En Las Peñas, localidad situada en el norte Cordobés, departamento Totoral, a 100 Km. de la capital cordobesa, se realizó un nuevo encuentro del Colectivo Paren de Fumigar. Asistieron numerosas organizaciones sociales y vecinos autoconvocados. El encuentro fue organizado por la Unión Campesina del Norte Cordobés (UCAN), una de las organizaciones territoriales del Movimiento Campesino.
Tras una jornada de debates, los participantes marcharon por las calles céntricas de la ciudad. Vecinos del lugar, saludaron su paso con bocinazos y gestos amigables. Frente a la planta distribuidora y acopiadora de agrotóxicos Rossi se realizó un escrache y en la vereda del lugar, los campesinos cavaron la tierra y en clara referencia alegórica a la mística de la lucha campesina, depositaron semillas.
Marcha y denuncia
En las aulas de la Escuela pública John F. Kennedy, situada frente a la Plaza Leopoldo Lugones, cinco comisiones analizaron aspectos diversos de la problemática. Así, salud, territorio, ciencia y tecnología, cuestiones legales y soberanía alimentaria fueron los ejes centrales de la conversación entre miembros de las organizaciones. Por la tarde, en un plenario general se presentaron propuestas y elaboraron conclusiones.
Entre ellas: se decidió marchar el 21 de mayo por la reglamentación de la ley de Bosques y acompañar la presentación de una denuncia penal por contaminación del canal a cielo abierto del Dique Los Molinos, en junio.
Sobre este tema, Gustavo Spedale, de la Coordinadora del Agua explicó que “450 mil personas son envenenadas con glifosato y otros agrotóxicos que son arrojados al canal y luego van a parar a la planta potabilizadora de Los Molinos y de ahí al río Suquia”.
Los denunciantes responsabilizan de estos supuestos daños a la municipalidad, la dirección de Hidráulica, la empresa Suez -Roggio, encargada de brindar agua potable, y a los productores sojeros que contaminan los 64 Km.de extensión del canal.
Por otra parte, reclaman un mayor compromiso en defensa de la salud de los pueblos fumigados a otros sectores de la sociedad. La política de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba fue criticada en las comisiones. Especialmente, los acuerdos alcanzados con el poder económico. En tanto, el investigador Carrasco fue respaldado.
Germán Pez, de UCAN, en diálogo con Prensared, se mostró satisfecho con el desarrollo de la reunión. “En este pueblo donde nació nuestra actividad, ocupamos un espacio público, hacemos las cosas a la vista de todos, sin escondernos, porque estamos convencidos de lo que hacemos”.
En esa línea de análisis dijo: “rescato las ideas en común que tenemos con las otras organizaciones sobre la lucha por la soberanía alimentaria y la reforma agraria”. Aunque “tenemos que caminar mucho todavía” señaló que hay posibilidades de “cambiar este modelo capitalista que hoy tambalea”.
Tanto en Las Peñas como en Sebastián Elcano han presentado denuncias de todo tipo. Unas por vulnerar la ley provincial que le pone límites a las fumigaciones, otras por la presencia y lavado de mosquitos en lugares inapropiados como casas y acequias y la manipulación irresponsable de agrotóxicos, entre otras.
“Queremos que se cumplan las leyes y no la voluntad de los poderosos. Porque nosotros tenemos un proyecto de vida y exigimos políticas públicas que lo garanticen”, enfatizó.
El dirigente campesino aclaró que “el habitante de este pueblo que era ganadero y hortícola y generaba trabajo, hoy con este modelo no puede hacerlo”. Asimismo afirmó que a pesar de que “la gente tiene un poco de miedo, hoy participó y se animó a marchar”.
"No les importa nada"
“Esto es tierra de nadie”, graficó atribulado un comerciante del lugar, para dar cuenta del desamparo que vive este pueblo por el que alguna vez pasó el Ferrocarril de cargas General Belgrano. Desmintió a quienes hablan de “prosperidad” y consideró que por el contrario “la soja solo da ganancias a los productores que viven en sus estancias, no genera puestos de trabajo, no dejan un peso y además nos fumigan con aviones y mosquitos a cualquier hora”.
Otro vecino relató con dolor que hace un año y medio uno de estos vehículos, que tienen prohibido transitar por el área urbana, llevó por delante una moto, mató a una nena, y nada pasó. Además, la situación se ve agravada por la presencia de un galpón que contiene cinco silos en medio del pueblo.
Paula, militante de UCAN, aseguró que hace dos años que están trabajando con las comunidades el tema de los agrotóxicos. Por caso, manifestó que presentaron un proyecto de ordenanza municipal para limitar la zona de exclusión y también participan en la Mesa de Gestión.
“Estamos haciendo relevamientos, casa por casa, con médicos y vamos haciendo conocer la problemática”, contó. En ese sentido, agregó consternada que “ya son muchas las personas que sufren trastornos respiratorios y otras enfermedades y nos dijeron que después viene la leucemia”.
Los habitantes denuncian complicidades entre las autoridades comunales y los productores agrícolas y aprovecharon para reclamar por la falta de servicios de salud. En ese sentido, afirmaron que fondos de la Nación se construyó un Centro Integral de Salud que permanece cerrado. “Si alguien se enferma de noche o los fines de semana, debe salir corriendo a Totoral o Jesús María”, comentaron.
Estrategias Jurídicas
Uno de los temas que atravesó las discusiones fue el análisis de las estrategias jurídicas. Precisamente, el funcionario municipal Darío Ávila comentó su experiencia como abogado en la presentación judicial realizada desde la secretaría de Salud cuando se hizo cargo de la causa de barrio Ituzaingo Anexo. Recordó que en general las decisiones que se toman desde los poderes son “políticas” y destacó la posición asumida por el fiscal Matheu en torno al problema.
Por su parte, la abogada de la organización campesina Victoria Gauna, explicó que los pasos se van dando según los tiempos de las comunidades y en relación al territorio. “Trabajamos con denuncias ante la justicia y a nivel legislativo planteamos ordenanzas locales con una visión de acceso a los derechos. Las que existen son sobre el uso. Nosotros decimos que se deben proteger derechos y no hablar de mal o buen uso de las sustancias”, subrayó.
La letrada afirmó que la pelea se da en varios frentes. “Hay un aparato judicial que favorece a los productores y no a los sectores populares”, expresó. Pero, valoró como un avance las presentaciones judiciales y las medidas adoptadas sobre barrio Ituzaingo Anexo. “La lucha de las Madres puso en agenda pública el tema. Son conquistas de las organizaciones que se plasman en lo jurídico”, remató.
Es relación a lo actuado por el fiscal Matheu consideró que “es uno de los pocos fiscales que conoce la problemática y viene acumulando para los sectores afectados. Al mismo tiempo, es parte del modelo. Pero, es un hombre del derecho y tenemos que seguir presionando. Con denuncias y militancia se supera el miedo. De a poco, con conocimiento y sabiendo que no es natural, se va avanzando”.
Docentes rurales afectados
Sergio Santa Cruz, docente rural de la Escuela José Ingenieros de Cañada de Luque, le contó a Prensared que tiempo atrás presentaron una nota con más de 400 firmas de docentes rurales de la provincia, ante Córdoba Ambiente y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) en la que manifiestan su preocupación por las fumigaciones que afectan la salud de niños y docentes en las escuelas.
“Han aparecido muchas enfermedades. Yo padecí de un Linfoma no Hodkin, el año pasado”, explicó el docente.
Precisó además que las fumigaciones con agrotóxicos se realizan en las plantaciones de soja y maíz transgénicos, ubicadas a 20 y a 6 metros respectivamente de los establecimientos educativos. “Hace unos días se fumigó en la periferia de la escuela”, comentó Santa Cruz. Los docentes aguardan por soluciones. Y esperan ser recibidos por Carmen Nebreda, titular del gremio docente y hoy candidata a diputada nacional. “Seguiremos luchando hasta lograr una zona de exclusión adecuada”, aseguró.
Buenas noticias en Calamuchita
Pablo Rivero, referente de Villa Ciudad Parque, confirmó que se aprobaron dos ordenanzas. “En mi pueblo se suspendieron por 90 días la fumigaciones. En ese tiempo se deben presentar la mayor cantidad de pruebas sobre la toxicidad y consecuencias de las fumigaciones en la población y el agua”, aseveró. Asimismo, en Villa General Belgrano, otra ordenanza limitó las fumigaciones a 500 metros del Ejido y en el curso del río. Se fijó un plazo de un año para que los productores presenten proyectos productivos que no contaminen. “Es un precedente y sirve de réplica para otros pueblos como Amancay, Amboy y Los Reartes, donde se cultiva la papa y se emplean sustancias más pesadas”, evaluó.
Por la noche, se realizó en el club una peña folclórica que contó con la actuación del destacado artista Rubén Patagonia. Allí denunció que Jeremias Chauque, su hijo y guitarrista de la banda, esta procesado por la justicia santafecina por haber intentado frenar un mosquito que fumigaba a metros de su casa en el pueblo de Desvio Arijon.
Katy García (PRENSARED)
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