Exactamente el día en que el Congreso Nacional Argentino daba por aprobada la nueva Ley de Hidrocarburos, en Pensilvania, Estados Unidos, eran detenidos una cantidad importante de activistas que vienen oponiéndose, hace tiempo ya a la extensión de la extracción de hidrocarburos no convencionales por el llamado método fracking.
La ley que en Argentina posibilita la ampliación de la extracción de los hidrocarburos no convencionales, con el método llamado fracking o fractura hidráulica, es resistido hace tiempo ya, en el corazón mismo de EE.UU. y en gran parte de los países de Europa, como así también, con gran persistencia y una intervención bastante importante, de las comunidades afectadas en la misma Rusia.
La competencia por el dominio energético a nivel mundial, lleva a los Estados Unidos y a sus corporaciones más importantes, a afectar, inclusive, parte de su territorio, incluidas poblaciones enteras que sufren la contaminación de estas compañías.
La comunidad de víctimas del gas(Gas vetscomunities) del Estado de Pensilvania, a través de uno de sus activistas, Craigs Stevens, en un documental de RT Televisión de diciembre de 2011, denunciaba el incremento de los sismos y la contaminación de las aguas, por la práctica del fracking, además del gran negocio de las corporaciones en torno de esta intensiva forma de extracción de hidrocarburos, a costa de las comunidades colindantes con los pozos de extracción de gas. Recordemos que este método usa aproximadamente 800 sustancias químicas, de las cuales 650 son cancerígenas y la tercera parte afectan el sistema nervioso, además de no conocerse los efectos sinérgicos de los productos químicos usados en este método.
Ley de Hidrocarburos for export
La brutal manipulación a la que nos tiene acostumbrado el régimen actual, nos habla de las ventajas de la nueva Ley, que en realidad es una readaptación de las normas jurídicas argentinas, sin cuestionar la linealidad que la reforma de la Constitución del ‘94 significó en ese sentido, de la cual se mantiene su sentido más estratégico, a las nuevas relaciones que tienen los estados dependientes, a nivel mundial, con los giros en términos geoestratégicos del actual modelo de acumulación capitalista y de cómo estas readaptaciones son funcionales enteramente a los designios de este nuevo orden mundial. Es en este sentido que la nueva Ley de Hidrocarburos, al unísono con la promovida oficialmente Ley de Semillas, o ley Monsanto, marcan el sentido verdadero de la legislación contemporánea argentina. Se podría decir, en este sentido que en realidad es la Ley Chevron, porque son legislaciones orientadas para ser usadas no sólo en Argentina.
La necesidad de los centros de poder mundial, de acopio y apropiación de comoditties baratos relacionados con la energía y alimentación a la vez (la soja es usada también para la producción de biocombustibles), además de materias primas especificas usadas en la construcción de parques energéticos adaptados al mega-consumo de sus compañías,son dos puntos centrales en las disputas globales por el dominio sobre la energía y los bienes naturales.
La nueva ley de hidrocarburos, es explicable también desde la perspectiva energética pura, pero no desde un vértice soberano, sino desde la dependencia, porque precisamente, quienes necesitan ampliar su matriz energética a escala global, no es Argentina,sino más bien las economías de enclave que son súper-usuarios de ésta a partir de sus mega-emprendimientos, pero así también, porque las corporaciones y los centros de poder mundial vienen prospectando una política de acumulación y exportación masiva de hidrocarburos desde los países dependientes.
El importante grado de disponibilidad que la reforma de la Constitución del ‘94 le da a las provincias, y el rompimiento con el inalienable dominio sobre los bienes naturales de la nación, formula una estrategia en el sentido de negociaciones “por separado” con las corporaciones mundiales del rubro, pero fundamentalmente porque esta estrategia, encuentra mejor argumento logístico en la zonificación del mundo y sus territorios y el establecimiento de sus factorías depredadoras itinerantes, acoplan el aceitado orden económico de las llamadas economías de enclave y “diversifican” su poderío de manera múltiple, en un mismo país a la vez.
Según Aranguren, de Shell, “Tener de socio a la provincia no es malo, porque ante problemas con el gobierno nacional por la importación de equipos o el incremento de las retenciones a la exportación, o con las comunidades locales y los sindicatos, es más fácil encontrar una solución si la empresa provincial participa” (Perfil, 24/8/2014). De la misma manera que la Ley de Inversiones Mineras homologa una legislación a pedir de las necesidades de las corporaciones del rubro, que en la gran mayoría de los casos son los mismos que el de las petroleras, la nueva ley lo es para el rubro petrolero y gasífero.
La llamada nueva ley, es en realidad consecuencia y parte de los acuerdos del gobierno argentino con los organismos multilaterales de crédito, relacionados a la deuda externa y el reciclado de esta; como el acuerdo con el Club de Paris, donde uno de los puntos centrales son la inversiones en el sector energético y las zonas sensibles para las corporaciones mundiales, como así también la promoción de Shale de la mano de Chevron, como punto inicial de la mentada soberanía hidrocarburífera que es más bien una burla.
Chevron es una de las tantas empresas movilizadas por la política de los Estados Unidos, como uno de sus modos, para que estas sean operadoras de áreas y/o prestadoras de servicios, no solamente para hegemonizar el rubro, sino también para reducir su dependencia externa; igualmente, su interés de diversificar sus fuentes de abastecimiento,se relacionan a la necesidad de contrapesar a otros productores de gran importancia como Rusia y generar una opción a otros proveedores “complejos”, como Venezuela, Oriente Medio y Noráfrica.
La nueva ley posibilita la integralidad de exploración y explotación de los no convencionales en su conjunto a través de la expansión de otras áreas con alto contenido de éstos, como la Cuenca de San Jorge, o la Cuenca Cuyana, que cuenta además, con las llamadas arenas bituminosas.
En el manual de operaciones adjunto a la agenda de dominación capitalista, en la cual las corporaciones extractivistas son las mimadas del actual régimen, Argentina tiene un lugar central; la Agencia de Información Energética Estadounidense (EIA) tiene su propia zonificación de los espacios con alta importancia estratégica, en el “Estudio Económico sobre Recursos Convencionales, Shale Oil & Shale Gas en Argentina”. Tienen computadas y constatadas certeramente, las estimaciones sobre reservas de no convencionales en distintas cuencas del país.
La llamada nueva Ley de Hidrocarburos no modifica el actual esquema hidroenergético actual, por el contrario refuerza la dependencia cada vez mayor de nuestro sistema energético al poder transnacional y pone de rodillas a la Argentina frente a las corporaciones más poderosas del rubro del saqueo como Chevron, pero también pone de cara a la sociedad la verdadera funcionalidad de un modelo que cada vez tiene mayores resistencias a nivel mundial.
Ramón Gómez Mederos, Secretario Adjunto de la CTA San Juan. Integrante del Espacio por el Agua de San Juan.
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