bittel, por 51.75% de los votos contra el 40.16%. En tercer lugar quedaba el Partido Intransigente que llevaba como candidatos al “Bisonte” Oscar Alende y Lisandro Viale con un lejanísimo 2.33%. El MAS y el PO, hicieron débiles elecciones en su debut como partidos legales a pesar de que esperaban el derrumbe definitivo del peronismo por la vía de una corriente socialdemócrata (MAS) o el pase de la base peronista al clasismo (PO).
Las elecciones de octubre de 1983 habían sido convocadas frente al derrumbe de la dictadura producto de la derrota militar en la guerra de Malvinas. Para evitar que la movilización popular contra los militares ajustara cuentas con los genocidas y derrocara su gobierno, la Junta Militar encabezada por el presidente de facto Reinaldo Bignone acepta el pedido de la Multipartidaria (integrada por el PJ, la UCR, el PI, el PDC y el MID) de que se le entregue el poder a un civil en octubre del ’83. El 16 de diciembre de 1982, la Multipartidaria junto a la CGT, las organizaciones de derechos humanos y estudiantiles, y los demás partidos políticos, organizó una marcha masiva con este objetivo, en la que fue asesinado desde un automóvil Ford Falcón verde, Dalmiro Flores.
Los partidos patronales en Argentina llegaron a la campaña electoral arrastrando una activa colaboración con la dictadura. El dirigente radical Ricardo Balbín fue uno de los primeros en golpear las puertas de los cuarteles, según una expresión de época, pero no fue el único. Según denuncio el Serpaj durante el Proceso de Reorganización Nacional, la Unión Cívica Radical colaboró con 310 intendentes, el Justicialismo con 169 intendentes, la DemocraciaProgresista con 109 intendentes, el Movimiento de Integración y Desarrollo con 94 intendentes, el PI con 4 intendentes y el Partido Socialista Democrático, que hoy es parte del Partido Socialista de Hermes Binner colaboro no solo con intendentes, sino que permitió que una de sus principales figuras, Américo Ghioldi fuera embajador en Portugal. Sin embargo, por la envergadura del genocidio y la profunda crisis que dejaron los militares, la dictadura preservó a los partidos tradicionales de la burguesía argentina como fuerza de recambio para salvar al conjunto del régimen burgués.
Alfonsín se impuso en las internas de la UCR como cabeza del Movimiento de Renovación y Cambio, contra la balbinista Línea Nacional que encabezaba Fernando De la Rua. Mientras que con Alfonsín el radicalismo lograba un maquillaje progresista, el peronismo tenia al frente a una burocracia sindical que fue activa en la Triple A y los políticos del lopezrreguismo. Luder fue el autor de los decretos de aniquilación de la guerrilla en 1975 y Herminio Iglesias, candidato a gobernador bonaerense, un matón de la UOM y de las bandas de la derecha peronista en los setenta. sus lazos con el pasado eran demasiado evidentes.
Alfonsín logro concitar el apoyo de un grupo de ex militantes guerrilleros reconvertidos en intelectuales académicos que levantaron la idea de que la democracia era un valor universal y elaboraron la teoría de los dos demonios que va a convertirse en doctrina de Estado de la nueva democracia argentina. Así Alfonsín denuncio un supuesto Pacto militar-sindical, por el cual el peronismo garantizaba a los militares una Ley de Amnistía en caso de obtener la victoria en las urnas, mientras el hombre del radicalismo prometía el juicio a los militares. E hizo del slogan con “la democracia se come, se educa y se cura” uno de sus ejes de campaña. De esta manera el radicalismo logro aparecer como la oposición contra la dictadura y garante de la paz social frente a un peronismo que aparecía como comprometido con la impunidad a los militares genocidas. El telón de fondo de la campaña era una extraordinaria primavera democrática que movilizaba a miles en las calles y nutria las filas de los partidos políticos de militantes.
Los actos de cierre de campaña de la UCR y el PJ fueron coronados con gigantescas movilizaciones de adherentes. Mientras Herminio Iglesias quemaba en el palco un ataúd con la bandera de la UCR, Alfonsín recitaba el Preámbulo de la Constitución de 1853. Su asunción en diciembre del ’83, fue acompañada por una movilización gigantesca.
La victoria de octubre de 1983 alentó en el radicalismo la expectativa de poder superar definitivamente al peronismo y, poco después, Alfonsín lanzará la idea de un Tercer Movimiento Histórico, de tintes socialdemócratas. Pero poco tardó el alfonsinismo en abandonar sus promesas progresistas y desilusionar a las clases medias que masivamente le habían dado su apoyo poniendo fin a la primavera democrática que lo había coronado. Lejos de combatir a las corporaciones les cedió en todo.
El Juicio a las Juntas que solo condenó a las cabezas visibles de la dictadura y las leyes del perdón dejaron impunes a la mayoría de los genocidas. Su política frente a la miseria social fue alentar un clientelismo que se mostró además inútil y corrompido con las famosas cajas PAN, entregó la educación a los curas en el Congreso Pedagógico y el Plan Austral significó un terrible ajuste contra los salarios de los trabajadores argentinos con la finalidad de cerrar las cuentas para pagar la deuda externa.
El 30 de octubre de 1983, los grandes grupos económicos capitalistas que se habían erigido como dominantes durante la dictadura genocida, no se preocuparon, sino que celebraron el retorno a la democracia que iniciara la fase de gobiernos civiles que seguirán garantizando su poder de mando en la sociedad argentina.
Facundo Aguirre
La apuesta del capital: Vidal y la continuidad del “experimento” Cambiemos
La política (burguesa) en fragmentos. Derrotas en el Congreso y tensiones en el oficialismo. Buenos Aires, madre de todas las batallas. Las calles, el Frente de Izquierda y Atlanta.
“…de pronto a Azul se le ocurre que ya no puede depender de los viejos procedimientos. Pistas, trabajo de piernas, investigación de rutina, nada de eso le servirá ya. Pero entonces, cuando trata de imaginar que sustituirá a estas cosas, no llega a ninguna parte. En este punto, Azul solo puede conjeturar lo que el caso no es. Decir lo que es, sin embargo, le resulta completamente imposible”. Paul Auster. Fantasmas.
La semana que termina puso en evidencia el conjunto de tensiones que recorren a ese “experimento” –según definiera Carlos Pagni- que constituye Cambiemos.
Por un lado, quedó en evidencia una cierta crisis del oficialismo en el Congreso Nacional, con la imposibilidad de aprobar una serie de proyectos afines a sus intereses. Por otro, se hizo aún más explícita la apuesta de gran parte del bloque social y político dominante por la figura de María Eugenia Vidal.
Empecemos por aquí. La gobernadora de Buenos Aires parece concentrar las expectativas de un conjunto de sectores del régimen que, oteando el futuro, ven en ella la opción promisoria para dar continuidad a esa derecha “moderna” –tan neoliberal como lo permite la relación de fuerzas- que encarna el macrismo en el poder.
En última instancia, la apuesta es a estabilizar un régimen de partidos que se ha reconstituido limitadamente desde la crisis y el levantamiento popular del 2001. Esa crisis de la partidocracia se expresa hoy con una relativa fragmentación del campo político burgués. Fragmentación visible al interior de la coalición Cambiemos pero, también, en la trabajosa labor del peronismo en su condición de oposición.
Buenos Aires, ahora y siempre, madre de todas las batallas
Es en el distrito más importante del país, donde se juega gran parte de ese objetivo. Como ocurre en la política argentina -casi desde la conformación del Estado-Nación mismo- la “provincia” concentra las claves del futuro.
La semana que pasó terminó de hacer emerger el evidente consenso burgués alrededor de la figura de Vidal. Un consenso que se extiende desde el Papa –al que el catolicismo expreso de “Maru” parece agradar más que el limitado laicismo de Macri- hasta la gran corporación mediática.
Hace días nomás, la nota de color la dio el apoyo unánime de la casta judicial a la gobernadora. “Sus señorías” decidieron movilizar en pleno hasta La Plata, con el solo objetivo de escuchar a Vidal en la apertura de la VII Conferencia Anual de jueces. La foto unió a la mandataria –vestida de blanco inmaculado- con Lorenzetti, Bonadio y Casanello, un arco iris que pinta ese consenso.
Allí también hay que inscribir la reunión “secreta” entre Massa y Vidal, cónclave destinado a hacerse público por todos los medios, como forma de mostrar el apoyo a la gobernabilidad del “hada buena”.
Pero el aval que viene desde la cúpula del poder se ve enredado por la misma fragmentación política que intenta superar. El sistema de gobierno de la provincia de Buenos Aires sufrió un estallido con la derrota peronista del 2015. La magnitud de ese terremoto político se palpa en los intentos de Vidal por construir algo similar a un acuerdo político variopinto, que hoy permita garantizar continuidad de gestión y mañana un triunfo electoral. Se trataría de una suerte de retorno de la trasveralidad, en los marcos provinciales, pero de la mano del “diálogo” y la “pluralidad”.
Ese intento puede tener sus avances -la incorporación del renovador De la Torre está ahí para mostrarlo- pero está condicionado, en un marco más general, por la dinámica de la economía y por el propio calendario electoral.
Gobernanza bajo fuego
La semana fue, también, la de un segundo tiempo de golpes para el oficialismo en el Congreso Nacional. En un lapso muy breve, Cambiemos sufrió una derrota por goleada en el intento de sanción de proyectos centrales para su esquema de gobernanza. Quedó en evidencia -admitido por propios y extraños- que se gobierna “en minoría”. Es decir, se gobierna cuando es permitido.
Lo peor para el oficialismo es que esta sangría podría no haber acabado. La semana que inicia amenaza con deparar otro traspié. Esta vez en el Senado, donde un acuerdo entre el FpV y FR podría impugnar parte de la reforma electoral votada en Diputados. El pan-peronismo -que hasta ayer nomás garantizaba gobernabilidad en ese recinto- ahora impone límites. Si París bien vale una misa, las elecciones de 2017 valen una votación en contra.
La fragmentación del espacio político, como ya señalamos, hizo su re-aparición con las tensiones al interior de Cambiemos. El lanzamiento formal de una Mesa política nacional fue una señal evidente de que ese espacio sigue siendo una amalgama, cuyo origen y argamasa hay que rastrear en la pura oposición al kirchnerismo. Los rostros de Carrió, Sanz y Macri, en las imágenes que trascendieron desde esa reunión semi-clandestina, no podían ser más ilustrativos.
Una “década perdida” para los partidos
Las tensiones al interior de Cambiemos no son la excepción a esa fragmentación del espacio político-partidario. El rol de outsider de Carrió, desde ese “grupo de propaganda” que es la Coalición Cívica, solo puede ser explicado en el marco de continuidad de la crisis de la partidocracia burguesa, que cruza la Argentina desde inicios de este siglo. Crisis devenida de esa doble determinación que implicó el hundimiento social que dejó el ciclo neoliberal y su estallido en la crisis del 2001, por la rebelión popular.
Durante años, el kirchnerismo logró oscurecer parcialmente esta crisis de las representaciones políticas. El “que se vayan todos” fue canalizado por medio de la reconstitución de la autoridad del Estado y de las instituciones políticas. El “modelo nacional y popular” terminó encumbrando al poder casi las mismas corporaciones que habían sido cuestionadas en las calles en aquel diciembre de hace década y media.
El kirchnerismo en el poder funcionó como una sutura parcial a esa crisis de representación. Lo hizo constituyendo una alianza política que englobaba la representación de amplias capas sociales -incluidos sectores de las clases medias en su mejor momento- y el aval del gran capital.
La oposición burguesa, en los momentos de crisis del kirchnerismo, encontró expresión parlamentaria en el llamado “Grupo A”. Pero eso no logró cuajar en una alianza política hasta el momento en que se fundó Cambiemos.
Esta fuerza apareció entonces como la coalición que unificaba el sentimiento anti-kirchnerista, expresando una unidad de diversos que incluía a sectores patronales de la ciudad y el llamado campo; capas de la clase trabajadora que sufrían los límites del “modelo”; así como también sectores del interior “postergados” u “hostigados” por el Gobierno de CFK. El amplio triunfo de Macri en Córdoba no puede leerse por fuera de esas tensiones.
Debe decirse que el Gobierno de CFK apostó a una mayor normalidad de ese esquema político, por medio de la instrumentación de las PASO, con sus mecanismos restrictivos.
En esas condiciones al kirchnerismo le faltó sustancia para construir un nuevo movimiento político. Le faltaron conquistas para forjar un vínculo duradero con sectores de masas que pudieran darle continuidad fuera del poder del Estado y convertirlo en una suerte de nuevo partido estable. La sangría que siguió al 10 de diciembre es la mejor ilustración.
Precisamente por ello, su retorno político –en el marco de un mar de causas judiciales- tiene el rostro de la construcción de una “nueva mayoría” que llegue hasta Massa. Se trata, nada más y nada menos, que del viejo peronismo que nunca dejó de ser “pejotismo”. El aparente enojo de Máximo Kirchner con el tigrense debe verse como parte de esa negociación, ese tire y afloje por construir una oposición hacia las elecciones de 2017.
Aquí también, a pesar de 12 años de “modelo nacional y popular”, la “corpo” peronista mantiene plena vigencia.
El “eterno” poder de las corporaciones
La gobernabilidad de Cambiemos se erige en torno a una política de pactos que tiene como interlocutores al conjunto del arco político burgués y a las tan vapuleadas “corporaciones”. Desde la casta de la burocracia sindical, que juega el rol de contener el reclamo social, hasta el llamado Partido Judicial.
La primera actúa además como contralor de los movimientos sociales o de desocupados, otorgando una solidaridad fantasmal con sus reclamos que no tiene otra finalidad que evitar alguna posibilidad de accionar parcialmente independiente. Señalemos que, en esa unidad, también trasunta el interés por la recuperación política peronista.
La casta judicial tiene un papel más que relevante como garante de la política de demonización hacia el kirchnerismo, junto a la prosecución de la criminalización de la protesta social. La construcción de una dualidad entre “políticos corruptos” y la actual CEOcracia -que no resiste el chequeo de los datos duros- parece ser el único relato verdaderamente duradero del actual oficialismo.
Es aquí, en esta labor, donde hay que medir también el rol esencial de los medios de comunicación masivos, como constructores de un relato afín a la gobernabilidad macrista.
Las calles, el FIT y Atlanta
El consenso para que Macri llegue a 2017 no anula el desarrollo de diversas tendencias a la acción en las calles. Respuestas que no pueden ser unificadas bajo causas unívocas.
Como ya se señaló, hay una Argentina que pacta y otra que lucha. Las masivas expresiones que significaron las movilizaciones por Ni Una Menos y el rechazo al Operativo Aprender2016 pusieron de manifiesto que los pactos políticos por arriba pueden limitar, pero no obturar de conjunto el desarrollo de tendencias a la acción directa, en sus diversas modalidades.
A partir de las mismas es posible prefigurar el desarrollo de una política ligada a la transformación revolucionaria del orden social. Se ha escrito que el extendido reclamo por Ni Una Menos no puede ser canalizado en profundidad por ninguno de los partidos o fracciones de partidos del campo burgués. Precisamente porque hace a un cuestionamiento radical a la estructura misma del patriarcado.
Es allí, en las calles, en las luchas de sectores de trabajadores que persisten a pesar de la tregua generalizada de la burocracia sindical, donde hay que buscar los gérmenes de una nueva política, construida desde abajo; una nueva política que permita dar pasos en construir un fuerte partido de la clase trabajadora, el pueblo pobre, las mujeres y la juventud; un partido con una perspectiva de transformación revolucionaria del orden existente; una perspectiva opuesta por el vértice a los intentos de perpetuar a Cambiemos o reemplazarlo por el (eternamente burgués) peronismo.
El PTS y el Frente de Izquierda se proponen hacer pesar esa perspectiva en el acto que convocan a Atlanta para el próximo 19 de noviembre.
Eduardo Castilla
@castillaeduardo
Justicia de clase. El Rati Horror Show: Fernando Carrera absuelto once años después
En 2005 la Policía Federal lo persiguió a los tiros en Pompeya, dejándolo inconsciente y culpándolo de matar a dos mujeres y un niño. Tras años de cárcel y un documental, la Corte lo absolvió. En la mañana del 25 de enero del 2005, en las calles del barrio porteño de Nueva Pompeya, agentes de civil de la Comisaría 34 de la Policía Federal, en un auto sin patente, persiguieron con decisión a Fernando Carrera, quien supuestamente era un ladrón que viajaba en un Peugeot 205 blanco. El cineasta Enrique Piñeyro demostró de forma contundente en su documental “El Rati Horror Show” lo armado que estuvo todo con el objetivo de encubrir el accionar criminal de los agentes de la Comisaria 34, que ya tenían en su prontuario otras aberraciones, como la de haber ahogado en el Riachuelo al joven Ezequiel Demonti en el año 2002.
En plena Avenida Sáenz le dispararon 25 veces. Muchos de esos tiros dejaron inconsciente a Carrera, quien lógicamente perdió el control del auto. En su recorrido el auto atropelló a dos mujeres y un niño, quienes murieron.
Inmediatamente desde la Comisaría 34 se armó la causa por la que Carrera sería condenado por asesino múltiple. Y para justificar la persecusión que desató la masacre, organizaron el relato según el cual Carrera había realizado dos robos en la zona. Por eso le “plantaron” un arma. Y agregaron que en su intento de darse a la fuga se produjo el tiroteo y el atropello de los peatones.
En el hospital, con los balazos encima, Fernando Carrera dio pelea y sobrevivió a los 25 balazos. Pero no así a la causa penal que lo esperaba al salir, impulsada a su vez por los medios de comunicación masiva que bautizaron al hecho como “la masacre de Pompeya” y por la cual en 2007 Carrera fue condenado a 30 años de cárcel.
El cineasta Enrique Piñeyro demostró de forma contundente en su documental “El Rati Horror Show” lo armado que estuvo todo con el objetivo de encubrir el accionar criminal de los agentes de la Comisaria 34, que ya tenían en su prontuario otras aberraciones, como la de haber ahogado en el Riachuelo al joven Ezequiel Demonti en el año 2002.
Sin dudas el documental dejó en evidencia las mil y una maniobra tanto de la Policía Federal como de la “Justicia” que amparó a los uniformados y condenó a Carrera. Con esa prueba audiovisual el joven trabajador realizó huelgas de hambre, peticiones ante el Gobierno nacional, al Jefe de la Policía Federal. Pero la Justicia, con sus idas y vueltas, no lo dejó presentar testigos. Luego lo absolvió. Pero lo volvieron juzgar y terminaron acortándole la pena a 15 años.
Finalmente ayer la Corte Suprema de Justicia resolvió absolver a Carrera, ya que entiende que no hay pruebas suficientes como para determinar que el joven trabajador fue realmente culpable de esos asesinatos. Sin embargo, lejos de toda justicia real, nada resolvió esa casta de jueces millonarios sobre las maniobras y armados por parte de la Policía Federal que llevaron en definitiva a arruinarle la vida a quien una mañana de enero de 2005 tuvo la mala suerte de ir manejando por la Avenida Sáenz de Pompeya.
El “perejil”, que pasó muchos años en la cárcel, y las víctimas fatales fueron los únicos perjudicados en esta historia. En el reino del revés, un ladrón es vigilante y otro es juez.
Alexis Cabañas
Agencia Para la Libertad, periodismo es intervención social
Teléfono: 153-618-7620
“Busca crear la capital de la represión y la impunidad”
Decenas de testimonios prueban casos de persecución sindical, política, racial, gatillo fácil y torturas en la provincia de Cambiemos.
“Jujuy vive una sucesión inédita de ataques y de persecución a las organizaciones sociales y políticas”, concluye un reciente informe elaborado por referentes de derechos humanos y legisladores nacionales y provinciales sobre “las violaciones a las libertades democráticas” en el territorio gobernado por el radical Gerardo Morales. La comisión que elaboró el informe trabajó sobre denuncias de ciudadanos y organizaciones sociales y sindicales jujeñas que “permiten constatar” la “situación represiva y de violación a las libertades democráticas” que transita esa provincia. Los testimonios certifican casos de persecución sindical, política, por causas sociales, raciales o ambientales, así como también revelan casos de gatillo fácil y torturas en comisaría. La comisión decidió difundir lo visto y oído con una alerta destinada al resto del territorio argentino: “El gobierno de Morales busca transformar a Jujuy en la capital nacional de la represión y la impunidad. Un laboratorio que, si triunfa, intentarán trasladar a nivel nacional”.
Una veintena de referentes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, diputados y diputadas, nacionales y de Jujuy, de diferentes colores políticos se reunieron los primeros días del mes pasado en la capital provincial para escuchar qué tenían para decir los militantes perseguidos, los trabajadores despedidos y suspendidos, los jóvenes maltratados y estigmatizados. Hubo referentes del Centro de Estudios Legales y Sociales, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre y de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. También asistieron trabajadores del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre - La Matanza y de Justicia Ya!; de Madres y Familiares de Ex Detenidos de Jujuy, del colectivo de Ex Detenidos de Ledesma y de Ex Presos de Libertador San Martín. Participaron algunos de los abogados de Milagro Sala, diputadas y legisladores del Frente de Izquierda nacional, local y neuquino; del Frente para la Victoria y del Peronismo para la Victoria, así como también del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular jujeño –aquel que integra la Tupac–.
“Es significativo que nos hayamos juntado alrededor de un reclamo, más allá de las diferencias. Demuestra que es justo, que estamos hablamos de violaciones a los derechos humanos graves”, remarcó Myriam Bregman, diputada por el FIT. “Se trata de una negación del Estado de derecho enorme”, continuó Araceli Ferreyra, colega del Peronismo para la Victoria. Es que, desde que Milagro Sala fue detenida, en enero pasado, cada uno por su lado, comenzó a enterarse de historias “graves”: despidos, extorsiones, ataques directos de las fuerzas de seguridad, suspensiones, amenazas. “Muchísimas, porque el caso de Sala era el más conocido, pero desde entonces lo que se desató en Jujuy fue una verdadera cacería de opositores, de luchadores, de todo aquel que insistiera en contra de la impunidad. Morales no dejó un solo sector libre de persecución”, puntualizó la diputada del FIT.
Entonces, decidieron organizar un encuentro que sirviera de zona de exclusión a las víctimas de ese coto de caza. “Fue mucha la gente que se animó a acercarse”, detalló la diputada. La Gendarmería recibió a algunos participantes del encuentro, como a la diputada Ferreyra y al diputado provincial neuquino Raúl Godoy, con intensas y “sospechosas” revisiones de los remises que los trasladaron desde el aeropuerto hasta el hotel. Infantería “merodeó durante todo el día” el lugar en donde estuvieron reunidos que, semanas atrás se supo fue “espiado” por los servicios de inteligencia. Al día de hoy, tanto participantes como denunciantes siguen recibiendo amenazas: antes de ayer, la militante jujeña del PTS Natalia Morales recibió un mensaje de Whatsapp anónimo en el que le advertían que “la policía de Jujuy” la seguía y que era considerada por “el servicio de inteligencia que responde a (el gobernador, Gerardo) Morales” como “la nueva Milagro Sala”. Ella fue una de las extrabajadoras de la Secretaría de Agricultura Familiar que denunció en el encuentro persecución sindical.
En busca de repudio
El objetivo del informe es que los hechos que lo integran “puedan ser lo suficientemente difundidos y conocidos para generar el necesario y urgente repudio”. “La comisión de derechos humanos de Diputados debe tomar cartas en el asunto”, entendió Ferreyra, quien deslizó que entre el abanico de posibilidades para “revertir” la situación que se imaginan existen el juicio político y la intervención de la provincia. “No hay antecedentes en 30 años de democracia de las persecuciones que está llevando a cabo Morales”, evaluó.
“Es peligroso ver la foto que significa Jujuy”, postuló Bregman en referencia al entramado de alianzas políticas: “Es un gobierno provincial amparado por el nacional, por el presidente Mauricio Macri, integrado por un gobernador radical y un vicegobernador que viene del espacio de Sergio Massa. Es una unidad de tres espacios políticos decididos a avanzar en contra de los trabajadores y luchadores”.
Situación inédita
Los referentes de derechos humanos y legisladores detectaron que “la situación inédita de ataques y de persecución a las organizaciones sociales y políticas” comenzó con la detención de Sala y de otra decena de integrantes de la Tupac Amaru y está “enmarcada” en la ampliación del Tribunal Superior de Justicia donde fueron nombrados como jueces activos “militantes del radicalismo que hicieron su propia y escandalosa reforma para poder asumir”. Con esa mayoría propia en la máxima autoridad judicial de la provincia “iniciaron una cacería de brujas para demonizar cualquier reclamo obrero y popular, dejando además vía libre a las patronales y al propio gobierno en los planes de ajuste y despidos”, denuncian en el documento. Ejemplifican: despidos y cesantías en la secretaría de Agricultura Familiar y en el sector de educación pública; despidos y suspensiones en empresas de acero e ingenios azucareros; detención de comisiones internas sindicales, represión a trabajadores. Además, denunciaron la aplicación del Código Contravencional aprobado durante la anterior gestión provincial “que criminaliza a la juventud, la pobreza y la protesta y otorga superpoderes a la Policía”.
En el informe figuran transcriptos –en la mayoría de los casos, con los nombres cambiados “por seguridad de los denunciantes”– los testimonios recibidos durante el encuentro. Estos son algunos fragmentos de lo que declararon ante la comisión:
n Persecución política. “Soy del Partido Comunista. Mi compañero Juan Nieva de la organización Marina Vilte me pasa a buscar por mi casa (en una camioneta). Me dice ‘se me hace que ese auto blanco que está atrás (VW blanco) nos viene siguiendo desde tu casa’. ‘A ver, da la vuelta en U’, le digo, y damos la vuelta en U, y el auto da detrás de nosotros la vuelta en U. Frenamos el auto, y el otro frena. Era un VW blanco, todo polarizado. Tomamos por la Ruta 9, y había un control vehicular. Entonces le digo a mi compañero: ‘Pará al costado y avisale a los policías que ese auto nos esta siguiendo’. Cuando paramos al costado y yo me bajo para hablar con estos policías, el auto blanco se para, y bajan dos personas corriendo, y vienen hacia mí. Mostrando la placa dicen ‘brigada de investigaciones’ y me dicen ‘vos bajate de la camioneta y subite al auto’, obviamente con insultos. ‘Nosotros te seguimos a vos por orden de Gerardo Morales. Dale bajate.. yo si quiero lo llamo y los meto en cana’, y así. Me empieza a pedir los datos personales, me pregunta dónde trabajo, dónde estudio, qué carrera estudio. Y en reiteradas oportunidades, quería saber a qué gremio pertenecía y en qué agrupación de la facultad militaba”.
n Persecución sindical. Silvio “Chopper” Egüéz, trabajador del Ingenio La Esperanza: “Tengo 36 años de trabajo en la empresa. Hace como dos meses atrás hicimos asamblea de 300 compañeros, donde se tomó la decisión de ir y correrlos a los gerentes. Porque esta empresa, que está en quiebra, tiene gerenciadores por parte del Gobierno y por parte de privados. Y a nosotros nos denunciaron. Ellos aducen que fuimos violentos, que rompimos la administración, que rompimos una puerta, que le pegamos a un gerente de RRHH. Todo eso es mentira. Y a 19 compañeros nos suspendieron 29 días. De esos 19 compañeros, 9 fuimos denunciados penalmente.”
Julio Mamaní, delegado de Aceros Zapla, referente del PTS-FIT:
“Buenas tardes a todos. Soy delegado del sector mantenimiento. Nos elevaron una causa hace dos años, cuando hicimos un paro por reclamar los salarios. En Aceros Zapla hicimos un paro que duró bastante, duró un mes. Entonces el dueño de la empresa nos inicia una causa. La causa es ‘compulsión a la huelga’, así la definieron, lamentable. Lo que yo quiero recalcar es que estuvo quieta la causa dos años, y cuando entró el nuevo Gobierno, lamentablemente, empezaron -como todos dicen acá- el apriete. El apriete a la gente que tiene a cargo representar a los trabajadores. Nosotros somos los tres cabezas visibles del sindicato. Siempre estamos en todas las luchas.”
n Gatillo fácil y torturas en comisarías. Vecinos de San Pablo de Reyes. Familiar de uno de los detenidos: “Sufrimos un allanamiento en nuestro domicilio, supuestamente una persona, Iturbe creo es el apellido, nos hizo una denuncia, no solamente a nosotros sino a 9 personas más, porque habían desaparecido cosas. Hicieron un allanamiento, nos dieron vuelta la casa. Yo tengo hermanos chiquitos, han entrado brutalmente. No nos mostraron la cédula de identificación, los autos no tenían patente. Y se los llevaron, fueron 9 chicos que fueron detenidos. Se los llevaron y dijeron que supuestamente era por averiguación de antecedentes, y dijeron que a las 12 los iban a soltar, pasó las 12, la 1 las 2 y no los soltaron. No nos dejaban que les demos comida, nada. Recién como a las 22-23 los liberaron. Se los llevaron como detenidos. De los 9 domicilios que allanaron no encontraron nada.”
Ailín Bullentini
“Jujuy vive una sucesión inédita de ataques y de persecución a las organizaciones sociales y políticas”, concluye un reciente informe elaborado por referentes de derechos humanos y legisladores nacionales y provinciales sobre “las violaciones a las libertades democráticas” en el territorio gobernado por el radical Gerardo Morales. La comisión que elaboró el informe trabajó sobre denuncias de ciudadanos y organizaciones sociales y sindicales jujeñas que “permiten constatar” la “situación represiva y de violación a las libertades democráticas” que transita esa provincia. Los testimonios certifican casos de persecución sindical, política, por causas sociales, raciales o ambientales, así como también revelan casos de gatillo fácil y torturas en comisaría. La comisión decidió difundir lo visto y oído con una alerta destinada al resto del territorio argentino: “El gobierno de Morales busca transformar a Jujuy en la capital nacional de la represión y la impunidad. Un laboratorio que, si triunfa, intentarán trasladar a nivel nacional”.
Una veintena de referentes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, diputados y diputadas, nacionales y de Jujuy, de diferentes colores políticos se reunieron los primeros días del mes pasado en la capital provincial para escuchar qué tenían para decir los militantes perseguidos, los trabajadores despedidos y suspendidos, los jóvenes maltratados y estigmatizados. Hubo referentes del Centro de Estudios Legales y Sociales, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre y de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. También asistieron trabajadores del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre - La Matanza y de Justicia Ya!; de Madres y Familiares de Ex Detenidos de Jujuy, del colectivo de Ex Detenidos de Ledesma y de Ex Presos de Libertador San Martín. Participaron algunos de los abogados de Milagro Sala, diputadas y legisladores del Frente de Izquierda nacional, local y neuquino; del Frente para la Victoria y del Peronismo para la Victoria, así como también del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular jujeño –aquel que integra la Tupac–.
“Es significativo que nos hayamos juntado alrededor de un reclamo, más allá de las diferencias. Demuestra que es justo, que estamos hablamos de violaciones a los derechos humanos graves”, remarcó Myriam Bregman, diputada por el FIT. “Se trata de una negación del Estado de derecho enorme”, continuó Araceli Ferreyra, colega del Peronismo para la Victoria. Es que, desde que Milagro Sala fue detenida, en enero pasado, cada uno por su lado, comenzó a enterarse de historias “graves”: despidos, extorsiones, ataques directos de las fuerzas de seguridad, suspensiones, amenazas. “Muchísimas, porque el caso de Sala era el más conocido, pero desde entonces lo que se desató en Jujuy fue una verdadera cacería de opositores, de luchadores, de todo aquel que insistiera en contra de la impunidad. Morales no dejó un solo sector libre de persecución”, puntualizó la diputada del FIT.
Entonces, decidieron organizar un encuentro que sirviera de zona de exclusión a las víctimas de ese coto de caza. “Fue mucha la gente que se animó a acercarse”, detalló la diputada. La Gendarmería recibió a algunos participantes del encuentro, como a la diputada Ferreyra y al diputado provincial neuquino Raúl Godoy, con intensas y “sospechosas” revisiones de los remises que los trasladaron desde el aeropuerto hasta el hotel. Infantería “merodeó durante todo el día” el lugar en donde estuvieron reunidos que, semanas atrás se supo fue “espiado” por los servicios de inteligencia. Al día de hoy, tanto participantes como denunciantes siguen recibiendo amenazas: antes de ayer, la militante jujeña del PTS Natalia Morales recibió un mensaje de Whatsapp anónimo en el que le advertían que “la policía de Jujuy” la seguía y que era considerada por “el servicio de inteligencia que responde a (el gobernador, Gerardo) Morales” como “la nueva Milagro Sala”. Ella fue una de las extrabajadoras de la Secretaría de Agricultura Familiar que denunció en el encuentro persecución sindical.
En busca de repudio
El objetivo del informe es que los hechos que lo integran “puedan ser lo suficientemente difundidos y conocidos para generar el necesario y urgente repudio”. “La comisión de derechos humanos de Diputados debe tomar cartas en el asunto”, entendió Ferreyra, quien deslizó que entre el abanico de posibilidades para “revertir” la situación que se imaginan existen el juicio político y la intervención de la provincia. “No hay antecedentes en 30 años de democracia de las persecuciones que está llevando a cabo Morales”, evaluó.
“Es peligroso ver la foto que significa Jujuy”, postuló Bregman en referencia al entramado de alianzas políticas: “Es un gobierno provincial amparado por el nacional, por el presidente Mauricio Macri, integrado por un gobernador radical y un vicegobernador que viene del espacio de Sergio Massa. Es una unidad de tres espacios políticos decididos a avanzar en contra de los trabajadores y luchadores”.
Situación inédita
Los referentes de derechos humanos y legisladores detectaron que “la situación inédita de ataques y de persecución a las organizaciones sociales y políticas” comenzó con la detención de Sala y de otra decena de integrantes de la Tupac Amaru y está “enmarcada” en la ampliación del Tribunal Superior de Justicia donde fueron nombrados como jueces activos “militantes del radicalismo que hicieron su propia y escandalosa reforma para poder asumir”. Con esa mayoría propia en la máxima autoridad judicial de la provincia “iniciaron una cacería de brujas para demonizar cualquier reclamo obrero y popular, dejando además vía libre a las patronales y al propio gobierno en los planes de ajuste y despidos”, denuncian en el documento. Ejemplifican: despidos y cesantías en la secretaría de Agricultura Familiar y en el sector de educación pública; despidos y suspensiones en empresas de acero e ingenios azucareros; detención de comisiones internas sindicales, represión a trabajadores. Además, denunciaron la aplicación del Código Contravencional aprobado durante la anterior gestión provincial “que criminaliza a la juventud, la pobreza y la protesta y otorga superpoderes a la Policía”.
En el informe figuran transcriptos –en la mayoría de los casos, con los nombres cambiados “por seguridad de los denunciantes”– los testimonios recibidos durante el encuentro. Estos son algunos fragmentos de lo que declararon ante la comisión:
n Persecución política. “Soy del Partido Comunista. Mi compañero Juan Nieva de la organización Marina Vilte me pasa a buscar por mi casa (en una camioneta). Me dice ‘se me hace que ese auto blanco que está atrás (VW blanco) nos viene siguiendo desde tu casa’. ‘A ver, da la vuelta en U’, le digo, y damos la vuelta en U, y el auto da detrás de nosotros la vuelta en U. Frenamos el auto, y el otro frena. Era un VW blanco, todo polarizado. Tomamos por la Ruta 9, y había un control vehicular. Entonces le digo a mi compañero: ‘Pará al costado y avisale a los policías que ese auto nos esta siguiendo’. Cuando paramos al costado y yo me bajo para hablar con estos policías, el auto blanco se para, y bajan dos personas corriendo, y vienen hacia mí. Mostrando la placa dicen ‘brigada de investigaciones’ y me dicen ‘vos bajate de la camioneta y subite al auto’, obviamente con insultos. ‘Nosotros te seguimos a vos por orden de Gerardo Morales. Dale bajate.. yo si quiero lo llamo y los meto en cana’, y así. Me empieza a pedir los datos personales, me pregunta dónde trabajo, dónde estudio, qué carrera estudio. Y en reiteradas oportunidades, quería saber a qué gremio pertenecía y en qué agrupación de la facultad militaba”.
n Persecución sindical. Silvio “Chopper” Egüéz, trabajador del Ingenio La Esperanza: “Tengo 36 años de trabajo en la empresa. Hace como dos meses atrás hicimos asamblea de 300 compañeros, donde se tomó la decisión de ir y correrlos a los gerentes. Porque esta empresa, que está en quiebra, tiene gerenciadores por parte del Gobierno y por parte de privados. Y a nosotros nos denunciaron. Ellos aducen que fuimos violentos, que rompimos la administración, que rompimos una puerta, que le pegamos a un gerente de RRHH. Todo eso es mentira. Y a 19 compañeros nos suspendieron 29 días. De esos 19 compañeros, 9 fuimos denunciados penalmente.”
Julio Mamaní, delegado de Aceros Zapla, referente del PTS-FIT:
“Buenas tardes a todos. Soy delegado del sector mantenimiento. Nos elevaron una causa hace dos años, cuando hicimos un paro por reclamar los salarios. En Aceros Zapla hicimos un paro que duró bastante, duró un mes. Entonces el dueño de la empresa nos inicia una causa. La causa es ‘compulsión a la huelga’, así la definieron, lamentable. Lo que yo quiero recalcar es que estuvo quieta la causa dos años, y cuando entró el nuevo Gobierno, lamentablemente, empezaron -como todos dicen acá- el apriete. El apriete a la gente que tiene a cargo representar a los trabajadores. Nosotros somos los tres cabezas visibles del sindicato. Siempre estamos en todas las luchas.”
n Gatillo fácil y torturas en comisarías. Vecinos de San Pablo de Reyes. Familiar de uno de los detenidos: “Sufrimos un allanamiento en nuestro domicilio, supuestamente una persona, Iturbe creo es el apellido, nos hizo una denuncia, no solamente a nosotros sino a 9 personas más, porque habían desaparecido cosas. Hicieron un allanamiento, nos dieron vuelta la casa. Yo tengo hermanos chiquitos, han entrado brutalmente. No nos mostraron la cédula de identificación, los autos no tenían patente. Y se los llevaron, fueron 9 chicos que fueron detenidos. Se los llevaron y dijeron que supuestamente era por averiguación de antecedentes, y dijeron que a las 12 los iban a soltar, pasó las 12, la 1 las 2 y no los soltaron. No nos dejaban que les demos comida, nada. Recién como a las 22-23 los liberaron. Se los llevaron como detenidos. De los 9 domicilios que allanaron no encontraron nada.”
Ailín Bullentini
Ahora, aplausos
Encomios eclesiásticos a la Junta Militar, censurados por Bergoglio en la recopilación de documentos.
La apertura de algunos archivos de la Iglesia Católica sobre el período 1976/83 es un nuevo intento por exhibir bajo mejor luz su conducta durante la dictadura. La omisión y mutilación de textos es la técnica que Primatesta y Aramburu usaron en 1982 y Bergoglio en 2006 y que se repite ahora. Ni las gestiones privadas por algunas víctimas ni las partidas de bautismo entregadas equilibran el apoyo público a la masacre. De nuevo, los demonios de la reconciliación, sin reconocer ni detestar nada.
El presidente de la Iglesia Católica argentina, José María Arancedo, vaticinó que con la apertura parcial de archivos aparecerán más luces que sombras en la conducta episcopal durante la última dictadura, y el vicepresidente Mario Poli reveló que el objetivo es “la reconciliación”. Arancedo agregó que la apertura fue iniciada por el propio Jorge Bergoglio como presidente de la Conferencia episcopal cuando decidió publicar el libro Iglesia y Democracia. En esa obra, de 2006, se afirma: “No debemos tener miedo a la verdad de los documentos”, una expresión gemela a la que empleó Poli ahora: “No le tenemos miedo a los archivos, que contienen la verdad de la historia”. El antecedente no es alentador, porque aquel libro, que según Bergoglio se proponía “primerear” a los organismos defensores de los Derechos Humanos al cumplirse tres décadas del golpe de 1976, ignoró textos fundamentales, mutiló otros en los que los obispos comunicaban su adhesión a la dictadura y encomiaban la “imagen buena de las supremas autoridades”; organizó todo el material en orden cronológico sin indicar qué piezas fueron públicas y cuáles secretas y sólo resumió en pocas líneas los encuentros de camaradería entre eclesiásticos y militares. Poli agregó que “no está ausente el mea culpa y el pedido de perdón por lo que no se hizo”, lo cual reitera que los prelados mantienen una extraordinaria autoindulgencia. En 2014 Arancedo grabó el spot “La fe mueve hacia la verdad”, en el que se limitó a pedir que informen lo que sepan quienes tienen datos sobre entierros clandestinos o robo de bebés, como si la Iglesia Católica fuera un tercero neutral que observa los hechos y exhorta a los responsables. Ya hace cinco siglos, en el Concilio de Trento, fijó las condiciones de la reconciliación la penitencia o el perdón, que es uno de sus sacramentos: el reconocimiento de los yerros, su detestación y la búsqueda de posibles caminos de reparación. Lo que le sigue costando es llevarlas a la práctica cuando se trata de yerros, o crímenes, de alguno de sus jerarcas, porque no parecen arrepentidos. Eso es muy humano. En los hechos, a nada le temen más que a la verdad. De ahí la constante hipocresía de sus manifestaciones, un tributo que el vicio rinde a la virtud, según la definición del Marqués de Sade.
Demonios
El año pasado, cuando las dirigentes de Familiares de Detenidos Desaparecidos Angela Boitano y Dora Salas insistieron con la apertura de archivos vaticanos, el Papa las remitió al monseñor de la Secretaría de Estado Giuseppe Laterza. El encuentro comenzó muy mal, cuando Laterza dijo que era hora de dar vuelta la página y reconciliarse. Primero adujo que el Vaticano no tenía mucha información, sólo las denuncias de los propios familiares. Boitano le explicó la utilidad de esos documentos para armar un rompecabezas, y Laterza pasó al otro extremo: tenían demasiada información y escaso personal para ordenarlo y digitalizarlo. Cuando de los archivos pasaron al pedido de autocrítica, Laterza mencionó al ex nuncio Pio Laghi, de quien algunos hablan mal y “otros hablan bien”. Expuso el concepto de la memoria completa, que Bergoglio le transmitió a fin de siglo al ex jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, complementario de la doctrina de los dos demonios. Contra lo que se supone, esa doctrina recién fue acuñada por el episcopado en el documento “Dios, el Hombre y la Conciencia”, en abril de 1983, cuando el Estado Terrorista se desintegraba. Hasta entonces sólo veía de un lado a los Soldados del Evangelio, cuyas armas bendecía y a quienes se permitía señalar en forma reservada algunos “errores y excesos”, y del otro al Enemigo Absoluto del que abominaba. Las confesiones del ex capitán de la Armada Adolfo Scilingo en 1995 desquiciaron a los obispos. El marino de la ESMA dijo que el vuelo para arrojar prisioneros aún con vida al mar fue aprobado por la jerarquía, porque lo consideraban “un modo cristiano de muerte”, sin sufrimiento, y que cuando volvió consternado de asesinar así a 30 personas, el capellán naval lo confortó con parábolas bíblicas. La Comisión Permanente dijo que si algún miembro de la Iglesia “hubiera avalado con su recomendación o complicidad alguno de esos hechos, habría actuado bajo su responsabilidad personal”. Ese mismo año, en respuesta a una nota sobre el rol de Laghi, a quien el jefe de la Armada Armando Lambruschini le consultó si dejar en libertad o matar a los detenidos desaparecidos que sobrevivían en la ESMA, cinco obispos amigos del diplomático (entre ellos Oscar Laguna, Alcides Jorge Pedro Casaretto y Carlos Walter Galán Barry, quien era Secretario de la CEA y vivía con Laghi en la Nunciatura) preguntaron: “¿Para qué debemos conocer toda la verdad? ¿Para volver a enfrentarnos o para reconciliarnos?”. En 1996 la asamblea plenaria del episcopado defraudó las expectativas, en una Carta Pastoral sobre “el terrorismo de la guerrilla” y “el terror represivo del Estado”. Rechazó “responsabilidades que la Iglesia no tuvo en esos hechos” y sólo admitió que unos católicos intentaron tomar el poder político en forma violenta y establecer una nueva sociedad marxista y otros les respondieron ilegalmente. En conclusión imploró perdón a Dios por los crímenes cometidos por “hijos de la Iglesia”, ya fueran “guerrilleros, militares o policías”.
¿Yo, Señor?
En setiembre de 2000, en respuesta a la orden del Vaticano de que cada episcopado hiciera un mea culpa al iniciarse el tercer milenio, el argentino organizó una liturgia nocturna que se denominó “la reconciliación de los bautizados”. El presidente de aquel episcopado, Estanislao Karlic, dijo que la violencia guerrillera y la represión ilegítima enlutaron la Patria. Luego siguió una oración a Dios: “Te pedimos perdón por los silencios responsables y por la participación efectiva de muchos de tus hijos en tanto desencuentro político, en el atropello a las libertades, en la tortura y la delación, en la persecución política y la intransigencia ideológica, en las luchas y las guerras, y la muerte absurda que ensangrentaron nuestro país”. Una vez más, colocaba en un mismo plano a la guerrilla y al terrorismo de Estado. Los obispos pidieron perdón a Dios y no a las víctimas, por los actos ajenos y no por los propios. Entre los invitados estaba Brinzoni pero ningún representante de las víctimas. Como esa liturgia sugería una cierta voluntad de enmienda por parte de una nueva conducción episcopal, el CELS solicitó a su presidente Estanislao Karlic la apertura de los archivos eclesiásticos. Respondió que la Conferencia sólo tenía el folleto de 1982 Iglesia y derechos humanos, con “extractos de algunos documentos”. Todos los párrafos lisonjeros para la dictadura, aquellos que encabezaban los documentos y que dieron título a los diarios de la época, fueron censurados en esa edición, mientras se incluían aquellos del tramo final, encabezados por algún “sin embargo” o “tampoco puede omitirse que…”. En cambio se editaron como si hubieran sido documentos públicos las cartas con críticas y reclamos que la Iglesia entregaba a la Junta Militar en el mayor secreto. Con esa técnica la carta pastoral colectiva “País y bien común”, firmada menos de dos meses después del golpe, quedó reducida a cuatro breves párrafos, separados por líneas de puntos suspensivos. El episcopado suprime la justificación de los procedimientos ilegales que sí se difundió el 15 de mayo de 1976, cuando afirma que no es razonable “pretender un goce del bien común y un ejercicio pleno de los derechos”. Otro pedido de comprensión hacia el gobierno militar que se esfumó en la edición de 1982 decía que los organismos de seguridad no podían actuar “con pureza química de tiempo de paz, mientras corre sangre cada día”. Esa pastoral de guerra sostuvo que “el bien de los individuos” debe “estar supeditado” a un abstracto bien común, que “exige la existencia del Estado con la autoridad necesaria aun en el plano coercitivo”. Ese documento fue elaborado durante la Asamblea Plenaria del episcopado, entre el 10 y el 15 de mayo de 1976, en la que cada obispo informó sobre los secuestros, torturas y desapariciones en su diócesis. Como no hubo acuerdo fue sometido a votación si denunciar o no esos gravísimos acontecimientos: 19 obispos se pronunciaron por difundirlos, pero el doble, 38, se opuso. Los obispos corrigieron tres sucesivas versiones del borrador preparado, cada una más complaciente que la anterior. Por eso. En 1982 sólo encontraron unos pocos párrafos que no fueran vergonzosos.
El pedido de amnistía
En ocasión del Tedeum del Bicentenario, el 25 de mayo de 2010, cuando Bergoglio comandaba el episcopado, uno de sus miembros, el obispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani, entregó al Poder Ejecutivo una solicitud de amnistía firmada por Jorge Videla y otro centenar de detenidos por crímenes de lesa humanidad. La entonces presidente CFK ordenó devolverla sin respuesta. En 2012, perdidas todas las esperanzas por la reelección, Videla reconoció los crímenes en varias entrevistas, se vanaglorió del apoyo y la cooperación de la Nunciatura Apostólica y del episcopado argentino y dijo que había llegado a ser amigo de Primatesta. Uno de los periodistas, Adolfo Ruiz, vio llegar a “un hombre canoso que venía, cáliz y alba en mano”. A raíz de ello un grupo de laicos que se denominaron Cristianos para el Tercer Milenio, solicitaron que la conferencia episcopal hiciera “cesar el escándalo” que implica el “libre y periódico acceso a la eucaristía” del ex dictador, a pesar de haber reconocido “sus acciones criminales, el no arrepentimiento de las mismas, sus manifestaciones relacionadas con que el ‘sinuoso camino que le tocó recorrer’ era parte del plan de Dios para la salvación de su alma y la inexistencia de voluntad reparadora alguna”. El episcopado les respondió sin nombrarlos en una “Carta al Pueblo de Dios”, en la que negó que “nuestros hermanos mayores que nos precedieron” hayan tenido “alguna complicidad con hechos delictivos”. En una nueva configuración de la doctrina de los dos demonios repudió “el terrorismo de Estado” y “la violencia guerrillera”. Los Cristianos para el Tercer Milenio se reunieron luego con Radrizzani, porque había gestionado la amnistía y porque Videla asistía a misa en el penal de Marcos Paz, que está en su jurisdicción.
–Yo sé que ellos están arrepentidos, pero no quieren decirlo para no darle la razón al gobierno– los sorprendió Radrizzani.
–Monseñor, son pecadores públicos responsables de crímenes gravísimos, si se arrepienten deben decirlo en lugar de reivindicar sus crímenes públicamente.
Sus interlocutores argumentaron que “a consecuencia de estas posiciones ambiguas de la jerarquía, comienza a hablarse del golpe cívico, militar y eclesiástico”. Los Cristianos para el Tercer Milenio tenían planeado viajar para insistir ante la Santa Sede, propósito que quedó pendiente cuando Benedicto XVI renunció al cargo y en su reemplazo la burocracia vaticana designó a Bergoglio. Hoy varios de los Cristianos para el Tercer Milenio forman parte del grupo denominado Laudatianos, que celebra cada palabra del papa Francisco. Con Bergoglio en Roma, la Iglesia Católica va por más. Con la anunciada apertura de archivos, que es el enésimo intento de blanqueo de una historia sórdida, ahora pide aplausos.
Horacio Verbitsky
El Vaticano y los archivos de la dictadura
Una apertura limitada para una política de reconciliación.
Los mismos medios que anunciaron con bombos y platillos la apertura, por parte del Vaticano, de los archivos que posee sobre la dictadura militar, bajaron el tono para no levantar grandes expectativas (Clarín, 25/10).
En primer lugar, porque el acceso a los archivos será restringido “a las víctimas, sus familiares y los superiores de los damnificados eclesiásticos. No así los periodistas, historiadores e investigadores en general”. Tampoco, cabe agregar, a los organismos de derechos humanos. El diario agrega que “no parece a priori que los archivos contengan grandes revelaciones que, por lo pronto, permitan conocer el destino de desaparecidos” (ídem). Se trata en su mayoría, según indican distintas fuentes, de cartas enviadas por los familiares de desaparecidos a la Iglesia, para que intercedan en su favor.
Una luz cegadora
La Iglesia jugó un rol orgánico en la represión de la dictadura, ya no solo como cómplice sino como parte integrante. Existen numerosos testimonios que dan cuenta de su involucramiento en la apropiación de hijos de desaparecidos y asesinados, de la persecución a los curas villeros por parte de la jerarquía eclesiástica y del conocimiento de esta de los campos de concentración.
La revelación de fondo de este entramado, que esta “apertura” no garantiza ni por asomo, tendría un gran valor para la lucha contra la impunidad. Por el contrario, con esta acción, la Iglesia busca redimirse de su colaboración sistemática con el genocidio.
Para el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), José María Arancedo, “complicidad es una palabra fuerte”, aunque reconoce que la Iglesia “no hizo todo lo que pudo y, eso es cierto, y pedimos perdón”, pero que “con el estrecho margen que tenía (…) hubo intervenciones concretas de la Iglesia por mucha gente y eso se ve en las cartas” (Página 12, 25/10)
La CEA caracterizó la iniciativa como “un servicio a la patria, para la reconciliación de los argentinos” (ídem). La expresión “reconciliación a través de la verdad”, acuñada por el obispo jubilado Jorge Casaretto, hace referencia a una tentativa de impunidad para los militares de la dictadura. Casaretto, hombre de confianza de Bergoglio, preside una comisión especial para reducir las penas de los genocidas condenados, y ha afirmado sin rubor que “tanta justicia va en contraposición a la verdad” (Página 12, 6/9/15).
En la perspectiva de la “reconciliación”, el gobierno yanqui también desclasificó sus propios archivos del genocidio. “Estamos decididos a hacer nuestra parte, mientras la Argentina continúa sanando y avanzando como una nación unidad”, afirmaron sus voceros (La Nación, 18/3). El imperialismo y el Vaticano fueron grandes soportes de la dictadura genocida. Sus manifestaciones se inscriben en la operación de “blindaje” sobre el macrismo. El gobierno apunta a involucrar a los militares en la represión interna –una misión iniciada por el gobierno de CFK con la designación de César Milani a la cabeza del Ejército y la participación de los militares en la “lucha contra el narcotráfico” y en tareas de asistencia social– y quiere “reconciliarlos” con la opinión pública.
Sigue planteado el reclamo de una apertura irrestricta de los archivos del Estado y la Iglesia, en oposición a las políticas de impunidad, ajuste y represión.
Tomás Eps (@tomaseps)
El engaño de Vidal: neonatología del Hospital Fiorito sigue cerrado
A pesar de los anuncios oficiales, el servicio no fue reabierto.
Pocos días atrás, la gobernadora María Eugenia Vidal, la ministra de Salud, Zulma Ortiz y el director provincial de hospitales, Leonardo Busso, anunciaron la reapertura de Neonatología del Hospital Fiorito, de Avellaneda, cerrada desde hace un año por falta de profesionales.
Lo cierto es que lo único que se puso en funcionamiento fue el servicio de maternidad. Nuestros gobernantes están incurriendo en una irresponsabilidad criminal al no garantizar una pronta atención de los recién nacidos por carecer de internación de neonatología en el hospital.
Según los funcionarios, los bebes que tengan problemas al nacer, serán derivados a los hospitales Perón y Ana Goitia, de Avellaneda, centros colapsados y que también viven en carne propia los avatares de la crisis sanitaria y social, y sin un sistema de derivaciones diseñado para tal fin.
La farsa debutó topándose con la realidad; el segundo bebé nacido en el Fiorito una vez que se habilitaron los partos "normales", requirió asistencia de terapia intensiva ante un cuadro de dificultad respiratoria, y tuvo que ser derivado al hospital Perón sin las condiciones ideales en lo concerniente al traslado.
Esta política criminal tiene sus cómplices en las burocracias de los gremios. ATE, Salud Publica y AMRA, que no han movido un dedo ante el cierre de Neonatología e incluso han boicoteado las acciones de lucha de los trabajadores y la comunidad. Por su parte, Cicop levantó tempranamente las medidas de protesta a pocas semanas del cierre, y ahora interpreta esta falsa reapertura como un “triunfo” y levantó todas las medidas de lucha, como el corte del Puente Pueyrredón previsto para el pasado miércoles 19 de octubre, al cumplirse un año del cierre del servicio.
La situación del Fiorito es una muestra de la dura realidad que atraviesa desde hace años el sector de atención materno-infantil en la provincia de Buenos Aires, como parte de una agudización de la crisis de la salud pública, con desmantelamiento y cierre de servicios por doquier. Esta crisis se manifiesta en el vaciamiento sistemático de los hospitales, una política consciente de destrucción del sistema de salud público, cuyo objetivo último es la privatización.
La crisis de la atención materno infantil, es la responsable de las cifras alarmantes de enfermedad y muerte de madres, bebes y niños en la primera infancia.
Desde Tribuna de Salud exigimos la reapertura y el pleno funcionamiento de la Neonatología del Fiorito, salario inicial equivalente al costo de la canasta familiar, aumento del presupuesto de Salud y partida de emergencia. Servicios de la atención materno infantil con planteles de profesionales y no profesionales acordes al aumento poblacional y que garanticen, junto a insumos y tecnologías de última generación, una atención de calidad para nuestros recién nacidos y sus madres.
Ningún cierre de servicios.
Pleno funcionamiento de la neo del Fiorito.
Gastón Quiroga - delegado congresal de Cicop. Tribuna de salud
Pocos días atrás, la gobernadora María Eugenia Vidal, la ministra de Salud, Zulma Ortiz y el director provincial de hospitales, Leonardo Busso, anunciaron la reapertura de Neonatología del Hospital Fiorito, de Avellaneda, cerrada desde hace un año por falta de profesionales.
Lo cierto es que lo único que se puso en funcionamiento fue el servicio de maternidad. Nuestros gobernantes están incurriendo en una irresponsabilidad criminal al no garantizar una pronta atención de los recién nacidos por carecer de internación de neonatología en el hospital.
Según los funcionarios, los bebes que tengan problemas al nacer, serán derivados a los hospitales Perón y Ana Goitia, de Avellaneda, centros colapsados y que también viven en carne propia los avatares de la crisis sanitaria y social, y sin un sistema de derivaciones diseñado para tal fin.
La farsa debutó topándose con la realidad; el segundo bebé nacido en el Fiorito una vez que se habilitaron los partos "normales", requirió asistencia de terapia intensiva ante un cuadro de dificultad respiratoria, y tuvo que ser derivado al hospital Perón sin las condiciones ideales en lo concerniente al traslado.
Esta política criminal tiene sus cómplices en las burocracias de los gremios. ATE, Salud Publica y AMRA, que no han movido un dedo ante el cierre de Neonatología e incluso han boicoteado las acciones de lucha de los trabajadores y la comunidad. Por su parte, Cicop levantó tempranamente las medidas de protesta a pocas semanas del cierre, y ahora interpreta esta falsa reapertura como un “triunfo” y levantó todas las medidas de lucha, como el corte del Puente Pueyrredón previsto para el pasado miércoles 19 de octubre, al cumplirse un año del cierre del servicio.
La situación del Fiorito es una muestra de la dura realidad que atraviesa desde hace años el sector de atención materno-infantil en la provincia de Buenos Aires, como parte de una agudización de la crisis de la salud pública, con desmantelamiento y cierre de servicios por doquier. Esta crisis se manifiesta en el vaciamiento sistemático de los hospitales, una política consciente de destrucción del sistema de salud público, cuyo objetivo último es la privatización.
La crisis de la atención materno infantil, es la responsable de las cifras alarmantes de enfermedad y muerte de madres, bebes y niños en la primera infancia.
Desde Tribuna de Salud exigimos la reapertura y el pleno funcionamiento de la Neonatología del Fiorito, salario inicial equivalente al costo de la canasta familiar, aumento del presupuesto de Salud y partida de emergencia. Servicios de la atención materno infantil con planteles de profesionales y no profesionales acordes al aumento poblacional y que garanticen, junto a insumos y tecnologías de última generación, una atención de calidad para nuestros recién nacidos y sus madres.
Ningún cierre de servicios.
Pleno funcionamiento de la neo del Fiorito.
Gastón Quiroga - delegado congresal de Cicop. Tribuna de salud
sábado, 29 de octubre de 2016
Ni para la tribuna: la tarifa de luz la resolverá el Gobierno a favor de las empresas
Una nueva Audiencia pública no vinculante para legitimar los pedidos empresarios de los distribuidores de energía. Millonarios subsidios sin justificar y otro golpe al bolsillo popular.
Sin la repercusión que tuvieron las audiencias por las tarifas de gas, ayer se repitió el escenario de ficción de un debate público cuya resolución se decidirá finalmente entre cuatro paredes. Las tarifas de luz ya se incrementaron en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense un 470% en promedio, suba que no pasó por ninguna audiencia.
Sin embargo, las empresas distribuidoras Edesur y Edenor piden subir aún un 31% más y reclaman una condonación de deuda por $21.000 millones de multas por el vaciamiento que llevan a cabo desde la privatización, es decir desde hace décadas.
Las empresas energéticas apenas prometen una disminución de cortes del servicio del 55% en los próximos cinco años, y eso a costa de un nuevo ajuste sobre el pueblo trabajador. Los industriales aprovecharon para solicitar más rebajas impositivas y tarifarias.
Por el contrario, las asociaciones de consumidores cuestionaron que, pese al incremento, continuarán los cortes de luz.
En este marco, como ya ocurrió en el caso del gas, la izquierda exige una auditoría por los subsidios de más de $ 340.000 millones recibidos por las empresas en los últimos años. Urge un plan de nacionalización bajo control de usuarios y trabajadores.
Un tarifazo que ya está arreglado
Nuevamente el primer y principal espacio en la audiencia que presidió el ministro de Energía y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, tuvo como protagonistas a las empresas distribuidoras Edesur y Edenor. Sus representantes tuvieron un tiempo para hablar de 25 minutos, mientras que para el resto hubo como máximo solo 10.
El gerente general de Edesur, Juan Carlos Blanco, reclamó un nuevo incremento del 30,7 % en promedio. Las subas irían, según su esquema, del 18 al 53 %, según el caso. Además, anunció que la empresa prevé invertir unos $14.000 millones en un "ambicioso plan" durante los próximos cinco años para reducir un 55% los cortes en Capital y el sur del Gran Buenos Aires.
En esa línea, el CEO de Edenor, Ricardo Torres, pidió un aumento del 31 %, y una incorporación de 15 % extra si se suman la actualización de costos al presente, mientras para las pequeñas industrias y comercios se solicita un alza de 49 % (con 25 % más para ajustarlas al presente). Asimismo, argumentó que tiene un plan de inversiones de unos $ 26.000 millones para los próximos cinco años.
Sin embargo, en 2016 con la “corrección” tarifaria del macrismo, se pronostica que el monto destinado de subsidio el sector energético será de $ 220.000 millones, que estuvieron en parte frenados por el fallo de la Corte Suprema y que el Estado intenta ahora trasladar de lleno sobre los consumidores.
El incremento de 31% de aumento promedio, que exigen las empresas para el año próximo, equivale a sólo el 40% del precio final de la factura de luz. Además, el monto está muy por encima del propio pronóstico de techo salarial del 17% que especula con imponer el Gobierno nacional a los trabajadores, a partir del cálculo de la inflación futura. El resto de la tarifa corresponde al eslabón primario de generación, cuyo precio se espera que sea todavía mayor, y que no está sometido siguiera a audiencia o algún otro mecanismo de discusión.
Estatización de la deuda II
Exótico. Así es el pedido realizado recientemente por la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adeera) al Gobierno nacional para que le condone la deuda que mantienen las empresas con Cammesa, la administradora del mercado mayorista que controla el Estado.
Pretenden que el Estado se haga cargo, a través de la ley de Presupuesto del 2017, de una deuda de $21.000 millones a cargo de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa que opera Yacyretá. Sostienen, esencialmente, que el “retraso tarifario” no les permitió realizar inversiones.
Para las empresas eléctricas, el tarifazo no es suficiente, y siguen aprovechando la ocasión para ejercer el mismo lobby que las empresas de gas sobre el Gobierno nacional presentando los números que ellos mismos elaboran, sin ninguna apertura real de los libros contables que permita demostrar la veracidad de sus supuestas “pérdidas” económicas.
En contraposición, por parte de la Defensoría del Pueblo porteña, Alejandro Amor les exigió a las empresas que elaboren “un plan de contingencia para este verano con la incorporación de grupos electrónicos y cuadrillas, porque aumentará la tarifa y aun así habrá cortes de luz”. En la misma línea, le reclamó a Edenor y Edesur que se “hagan cargo del pago de las multas establecidas por el ENRE, porque en un sistema capitalista tienen el derecho de invertir y ganar. Pero también tienen responsabilidad social y cuando no cumplen con las inversiones y hay cortes de luz que perjudican a los usuarios”.
Consumidores contra el vaciamiento energético
Héctor Polino, de la asociación de Consumidores Libres señaló que “es inaceptable el planteo porque no pueden ser los usuarios los que financien las inversiones. Tienen que ser las empresas las encargadas de la inversión”, y señaló que las “empresas han recibido dinero vía tarifa, vía subsidios, y además están fuertemente endeudadas con Cammesa. Las distribuidoras se hicieron cargo de la concesión en 1992, pero en vez de mejorar han empeorado el servicio. No hay ninguna garantía de que puedan mejorar y por eso he pedido la rescisión de los contratos de Edesur y Edenor por reiterados incumplimientos”. Esta exigencia ocupó los aplausos del público, frente a la mirada descontenta de los gerentes, funcionarios y empresarios.
Por su parte, Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor, reclamó que "se amplíe a 300 ó 500 kilowatts la tarifa social, según la condición del grupo familiar" y alertó sobre la suba en el cargo fijo (se iría a $ 68 a $ 76), que hoy se encuentra en $ 7.
“¿Y cuál es el ejemplo más claro del fracaso”, se preguntó Alejandro Amor de la Defensoría porteña, y respondió: “Los cortes que han padecido todos los sectores de la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires y de los barrios del Gran Buenos Aires. Los trabajadores, las clases medias. Cortes que muchas veces fueron imprevistos y que se desconocía su duración. Cortes que muchas veces fueron programados y anunciados con periodos concretos, pero que se prolongaron más de lo establecido”.
Auditoría de los subsidios y una salida de fondo a la crisis energética
Las empresas concesionarias del servicio eléctrico -principalmente las distribuidoras como Edenor y Edesur- reclaman hace años la posibilidad de aumentar tarifas para ajustar sus costos, razón por la cual argumentan haber tenido grandes pérdidas económicas.
Pero no hablan sobre la fiesta de subsidios que recibieron por parte del Estado, que entre los años 2004 y 2014 sumaron entre luz y gas, cerca de $ 342.000 millones de pesos corrientes, según datos de la ASAP, destinados principalmente a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA).
Sin embargo, estas transferencias no se tradujeron en verdaderas inversiones que mejoraran el servicio a los consumidores, como han denunciado sus organizaciones y los referentes del Frente de Izquierda, sino que las condiciones se han deteriorado generando graves consecuencias en las condiciones de vida y la actividad económica.
Esta situación de degradación de la red de aprovisionamiento energético en pos de la maximización de ganancias, es insostenible. La provisión de energía eléctrica es un servicio público y debe ser brindada por una empresa estatal, que bajo la gestión de sus trabajadores y con participación de comités de usuarios, ponga en el centro un servicio de calidad a bajos precios o gratuitos para los sectores de bajos ingresos.
Dicha perspectiva se enmarca en una visión de planificación del conjunto del sistema energético y de los principales resortes de la economía al servicio de las necesidades del pueblo trabajador.
Lucía Ruiz
Economista
Detención de Milagro Sala: Gobierno defiende criminalización de la protesta social
Después de que hasta la ONU definiera como “arbitraria” la detención de Milagro Sala, el Gobierno nacional defendió el encarcelamiento afirmando que la resolución “no es vinculante”.
Hasta la ONU, institución que ha avalado intervenciones imperialistas por décadas, tuvo que señalar ayer que la detención de Milagro Sala, llevada adelante por el Gobierno de Gerardo Morales en Jujuy –con el aval explícito de Macri- es “arbitraria”.
La resolución corresponde al Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas y fue dada a conocer este viernes. No se trata de una cuestión que surgiera de la noche a la mañana, sino que es el resultado de meses de gestiones y discusiones.
En la resolución se señala que “la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria” y, en función de eso, se solicita “al Gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato”.
En el comunicado con el que se difundió la resolución, se informó que “el Grupo de Trabajo determinó que hubo un entramado de "acusaciones consecutivas" e “inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo”.
En la resolución, entre otras cuestiones, se lee que hubo “irregularidades presentadas a lo largo del proceso, las cuales afectan de manera directa el derecho del debido proceso. En primer lugar, la señora Sala se encuentra detenida como consecuencia de un procedimiento que procura extorsionar a las organizaciones sociales que se encuentran reclamando para que levanten el acampe”.
Esta conclusión acompaña la reseña de los hechos ocurridos en los días previos a la detención, marcados por protestas de la Tupac y otras organizaciones en el centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
En el informe también se señala que, del análisis de las causas judiciales por las que se sostiene la detención, se concluye que “no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva”.
La resolución también condena el accionar del Estado, al impedir que el “el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada”.
En base a estos considerandos, el Grupo de Trabajo pidió la inmediatamente liberación de Milagro Sala.
Justificando la criminalización de la protesta social
La respuesta del Gobierno fue la ratificación de la política de criminalización de la protesta social y la defensa del encarcelamiento de Milagro Sala.
Fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, el que salió a responder, empezando por definir que la resolución “no es vinculante”.
Además afirmó que “trasladará la inquietud al Tribunal Superior de Jujuy”. La afirmación podría causar alguna gracia sino se tratara de cuestiones que hacen a la justificación de la persecución política.
Ese tribunal se halla fuertemente cuestionado por su completa imparcialidad en esta persecución. Así lo denunció, entre otros, Horacio Verbitsky en este diario, en una entrevista reciente.
Avruj también agregó que “que hay cosas que no fueron tomadas en cuenta, o porque hay cosas posteriores que la denuncia del CELS no fueron tomadas en cuenta”. De esta forma se justifica la política llevada a cabo por el Gobierno de Jujuy y la casta judicial, que sostuvo la continuidad de la detención con el agregado de nuevas causas.
El colmo de las afirmaciones del funcionario nacional llegó cuando dijo que “tenemos seis meses para responder, es una opinión. Lo charlaremos con la Justicia que es el ámbito que tiene que contestar”. Para Avruj es evidente que seis meses más de cárcel son un "detalle".
Las declaraciones del secretario de Derechos Humanos son un aval político a la gestión del gobernador radical Gerardo Morales. La detención de Sala en esa provincia es la punta de lanza de una política destinada a criminalizar el conjunto de la protesta social y los reclamos de trabajadores y sectores populares.
Fue precisamente esto lo que se denunció en una reciente visita de legisladores nacionales y de algunas provincias, como parte de una comisión que recabó múltiples denuncias de violaciones a las libertades democráticas.
Conferencia del CELS
Ayer por la tarde tuvo lugar una conferencia de prensa en la sede del CELS. Allí estuvieron presentes referentes de ese organismo y parte de la representación legal de Milagro Sala.
Horacio Verbitsky, titular del CELS, señaló que "ahora le toca al Estado argentino cumplir esta resolución". Ante las preguntas de los periodistas señaló que es falso que tenga que pasar por el Comité de Derechos Humanos de la ONU para su aprobación. El periodista agregó que se trata de una resolución, “no de una recomendación” y, por lo tanto, el Gobierno tiene la obligación de dar una respuesta.
Gastón Chillier, también del CELS, señaló que esta resolución se basa en el hecho de que el Estado “no pudo demostrar que estaba justificado legalmente el arresto”.
En la conferencia estuvo presente Elizabeth Gómez Alcorta, una de las abogadas de la Tupac. Ella señaló que “ningún juez de ninguna de las jurisdicciones quiso hacerse cargo de decir lo que necesitamos que nos vengan a decir organismos internacionales”.
Verbitsky indicó que el lunes el CELS presentará una nota ante la Cancillería para que responda "cuándo y cómo va a dar cumplimiento a la resolución".
Desde la izquierda siempre se ha sostenido la lucha por la libertad de Milagro Sala contra la persecución del Estado, sin esconder las grandes diferencias políticas con esta dirigente, ya que de lo que se trata por parte de Cambiemos es de avanzar de conjunto contra la protesta social.
A la vez, desde la izquierda se ha planteado que desde el kirchnerismo y las distintas alas del peronismo no se ha luchado seriamente por la libertad de Sala. Esto va de la mano con la gobernabilidad que el peronismo le presta a Cambiemos en el Congreso Nacional, en las provincias y en los sindicatos, a la vez que pone de manifiesto que la política de criminalización de la protesta social no es exclusiva de la coalición Cambiemos o de los Gobiernos que responden a la UCR y el PRO. Por el contrario, allí donde gobierna el peronismo o el Frente para la Victoria también se despliega una política represiva hacia sectores combativos.
Frente a esta política de represión y criminalización de la protesta social se erigen cada vez más voces de rechazo y de apoyo a los sectores en lucha.
Redacción LID
Hasta la ONU, institución que ha avalado intervenciones imperialistas por décadas, tuvo que señalar ayer que la detención de Milagro Sala, llevada adelante por el Gobierno de Gerardo Morales en Jujuy –con el aval explícito de Macri- es “arbitraria”.
La resolución corresponde al Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas y fue dada a conocer este viernes. No se trata de una cuestión que surgiera de la noche a la mañana, sino que es el resultado de meses de gestiones y discusiones.
En la resolución se señala que “la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria” y, en función de eso, se solicita “al Gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato”.
En el comunicado con el que se difundió la resolución, se informó que “el Grupo de Trabajo determinó que hubo un entramado de "acusaciones consecutivas" e “inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo”.
En la resolución, entre otras cuestiones, se lee que hubo “irregularidades presentadas a lo largo del proceso, las cuales afectan de manera directa el derecho del debido proceso. En primer lugar, la señora Sala se encuentra detenida como consecuencia de un procedimiento que procura extorsionar a las organizaciones sociales que se encuentran reclamando para que levanten el acampe”.
Esta conclusión acompaña la reseña de los hechos ocurridos en los días previos a la detención, marcados por protestas de la Tupac y otras organizaciones en el centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
En el informe también se señala que, del análisis de las causas judiciales por las que se sostiene la detención, se concluye que “no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva”.
La resolución también condena el accionar del Estado, al impedir que el “el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada”.
En base a estos considerandos, el Grupo de Trabajo pidió la inmediatamente liberación de Milagro Sala.
Justificando la criminalización de la protesta social
La respuesta del Gobierno fue la ratificación de la política de criminalización de la protesta social y la defensa del encarcelamiento de Milagro Sala.
Fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, el que salió a responder, empezando por definir que la resolución “no es vinculante”.
Además afirmó que “trasladará la inquietud al Tribunal Superior de Jujuy”. La afirmación podría causar alguna gracia sino se tratara de cuestiones que hacen a la justificación de la persecución política.
Ese tribunal se halla fuertemente cuestionado por su completa imparcialidad en esta persecución. Así lo denunció, entre otros, Horacio Verbitsky en este diario, en una entrevista reciente.
Avruj también agregó que “que hay cosas que no fueron tomadas en cuenta, o porque hay cosas posteriores que la denuncia del CELS no fueron tomadas en cuenta”. De esta forma se justifica la política llevada a cabo por el Gobierno de Jujuy y la casta judicial, que sostuvo la continuidad de la detención con el agregado de nuevas causas.
El colmo de las afirmaciones del funcionario nacional llegó cuando dijo que “tenemos seis meses para responder, es una opinión. Lo charlaremos con la Justicia que es el ámbito que tiene que contestar”. Para Avruj es evidente que seis meses más de cárcel son un "detalle".
Las declaraciones del secretario de Derechos Humanos son un aval político a la gestión del gobernador radical Gerardo Morales. La detención de Sala en esa provincia es la punta de lanza de una política destinada a criminalizar el conjunto de la protesta social y los reclamos de trabajadores y sectores populares.
Fue precisamente esto lo que se denunció en una reciente visita de legisladores nacionales y de algunas provincias, como parte de una comisión que recabó múltiples denuncias de violaciones a las libertades democráticas.
Conferencia del CELS
Ayer por la tarde tuvo lugar una conferencia de prensa en la sede del CELS. Allí estuvieron presentes referentes de ese organismo y parte de la representación legal de Milagro Sala.
Horacio Verbitsky, titular del CELS, señaló que "ahora le toca al Estado argentino cumplir esta resolución". Ante las preguntas de los periodistas señaló que es falso que tenga que pasar por el Comité de Derechos Humanos de la ONU para su aprobación. El periodista agregó que se trata de una resolución, “no de una recomendación” y, por lo tanto, el Gobierno tiene la obligación de dar una respuesta.
Gastón Chillier, también del CELS, señaló que esta resolución se basa en el hecho de que el Estado “no pudo demostrar que estaba justificado legalmente el arresto”.
En la conferencia estuvo presente Elizabeth Gómez Alcorta, una de las abogadas de la Tupac. Ella señaló que “ningún juez de ninguna de las jurisdicciones quiso hacerse cargo de decir lo que necesitamos que nos vengan a decir organismos internacionales”.
Verbitsky indicó que el lunes el CELS presentará una nota ante la Cancillería para que responda "cuándo y cómo va a dar cumplimiento a la resolución".
Desde la izquierda siempre se ha sostenido la lucha por la libertad de Milagro Sala contra la persecución del Estado, sin esconder las grandes diferencias políticas con esta dirigente, ya que de lo que se trata por parte de Cambiemos es de avanzar de conjunto contra la protesta social.
A la vez, desde la izquierda se ha planteado que desde el kirchnerismo y las distintas alas del peronismo no se ha luchado seriamente por la libertad de Sala. Esto va de la mano con la gobernabilidad que el peronismo le presta a Cambiemos en el Congreso Nacional, en las provincias y en los sindicatos, a la vez que pone de manifiesto que la política de criminalización de la protesta social no es exclusiva de la coalición Cambiemos o de los Gobiernos que responden a la UCR y el PRO. Por el contrario, allí donde gobierna el peronismo o el Frente para la Victoria también se despliega una política represiva hacia sectores combativos.
Frente a esta política de represión y criminalización de la protesta social se erigen cada vez más voces de rechazo y de apoyo a los sectores en lucha.
Redacción LID
Cae banda de narcopolicías en Avellaneda
Las fuerzas policiales, al servicio del crimen organizado
En el municipio bonaerense de Avellaneda fueron detenidos el 28 de octubre por comercialización de estupefacientes dos efectivos de la policía local, la pareja de uno de ellos y el empleado de una pizzería del líder de la barra de Independiente, Pablo "Bebote" Álvarez. Un tercer efectivo permanece prófugo.
La detención, que contó con elementos típicos de movida mediática (hasta hubo tiempo de sacar una foto en el momento de la detención de Gerónimo Menéndez, uno de los policías, en una estación de YPF), busca maquillar el nivel de descomposición hacia adentro de las fuerzas.
Se intenta mostrar este caso ante los medios como un hecho aislado en el que "las fuerzas respondieron rápidamente recolectando pruebas documentales, testimoniales y escuchas telefónicas".
Pero la colusión del conjunto del aparato policial con el delito organizado resulta, a esta altura, indisimulable. Y la cadena de complicidades involucra al poder político.
Además, no se hace mención alguna al origen de los estupefacientes ni al seguimiento que se dará a las supuestas pruebas. Una vez más, la investigación se limita a los eslabones más fáciles de reemplazar en la cadena, o sea, quienes comercializan la droga en la calle. Los cinco procedimientos que siguieron a la detención lo demuestran: solo se allanaron los domicilios particulares de los detenidos. ¿Las escuchas y demás pruebas, no hacían mención a la procedencia de las drogas incautadas?
Contra esta podredumbre institucional, reforcemos la lucha por una alternativa de los trabajadores.
Prensa Obrera
En el municipio bonaerense de Avellaneda fueron detenidos el 28 de octubre por comercialización de estupefacientes dos efectivos de la policía local, la pareja de uno de ellos y el empleado de una pizzería del líder de la barra de Independiente, Pablo "Bebote" Álvarez. Un tercer efectivo permanece prófugo.
La detención, que contó con elementos típicos de movida mediática (hasta hubo tiempo de sacar una foto en el momento de la detención de Gerónimo Menéndez, uno de los policías, en una estación de YPF), busca maquillar el nivel de descomposición hacia adentro de las fuerzas.
Se intenta mostrar este caso ante los medios como un hecho aislado en el que "las fuerzas respondieron rápidamente recolectando pruebas documentales, testimoniales y escuchas telefónicas".
Pero la colusión del conjunto del aparato policial con el delito organizado resulta, a esta altura, indisimulable. Y la cadena de complicidades involucra al poder político.
Además, no se hace mención alguna al origen de los estupefacientes ni al seguimiento que se dará a las supuestas pruebas. Una vez más, la investigación se limita a los eslabones más fáciles de reemplazar en la cadena, o sea, quienes comercializan la droga en la calle. Los cinco procedimientos que siguieron a la detención lo demuestran: solo se allanaron los domicilios particulares de los detenidos. ¿Las escuchas y demás pruebas, no hacían mención a la procedencia de las drogas incautadas?
Contra esta podredumbre institucional, reforcemos la lucha por una alternativa de los trabajadores.
Prensa Obrera
Tarifazo: "Argentina está gobernada por EDESUR y EDENOR" // Gabriel Solano
El dirigente nacional del Partido Obrero participó de la audiencia por el aumento de tarifas energéticas expresando el rechazo del aumento y la apertura de los libros de las empresas.
viernes, 28 de octubre de 2016
Sin la prensa y con Carrió casi muda, se lanzó la Mesa Nacional de Cambiemos
Con la mira puesta en las elecciones de 2017, se realizó una breve reunión de dirigentes de los principales partidos de esa alianza. La líder de la Coalición Cívica apenas pronunció palabra.
Junto a Ernesto Sanz y Elisa Carrió, Mauricio Macri encabezó este jueves en el Edificio Lahusen, de la Ciudad de Buenos Aires, la primera mesa nacional de Cambiemos. Más que reunión terminó siendo un acto a puertas cerradas, ya que duró sólo media hora y no se realizaron grandes declaraciones.
Posteriormente se realizó una conferencia de prensa de la que no participó ninguno de los tres cofundadores del espacio. En la misma, la vicepresidenta Gabriela Michetti contó que el objetivo del encuentro fue inaugurar la mesa nacional para que cada fuerza manifieste cuáles son sus metas. "Nos unió la urgencia electoral en la que sentimos que para lograr una República teníamos que unirnos. Ahora coincidimos en que es bueno que tengamos una mesa de coordinación de las políticas electorales y de gobierno", remarcó. Consultada sobre las diferencias que surgieron con Carrió a raíz de la reforma de la ley del Ministerio Público, agregó que "se habló, no en profundidad, pero se mencionó la riqueza de la diferencia y la divergencia, que nos enriquece".
Entre los presentes estuvieron la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la vicepresidenta Gabriela Michetti; los funcionarios nacionales Marcos Peña, Rogelio Frigerio y Alfonso Prat Gay y los gobernadores radicales Gerardo Morales, Alfredo Cornejo y Ricardo Colombi. También asistió el dirigente del Partido FE y de la UATRE, Gerónimo "Momo" Venegas.
En el encuentro Michetti fue la primera en hablar y le siguieron la diputada Ana Copes por el Partido Demócrata Progresista, Venegas y el diputado Fernando Sánchez (CC-ARI). En general se insistió en "la herencia y la deuda social" y prometieron "seguir con la misma fuerza". Sanz y Macri fueron los encargados de cerrar el breve acto.
Ernesto Sanz planteó que desde el oficialismo están "rompiendo el mito de que solo puede gobernar el peronismo" y criticó al kirchnerismo: "Descubrimos un Estado que estaba en semidestrucción, una economía desquiciada, y una sociedad con el tejido social fracturado", dijo. Agregó que uno de los objetivos de Cambiemos es "recuperar un sistema político sustentable en el tiempo".
En la reunión Macri dijo que "la diversidad fue una prueba" para el frente Cambiemos. "Ganamos y acá estamos. Aprendimos a escucharnos, a entender al otro. Lo mismo que necesita la Argentina". Agregó que "nuestra fuerza es la esperanza de la gente".
Según se filtró a la prensa, el presidente hizo bromas sobre las primeras reuniones que mantuvo en 2014 con el gobernador jujeño Gerardo Morales. "Y ni les digo con este angelito celeste que tengo acá al lado", agregó, en alusión a Elisa Carrió. Macri recordó "las cosas que pasaron" y Carrió replicó inmediatamente: "Y las que seguirán pasando...". Fueron casi las únicas palabras de la diputada, que se mantuvo en silencio y con el semblante serio durante toda la reunión.
Críticas desde adentro
El silencio de Carrió puede no ser el único problema para el oficialismo en este momento.
Horas antes del lanzamiento de la mesa nacional, un sector del radicalismo emitió un documento donde piden al PRO "no subestimar grave situación social" que atraviesa el país y critican la visión del "derrame".
Luego de hacer un repaso sobre la "herencia recibida" de la década kirchnerista, la declaración afirma: "Que el esfuerzo no sea siempre de los mismos sectores, los más desprotegidos, los jubilados, los desempleados y subocupados y los trabajadores; sino que lo asuman en buena parte los que más ganaron en estos años (bancos, grandes cerealeras, mineras, otros). Advertimos que, aun considerando las decisiones, la situación no debe ser subestimada. Como venimos manifestando el gobierno debe sostener su programa en un pacto económico y social, una mesa de diálogo entre empresarios, sindicatos, gobierno y movimientos sociales".
Luego alertan que "la historia del siglo XX ha demostrado que el crecimiento no “derrama” naturalmente en una mejor distribución del ingreso" y proponen que "las medidas tendientes a mejorar la distribución del ingreso, el mercado de trabajo y la inclusión social, deben empezar a implementarse ya en forma paralela a las medidas que alientan el crecimiento". Concretamente, piden reducir impuestos a las PyMes, bajar los gravámenes regresivos como el IVA y los impuestos al trabajo y "aumentar el peso de impuestos progresivos, como el impuesto a las ganancias, a la herencia y a los bienes personales".
Los firmantes son Juan Francisco Nosiglia, Secretario del Comité Nacional de la UCR; Javier Varetto, Secretario General de la Organización de Trabajadores Radicales; Santiago Rosenzvaig, Secretario General de la Franja Morada; Luciana Rached, Secretaria General de la Juventud Radical; Josefina Mendoza, Presidenta de la Federación Universitaria Argentina; Ezequiel Marín, Vicepresidente de la Federación Universitaria Argentina y Diego Loza Torres, Vicepresidente 2do de la Juventud Radical, entre otros.
Internas que hacen ruido
Otro problema para Cambiemos tiene lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Martín Lousteau, actual embajador argentino en EE.UU, fue el principal orador de un acto que realizó la UCR porteña el pasado 12 de octubre, con la excusa de celebrar el centenario de la asunción presidencial de Hipólito Yrigoyen. Allí anunció su decisión de volver a pelear en 2019 por la jefatura de gobierno porteño y destacó que “ECO (la alianza con los radicales, socialistas, y la Coalición Cívica) va a estar presente el año que viene y dentro de cuatro años”.
Si bien moderadas, hizo críticas al gobierno macrista de la Ciudad. “No veo grandes cambios, es parecido a la gestión anterior, antes había más plata que nunca en la historia de la Ciudad y ahora más todavía. El tema es cómo se usa esa plata”, definió.
El año pasado, al igual que en Santa Fe, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se constituyó la alianza Cambiemos que llevó a Macri a la Casa Rosada. Lousteau compartió la mesa con sus socios en ECO: Graciela Ocaña (Confianza Pública), Roy Cortina (socialistas), Fernando Sánchez, y la diputada radical por la Ciudad, Carla Carrizo.
Daniela Valente
"No hay salud mental sin memoria ni derechos humanos"
Murió Mirta Clara, ex presa política, militante de derechos humanos y trabajadora de la salud
El miércoles 26 de octubre de 2016 falleció en Buenos Aires Mirta Clara, ex-presa política, militante de derechos humanos, psicóloga y trabajadora de la salud. Su compañero, Néstor Salas, fue uno de los fusilados en la Masacre de Margarita Belén (Chaco, Argentina). En 2005 fue nominada -junto a un grupo de mujeres activistas- al Premio Nobel de la Paz.
Mirta Clara es más que estos datos. Y hay mucha gente que la conoció y tendrá un aporte valioso para hacer. Igual aquí va este modesto pero sentido homenaje. Aunque ambas pasamos años en Devoto, cárcel de presos políticos, nunca la vi allí. Aprendí a quererla por el cariño que le profesaban compañeras que habían compartido con ella situaciones extremas en la cárcel de Resistencia, la infame Alcaidía, desde donde habían sacado al esposo de Mirta Clara para asesinarlo en un simulacro de fuga.
Muchos años después de Devoto, ya en democracia, conocí a Mirta Clara en la presentación del libro Nosotras, presas políticas. Ella integró el equipo editorial, que hizo un enorme y valiosísimo trabajo de recopilación, transcripción y escritura. Sin embargo, al verme elogió nuestro breve párrafo sobre las presas políticas menores de edad y "nuestra lucha contra los ratones" (le gustó el sentido del humor). Y esa fue una constante en nuestros intercambios: valoraba todo texto que le enviara. Se tomaba el tiempo para leerlo y comentarlo, siempre dando aliento y compartiendo artículos y poemas, trazando puentes entre la gente. Una generosidad sin límites.
Si se lee sobre el crimen de su compañero, las condiciones en las que dio a luz a su hijo menor, los ocho años de cárcel y la cruel separación de sus dos hijos pequeños o sobre su activismo de décadas por los derechos humanos, se corre el peligro de visualizarla como una heroína, que lo es en gran medida, pero no de mármol. En sus escritos, mensajes y presentaciones emerge su amor al pueblo, no en lo abstracto, ni circunscripto a las grandes ideas, sino en lo cotidiano, en el trabajo solidario con la gente.
Como militante de derechos humanos, no solo fue testigo crucial en el juicio contra los responsables de la Masacre de Margarita Belén, sino que trabajó para mejorar las condiciones de los presos comunes. Dijo: “Tras las sentencias tan esperadas y reparadoras para el conjunto de generaciones en el país…. uno quisiera poder olvidar, no sufrir más con memorizar aquellos años y mazmorras siniestras. No se puede: en estos 30 años la situación en las cárceles fue degradándose”1.
Trabajó incansablemente por una política de salud mental basada en el respeto de los derechos humanos: “La reforma estructural y duradera de la política en salud y salud mental en nuestro país y nuestra región enfrenta grandes dificultades producto de la vigencia de un viejo paradigma que se sostiene en un prejuicio de base: la peligrosidad del loco, lo cual se tradujo en una práctica casi automática de institucionalización, encierro y marginación... No hay salud mental sin memoria ni derechos humanos".
Para esbozar sucintamente su retrato, se podría decir que fue una luchadora apasionada, que peleó toda su vida por un mundo mejor, pero que hizo carne la advertencia del Che: Endurecerse sin perder la ternura. Esa ternura aflora en este relato sobre el encuentro final con su compañero: "La última vez que lo vi fue en el locutorio de visita en la Alcaidía de Resistencia. Era el 31 de diciembre de 1975. Las seis de la tarde. Habíamos insistido tanto al Jefe del Penal con que nos permitiera ver, que cedió. El Flaco apareció empilchado por los otros compañeros. Le habían lustrado los zapatos para que estuviera presentable. Todos los muchachos y muchachas vivieron ese instante de encuentro amoroso con gran pasión. Éramos la parejita del penal. Tenía un vestido rosa, con florcitas, fresco y precioso que me había enviado Cristina García. Lo lucía orgullosa con la panza de tres meses que el Flaco se afanó en acariciar. Nos besábamos y él abrazaba a su hijo en esa dimensión de piel inconmensurable…”.
Quiero imaginarla así, con un vestido rosa con flores caminando al encuentro del Flaco cuando el reloj marca las seis de la tarde...
Silvia Arana
Nota
1 III Jornadas Provinciales de Psicología y Derechos Humanos: http://comisionporlamemoria.chaco.gov.ar/sitio/?p=308
El miércoles 26 de octubre de 2016 falleció en Buenos Aires Mirta Clara, ex-presa política, militante de derechos humanos, psicóloga y trabajadora de la salud. Su compañero, Néstor Salas, fue uno de los fusilados en la Masacre de Margarita Belén (Chaco, Argentina). En 2005 fue nominada -junto a un grupo de mujeres activistas- al Premio Nobel de la Paz.
Mirta Clara es más que estos datos. Y hay mucha gente que la conoció y tendrá un aporte valioso para hacer. Igual aquí va este modesto pero sentido homenaje. Aunque ambas pasamos años en Devoto, cárcel de presos políticos, nunca la vi allí. Aprendí a quererla por el cariño que le profesaban compañeras que habían compartido con ella situaciones extremas en la cárcel de Resistencia, la infame Alcaidía, desde donde habían sacado al esposo de Mirta Clara para asesinarlo en un simulacro de fuga.
Muchos años después de Devoto, ya en democracia, conocí a Mirta Clara en la presentación del libro Nosotras, presas políticas. Ella integró el equipo editorial, que hizo un enorme y valiosísimo trabajo de recopilación, transcripción y escritura. Sin embargo, al verme elogió nuestro breve párrafo sobre las presas políticas menores de edad y "nuestra lucha contra los ratones" (le gustó el sentido del humor). Y esa fue una constante en nuestros intercambios: valoraba todo texto que le enviara. Se tomaba el tiempo para leerlo y comentarlo, siempre dando aliento y compartiendo artículos y poemas, trazando puentes entre la gente. Una generosidad sin límites.
Si se lee sobre el crimen de su compañero, las condiciones en las que dio a luz a su hijo menor, los ocho años de cárcel y la cruel separación de sus dos hijos pequeños o sobre su activismo de décadas por los derechos humanos, se corre el peligro de visualizarla como una heroína, que lo es en gran medida, pero no de mármol. En sus escritos, mensajes y presentaciones emerge su amor al pueblo, no en lo abstracto, ni circunscripto a las grandes ideas, sino en lo cotidiano, en el trabajo solidario con la gente.
Como militante de derechos humanos, no solo fue testigo crucial en el juicio contra los responsables de la Masacre de Margarita Belén, sino que trabajó para mejorar las condiciones de los presos comunes. Dijo: “Tras las sentencias tan esperadas y reparadoras para el conjunto de generaciones en el país…. uno quisiera poder olvidar, no sufrir más con memorizar aquellos años y mazmorras siniestras. No se puede: en estos 30 años la situación en las cárceles fue degradándose”1.
Trabajó incansablemente por una política de salud mental basada en el respeto de los derechos humanos: “La reforma estructural y duradera de la política en salud y salud mental en nuestro país y nuestra región enfrenta grandes dificultades producto de la vigencia de un viejo paradigma que se sostiene en un prejuicio de base: la peligrosidad del loco, lo cual se tradujo en una práctica casi automática de institucionalización, encierro y marginación... No hay salud mental sin memoria ni derechos humanos".
Para esbozar sucintamente su retrato, se podría decir que fue una luchadora apasionada, que peleó toda su vida por un mundo mejor, pero que hizo carne la advertencia del Che: Endurecerse sin perder la ternura. Esa ternura aflora en este relato sobre el encuentro final con su compañero: "La última vez que lo vi fue en el locutorio de visita en la Alcaidía de Resistencia. Era el 31 de diciembre de 1975. Las seis de la tarde. Habíamos insistido tanto al Jefe del Penal con que nos permitiera ver, que cedió. El Flaco apareció empilchado por los otros compañeros. Le habían lustrado los zapatos para que estuviera presentable. Todos los muchachos y muchachas vivieron ese instante de encuentro amoroso con gran pasión. Éramos la parejita del penal. Tenía un vestido rosa, con florcitas, fresco y precioso que me había enviado Cristina García. Lo lucía orgullosa con la panza de tres meses que el Flaco se afanó en acariciar. Nos besábamos y él abrazaba a su hijo en esa dimensión de piel inconmensurable…”.
Quiero imaginarla así, con un vestido rosa con flores caminando al encuentro del Flaco cuando el reloj marca las seis de la tarde...
Silvia Arana
Nota
1 III Jornadas Provinciales de Psicología y Derechos Humanos: http://comisionporlamemoria.chaco.gov.ar/sitio/?p=308
Iglesia Católica desclasifica archivos de dictadura argentina
El Vaticano y la Iglesia argentina anunciaron el martes que pondrán a disposición de víctimas de la última dictadura y sus familiares los archivos eclesiásticos del período 1976-1983, un viejo reclamo de organismos de derechos humanos.
El anuncio es parte del compromiso que asumió el Papa Francisco -que es argentino- de abrir unos documentos que ya fueron completamente digitalizados por la Iglesia, que en el pasado fue acusada de encubrir los delitos de lesa humanidad cometidos por el Gobierno militar en el país austral.
"No les tenemos miedo a los archivos, los archivos contienen la verdad de la historia", dijo el cardenal Mario Poli durante una conferencia de prensa en Buenos Aires para anunciar la decisión.
Según la Conferencia Episcopal Argentina, los documentos son cerca de 3.000 cartas de la época de la dictadura entre miembros de la Iglesia y familiares de víctimas.
La dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 secuestró, torturó y asesinó a cerca de 30.000 opositores, según organismos de derechos humanos. Muchos de los cuerpos aún permanecen desaparecidos.
En marzo, Estados Unidos anunció también la desclasificación de sus archivos secretos sobre la sangrienta dictadura argentina.
El anuncio es parte del compromiso que asumió el Papa Francisco -que es argentino- de abrir unos documentos que ya fueron completamente digitalizados por la Iglesia, que en el pasado fue acusada de encubrir los delitos de lesa humanidad cometidos por el Gobierno militar en el país austral.
"No les tenemos miedo a los archivos, los archivos contienen la verdad de la historia", dijo el cardenal Mario Poli durante una conferencia de prensa en Buenos Aires para anunciar la decisión.
Según la Conferencia Episcopal Argentina, los documentos son cerca de 3.000 cartas de la época de la dictadura entre miembros de la Iglesia y familiares de víctimas.
La dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 secuestró, torturó y asesinó a cerca de 30.000 opositores, según organismos de derechos humanos. Muchos de los cuerpos aún permanecen desaparecidos.
En marzo, Estados Unidos anunció también la desclasificación de sus archivos secretos sobre la sangrienta dictadura argentina.
El enviado de Marx en Argentina: una historia de película
Raymond Wilmart llegó al país para fortalecer la actividad de la Primera Internacional. Al poco tiempo, se convertía en un reconocido abogado y miembro de la alta sociedad. Para preservar el apellido familiar, su hija quemó las cartas que le había enviado el fundador del socialismo científico durante la juventud.
Cambia, todo cambia
La década de 1870 suele ser vista por los estudiosos como la “prehistoria” del movimiento obrero argentino. Entonces, el país no acababa de integrarse al mercado mundial. Tampoco estaban claras aún las fronteras nacionales, ni consolidado el Estado o las clases sociales como las conoceríamos en el siglo XX.
Sin embargo, a partir de las transformaciones capitalistas que comenzaban a operar, se constituía una capa de trabajadores manuales inmigrantes que exhibía formas embrionarias de solidaridad y resistencia. A la vez, desembarcaban en estas tierras ideas socialistas y revolucionarias, que tomaban fuerza en distintos lugares de Europa. El proceso no estuvo exento de contradicciones.
Entre este “ya no más” de la Argentina post independencia y el “todavía no” de una economía integrada plenamente a la división mundial del trabajo como semicolonia agroexportadora, tuvieron lugar las primeras recepciones locales del marxismo. Por ello, en 1872 el diario La Nación dedicaba unas notas biográficas a Carlos Marx bajo la pluma de un “corresponsal anónimo” y no dudaba en llamarlo “un verdadero y completo Lucifer, una criatura bellísima dotada de una inteligencia suprema que ha consagrado a la ruina de la humanidad” *.
¡Vive la Comune!
La Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT o I Internacional) nació en 1864 como la culminación organizativa de las primeras luchas del proletariado contra un sistema que se extendía por el globo. Como la propia naturaleza del capitalismo, su carácter era internacionalista.
En 1872, un tal Émile Flaesch escribía desde Buenos Aires al Consejo General de Londres explicando que dieciséis personas habían fundado la primera sección en el país. La mayoría de ellos eran ex communards, es decir, exiliados de la Comuna París de 1871. La suerte de la sección argentina –así como la de la propia Internacional- sería incomprensible sin remitirse a este hito de la clase obrera mundial.
Si bien la AIT no desempeñó ningún papel decisivo en la preparación ni dirección de la Comuna, los obreros franceses estuvieron lo bastante influidos por sus ideas como para que pueda considerarse “la coronación lógica de su trabajo”**. A la vez, marcó un quiebre en el desarrollo de la organización. El reflujo del movimiento y el avance de la reacción que se replicó tras su derrota en todo el continente, llevó a que se exacerbaran los conflictos que había en su seno.
En 1872 tomó lugar el Congreso de la Haya de la cual participaron 65 delegados de quince organizaciones regionales. Allí se produjo la ruptura de los bakuninistas, quienes renegaban de la ratificación de las tesis marxistas votadas por la amplia mayoría y desconocían el nombramiento del nuevo Consejo General. En el marco de fuertes disputas ideológicas y políticas, una de las resoluciones de este Congreso –el penúltimo de la I Internacional- fue fortalecer la sección recientemente establecida en Buenos Aires.
De Europa a Argentina, persiguiendo a Lucifer
El emisario de Marx y Engels recorrió un largo camino antes de arribar al suelo porteño. Nacido en 1850 como Raymond Wilmart de Glymes de Hollebecque en la ciudad belga de Jodoigne-Souveraine, a los trece años rompió con su aristocrática familia, comenzó trabajar y a viajar. En Burdeos conoció a la hija de Marx, Laura, y a su yerno, Paul Lafargue, quienes lo introdujeron a las ideas revolucionarias y con los que trabó una fuerte amistad. Luego de militar codo a codo con el núcleo de la AIT que permaneció en la ciudad, próximo a los acontecimientos de la Comuna de París, fue elegido como delegado para el Congreso de La Haya.
Wilmart ya había expresado su voluntad de convertirse en un organizador de la Internacional. Con 22 años, se cumplió su deseo: los padres del marxismo lo eligieron como su heraldo en Argentina. Amenazado de arresto en Francia, llegó a España donde se refugió en la casa de José Mesa (obrero tipógrafo introductor del marxismo en la península) y, luego de pasar por Lisboa, pisó Buenos Aires en 1873.
La sección francesa de la I Internacional –que sumaría integrantes de otras nacionalidades- todavía no cumplía su primer aniversario aunque desde septiembre del año anterior ya publicaba su periódico, El Trabajador. Wilmart pronto pasó a integrar el Comité de Administración.
Durante ese tiempo, la organización experimentó un crecimiento considerable y se formaron lazos con asociaciones de sastres y carpinteros. Incluso se crearon las secciones italiana y española, y la prensa burguesa siguió su accionar. De todas formas, el año 1873 marcó un techo. La Internacional no sólo perdió regularidad en su publicación periódica, sino que desertaban militantes, al punto que para 1874 se desvanecieron los signos de su actividad.
¿Qué pasó con el joven Raymond? El intercambio epistolar que tuvo con Marx a lo largo de su primer año de estadía en Buenos Aires -del cual sólo se rescataron tres cartas del belga- devela tanto su derrotero como la situación de la Argentina en los años setenta del siglo XIX.
Los desvíos del enviado
Los integrantes de la AIT en el país, como reflejo de la cambiante fisonomía urbana, presentaban una base social inmigrante, de artesanos y obreros alfabetizados. A pesar de que no les eran ajenos ciertos motivos políticos y traían experiencias de lucha de sus países natales, expresaban una ideología que mezclaba reformismo y un vago socialismo, y tenían inclinaciones mutualistas. No casualmente, si bien en las primeras misivas de Wilmart a Marx se vislumbraba entusiasmo, pronto primaría la desazón. El “enviado” comenzó a advertir que todavía había muchas posibilidades “de convertirse en pequeño patrón” (sic.) y a criticar las formas “pre políticas” del país así como la mentalidad de los trabajadores. De hecho, en el 74’ se alistó voluntariamente bajo el mando de Lucio Mansilla para pelear contra las fuerzas del caudillo López Jordán, lo cual evidencia su deseo de que se consolidara un Estado centralizado y moderno.
Seguidamente finalizó su carrera como abogado para transformarse en un reconocido catedrático y jurista del establishment, casado con una miembro de la élite cordobesa, que pasó a los anales de la historia como uno de los fundadores de la nación argentina. “El doctor Wilmart en algún momento le dio problemas a la policía y hoy es un abogado de la élite porteña”, sintetizaría José Ingenieros en un escrito sobre la Internacional.
Pese que estuvo ligado laxamente a los años fundacionales del Partido Socialista y participó de la conmemoración del 1° de mayo en distintas ocasiones, el otrora militante se convirtió en un republicano defensor de la democracia (frente los valores oligárquicos y nacionalistas), que abogaba por el sufragio universal, las garantías institucionales, la buena gestión y la honestidad de los funcionarios.
En una edición de la Revista de la Facultad de Derecho donde Wilmart rendía homenaje a Paul Lafargue y Laura Marx, éste rescribía su propio pasado de tal forma que reivindicaba a sus antiguos camaradas y confidentes pero de despegaba de sus concepciones: “lo de acción sin piedad me horrorizaba y no conseguía conciliar la bondad y dulzura del corazón de Lafargue con la aprobación de ese plan de violencia sin límites”. A su vez, llegó a desaprobar la tesis doctoral de Alfredo Palacios (La miseria) quien, al publicarla, recordaría con burla el pasado socialista del profesor.
Este primer interlocutor del marxismo en el país murió en 1937. A su entierro en el cementerio de La Recoleta asistieron distintas figuras de la alta sociedad y La Nación le escribió una necrología. Se dice que su hija, una ferviente católica, quemó las cartas firmadas por Marx para mantener el “buen nombre” de la familia Wilmart.
¡Proletarios del mundo, uníos!
La decadencia de las secciones de la AIT en Argentina se debió, en gran parte, a la falta de condiciones para su consolidación. En 1870’, el capitalismo nativo se encontraba poco desarrollado y en el país primaban los trabajadores urbanos del tipo artesanal. Pero si bien esto puede explicar la decepción de Wilmart, no justifica su actitud lastimera frente a la historia que tempranamente arremetería contra todo pesimismo.
Hacia mediados de 1880’, se produjeron nuevas transformaciones estructurales que impactaron en los trabajadores y brindaron un terreno fértil a socialistas y anarquistas. Así, entre 1888 y 1889, se gestó un ascenso huelguístico que ya mostraba al proletariado como un actor de peso. Por otro lado, la llegada de la época imperialista no haría más que elevar estas contradicciones sociales a su máxima expresión.
A pesar de su breve existencia, la temprana conformación de la Internacional dejó un legado importante. Los trabajadores dieron con ella los primeros pasos hacia una organización autónoma. Aunque no pudieron desplegar el programa de la Asociación hasta el final debido que chocaba con su propio desarrollo material y subjetivo, quedaron planteadas algunas nociones que durante las siguientes décadas retomarían obreros, activistas e intelectuales. Principalmente, que la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, que toda lucha de clases es una lucha política y que los trabajadores no tienen patria.
Jazmín Ortiz
* TARCUS, H.: Marx en la Argentina, S. XXI, Bs. As., 2007.
** MANDEL, E.: La Primera Internacional y su lugar en la evolución del movimiento obrero, 1954.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)