Reforma en Inteligencia: ¿fuera de servicio?

Se abrió el debate sobre el proyecto anunciado por la Presidenta que declama la “disolución” de la SIDE. Lo que no dice la propuesta, ni aclara el Gobierno. La oposición, la causa Nisman y un debate con el kirchnerismo

La agenda de la jornada del martes la ocupó el debate por el proyecto de ley anunciado por la Presidenta.
La oposición tradicional salió a plantear sus primeros posicionamientos. Macri afirmó que “queremos un grupo de expertos que se dedique a combatir el narcotráfico y el terrorismo pero en estas décadas nos transmitieron más miedo que tranquilidad”. Nadie le preguntó si entre los “expertos” estarían Ciro James y el “Fino” Palacios. Otro que solicitó “expertos” para esclarecer la muerte de Nisman fue Sergio Massa, aunque fue más específico, dijo que deben ser “internacionales”. Como si no tuviera suficiente con la colonización que hicieron “expertos internacionales”, como la CIA y el Mossad, en parte de los servicios de inteligencia argentinos. Como se comprueba, la conmoción por la muerte de Nisman provoca brotes de cipayismo en algunos referentes de la política burguesa.
Por su parte, varios jefes de bloques se reunieron por la mañana (UCR, GEN, PRO y otros), rechazaron la reforma propuesta por Cristina Fernández y además de pedir la interpelación de algunos funcionarios, afirmaron que se necesita "una reforma real de los organismos de inteligencia para que no pase lo que estuvo pasando en estos últimos once años" (Federico Pinedo). A las incongruencias de la propuesta gatopardista del gobierno, se le responde con la abstracción declamativa de la oposición.
Es que todos tienen una relación con los servicios prestados por sus correspondientes espías.

No sabe, no contesta

Pero fue el oficialismo el que empezó a mostrar los límites e incongruencias de una propuesta de la que hasta ahora se conoce lo que afirmó la Presidenta en la cadena nacional. Como acostumbra el kirchnerismo cuando se encuentra en situaciones de crisis sale con propuestas a las que presenta como cambios “radicales” que luego se deslizan hacia la moderación.
Existen algunos puntos clave sobre los cambios que propone el proyecto que no tienen respuesta de parte de los representantes del gobierno: el destino de los agentes hoy en actividad, el presupuesto de inteligencia que se maneja de manera discrecional y reservada, el futuro del resto de los organismos de inteligencia que pertenecen a otras fuerzas de seguridad y qué se hará con los archivos clasificados.
Sobre el primer punto, fue el Secretario General de la Presidencia, Anibal Fernández, el que como siempre salió a aclarar oscureciendo. Ante la pregunta concreta sobre qué sucederá con los agentes hoy en actividad (que se calcula en 2000 personas “en blanco” solo en la SI, a los que hay que sumarle los “tercerizados”, más los integrantes de otros organismos) respondió con especificidades tan precisas como: "seguramente habrá alguna valoración en esas cosas". Luego para explicarse mejor dio una definición tajante y afirmó: “hay que hacer un trabajo inteligente y ver cómo se resuelve y se abordan los funcionamientos a futuro". Justamente por esta explicación tan contundente concluyó en que "no es un tema para preocuparse".
En principio de lo que no dijo Anibal Fernández (porque lo que dijo fue nada), se desprende que no se enjuiciará a los miembros de los servicios actuales, cómplices de todo tipo de espionaje ilegal y partícipes de delitos hechos junto a las fuerzas de seguridad.
Nada dice el anuncio de la Presidenta del futuro de otros organismos como los aparatos de espionaje criminal de la Gendarmería Nacional (Proyecto X), de la Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y las superintendencias de Seguridad Federal y de Interior de la Policía Federal Argentina. La Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que está bajo la órbita del Ministerio de Defensa, el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) que pertenece a la Armada, el SIFA de la Fuerza Aérea o el Centro de Reunión de Inteligencia Militar que se encuentra bajo la órbita de la Jefatura II del Ejército, hasta el año pasado conducida por el General César Milani.
Según publicó la revista Crisis, en relación a los espías de la Policía Federal: “Actualmente esa red de informantes secretos y auxiliares de investigaciones de la Federal superaría los mil agentes. Sus tareas de vigilancia ideológica se han mantenido en el tiempo (…)” (Crisis Nº 19 may/jun 2014). De allí salió el mayor de inteligencia, Américo Balbuena, que infiltró a la agencia alternativa “Rodolfo Walsh”.
Tampoco los funcionarios, ni los medios oficialistas anunciaron cambios en el sistema discrecional y reservado en el uso del cuantioso presupuestodestinado a inteligencia y ni hablar de la desclasificación de la totalidad de los archivos.

La ley, la vida y la trampa

La Ley de Inteligencia Nacional vigente (25.520) fue sancionada el 27 de noviembre del 2001 y promulgada bajo el gobierno de De la Rua quince días antes de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de ese año. Al igual que algunos de los aspectos que leyó la Presidenta del nuevo proyecto que enviará al Congreso, la actual ley, como el camino al infierno, está plagada de “buenas intenciones”.
Afirma, por ejemplo, que no podrán prestar servicio “quienes registren antecedentes por crímenes de guerra, contra la Humanidad o por violación a los derechos humanos (…)”. Stiusso, “El Lauchón” Viale o la promoción de Milani, son la comprobación fáctica del apego que tiene por las leyes el Gobierno.
En su artículo 18, la ley habla de la necesaria autorización judicial para “realizar interceptaciones o captaciones de comunicaciones privadas de cualquier tipo”. En su artículo 32 dice que “los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional serán supervisados por la Comisión Bicameral, con la finalidad de fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes (…)”. Es ampliamente conocido que la Comisión Bicameral del Congreso cumplió con todos los objetivos de su actividad, básicamente porque no realizó ninguna.
En su artículo 42 dice que será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, si no resultare otro delito más severamente penado, el que participando en forma permanente o transitoria de las tareas reguladas en la presente ley, indebidamente interceptare, captare o desviare comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil, o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes (..)”. Como es de público conocimiento está lleno de “desvíos” de comunicaciones y tanto los tribunales como las cárceles colmadas de espías amigos de la información ajena.
En su artículo 43 afirma que “será reprimido con prisión de tres meses a un año y medio e inhabilitación especial por doble tiempo (…) el que con orden judicial y estando obligado a hacerlo, omitiere destruir o borrar los soportes de las grabaciones, las copias de las intervenciones postales, cablegráficas, de facsímil o de cualquier otro elemento que permita acreditar el resultado de las interceptaciones, captaciones o desviaciones.”. Una consigna que como se demuestra por estos días se cumplió a rajatabla.
Como describimos en La Izquierda Diario, el proyecto que presentará la presidenta que crea la Agencia Federal de Inteligencia, en el marco del anuncio del “endurecimiento” de algunas penas, tiene declamaciones del tipo: “se establece que toda relación o actuaciones entre la Agencia Federal de Inteligencia y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos federales, provinciales o locales, vinculadas a las actividades reguladas por la presente ley, sólo podrán ser ejercidas por el director general o por el subdirector”. Supuestamente esto evitaría los “contactos paralelos” no controlados, precisamente el verdadero arte de los espías.
Propone el establecimiento del Banco de Protección de Datos y Archivos, para garantizar la destrucción de la información que no se use (obligación que está en la presente ley y que jamás se cumple). El aumento, como amenaza, de los años de prisión por el desvío de información, cuando el problema real no fueron los muchos espías presos por pocos años, sino que gozaron de total impunidad, entre otras cuestiones, por las múltiples e íntimas relaciones que tienen con los integrantes del poder judicial.
O la casi cómica afirmación de que “serán reprimidos todos aquellos empleados o funcionarios que tomen -ahí se crea un nuevo delito- precisamente contacto con los servicios de inteligencia, por afuera de los canales institucionales”. Como si la especialidad de los servicios no fuera la realización de encuentros que, por supuesto, nunca fueron.
El pase del monopolio de las escuchas el Ministerio Público Fiscal, presentado como una supuesta mayor independencia, cuando el Procurador es designado por Ejecutivo (con acuerdo del Senado), no es tal, como lo demuestra la experiencia.
El problema de los espías no es de ley, sino de práctica. Y su práctica está relacionada con la función estratégica que cumplen y, como la policía (después todo no son más que una policía que usa la información como arma, aunque a veces también use de las otras armas), son expresión de la clase a la que sirven.
Hay que reconocer que las ilusiones que depositan muchos kirchneristas en el proyecto, se desprenden más de su expresión de deseo que de la experiencia del gobierno con los servicios.

El kirchnerismo y la izquierda

Al cierre de esta edición, el artículo que reproducía las declaraciones de los diputados del PTS/FIT, Nicolás del Caño y Christian Castillo, en respuesta al proyecto, batía récords en visitas (cerca de 40 mil), en “likes” (cerca de 7 mil) y tenía alrededor de 500 comentarios. Esto, además de las reproducciones en otros medios de comunicación nacionales e incluso internacionales. No es casualidad. La posición del PTS y el Frente de Izquierda, en el marco de las denuncias generales de la oposición, fue contundente y clara, y por eso mismo, polémica.
Entre nuestros comentaristas hubo muchos adherentes del kirchnerismo que, en muchos casos, lamentablemente repetían argumentos vacíos como que la crítica “le hace el juego a la derecha”; sin responder o aclarar las denuncias concretas. Se entiende cierto ofuscamiento por la impotencia para responder a las monumentales contradicciones de su gobierno. Y también entendemos y compartimos la aspiración de terminar con la mafia de los servicios. Lo que no podemos compartir es la ilusión de que lo lleve adelante real y efectivamente este gobierno.
Se entiende la tarea difícil de “explicar” a Milani, las patotas sindicales aliadas con impresentables como Ricardo Pignanelli, Berni, el “Proyecto X” y las decenas de represiones en la Panamericana, la desaparición de Jorge Julio López, el asesinato de Mariano Ferreyra, el apoyo durante muchos años a Nisman y Stiusso y la impunidad de la AMIA, el apuntalamiento al menemista Daniel Scioli para que termine siendo “el mejor posicionado” de la coalición oficial y un largo etcétera. No es tarea fácil, es prácticamente imposible. Nuestra obligación es decirles que nunca es triste la verdad, y que en este caso tiene remedio; a condición de no caer en la actitud que Albert Einstein calificaba de “locura”: hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes.

Fernando Rosso
@RossoFer