El fiscal Nisman acusó de encubrimiento, para salvar a funcionarios iraníes a cambio de un acuerdo comercial, a la presidenta y al canciller. Las denuncias se cruzan con las internas del fin de ciclo en la Justicia, los servicios de inteligencia y las consecuencias de los atentados en París. El gobierno y la oposición patronal son cómplices de la impunidad. La memoria de las 85 víctimas de la AMIA sigue reclamando justicia.
Abriendo un escándalo político aún de dimensiones imprecisas, el fiscal Alberto Nisman denunció a la presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman por “negociar un plan de impunidad y encubrir a los prófugos iraníes acusados de la voladura a la mutual judía” en 1994, que segó la vida de 85 personas. Asimismo, solicitó su declaración indagatoria y que sus bienes sean embargados por un equivalente a 200 millones de pesos.
También pidió la declaración indagatoria de Luis D’Elia, del dirigente de La Cámpora y diputado Andrés “Cuervo” Larroque, y del referente de la agrupación Quebracho Fernando Esteche. La denuncia fue a parar al juzgado de Ariel Lijo (reemplazado por María Servini de Cubría durante la feria judicial), el mismo magistrado que procesó al vicepresidente Amado Boudou e investiga a otros funcionarios del Gobierno.
Según Nisman, las denuncias presentadas contra el Gobierno están sostenidas sobre “pruebas irrefutables” acumuladas durante los últimos dos años y proporcionadas por agentes del Servicio de Inteligencia, transcriptas en la denuncia de más de 300 páginas que sostiene “una confabulación criminal” para dejar sin efecto las acusaciones contra Irán. El fiscal acusó a D’Elia, Esteche y Larroque de llevar adelante las negociaciones con Irán para promover el intercambio de granos argentinos por petróleo iraní.
Ante semejante denuncia, el fiscal fue convocado para el próximo lunes a dar cuenta en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, donde sectores de la oposición promueven el juicio político de Timerman y el desafuero de Larroque.
La piedra arrojada por el fiscal se da en medio del fin de ciclo, cruzado por internas en el Servicio de Inteligencia (tras la expulsión de Héctor Icazuriaga, Francisco Larcher y el “temible” Antonio Stiles o “Jaime Stiusso") y jueces que acechan con causas investigando a varios funcionarios kirchneristas.
Ante la acusación, dirigentes del Frente para la Victoria hicieron fila pasa salir a defender al Gobierno. Así lo hicieron Jorge Capitanich, Daniel Scioli, Florencio Randazzo y Agustín Rossi, entre otros. Por su parte, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, planteó que “en este momento, en que hay una discusión en la Secretaría de Inteligencia, donde se discute específicamente la permanencia de Stiusso”, la decisión de Nisman “es un manotazo de ahogado”, dado que se discute “otra cosa que no tiene nada que ver”. Otro miembro del oficialismo, el diputado Guillermo Carmona, sostuvo que "Nisman es parte de la maniobra política electoral que lleva adelante contra nuestro Gobierno parte de la corporación judicial".
Por su parte, una organización como Memoria Activa sostuvo que Nisman “solo se dedicó en estos años a hacer espionaje interno, algo que no tiene que ver con la Justicia ni con los muertos”.
Haciendo su propio juego, desde la oposición patronal salieron a denunciar una vez más al memorándum y, en casos como el de Sergio Massa, a sumarse al discurso antiterrorista del imperialismo.
Es que Nisman levanta la cabeza aprovechando no solo las internas de la política nacional sino también la oleada de islamofobia sostenida por los gobiernos europeos que usufructuaron el brutal atentado oscurantista contra el semanario satírico Charlie Hebdo y el asalto con toma de rehenes de un supermercado kosher, para restringir las libertades democráticas con políticas represivas a la medida de la Patriot Act de George Bush. Haciendo leña del árbol caído, la oposición cuestionó a Cristina por la participación “a medias” de Timerman en la enorme movilización reaccionaria contra el terrorismo
Actualmente vinculado a sectores de la oposición, Nisman acompañó de forma obsecuente a los gobiernos de Néstor y Cristina hasta el 27 de enero de 2012, cuando fue firmado el Memorándum de Entendimiento con Irán en Addis Abeba, capital de Etiopía, ratificado como ley en la votación del Congreso.
Salido del riñón del exjuez Juan José Galeano, destituido por sobornar con 500 mil dólares al vendedor de autos robados Carlos Telleldín a cambio de un testimonio falso en la causa AMIA, Nisman asumió la titularidad de la causa, elaborando un dictamen de más de mil páginas que acusaba a Irán por la voladura de la mutual judía, reproduciendo informes infundados del FBI, la CIA y el Mossad. Un dictamen trucho a la medida de Estados Unidos y el Estado de Israel que demonizaba a los pueblos árabes de Medio Oriente en su cruzada antiterrorista, tras el estancamiento y la crisis abierta con las guerras de Irak y Afganistán. Después de reunirse con el presidente norteamericano George Bush, en septiembre de 2006, Néstor Kirchner envió la Ley Antiterrorista para su pronta sanción en el Congreso y ordenó a Nisman librar orden de captura a Interpol contra ocho funcionarios iraníes. Uno de ellos, Haadi Soleimanpour, fue detenido por Interpol durante un mes y conducido a los tribunales de Londres, los que no hallaron ninguna prueba de las acusaciones, y se vieron obligados a indemnizarlo con más de diez mil dólares.
Congelada en un limbo durante años, Cristina y Timerman retomaron la iniciativa de la causa firmando el Memorandum de Entendimiento, en concordancia con un sector de la Secretaría de Estado de Estados Unidos que impulsaba las negociaciones con el nuevo presidente de Irán para neutralizar su proyecto nuclear, aunque sin el consentimiento del conjunto del establishment ni del Estado de Israel. Hombre de la embajada norteamericana y el sionismo, Nisman criticó el Memorandum, pues más allá de que jamás se puso en práctica, su letra habilitaba la institucionalización de una Comisión de la Verdad, integrada por figuras notables designadas por ambos países, que objetivamente cuestionaba su dictamen plagado de falsedades, avalado otrora por los mismos Kirchner.
En las antípodas de las pugnas electorales, la única manera de hallar la verdad que merecen los familiares de las víctimas después de más de 20 años de impunidad es mediante la apertura de los archivos secretos clasificados por el Servicio de Inteligencia y las agencias de seguridad estatal, una demanda que hace años levantan los compañeros de APEMIA (Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA), contra la voluntad tanto del Gobierno, como de Nisman, las autoridades de DAIA y AMIA, la embajada del Estado de Israel y la Secretaría de Estado norteamericana.
Miguel Raider
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