La muerte dudosa del fiscal Nisman esta semana, evidencia el alarmante alcance de la gangrena que representan los servicios de inteligencia. Como todos los gobiernos que lo precedieron desde la vuelta de la democracia, durante el gobierno K el presupuesto que se destina para financiar las tareas de inteligencia que se acrecentó más cada año.
En una semana signada mediáticamente por la muerte dudosa del fiscal Nisman, que ha sacudido la realidad nacional, volvió al centro de la escena el cuestionamiento a los espías de la Secretaria de Inteligencia (SI), ex SIDE. Los mismos están en el ojo de la tormenta porque sobre ellos recaen fuertes sospechas que los implica directamente en este caso, tanto por la relación con Nisman como por su accionar en la tragedia de la AMIA y las pertinentes “investigaciones” posteriores. La propia acusación del fiscal al gobierno por encubrimiento a raíz del acuerdo firmado con Irán en 2013, para la cual el funcionario cortó abruptamente sus vacaciones, generó suspicacias. Desde el gobierno se apuntó que tras la acusación de Nisman está la mano de Antonio Stiusso, despedido en diciembre. Fue después del pedido de renuncia de Cristina al Jefe se la SI Héctor Icazuriaga y su segundo, Federico Larcher. En su lugar asumieron Oscar Parrilli y Juan Martín Mena. Sobre Stiusso vuelven las sospechas luego de su intempestiva muerte.
Desde el gobierno ya se habla de otra poderosa, oscura fuerza, también destituyente, que buscaría golpear al gobierno. Pero claro, esta línea de argumentación olvida decir que el “enfrentamiento” del gobierno con los históricos de la SI sólo empezó cuando estos empezaron a fallarle en los recados sobre temas sensibles, como la operación sobre la justicia, o traer información falsa beneficiando a sectores del PJ opositor, como ocurrió cuando los servicios informaron a CFK que Sergio Massa no sería candidato en 2013, contrariamente a lo ocurrido. Hasta entonces, amplio uso había hecho el gobierno de la SI, ampliando su presupuesto manejado a discreción. Y si en los últimos años empezó a relegarlo, fue para fortalecer en su lugar otro aparato aún más ominoso, el de la inteligencia del ejército, sobre el que cada día son más sonadas las sospechas de que opera en territorio nacional, lo que está expresamente prohibido por ley.
En un caso como en otro, los nutridos presupuestos están fuera de cualquier escrutinio público, y crecieron de manera considerable durante los años de gobiernos kirchneristas.
Los números de las tareas de inteligencia
En el presupuesto 2015 la ex SIDE tiene asignados $800 millones, un 16.22% más que en 2014, año en que recibió la cantidad de $689 millones. Es decir, recibirá un aumento de $111 millones.
A su vez quienes también reciben asignaciones del presupuesto nacional destinadas a las tareas de inteligencia son el Ministerio de Seguridad de Sergio Berni y el Ministerio de Defensa ligado a Milani.
El Ministerio de Seguridad tiene presupuestado en 2015 la suma de $773 millones, mientras que en 2014 su presupuesto fue de $558 millones; y el Ministerio de Defensa tiene una asignación en 2015 de $836 millones. En 2014 su presupuesto fue de $627 millones.
En total el Presupuesto Nacional 2015 destina $2.410 millones para el financiamiento de tareas de inteligencia. Si sumamos las partidas destinadas al espionaje “oficial” de la última década, para la ex Side, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, el resultado arroja que el Estado gastó $8.019milones.
Más presupuesto para el espionaje de Milani
La Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, fuerza comandada el general César Milani, denunciado por sectores de los DDHH por su participación en la última dictadura militar, recibirá un aumento de 31,8% más que el año pasado. El presupuesto 2015 le asigna $568,5 millones a Milani.
De los $836 millones asignados al Ministerio de Defensa para desarrollar tareas de espionaje, $568.5 son destinados al Ejército; $ 123 millones para la Armada, y $ 104 millones para la Fuerza Aérea. El Ministerio de Defensa se reservará para su servicio de inteligencia $ 40,7 millones.
Con extrema reserva
En 2005, el Gobierno nacional se comprometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a implementar un mayor control sobre el organismo de inteligencia y su presupuesto. Fue en el marco de un compromiso con las asociaciones de familiares y víctimas de la AMIA ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia” era uno de los puntos del acuerdo.
Diez años después, no hay ningún avance en ese plano. Las actividades y gastos de inteligencia no sólo constituyen información reservada sino que en los papeles son áreas insondables del Estado. No hay registro ni fundamentación de las decisiones de los organismos que realizan actividades de inteligencia. Aunque las leyes de seguridad interior e inteligencia prevén comisiones parlamentarias de control, estas comisiones no realizan ninguna actividad significativa, si es que realizan alguna. Si quisieran realizarlas, se toparían con el obstáculo que ofrece la discrecionalidad del manejo de los gastos reservados. Muchos de los cuales se realizan en efectivo, sin registros formales y no son susceptibles de ningún tipo de auditoría.
Del presupuesto que maneja la SI, en las planillas oficiales de esos gastos reservados solo mencionan a dos empleados: al jefe y subjefe de la SI. El resto, como lo convalida la Ley de Inteligencia Nacional, es secreto y no puede ser revelado. La ley secreta 17.112 establece el estatuto “para el personal civil de la secretaría de informaciones de estado y de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas”. Su artículo 14 define que solo cuatro categorías del “personal civil de inteligencia” de la SI y del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cobrarán su salario “por partida pública del presupuesto”, y otras tres lo harán “por partida secreta, en planillas aparte, y utilizará nombre de encubrimiento”. Es decir, que una parte del presupuesto nacional tendrá todos los años una parte oculta, con nombre ficticio, para pagar los salarios de una cantidad desconocida y sin control de agentes en cuatro organismos del Estado.
Bajo este ordenamiento, en las sombras, los aparatos de inteligencia siguieron acrecentando su poder y sus recursos durante la década. ¿Podría ser una sorpresa entonces el poder de fuego que están mostrando en esta crisis?
Esteban Mercatante
@estebanm1870
Guadalupe Bravo
@GuadaBravo
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