Uribe esta consolidando instituciones de bolsillo, para ello, la punta de lanza de la configuración de su poder, es el control de toda la información de las altas esferas del Estado, y para ello, ha hecho del DAS su aparato privado de espionaje, funcional para controlar toda la información que permita la toma de decisiones para perpetuarse en el poder. Eso explica su silencio ante tan grave hecho.
El sociólogo estadounidense Ch. Tilly después de años de investigación sobre el desarrollo histórico del Estado, llegó a establecer que en la configuración de los estados modernos, la guerra había jugado, y juega un papel importante. En ese desarrollo histórico, entre otras, dos instituciones han jugado un papel importante, ellas son; el ejército y el sistema de impuestos, instituciones que a la base son los cimientos del Estado moderno. Siendo esquemáticos, la premisa fundamental de Tilly es que la guerra hace al Estado y el Estado hace la guerra. Estos dos procesos son, si se quiere inter-dependientes.
De otro lado, M. Weber señaló su consabida premisa de que, es el Estado el que tiene el predomino o monopolio de la fuerza. Entre los dos autores la legitimidad aparece como un requisito fundamental para este ejercicio. Esta legitimidad en su ascensión moderna, pasa por respectar el ordenamiento jurídico, palabras más palabras menos, el Estado de Derecho vigente.
Ningún jefe de Estado o de gobierno puede esgrimir, bajo el argumento de las amenazas contra el statu quo o las instituciones que, en aras de la defensa, el régimen que preside se puede desbordar el marco jurídico vigente. El estado y el régimen político en cabeza de un presidente o un jefe de Estado, no puede bajo ninguna circunstancia combatir une rebelión pasando por encima del Estado de derecho. Un pilar, al menos teórico de la democracia burguesa es que el Estado, y en su conjunto el régimen político, no puede recurrir al delito para combatir a quienes le compiten el monopolio de la fuerza o su legitimidad. Debemos recordar aquí, que el presidente o jefe del Estado es, el comandante en jefe de las fuerzas militares (FFMM) y que debe velar para que el poder estatal opere en los márgenes del derecho. Si no lo hace, el jefe del Estado viola el ordenamiento jurídico interno y externo ya que las normas del derecho internacional, -para el caso de una guerra o conflicto interno- han sido integradas –vía tratados- al derecho interno.
Muchos jefes de Estado se creen investidos por una misión sagrada de violar las leyes que ellos mismos han ayudado a promulgar. En épocas de la guerra fría, el enemigo número uno eran los comunistas. En ciertos trópicos, la noción de enemigo interno ha sido el instrumento para luchar contra los opositores políticos convirtiéndolos en objetivos militares, -léase eliminación física- y no, como debería ser, en una democracia plena, los contradictores políticos derrotados en la argumentación o a los insurgentes vencidos en juicio, previa garantía del debido proceso. La pena de muerte, la desaparición forzosa, entre otros crímenes de Estado, ha sido la manera más expedita de eliminar al insurgente o al contradictor político.
Posterior a los hechos de las torres gemelas, se impuso una doctrina delictiva que facultaba al Estado para hacer “todo” lo que estaba a su alcance para “proteger” supuestamente a la sociedad en su conjunto del enemigo terrorista. (Los musulmanes, sinónimos de terroristas, remplazaron a los comunistas como los enemigos del sistema, el Capital cedió su lugar al Corán). Estas facultades, como se ha demostrado, con las prisiones secretas, con Guantánamo, con la institucionalización de la tortura, con la privación de los derechos ciudadanos, intercepciones ilegales, detenciones sin orden judicial y todo tipo de delitos contra el estado de derecho, nos hace recordar que la democracia burguesa, o para ser más genéricos las democracias occidentales no respetaron y violaron sus propias leyes.
En el proceso histórico de desarrollo del Estado moderno, el Estado se ve confrontado a ciertos contradictores que le cuestionan su legitimidad. En algunos casos de orden militar, las fuerzas regulares fueron incapaces de enfrentarse con éxito a fuerzas irregulares, por eso ciertos Estados y regimenes políticos crearon las famosas fuerzas paramilitares irregulares o grupos de justicia privada que fueron una extensión de la represión del Estado, este modelo involucra dos visiones complementarias, por un lado la visión del enemigo interno, y por el otro, la visión del soldado-ciudadano que debe luchar junto al ejercito oficial contra los enemigos de la patria. Este modelo paramilitar por excelencia ha sido utilizado por muchos Estados y regímenes, con el agravante de la degradación de los conflictos, la violación del Estado de derecho y del derecho de guerra. El estado participa entonces, en la criminalidad organizada.
Esta criminalidad de los aparatos de poder muestra que el crimen de Estado es un delito altamente organizado y jerarquizado, quizá la manifestación de criminalidad realmente organizada por excelencia (Zaffaroni, 2007: 25). La gravedad de éste tipo de delincuencia radica en que el nivel superior estratégico del Estado, es decir su autoridad central utiliza, en el ejercicio de su cargo las estructuras del aparato estatal [Léase, DAS, FFMM, y las paraestatales, léase los paramilitares] para la comisión sistemática de delitos que por sus gravedad y riesgos de impunidad adquieren relevancia internacional (Faraldo cabana 2006:200). No se puede condenar a Jorge Noguera sin reclamar responsabilidades a su jefe inmediato, el comandante en jefe de las FFMM, como no se podía condenar a Montesinos sin tocar a Fujimori. Por lo tanto, un régimen estatal que desde su nivel estratégico superior ordena la comisión de estos graves delitos no puede ser calificado como un Estado de derecho.
Es trascendente, cuando un presidente de la república, estigmatiza a contradictores políticos como miembros de la insurgencia armada, y posteriormente éstos son victimas de la guerra sucia, organizada desde el Estado, o desde las fuerzas paramilitares. Este hecho consolida del dominio que el presidente ejerce sobre la organización y hará que los ejecutores estén más predispuestos hacia la comisión del delito, en tanto estos conocen e internalizan que no habrá norma o autoridad que puedes limitar o sancionar su actuar delictivo. Para nuestro caso, la ley de justicia y paz, es el pago, que desde las altas esferas del Estado se canceló a los paramilitares por sus servicios prestados. 22 mil colombianos desaparecidos en los últimos años, según cifras del mismo fiscal Iguarán, se explican por la patente de corso, que desde el Estado se dio a los militares para demostrar éxitos y ganar medallas, y a los paramilitares que desde diferentes regiones eligieron presidente y parlamentarios que luego aprobaron las leyes de impunidad. El crimen hizo un negocio redondo en los dos periodos de Uribe en la presidencia.
En su lucha por preservar privilegios del statu quo vigente, los regimenes políticos con sus presidentes a la cabeza encubrieron la comisión de delitos graves, por acción u omisión con actos sistemáticos tendientes a anular al opositor político, tendientes a desnaturalizar al opositor político, presentándolo como insurgente, terrorista, apátrida, traidor a la patria, etc. etc. De esos señalamientos no se ha escapado ni la corte suprema de justicia.
Uribe no pasa el examen de legitimidad, -así las encuestas compradas le den el 70% de popularidad- según Karl Deutsch (1998: 28) tiene ciertos criterios, el primero “la legitimidad por procedimiento”, mediante éste, se analiza la manera cómo alguien llega al poder. En el caso que nos compete, Uribe obtuvo votaciones atípicas en zonas paramilitares, como quedó demostrado por investigaciones serias. Uribe cambio el articulito con tráfico de influencias, distribuyendo notarias y dádivas con recursos del erario público para su segunda elección.
Para su tercera elección, -ya conocimos en palabras del nuevo consejero de paz, que la guerra necesita 10 o 15 años para acabarse-, Uribe esta consolidando instituciones de bolsillo, para ello, la punta de lanza de la configuración de su poder, es el control de toda la información de las altas esferas del Estado, y para ello, ha hecho del DAS su aparato privado de espionaje, funcional para controlar toda la información que permita la toma de decisiones para perpetuarse en el poder. Eso explica su silencio ante tan grave hecho.
Le corresponderá a la justicia nacional, y si no, a la justicia internacional establecer la predisposición a la realización de hechos ilícitos del presidente colombiano. El corpus teórico esta ahí, en la tesis de Claus Roxin (2004, 2006) el poder de mando de Uribe, su apartamiento del Estado de derecho, la fungibilidad y su disponibilidad para saltarse la constitución nacional deben ser objeto de estudio de la corte suprema de justicia y sino de la Corte Penal Internacional.
Mientras ello ocurre, Uribe debe renunciar por la inmoralidad que rodea su mandato. Por otro lado, la negativa de sus hijos a comparecer ante la comisión del senado y dar la cara en un debate frente al país, cumple con el adagio popular que dice; quien tiene rabo de paja no se arrima a la candela. Si eso ocurre con un senado de bolsillo, harto miedo deben tener para negarse.
ANNCOL
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