En Echeverría, el reclamo de justicia continúa
En la madrugada del 6 de Febrero de 2002, Jorge Bogado asesinó a Javier Barrionuevo. En la oscuridad, bajo la ventanilla de su auto, sacó su pistola 9 mm y le disparó en el pecho. Bogado está libre y sigue regenteando su parrilla en la zona. La complicidad entre la policía -que aquella noche lo dejó pasar un piquete montado por desocupados de la zona-la justicia, que en un escándalo judicial decidió no acusarlo y el poder político se unieron para cubrir a uno de los suyos. Mientras las organizaciones sociales de la zona preparan una movilización para el próximo miércoles, fecha en que se cumplen 6 años del asesinato, no está de más, repasar cuales fueron las circunstancias políticas y los mecanismos que se activaron para encubrirlo, pese a que el propio asesino reconoció haber disparado.
La sociedad todavía tenía fresco el recuerdo de las jornadas del 19 y 20 de Diciembre de 2001. La devaluación ya había provocado una cuantiosa transferencia de capitales hacia las grandes empresas nacionales y transnacionales, decretado ganadores y perdedores de la crisis. Al gobierno interino de Eduardo Duhalde le molestaban sobremanera los bloqueos de calles y rutas que empañaban la relación con el Fondo Monetario Internacional. Desactivar los piquetes de los desocupados reclamando puestos de empleo, sobre todo de aquellos a quienes el gobierno comenzaba a llamar “duros”, por ser menos afectos a la negociación, era la clave para el comienzo de la normalización buscada. El accionar de las fuerzas de seguridad estaba fuertemente deslegitimado, sobre todo tras las más de 30 muertes de la pueblada de diciembre.
El gobierno nacional, la liga de gobernadores y los intendentes del conurbano no encontraban la estrategia, pero comenzaban a probar diferentes métodos: la descalificación publica de los desempleados se transformaba en constante campaña para aislar a los piqueteros del “resto de la sociedad”. Pero eso solo no alcanzaba. Aparecían los “Batatas”.
La misma noche en que asesinaron a Barrionuevo, en el triangulo de Bernal, los desocupados de la Aníbal Verón vieron como un auto atravesaba a toda velocidad las gomas encedidas, que servían de retén. El conductor mostró un arma que no disparó. A unos kilómetros de ahí, el MTD de Echeverría, también perteneciente a la Verón, montaba un corte sobre la ruta 205 en el Jaguel. Un coche de la policía se colocó metros antes del bloqueo piquetero, cruzado sobre el asfalto. El móvil avisaba a los conductores que la ruta estaba bloqueada y los desviaba.
Tal vez por eso cuando cerca de las 2 de la madrugada, un Ford Falcón blanco llegó hasta donde estaba montado el piquete, la sorpresa fue grande. Cuando algunos desocupados se acercaron hasta el auto para pedirle al conductor que diera marcha atrás, la ventanilla comenzó a bajar. Bogado sacó su pistola y gatilló en dos oportunidades. El segundo disparo, no fue al aire y se incrustó en el pecho de Javier, de 31 años, provocándole la muerte. Las amenazas previas de los policías se habían confirmado.
Los desocupados desesperados le exigieron a Bogado que lleva al hospital a Barrionuevo, dos de ellos lo acompañaron. Al llegar un policía que hacia la custodia en el nosocomio le preguntó que había pasado. Bogado contestó. “No pasa nada, gordo. Es un negrito. Después pasamos por la parrilla”, fue la respuesta de los agentes en referencia a las frecuentes visitas de uniformados que el “Gordo Batata” recibía en su restorán, “BZ” ubicado en la zona, que todavía sigue funcionando, como si nada hubiese ocurrido. Tras dejar a su victima en el hospital, Bogado se fue a su casa.
El juez de garantía Tomás Bravo decreto el arresto domiciliario días más tarde. La investigación de un programa televisivo Punto Doc constato que la medida era sistemáticamente violada por Bogado quien seguía trabajando en su negocio.
Pero el encubrimiento del que gozó Bogado tuvo su punto culmine cuando el fiscal de juicio Pablo Pando, se negó a acusarlo aduciendo falta de testimonios en contra, pese a los más de 20 testigos que lo acusaron durante dos audiencias. Pando es sobrino del represor Carlos Lacaste, mano derecha de Emilio Massera durante la dictadura. Los tres jueces del Tribunal Nº5 de Lomas de Zamora criticaron la resolución y el presidente del Tribunal, Pablo Little, declaró que “se encontraban reunidos suficientes elementos probatorios como para procesar y determinar la responsabilidad de Bogado”. Negando la acusación, el fiscal anuló esa posibilidad. Sin embargo, la clave de su impunidad fue la amistad del Batata Bogado con el actual intendente de Ezeiza, ex menemista, ex duhladista y fervoroso kirchnerista, Alejandro Granados, para quien trabajaba.
Hasta el 26 de junio de 2002, la represión contra los piquetes y los desocupados, en ascenso, tomó forma encubierta. Ese día en Avellaneda, fueron directamente los policías quienes dispararon. El terreno había sido preparado desde antes. El caso de Javier Barrionuevo marcó el inicio de la escalada represiva que marcó el fin del gobierno de Duhalde.
Este miércoles la movilización partirá a las 10 hs de la estacion de Monte Grande hasta la municipalidad de Echeverría, donde se hará entrega de un petitorio al Intendente Fernando Gray, exigiéndole acciones concretas para derrumbar la impunidad que reina en su distrito.
Participaran y convocan a la jornada: El Frente Popular Darío Santillán, (que integra el MTD Javier Barrionuevo de Echeverría) , el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Centro Cultural La Toma , El Frente de Artistas Víctor Jara, el Polo Obrero, Repique, TV Darío y Maxi, ATE Multicolor E Echeverria, Centro Cultural Tucural, Sercupo, Grupo de Muralistas Hermanos Tello y la Biblioteca 20 de diciembre Bunge
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