¿Hasta cuándo tanta vergüenza, hasta cuándo tanta impunidad? La verdad es que no hay esperanza en que desde los estrados del sistema colombiano de justicia se recobre la dignidad nacional. De momento, la solución que se levanta como luz en la oscuridad no es otra que la unidad popular en función de un nuevo gobierno que abra los caminos de la paz con justicia social.
* Jesús Santrich
El dúo Álvaro Uribe–Pedro Juan Moreno (Gobernador y Secretario de Gobierno de Antioquia en el último lustro de los 90) propulsó con mayor énfasis que en todos los tiempos el paramilitarismo mediante las llamadas Cooperativas CONVIVIR. Dentro de ese escenario se inició también el terror de Salvatore Mancuso, finquero vecino de “Varito”; y a la cabeza del tétrico proyecto, de la mano de Uribe descollaban el comandante de la Brigada Cuarta con sede en Medellín, general Alfonso Manosalva (ya fallecido), Carlos Alberto Ospina que fue quien lo reemplazó y el comandante de la Decimoséptima Brigada con sede en Urabá, general Rito Alejo del Río. Ellos ampliaron el sendero por donde iba entrando con toda su carga de atrocidades la familia Castaño Gil.
Coincidentes son estos tiempos mencionados con la época que ahora en el 2009 el informe desclasificado de La National Security Archive presenta como de segura realización de ejecuciones extrajudiciales y de colaboración con paramilitares y traficantes de drogas por parte de la fuerza pública.
El “informe secreto” de la National Security Archive está en el trasfondo de la destitución mediática de 30 oficiales del Ejército y la dimisión del general Mario Montoya Uribe, restando aún -con demasiada moratoria cómplice- la aplicación de efectivas medidas penales que pongan definitivo freno a los responsables del terrorismo de Estado.
La detestable y sombría regencia de estas alimañas configuró el teatro donde el narco-paramilitarismo y la guerra sucia se desbocaron en atrocidades: en 1995 se presentaron en Antioquia 328 acciones criminales conjuntas de los paramilitares con la fuerza pública. En el año siguiente subieron a 394, y en 1997 las acciones criminales conjuntas fueron 2.482, incrementándose en 630 %. Es este el período de los miles de asesinatos políticos y decenas de masacres en Antioquia, perpetradas con la colaboración de autoridades civiles y militares entre las que se cuentan las de La Granja (Ituango) y El Aro, con especial participación y decisión del destripador Uribe Vélez en esta última.
Después de la masacre de la Granja (1996), muchas fueran las personas, dirigentes y organismos defensores de derechos humanos que solicitaron protección al gobierno de Antioquia porque se veía venir la masacre del Aro. La hostilidad contra su población de parte de la evidente manguala militar-paramilitar no se podía ocultar. Frente a cada querella lo que venía de parte del entonces gobernador Álvaro Uribe, inspirado en su identidad con Carlos Castaño, era la acusación de que los denunciantes pertenecían a la guerrilla.
Finalmente ocurrió lo que se temía: “a partir del 25 de octubre de 1997 y en los siguientes cinco días, paramilitares con el apoyo del Ejército, torturaron y asesinaron a 15 personas, violaron mujeres, incendiaron 47 viviendas, robaron 1.200 reses y desplazaron a más de 1.000 personas”.
De aquellos días, entre tanta atrocidad, uno de los tristes recuerdos que llenan de coraje es el del doctor Valle Jaramillo, quien después de advertir con valentía sobre la inminencia de la masacre y denunciar la alianza Uribe Vélez-Pedro Juan Moreno-Castaño Gil y las Brigadas militares, estos le sellaron la boca con cinta y lo asesinaron en su oficina.
En una de sus declaraciones ante la Fiscalía, el paramilitar Francisco Villalba, quien está en prisión hace 11 años por su participación en la masacre del Aro, manifestó que tres días antes del crimen, hubo una reunión en el municipio de La Caucana a la que asistieron el gobernador Álvaro Uribe, su hermano Santiago (el de la banda criminal “los Doce Apóstoles”), altos mandos de la Cuarta Brigada, de la Policía y los principales cabecillas paramilitares, en la que planificaron la barbarie.
¿Hasta cuándo tanta vergüenza, hasta cuándo tanta impunidad? La verdad es que no hay esperanza en que desde los estrados del sistema colombiano de justicia se recobre la dignidad nacional. De momento, la solución que se levanta como luz en la oscuridad no es otra que la unidad popular en función de un nuevo gobierno que abra los caminos de la paz con justicia social.
*Integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP
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