Nuevas audiencias por los crímenes del Ejército Argentino

Roberto Bendini y Raúl Gallardo

Antes y después del 24 de marzo de 1976, Eduardo Carrizo Salvadores, Raúl Gallardo, Mario Nagakama, Eduardo Lucena, Darío Otero Aran, Enrique Dick y Rodolfo Mujica, entre otros, lucían sus uniformes de jóvenes oficiales en el ex Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. Ellos configuraron la represión ilegal del terrorismo de Estado en esa provincia. 35 años después están acusados en causas de crímenes de lesa humanidad, pero ninguna elevadas a juicio oral pese a las irrefutables pruebas.
A más de cinco años de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final los jueces federales Pedro Navarro y ahora Ricardo Moreno han dilatado sus detenciones, a excepción de las de Lucena y Otero Aran. Los demás, bien gracias… a la Justicia y Bendini.
Tal vez el título parezca motivo de especulaciones o de que se cae en el tremendismo al realizar esa categórica afirmación, pero un par de las causas que se instruyen en esa provincia lo demuestran fehacientemente. En la Masacre de Capilla del Rosario, donde el 11 de agosto de 1974 fusilaron a 16 combatientes de la Compañía del Monte del ERP que se entregaron con vida tras rendirse, y la desaparición de tres militantes de la Juventud Obrera Católica, involucra a cada uno de estos militares según las denuncias de los organismos de derechos humanos y de militantes, que se reflejaron en los diarios provinciales, nacionales y los medios alternativos.
En la primera causa, Eduardo del Valle Carrizo Salvadores y Mario Nagakama, son dos de los varios acusados que integraron las filas del Ejército Argentino, Policía Federal y Provincial. Ambos, tras el frustrado intento de copamiento del regimiento por parte de integrantes de la Compañía del Monte, quienes en la abrupta retirada lograron regresar a los cerros tucumanos, participaron de la detención de 16 combatientes se entregaron con vida tras rendirse.
En diciembre del 2004 los organismos de derechos humanos de Catamarca y Córdoba solicitaron la apertura de la causa y en marzo el 2005 el juez Navarro la habilitó. Las tareas de investigación quedaron a cargo del Fiscal Federal Santos Reynoso, quien tomó todos los recaudos para dilucidar quienes fueron los asesinos. En ese contexto, convocó como testigos al personal militar y policial, no como imputados, quienes, tras ver las fotos de las horas previas y posteriores a la represión, recitaron la historia oficial.
Pero las pruebas dicen lo contrario. A modo de ejemplo, el entonces soldado Fernando Gambarella, quien tanto en declaraciones judiciales como al diario “El Ancasti” en agosto del 2006, afirmaba que “se rindieron y luego fueron masacrados por efectivos del Ejército y de la Policía”. En posteriores confesiones sostuvo que el Capitán Carrizo Salvadores estaba al frente del operativo represivo y que dio la orden de que los cuerpos fueran arrojados desde un helicóptero en las cercanías de la Capilla del Rosario. Una acción en la que participó entre otros el teniente Nagakama, que se jactaban ante los detenidos mientras los torturaba de “haber matado a sus compañeros”.
No mentía, pues en los certificados médicos que obran en uno de los trece cuerpos del expediente se puede leer el examen tomado a las pocas horas en la morgue judicial. En este se lee, por ejemplo, que uno de los guerrilleros muestra “cuatro disparos de armas de fuego, tres en el cráneo con orificios de entrada en la región parietal posterior izquierdo…” y el cuarto disparo lo recibió en la parte posterior de la muñeca izquierda, lo que delata que le dispararon desde atrás al intentar cubrirse con sus manos antes de ser ejecutado.
En cada uno de los cuerpos de la causa están los certificados médicos, pero el defensor oficial de Primer Instancia de la Justicia Federal, Oscar del Campo, lo niega mediante un escrito de 36 páginas. Habla de “hipotéticos episodios” a la vez que, realizando claros posicionamientos políticos, cuestiona la política del gobierno nacional en materia de derechos humanos.
Posteriormente se sucedieron las excusas y chicanas de los abogados defensores de Carrizo Salvadores y Nagakama, quienes, dicho sea de paso, se hacía mandar las citaciones a Paseo Colón 250, sede del Ejército Argentino. En cierta oportunidad, al preguntarle por orden de quien obraban, respondió que cumplía ordenes “de arriba, de arriba”, y no era de Dios precisamente sino del entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército Teniente General Roberto Bendini, protagonista de efectiva incidencia en los cursos de acción de los juicios en esa provincia. Trascendió incluso que Bendini avaló que el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner en su segundo mandato designara a Carrizo Salvadores como jefe de policía de Jujuy, cargo que ostento hasta que la represión del 2004 a trabajadores desocupados ofreció dos nuevas victimas fatales a la nómina de asesinados en democracia.
En la otra causa que se investiga la desaparición de Griselda y Francisco Ponce y de su sobrino Julio Genaro Burgos, en abril de 1976, quedaron con arresto a partir de febrero del 2007 en sus casas el Coronel Alberto Lucena, Jefe del Regimiento y del Jefe de Inteligencia, el Capitán Darío Otero Oran en Posadas, Misiones. Este último, no conforme con sus haberes montó una agencia de seguridad privada en esa ciudad y actualmente el supermercado “Libertad”, toda una paradoja, es una de las empresas que cuenta con la protección de Otero Arán.
Por su parte, Carrizo Salvadores ingresó al Juzgado como imputado y salió como testigo, mientras el Teniente Raúl Gallardo, uno de los símbolos de la impunidad, jamás pisó un tribunal gracias a la Justicia Federal y a su entrañable amigo de armas Bendini, que intercedió para postergar las citaciones hasta el día de la fecha.
Gallardo, ya en su grado de General, fue eyectado de la superestructura militar no por las causas, sino por corrupción. Eso salió a la luz cuando Horacio Verbitsky, Nora Veiras y Diego Martínez en Página 12, Martina Noailles de Crítica de la Argentina reflejaron, al igual que Prensa de Frente, Prensa Red, HIJOS de Córdoba, Red de Noticias DH entre otros, el siniestro andar de Gallardo, Carrizo Salvadores, Nagakama y demás jóvenes oficiales del ex RI 17.
Esta morosidad y una complicidad, tal vez comience la cuenta regresiva este miércoles 13 de mayo. Ese día a las 9 de la mañana Carrizo Salvadores y el jueves 14 Nagakama están citados, y de no mediar injerencia alguna, deben prestar testimonio como imputados, junto con otros militares y policías, por los asesinatos de los ciudadanos uruguayos Hugo Cacciavillani Caligari, Rutilo Bentacourt, Carlos Trinidad Da Silva, y de los argentinos Crescencio Ibáñez, Francisco Scoccimarro, Mario Lescano, Rodolfo Jerez, Luís López, Carlos Gutiérrez, José María Molina, Luis Billinguer, Juan Carlos Lescano, Héctor Moreno, Luis Rosales, Rogelio Gutiérrez y Antonio del Carmen Fernández, el 11 de agosto de 1974.

Prensa de Frente