La denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman el 14 de enero contra Cristina Kirchner y Héctor Timerman, a quienes acusa de “encubrimiento” para favorecer a funcionarios iraníes supuestamente responsables del atentado a la AMIA, sacudió el verano político argentino desatando un escándalo de proporciones aún inciertas. El fiscal brindará un informe el próximo lunes en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, donde sectores de la oposición, alineados con Nisman, promueven el juicio político de Timerman y el desafuero del diputado oficialista Andrés Larroque, también acusado por el fiscal. La denuncia de Nisman, por su voltaje político y porque incluye un pedido de indagatoria a la presidenta y al canciller (si es que la Justicia termina dando curso al requerimiento) constituye un salto respecto a otras acusaciones motorizadas por la “corpo”, sectores de la justicia y los partidos opositores, que vinculan al gobierno con los actos de corrupción y enriquecimiento ilícito que tienen como protagonista a Lázaro Báez y a la cadena de propiedades hoteleras de la familia presidencial.
Pase de facturas
La elección del momento político para lanzar las acusaciones no ha sido ingenua y éstas llegan en un escenario de fin de ciclo para el kirchnerismo cruzado por la pelea electoral hacia 2015 y por varias “internas” que involucran a corporaciones “pesadas”, como la justicia y fundamentalmente la Secretaría de Inteligencia, recientemente “purgada” por el kirchnerismo. El histórico espía Jaime Stiusso, pasado a disponibilidad por la presidenta junto a otros quince agentes, habría sido quien le proporcionó “información” al fiscal. Stiusso, número tres de la SI, y a quien hasta los medios de la “corpo” reconocen como afín a Nisman, entró a la SIDE en 1972, siguió en funciones durante la dictadura y todos los gobiernos constitucionales, incluido el de los Kirchner. Recientemente fue desplazado por la presidenta para favorecer a los servicios de las FF.AA. y a su Dirección de Inteligencia conducida por el imputado por partícipe del genocidio, el Teniente General César Milani.
El otro elemento de importancia que habría jugado a favor de la decisión de Nisman es el contexto internacional, teñido por las consecuencias de los atentados en Francia y la ola de islamofobia desatada por los máximos representantes de las potencias europeas en el viejo continente y a escala internacional. Lo cierto es que la pelea entre el kirchnerismo, de un lado, y el fiscal especial de la causa AMIA y la oposición, del otro, se ha convertido en una competencia para ver quiénes sacan más credenciales de amigos de EE.UU y enemigos del “terrorismo” internacional. Timerman no se cansa de contestar a quienes "dudan" del "compromiso" del gobierno contra el "terrorismo" que fue Cristina Kirchner en sus tiempos de legisladora quien integró la Comisión Bicameral para el seguimiento de los Atentados a la Embajada de Israel y AMIA" y que Nisman "Luego de años de contar con el respaldo político de Néstor Kirchner y la actual Presidenta, (…) acusa vilmente a la política más activa en buscar el juicio y castigo a los perpetradores del brutal atentado terrorista" (DyN).
Encubrimientos e impunidad
La justicia para las 85 víctimas del atentado a la mutual judía de ninguna manera vendrá de estos actores cómplices de la impunidad que ya lleva más de 20 años. Hagamos un poco de historia.
Nisman fue quien en 2006 presentó un dictamen que acusa a funcionarios del gobierno iraní del atentado a la AMIA. El fallo fue convertido por Néstor Kirchner en “razón de Estado” cuando se trataba, por donde se lo mire, de un documento escandaloso. Basado en “pruebas” presentadas por la Central de Inteligencia norteamericana (CIA) y los servicios de inteligencia israelíes (Mossad), lo único que demostraba eran las afinidades de Nisman con la “guerra contra el eje del mal” lanzada por George Bush. El destape de los cables de wikileaks demostró que, poco antes del dictamen, Nisman recibía instrucciones de la embajada norteamericana para que abandonara la pista Siria y la investigación de la “conexión local” para enfocarse en los iraníes, justo cuando escalaba el conflicto entre Washington y Teherán a raíz del plan nuclear iraní.
El 27 de enero de 2013 a instancias del gobierno se firma el Memorándum de Entendimiento con Irán. Aunque el memorándum avalaba la causa armada contra Irán apoyándose en el dictamen de Nisman a éste no le alcanzó y decide romper lanzas con el kirchnerismo. En ese entonces el giro de la política oficial se recostaba en un sector del gobierno de Obama que ante la agitada situación en Medio Oriente buscaba una vía más dialoguista con Irán a la vez que continuaba el apriete con las sanciones económicas y la presión internacional.
Las recientes acusaciones de Nisman contra el gobierno tienen por objetivo, según sus propias declaraciones, habilitar el juicio en Argentina de los ocho iraníes que resultaron acusados por su dictamen. Por su parte, analistas afines al kirchnerismo sostienen que la presidenta buscaba emular la solución negociada encontrada (mediación de Nelson Mandela incluida) tras el caso Lockerbie. Se trata del atentado de 1988 contra el avión de Pan Am que sobrevolaba esa ciudad escocesa donde murieron 270 personas. Durante años EE.UU. e Inglaterra exigieron a Libia, sin presentar prueba alguna, la deportación de dos ciudadanos acusados de cometer el atentado. Finalmente, tras años de negociaciones y sanciones económicas (similares a las aplicadas sobre Irán) los estados imperialistas presentaron la iniciativa, a la que finalmente accede el presidente Muammar Khadafi, de juzgar a los ciudadanos libios en un país neutral, Holanda. El entendimiento con Irán impulsado por el kirchnerismo en realidad no termina de parecerse a la “solución” del caso Lockerbie. De haber prosperado (lo que no sucedió) el memorándum proponía la institución de una “comisión de la verdad” para identificar a los culpables.
Por la verdad y la justicia
En su momento, organizaciones de izquierda como el PTS, condenamos el dictamen de Nisman y años después la política de entendimiento con Irán. Denunciamos que el dictamen, construido en base a las falsedades de la CIA y la Mossad y a las del juez Galeano (que terminó destituido e imputado en la causa junto al jefe de la Daia, Rubén Beraja, Menem y el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy) sirvió para ponerle “punto final” a la investigación de la “conexión local”, omitiendo el encubrimiento y la responsabilidad del Estado argentino y sus fuerzas represivas. Stiusso, el informante de Nisman, es uno de los responsables del encubrimiento de la "conexión local" en épocas de Menem, De la Rúa y Duhalde. Fue Néstor Kirchner quien en 2003 lo puso al frente de la unidad especial de investigación de la causa AMIA.
Posteriormente, la misma Comisión de la Verdad propuesta en el Memorándum ponía en evidencia por sí misma la política de ocultamiento impulsada desde el Estado nacional: los archivos secretos de la ex SIDE jamás fueron abiertos para dar información a los familiares y amigos querellantes de las víctimas de la AMIA. En una editorial de La Nación, el columnista Carlos Pagni, termina diciendo "la aguja de la verdad sobre el tristísimo atentado contra la AMIA está perdida en un pajar de manipulaciones (...) Cristina Kirchner es el segundo presidente acusado por encubrir ese ataque. El primero fue Menem. A ella se la acusa de querer salvar a los iraníes. A Menem, de querer involucrarlos. Ambos casos fueron promovidos por el mismo fiscal, Nisman; ante el mismo juez, Lijo, y con el soporte del mismo equipo de espionaje".
Ni la verdad ni la justicia vendrán de los implicados en estos años de impunidad que atravesó a los tres poderes del Estado y a todos los gobiernos desde febrero de 1994 a la actualidad. En un comunicado el diputado del FIT Nicolás Del Caño señaló: "la única manera de hallar la verdad en la causa AMIA y de que haya justicia es mediante la apertura de los archivos secretos clasificados por el Servicio de Inteligencia y las agencias de seguridad estatal”. El diputado apeló a la movilización popular para lograrlo y a la conformación de una comisión investigadora independiente encabezada por los familiares de las víctimas mientras denunció: “Todos los sectores que hoy están en esta disputa judicial, política y de alas del área de inteligencia son responsables de la impunidad existente”.
Ruth Werner
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