Nismangate

Una crisis que teñirá toda la década K. La muerte del fiscal que acusó a la Presidenta, otorgó la verosimilitud necesaria a una denuncia flojísima de papeles. Se dice que los muertos siempre tienen la razón. Se invierte la carga de la prueba, y el Gobierno debe demostrar su inocencia en un crimen que no está demostrado que haya cometido. Stiusso, el “Garganta Profunda” nac & pop que pasa factura por los “servicios” prestados.

Apenas siete días transcurrieron desde de la muerte del fiscal Nisman, y la Argentina está sumergida en una de las crisis políticas más importantes de su historia reciente.
Los factores que la convierten en “la” crisis tienen que ver con el agotamiento político de un tipo de gobierno que expresa, además, los límites del régimen político construido a la largo de la década que siguió a las jornadas revolucionarias de diciembre del 2001.
Lo que se ha llamado “fin de ciclo” está en la base de la creciente pérdida de hegemonía gubernamental y se trasluce en múltiples tensiones con sectores del aparato estatal. Estas ponen sobre la mesa la podredumbre del régimen capitalista junto a su aparato de espionaje y represión que ha pervivido a lo largo de las últimas décadas, incluyendo la larga noche de la última dictadura, y que el relato K de los DDHH no puede esconder tras los Stiusso, pero tampoco tras los Milani.
Los hechos de la causa Nisman no serán reseñados aquí.La Izquierda Diario viene llevando adelante una importante cobertura con información, análisis y notas de opiniones. Remitimos al lector/a a esos contenidos.

“Cuiden a Cristina”

Ricardo Roa, editorialista de Clarín, afirma hoy que “El Gobierno, mientras tanto, sigue ciego, encerrado en su discurso, victimizándose. La incógnita, aún, es si la dirigencia opositora se pondrá a la altura de su responsabilidad.”
Las apelaciones a la unidad de la oposición –y los lamentos por la ausencia de la misma- han sido una constante en la semana que transcurrió.
La Nación y Clarín juegan sus fichas a debilitar al gobierno pero el límite que tiene esta operación política es la ausencia de una variable de salida electoral suficientemente ordenada, lo que constituye un serio riesgo político. De ahí la “unidad” del PJ en defensa de la figura presidencial hace dos días.
Hoy, más que nunca, el apotegma bergogliano de “Cuiden a Cristina” parece necesario para el régimen político en su conjunto y así evitar que la crisis fuerce un cierre anticipado del ciclo kirchnerista.
La “ventaja” del gobierno radica en la fragmentación de la oposición que además está salpicada y hasta enchastrada. Desde los ex Aliancistas con los sobornos de Santibañez, los macristas del “Fino” Palacios, hasta el ex jefe de Gabinete y ahora opositor +A tiene como jefe de campaña a Juan José Álvarez, que entró a la SIDE en 1981. Pero también en haber logrado sortear posibles escenarios de crisis económica aguda. Esto lo tiene que reconocer otro de los editorialistas de Clarín al mismo tiempo que anuncia un mayor control sobre la economía por parte del gobierno. Esto último suena a la misma cantinela de siempre.

Relato y contra-relato: el “acuerdo patriótico” de la impunidad

El periodista Santiago O´Donnell relata en su blog que “la fiscalía especial para investigar el atentado a la AMIA fue creada en el 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner y dotada de significativos recursos humanos y económicos para relanzar una investigación moribunda que diez años más tarde seguía sin condenas y con el juez y los fiscales que habían llevado adelante del caso procesados por encubrimiento.
Desde entonces y hasta hace muy poco tiempo, la investigación de Nisman había estado bajo el amparo de una política de Estado que incluía al gobierno argentino, al juez, a los principales diarios y noticieros del país (tanto k como anti k), a los principales políticos del gobierno y de la oposición y a los dirigentes de las principales organizaciones de la comunidad judía. Entre todos ellos regía un acuerdo patriótico de no cuestionar la causa ni plantear objeciones al trabajo del fiscal”.
Ese “acuerdo patriótico” se rompió a la luz de las tensiones que creó tanto la disputa política electoral, como los desplazamientos en los aparatos de inteligencia estatales recientes. Lo que ha sido llamado “guerra de servicios” viene a romper el statu quo sobre una causa que aparecía paralizada desde hace años. Los alineamientos políticos y periodísticos se acomodan de acuerdo a los enfrentamientos actuales.
El mismo O’Donnell señala que “cuando Verbistsky empezó a atacar Nisman y Stiusso en sintonía con la nueva línea editorial del gobierno, Lanata, que siempre los había atacado, empezó a defenderlos en sintonía con la línea editorial de Clarín, su nuevo empleador”.
Así relato y contra-relato se cruzan y cambian de lugar a la luz de esta enorme crisis política. Como se dijo en esta columna la semana pasada, horas antes de que trascendiera la muerte Nisman, el conjunto del régimen político actuó encubriendo las responsabilidades en el atentando de la AMIA.

Podredumbre y silencio

Esta crisis vuelve a mostrar la profunda imbricación del poder político con aparatos mafiosos de toda índole. Si negociados con intendentes, gobernadores y caciques de la burocracia sindical peronista ya eran parte del paisaje, los vínculos entre el poder político y sectores del espionaje muestran otro de los puntales sobre los que se sostienen los gobiernos de turno.
Esto sale a relucir hoy en notas de distintos columnistas.
El periodista Diego Martínez en Página/12 cita a Paula Litvachky (CELS) cuando advierte sobre “una colonización de la Justicia Federal”, que incluye designaciones de jueces y fiscales, subordinación a la SI en investigaciones y participación directa en delitos, como el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín en la causa AMIA o la gestión de sobornos para mejorar la situación procesal del sindicalista José Pedraza en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra”.
Julio Blanck afirma que la única causa contra Stiuso “fue abierta en octubre de 2012 por el secuestro de Enrique Alfonso Severo, un testigo del asesinato del militante trotskista Mariano Ferreyra (…) A Severo, un personaje resbaladizo, lo levantaron en Avellaneda y dijo haber estado las 20 horas que duró su secuestro dentro de una camioneta. Cuando reapareció sostuvo que su peripecia había sido “un mensaje para la Presidenta” y la vinculó a “poderes que están al lado del Gobierno”. El fiscal Campagnoli acusó a los espías y pidió la indagatoria de Stiuso”. Aunque esa investigación duerma el sueño de los justos, pone en evidencia el poder de los servicios de inteligencia en esta década que pasó.
Esa impunidad del aparato de inteligencia fue continuada bajo el kirchnerismo. Eso es lo que impone un silencio sobre este tema al oficialismo, salvo excepciones que, sin embargo, solo pueden admitir la ausencia estrepitosa de cualquier tipo de iniciativa contra estos aparatos.
Ahí está el punto débil, el talón de Aquiles del discurso oficial en un sentido más largoplacista. A pesar de once años de gobierno (lo que constituye un tercio del periodo democrático luego de la dictadura) esos aparatos siguieron operando.
Horacio Verbitsky no cesa de decir que la reforma a los servicios de inteligencia prometida en el 2005 nunca fue realizada. La tardía “reforma” a cargo de Parrilli está digitada por las necesidades de la coyuntura electoral del 2015.
La continuidad de este aparato bajo el kirchnerismo es lo que permite que incluso los columnistas de La Nación, como Fernández Díaz puedan afirmarque “Los progres del kirchnerismo, esos grandes fabricantes de coartadas intelectuales, tampoco estuvieron a las alturas de las circunstancias. Salvo algunas excepciones, esta semana brillaron por su ausencia y mantuvieron un silencio colaboracionista. Se rasgaban legítimamente las vestiduras con Kosteki y Santillán, pero más tarde aprendieron a mirar para otro lado con Mariano Ferreyra, víctima de patotas tercerizadas del kirchnerismo, y luego con la tragedia de Once”.

Irreformables

Resulta ridículo pensar en una reforma que liquide el carácter mafioso de estos organismos. Aunque tal vez algún trasnochado sueñe con la elección popular de los espías.
El Estado capitalista tiene como función garantizar la continuidad del poder de su clase social. De ahí sus grupos de espionaje contra las organizaciones populares, las luchas sociales y de la clase trabajadora.
El Proyecto X y la infiltración del ex coronel Galeano en una manifestación de los trabajadores de Lear –denuncias realizadas por el PTS y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos-, el montaje de una causa falsa contra los trabajadores petroleros de la localidad de Las Heras, la infiltración del agente Balbuena en la Agencia Walsh son apenas algunos datos que ilustran la labor de un aparato que cumple funciones de orden y control social.
Esta, y no otra, es la función de todos los aparatos de inteligencia estatal a los que se destina $1.927 millones de pesos. Parece bastante para un país que no tiene ni una sola hipótesis de guerra, ¿no?.
Lo cierto, es que el los capitalistas y sus gobiernos, mantienen una guerra permanente contra los trabajadores y el pueblo, al servicio los intereses de EE.UU, la CIA, la Mossad y otros “amigos nac & pop”. Los rumores de copamiento de la Secretaría de Inteligencia por parte de La Cámpora, confirmarían que “acá tenes los pibes para la infiltración”.
En el entre tanto, proliferan los negocios de un aparato con poder cuotas de poder propio a sabiendas que los gobiernos pasan y los Stiusso quedan.
De forma insospechada, reaparecen síntomas de la ¿vieja? crisis del régimen capitalista que estalló con protagonismo de masas allá por 2001.
Mostrar el verdadero carácter de todas las instituciones del Estado capitalista, las destinadas al engaño y las destinadas a la represión, es una tarea estratégica y de primer orden para la lucha de los socialistas revolucionarios. Impulsar la movilización independiente para imponer la disolución de estos aparatos de espías es una necesidad para los trabajadores y el pueblo.

Eduardo Castilla
Comunicador Social @castillaeduardo
Sebastián Quijano