No se trata de una mera cuestión ecológica. No es solamente un problema causado por el extensivo monocultivo. No se agota en el generalizado “daño ambiental colectivo”.
Hay algo mucho más concreto que todo eso; la contaminación dolosa de un ambiente determinado de manera peligrosa para la salud, con envenenamiento de personas y genocidio de la vida animal.
Hay tres actores en este drama de cuasi suicidio colectivo: la parte contaminante; la que lo padece; y la que se asume en rebeldía (Estado). Existe una responsabilidad culposa por omisión en los tres estamentos del Estado. El Gobierno se desentiende de diagramar un plan agropecuario estratégico integral, de conservación del ambiente y resguardo de los recursos naturales del país; únicamente está interesado en la recaudación vía impuesto a la exportación, básicamente centrado en el rubro agrario. Al poder judicial lo encontramos con los ojos y oídos tapados dirigiéndose siempre para otro lado, distraído a tal punto que, ni siquiera le preocupa saber si se respetan los derechos fundamentales del hombre.
En la Argentina y como una de las expresiones que asume el capitalismo salvaje, el negocio agrícola se ha venido manejando con criterios netamente productivistas, donde lo único que interesa es la rentabilidad a cualquier costo. No importa quienes ni cuantos mueran. La vedette de todo esto, resulta ser una oleaginosa transgénica importada denominada Soja RR por ser Resistente al Roundup. A tal punto que en la campaña agrícola 2007-2008 el monocultivo de soja llegó -desmontes y despojos de por medio- a las 17 millones de hectáreas; en cuya superficie se rociaron entre 170 a 180 millones de litros de Glifosato, más otro tanto de productos insecticidas sólo en medio año.
El herbicida más utilizado para la soja es el Glisofato o Glifosato y el insecticida base más usado es el Endosulfán; ambos agroquímicos de alta toxicidad y peligrosidad. Diversas enfermedades humanas están vinculadas con la aplicación directa y la deriva de fumigaciones de glifosato y pesticidas. La mayoría de los enfermos son gente expuesta a estos productos por su ocupación como los trabajadores rurales, fumigadores, banderilleros; más otros no ocupacionales por exposición a la deriva de las aplicaciones como son: la gestación en embarazadas y los niños. Más otros no ocupacionales pero que son expuestos a la acción directa de las fumigaciones aéreas sólo por vivir en la zona donde llegan los intereses sojeros.
Recientemente el Dr. Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular, ha confirmado una vez más los efectos negativos en la morfología del embrión en presencia de concentraciones de glifosato, aún en proporciones muy inferiores a las utilizadas en el agro-negocio. Asimismo, estudios hechos en Francia por Belle y Seralini habían llegado anteriormente a idénticos resultados; lo mismo que estudios en EEUU por el Dr. Rick Relyea, biólogo de la universidad de Pittsburg. Existen también otros trabajos como los de la Universidad Nacional del Litoral y de investigadores como Alejandro Oliva, de Rosario, con la colaboración del INTA y Federación Agraria. De igual modo, respecto del Endosulfán y coadyuvantes, hay informes de la Red de Acción sobre Plaguicidas, formada por unas 600 organizaciones de 90 países, sobre los efectos de este tóxico, que incluyen: deformaciones congénitas, desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia, cáncer, problemas de piel, vista, oído y vías respiratorias. Para citar un lugar preciso donde se ha comprobado la producción de cánceres en los habitantes, basta mencionar barrio Ituzaingó de Córdoba.
Al respecto, el Dr. Carrasco dijo recientemente a la prensa: “es sabido, tanto en la comunidad científica como en el sector agropecuario, que la aspersión del herbicida afecta ecosistemas, operando directa o indirectamente sobre insectos y otras especies animales cuando se ponen en contacto con el herbicida. O sea que además de células vegetales, también afectan organismos compuestos por células animales. Nuestros experimentos alertan que tanto el cóctel comercial como la droga pura en células animales generan alteraciones del desarrollo embrionario. Por lo tanto el glifosato dentro de la célula embrionaria altera el funcionamiento celular, tal como sucede en las células vegetales de las malezas. Por otra parte, ya está probado que los herbicidas se trasladan por la acción del viento. Es una prueba de la realidad, incontrastable, el padecimiento de familias de campos linderos y de barrios cercanos a las fumigaciones. Por lo tanto, el glifosato puede atravesar barreras respiratorias y/o placentarias y entrar a las células embrionarias, incluso existen avances científicos en esa dirección, como también existen registros de glifosato y de sus posibles metabolitos presentes en mujeres embarazadas. Esto podría correlacionarse con potenciales efectos malformativos”.
Se hace necesario entonces informar a la sociedad civil que: el conjunto de agrotóxicos usados en la industria agrícola está integrado por un grupo de HERBICIDAS y otro de INSECTICIDAS altamente peligrosos para la salud humana.
Dentro de los primeros está el ya mencionado Glifosato técnico, más otros coadyuvantes y surfactantes que se usan para potenciar la eficacia del agroquímico. El Glisofato o Glifosato es un potente herbicida no selectivo, es decir que afecta a todo vegetal menos a la soja RR de Monsanto. Sus coadyuvantes son: la Atrazina , un herbicida selectivo; el 2,4 D (usado en la guerra de Viet Nam) que es un herbicida sistémico, ácido 2,4 diclorofenóxiacético; el Paracquát, que es bicloruro de 1,1-dimetil 4,4-bipiridilo, es un viológeno usado como herbicida no selectivo peligroso para mamíferos y humanos y no tiene antídoto específico. El Dicquát y el Cicquát, que son áltamente tóxicos y de uso restringido en EEUU; es común allí su empleo por los suicidas. El Imidacopril, un surfactante del Glifosato que está prohibido en el mundo por dañar a la abeja. El último en la lista de los venenos más usados es el peligroso Bromuro de Metilo, que es un fungicida/herbicida/insecticida altamente tóxico y prohibido. Se trata de un compuesto orgánico halogenado; es un gas conocido también como bromometano, su efecto tóxico pasa a las capas superiores de la atmósfera dañando la capa de ozono.
En el grupo de los insecticidas peligrosos tenemos: El Endosulfán, insecticida organofosforado altamente tóxico; el Clorpirifós, que es un insecticida sólido blanco que afecta el sistema nervioso, es un organofosforado, inhibidor de la colinesterasa; el Diazinón, también insecticida organofosforado; el Diclorvós, que es un insecticida líquido, también conocido por las iniciales de su fórmula química DDVP; el Malatión, es también un organofosforado que es liposoluble, por lo que se reabsorbe con rapidez en el organismo humano. Todos los nombrados están prohibidos por su alta toxicidad. El Endosulfán está prohibido en algunos países y en otros altamente controlado por los Gobiernos. En la Argentina , los cuatro restantes, están también prohibidos como productos domisanitarios; no obstante eso, en la industria agrícola, hortícola y en el almacenaje, son ampliamente usados.
Ambos grupos conforman el cóctel agroquímico. En nuestro país no solamente tenemos el problema de su uso masivo e indiscriminado, sino el grave problema de las fumigaciones por falta de adecuado control estatal. No existe control en el rociado aéreo, ni en las concentraciones del diluido, ni en la frecuencia, ni cantidad de aplicaciones, ni en la sinergia de los surfactantes, ni en la zona a tratar, ni en la afectación a la producción apícola. En pocas palabras, es el vía libre total; aún cuando estos venenos matan todo, malezas, árboles, aves, peces, moluscos, batracios, insectos, mamíferos y humanos; contaminando suelo, aguas y atmósfera. La concentración de las dosis empleadas para fumigación, en el lapso de estos últimos seis o siete años, se ha incrementado en un 300 por ciento para obtener mejores resultados. Se emplea para su aplicación la fumigación terrestre y la aérea. Esta última está prohibida en muchos países, por ejemplo en EEUU está casi totalmente prohibida por su alta contaminación. En este tipo de aplicación, la deriva es una consecuencia inevitable, estimándose que alrededor del 40 por ciento del producto cae fuera de la superficie a tratar. La deriva producida por el viento en la fumigación aérea, puede esparcirse desde cientos de metros a varios kilómetros de distancia, afectando zonas de exclusión.
La Ley Provincial Nº 9164 de agroquímicos dispone la prohibición de la fumigación aérea dentro de un radio de 1.500 metros de las plantas urbanas; aunque es conocido y denunciado que dicha distancia no se cumple y que ni siquiera es eficaz para proteger a los habitantes de los poblados, debido a ese efecto deriva. Pero el hecho grave es que la normativa no se respeta, en un absoluto desprecio por la vida humana. Hay sembrados que se encuentran a escasos diez o veinte metros de unidades habitacionales y, cuando pasa el avión fumigando, literalmente baña con sus aspersores a casas, fuentes de agua potable, plantas, bebederos, animales y personas. Aunque estas se encuentren encerradas en sus moradas, los efectos tóxicos no pueden evitarse.
Estas prácticas no constituyen actividades agrícolas sino, lisa y llanamente delito penal; motivo por lo cual no deberían permitirse. Se trata del envenenamiento de persona con dolo directo o con dolo eventual; envenenamiento de aguas potables y substancias alimenticias. En los casos menos graves se trataría del delito tipificado como “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud” y de “daño ambiental colectivo” Este último caso es el que está contemplado en el artículo 41 de la Constitución nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según establezca la ley”. También se viola la Declaración Universal de los Derechos del Animal al perpetrarse un verdadero genocidio de especies silvestres e insectos domesticados como la apis mellífera.
No obstante lo prescripto por la ley vigente y la gran cantidad de denuncias de los afectados, desde el Estado sigue la ausencia de controles en el asunto. Solamente algún Juez, en solitario, puede llegar a preocuparse por el envenenamiento de las personas. Este es el caso del juez Tristán Martínez, del Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nº 11 de la ciudad de San Jorge provincia de Santa Fe; quien condoliéndose con los vecinos envenenados, hizo lugar a un amparo ordenando la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad, hasta que el Concejo Deliberante y el Municipio determinen qué zonas pueden ser rociadas con los venenos.
Recientemente se ha interpuesto una acción de amparo, llevada adelante por la Asociación de Abogados Ambientalistas, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación , solicitando que “se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación de glifosato y endosulfan –agrotóxicos básicos de la industria sojera– en todo el territorio nacional.” Se demanda también que el Gobierno determine en 180 días el efecto sanitario de los químicos agrarios, haciendo responsables de los eventuales daños principalmente a los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Es de esperar entonces que en la Corte Suprema prime la ética, la racionalidad y el sentido de justicia, por sobre los intereses económicos de las grandes corporaciones.
Por las dudas, no estaría de más hechar mano a algún “surfactante” no químico reforzando la iniciativa con alguna acción popular y, sobre todo, no desoir el conocido dicho: “Atente no más al santo y no le reces…”
Tintitaco Chanquía
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