La ausencia de política ambiental en la Argentina acaba de ser constatada en la más cruda realidad, con la victoria conseguida por Shell, empresa que consiguió comprar el pueblo de Magdalena para obtener –por una suma insignificante para semejante petrolera- la amnistía a su culpa ineludible por el daño ecológico provocado por el derrame de petróleo de 1999.
Diez años después de que el Estrella Pampeana, que llevaba petróleo para Shell en condiciones de dudosa confiabilidad ambiental, chocara con otro buque y se produjera el mayor derrame de petróleo en agua dulce (5 millones de metros cúbicos de crudo), la petrolera que responde al Estado de la princesa Máxima Zorreguieta, le impuso al intendente de Magdalena un plebiscito para consagrar su impunidad. El intendente Fernando Carballo aceptó la propuesta de Shell (nueve millones de dólares a cambio de la declaración de inocencia) y se la trasladó a la comunidad de ese partido.
Este último domingo, unos tres mil habitantes de Magdalena (sobre doce mil habilitados para votar) se presentaron en las urnas y más del 70 por ciento aceptó la limosna que la propuso Shell. Lo interesante es que la petrolera, al mismo tiempo en que impuso que esa indemnización estaría condicionada a que el municipio levante los cargos judiciales en su contra, impidió que se vinculara ese dinero con la remediación ambiental por el daño provocado por el derrame. Es decir, el acta acuerdo que ahora avaló la sociedad de Magdalena y que se firmará entre el municipio y Shell, descarta expresamente que implique un reconocimiento de los hechos por partes de la petrolera. Es una suerte de acuerdo extrajudicial, entre el asesino y la víctima, en el que el asesino paga para que la víctima no lo denuncie, pero sin que eso signifique una admisión de culpabilidad; más aún, se hace el acuerdo sin que se mencione que hubo un delito de por medio.
En el acta acuerdo, Shell ofrece su colaboración “desinteresada y no vinculante” (textual) para que la Municipalidad reciba asesoramiento en materia legal, ambiental, tecnológica, de diseño y planificación con relación a los siguientes emprendimientos:
1. El diseño de un plan de explotación integral en materia turística y de esparcimiento entre los balnearios de Magdalena y Atalaya.
2. El diseño de un parque industrial dentro del partido de Magdalena.
3. El diseño de un programa de tratamiento de los residuos generados dentro del partido de Magdalena y solo para ese distrito.
Esto es claramente una manera poco elegante de comprar a los habitantes de Magdalena, que por supuesto tienen un bajo precio, entre otras cosas debido al desamparo que les provocó el derrame de petróleo perpetrado y nunca reparado por Shell. Debe ser entendido al mismo tiempo como una admisión de culpabilidad: nadie en su sano juicio puede creer que Shell dilapidaría nueve millones y medio de dólares si estuviera convencido de su más absoluta inocencia: la dádiva no ingresa en su diccionario. Curiosamente, Shell señala que ofrece este acuerdo porque “no se aprecian restos de hidrocarburos”, cuando la lógica indica que si estos restos no estuvieran presentes (los ha comprobado un estudio de la Universidad de La Plata), jamás se hubiera ofrecido una indemnización.
Alejandro Meitin, de la ONG Ala Plástica, de La Plata, expone varias dudas, además de las que ofrece el sentido común, acerca del modo y la oportunidad del acuerdo propuesto. “Esta oferta –explica- llega luego de la presentación del informe “SEGUIMIENTO DEL IMPACTO DEL DERRAME DE PETRÓLEO PROPIEDAD DE LA EMPRESA SHELL EN LA VEGETACIÓN DE LA FAJA COSTERA DE MAGDALENA A PARTIR DE TRABAJO DE CAMPO Y UTILIZACIÓN DE SENSORES REMOTOS Y SIG” elaborado por Marcel Achkar de REDES (Red de Ecología Social) – Amigos de la Tierra, Uruguay, en colaboración con Ala Plástica, en el que se evidencia una transformación de las condiciones ambientales en la zona litoral de Magdalena demostrando que la magnitud del impacto fue suficientemente severa como para alterar el ecosistema y producir efectos de larga duración que aún hoy persisten”.
“También –agrega- casualmente el plebiscito, difundido en la localidad en la localidad de Magdalena bajo la ilusión de enriquecimiento masivo, se pautó para el día 17 de mayo próximo, solo 2 días antes de la presentación a cargo de SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations) e inversores por la sustentabilidad de Holanda, del informe mencionado y la queja de nuestra organización por el caso ante la Asamblea Anual de la petrolera en La Haya junto a otros 5 casos internacionales críticos que involucran a la empresa y una semana antes del inicio del juicio en New York contra Royal Dutch Petroleum/Shell a causa de serias violaciones a los derechos humanos en Nigeria que terminaron con el asesinato de 9 personas entre ellas Ken Saro-Wiwa”.
Pero más allá de las suspicacias, está el dato cierto de que este tipo de contubernio es posible porque los habitantes de Magdalena, tras diez años de anomia judicial, están convencidos de que la única manera de obtener algún resarcimiento es mediante una suerte de violación consentida. El estado de la provincia de Buenos Aires y el estado nacional desistieron en tiempo y forma a demandar a Shell, como corresponde por el daño provocado por un residuo peligroso del que la ley los obliga a hacerse cargo en la totalidad de su existencia. El municipio de Magdalena, en la soledad que le hace honor a su nombre, atravesó un calvario por haber decidido seguir adelante con la demanda judicial, mientras Shell negaba toda responsabilidad, presionaba y amenazaba a quienes señalaban –con pruebas- lo contrario y perseguía cerrar esta historia a como dé lugar. Tanto el estado norteamericano como el estado español, en sendos derrames de alta presencia mediática (Exxon Valdéz y Prestige) aún con errores e idas y vueltas, actuaron judicialmente contra los dueños del petróleo volcado a las aguas, y jamás renunciaron a ese derecho que les adjudicaba la ley. En Argentina, en cambio, se decidió esperar a que el tiempo pase, que Shell no pague ningún costo y, básicamente, que no se resarciera a tiempo el daño ecológico provocado.
En ese escenario, resulta poco menos que imposible exigirles a los habitantes de Magdalena que piensen con una mirada estratégica en un país que la abandonó en pos de pagar bajos costos políticos.
“¿Cuánto vale el ambiente y la salud de las personas?”, se preguntaban los ambientalistas tras conocer el resultado del plebiscito. En una causa civil, donde en general todo se remedia con dinero, la decisión –buena o mala- la adopta la justicia. Lo grave en este caso es que el precio lo haya puesto el que cometió el delito.
Sergio Federovisky (RENACE)
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