Funcionarios off shore controlan el Estado y hacen negocios

Panorama político-sindical

Estos no van a robar. Son empresarios exitosos que la plata ya la hicieron. Tienen un compromiso patriótico. Van a repetir el éxito que consiguieron con sus empresas, pero ahora con el país. Ellos saben administrar. (Frases escuchadas en la campaña electoral 2015 a favor de un Gobierno PRO).
Empezando por el Presidente Mauricio Macri, son varios los funcionarios que declaran ahorros en el exterior. Pero el mensaje es que en la administración macrista hay mucha gente que le está haciendo un favor a la patria al trabajar para el Gobierno.
Esta suerte de superioridad moral no solo fue manifestada por Macri en relación a Juan José Aranguren, el Ministro de Energía, quien declaró que recién iba a repatriar sus inversiones en el exterior a medida que se vaya recuperando la confianza en el país. Sino también por Marcos Peña quien respaldó al Ministro de Finanzas, Luis Caputo, luego que se revelara que tenía acciones sin declarar en offshores. “El es un orgullo para este país y para el Gobierno. Dejó todo lo que estaba haciendo para venir a la Argentina. Jugaba la Champions League, no jugaba en la B, eh. Y dejó todo para venir a jugársela por su país”, sostuvo el Jefe de Gabinete.
A Aranguren y Caputo, como al renunciante Díaz Gilligan, ex subsecretario general de Presidencia, se les achacan conflictos de interés al no declarar todo lo que hicieron y acumularon antes de ser funcionarios, lo que viola la Ley de Etica Pública.
Los documentos que comprometen a Luis Caputo están en poder de la Securities & Exchange Comission (SEC), la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Al asumir como funcionario, Caputo omitió declarar que fue accionista de sociedades off shore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales. En los documentos ante la SEC, la compañía define a Caputo como su “fundador”, “dueño indirecto” y “accionista indirecto”, y describe las funciones que además cumplía como manager y asesor financiero de Noctua que está conformada por varias sociedades offshore, que son propiedad una de otra y forman una cadena difícil de rastrear ya que Caimán les garantiza el secreto. La firma informó a la SEC que Caputo se desvinculó quince días antes de asumir como funcionario del Gobierno argentino.
Sin embargo, Caputo asegura: “Nunca fui propietario ni accionista de Noctua ni de Princess sino asesor, administrador, fiduciario y/o manager, por lo que no debía declararlas ni ante la AFIP ni ante la Oficina Anticorrupción (OA)”.
No obstante, los documentos de Noctua ante la SEC revelaron que el Ministro tuvo al menos hasta julio de 2015 más del 75 % de las acciones de Princess International Group con domicilio en Islas Caimán. Esta empresa era parte de una cadena de compañías que formaban una especie de mamushka : Princess era dueña de otra sociedad, Affines Partners II, que a su vez es la dueña directa de Noctua.
A través de esta última off shore, Caputo manejó los fondos Alto Global Fund y Argentina Fund, dedicados a administrar inversiones de alto riesgo y rentabilidad en mercados emergentes por más de U$S 100 millones. El segundo estaba exclusivamente dedicado a la compra de bonos argentinos.
A favor del Ministro cabe especular que habría mentido a la SEC, aunque no lo haya manifestado en la interpelación parlamentaria tal vez por temor a ser inhabilitado para operar en EE UU donde hasta podría ir preso por falsear su declaración jurada. O por falta de tiempo ante la bochornosa huida con la complicidad de los senadores peronistas que lidera Pichetto luego de ordenarle al presidente de la bicameral que concluyera la sesión. “Levantala”, le dijo al senador José Mayans (PJ-Formosa). El legislador acató a tiempo para el almuerzo.
Antes había ratificado que no es delito tener una off shore. “Piénsenlas como una caja de seguridad. Se usan porque son jurisdicciones impositivamente neutras y eso facilita mucho. Y también por seguridad jurídica. Es esencialmente por eso”, explicó pedagógicamente a los miembros de la bicameral.
Para Adrián Falco, coordinador del programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo en Fundación SES, que integra la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, “todas las off shore se crearon para hacer negocios fuera de los Estados y evadir a los fiscos […] Pero lo más grave es que circula dinero y no se sabe de quién es, como es el caso de Caputo. El dice que la plata no es suya, que es un testaferro. El admite que trabaja de tenedor de dinero. Pero esa plata puede ser de un cártel de droga o de un grupo que se dedica a trata de personas. Caputo es testaferro, cuida la fortuna de muchas personas, pero no te pueden decir quiénes son por el secreto bancario”.
Para agregar más adelante, en el reportaje publicado el pasado domingo en Tiempo Argentino: “Es una herramienta, un vehículo para cometer delitos, para defraudar a los Estados. Hay un involucramiento general de las clases política y empresaria. Y sobre todo si esa clase está de los dos lados del mostrador. […] Estas guaridas fiscales atentan contra los fiscos de los países y terminan debilitando los presupuestos públicos, lo que profundiza la desigualdad social. La evasión fiscal por parte de las grandes multinacionales supone para los países pobres dejar de percibir al menos 100.000 millones de dólares cada año en impuestos. El dinero que está en las cuevas fiscales es dinero que se pierde. No va a parar a planes sociales, ni rutas, ni hospitales. Es dinero que no ingresa al país, que no forma parte de los presupuestos públicos y eso ensancha la desigualdad”. […] Mientras el ciudadano común tiene que hacer la declaración jurada, pagar Ganancias, sacar su clave fiscal, pagar monotributo, por otra ventanilla el dinero circula con secreto bancario”.
Los casos de Caputo y Aranguren se suman al de otros ministros como Nicolás Dujovne (Hacienda) que en agosto pasado opinó que “un funcionario tiene todo el derecho a tener su dinero en el exterior”. En su caso se trata de una fortuna de 85 millones de pesos. Jorge Fonseca, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid le preguntó en una conferencia: “¿Cómo espera que vayan las inversiones a la Argentina si usted mantiene su patrimonio offshore?”.
El pelotón de ricos, de acuerdo a las últimas declaraciones juradas que presentó el Gabinete, está encabezado por el ministro de Finanzas, que declaró poseer 124 millones de pesos. Pelea el podio cabeza a cabeza con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, que dijo tener 126 millones (108 millones en el exterior).
Sobre Arribas, La Nación demostró su vinculación con las operaciones reveladas por la investigación internacional “Panama Papers”, a través de la sociedad panameña Top Players Agency Corp, abierta por el empresario y agente de la FIFA, Fernando Hidalgo, socio de Arribas desde 2002 en la empresa HAZ Sport Agency.
Les sigue el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que tiene 104,7 millones repartidos en Holanda y EE UU y Dujovne con 85 millones, de los cuales 74 millones están en el extranjero.
El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, dijo tener 64,9 millones (6 afuera) y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, 29, 1 millones de pesos (13,1 en el exterior). Jorge Triaca, el ministro con peor imagen, tiene 4,4 millones, pero solo U$S 3.000 en el exterior, mientras el otro vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui tiene 41,2 millones, más del doble de los 16,7 que tiene el Ministro de Producción, Francisco Cabrera, un millón menos de los 17,6 que tiene Frigerio, aunque tanto éste, como Cabrera y Lopetegui tienen sus millones en el país.
El que debió renunciar fue el secretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, que se olvidó de declarar una cuenta en el extinto Banco Privado de Andorra por 1,2 millones de dólares cuando era funcionario porteño.
Para no abrumar, finalizamos por ahora con Leandro Cuccioli, designado como titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quien aparece en 449 correos electrónicos de la base de datos de los Panama Papers. El funcionario que integró la Jefatura de Gabinete y se desempeñaba en el Ministerio de Finanzas conducido por Luis Caputo, tiene acciones en dos fondos de inversión en las islas Caimán y dirigió una compañía inscripta en Bermudas. A su vez integró el directorio de El Tejar, que fijó su sede en las islas Bermudas. Otro patriota que se viene a hacer cargo de los impuestos. Un zorro puesto a cuidar gallinas.
De allí que no llame la atención que en 2017, el stock de activos en el exterior del sector privado creciera en U$S 27.920 millones, principalmente por el continuo drenaje de ahorros y utilidades logradas en el país hacia el exterior. Para el economista-jefe de Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina “el aumento del stock de activos en el exterior de residentes privados se debió al incremento de activos financieros por U$S 13.830 millones y el alza de monedas y depósitos por U$S 13.340 millones. Según el balance del Banco Central la suma fue de U$S 22.148 millones. Más allá de la diferencia ambos coinciden en que esta salida de capitales fue financiada con el incremento de la deuda.
De estos números se desprende que el blanqueo de U$S 116.800 millones, no modificó las tenencias fuera del sistema y del país, y más aún siguió en aumento por la salida de capitales tanto durante 2016 como en 2017. Según Ismael Bermúdez (Clarín), “esto se explica porque con el blanqueo ingresó solo una parte menor del efectivo que estaba “bajo el colchón” y el grueso de los depósitos en el exterior blanqueados no fue repatriado y quedó en los bancos y entidades financieras del exterior”.

Milagro argentino

Macri anunció que en solo un año y medio la pobreza bajó tan significativamente que “pasó de estar uno de cada tres argentinos en la pobreza, en el primer semestre de 2016, a uno de cada cuatro argentinos al segundo semestre de 2017”, es decir, que al decir del Presidente, la pobreza bajó un 25 %. Abusó de los datos del Indec que indican que bajó de 30,3 % a 25,7 %, lo que no deja de ser un significativo 15 %.
Pero ese no fue el único abuso de la estadística. Si se quería medir la evolución del índice de pobreza en los dos años de gestión de Macri, se debería haber comparado julio-diciembre de 2017 con julio-diciembre de 2015, ya que es evidente que la pobreza en el semestre enero-junio de 2016 tuvo que ser afectada por el crecimiento de la inflación generada por la devaluación tras la salida del cepo cambiario y el tarifazo. Entonces, mejorar sobre el peor momento no es lo mismo que hacerlo sobre 2015, porque fue la propia política del Gobierno la que aumentó la pobreza en 2016.
Además, durante el Gobierno de Macri , el Indec modificó la distribución etaria del total de la población argentina aumentando la proporción de adultos sobre los más jóvenes, lo que por sí solo reduce la pobreza ya que son los más jóvenes los más afectados.

Sancor: la mayor cooperativa dejará de serlo

La asamblea de cooperativistas de SanCor aprobó el acuerdo de transferencia a Adecoagro

La cooperativa SanCor aprobó el viernes 6 en asamblea extraordinaria el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) alcanzado con la empresa Adecoagro, lo que permitirá “la continuidad de los trámites correspondientes a efectos de obtener su homologación judicial”. Los socios de la cooperativa fueron convocados para analizar y aprobar la venta de 90 % de las acciones de SanCor, radicada en Sunchales, a la firma agroindustrial Adecoagro, creada por el magnate estadounidense de origen húngaro George Soros, con lo cual dejará de ser cooperativa y se convertirá en una sociedad anónima y accionista minoritaria. La eliminación de retenciones, la devaluación y el desmantelamiento de la política de comercio trajo como resultado una fuerte crisis para la lechería nacional. Anteriormente, los derechos de exportación al maíz abarataban su precio interno, mejorando la competitividad de actividades de mayor valor agregado como la producción porcina, avícola y láctea.
A esto se sumaron problemas estructurales de la cooperativa. Tras varios intentos fallidos, Adecoagro ofreció una inyección de capital de 100 millones de dólares, a cambio de quedarse con cuatro plantas. También se presentó la neocelandesa Fonterra, que impulsó otro acuerdo para la compra de SanCor, pero su último balance mostró una pérdida de 348 millones de dólares. Previamente también dejó de lado a la francesa Lactalis. Finalmente, se impuso el plan de Adecoagro, la firma creada por Soros en 2002, cuando adquirió Pecom Agropecuaria, del grupo Pérez Companc. Soros dejó la firma el año pasado y hoy es dirigida por Mariano Bosch. Es una de las firmas agropecuarias más grandes del país, cuenta con 300.000 hectáreas y factura más de 500 millones de dólares anuales.
El plan de inversiones de Adecoagro contempla, además del desembolso de 100 millones de dólares, proveer leche fluida como pago para la adquisición de las marcas de SanCor y las plantas de Morteros y Devoto (Córdoba), la de Chivilcoy y el Centro de Distribución que se encuentra ubicado en la Panamericana. La operación aprobada en asamblea implica que SanCor quedará constituida como “Sociedad Anónima a la cual transferirá las plantas productivas, personal, centros logísticos y las marcas y demás activos y pasivos vinculados a la oferta”. El acuerdo permitirá licuar gran parte de la deuda que mantiene la firma. Las quitas llegarán hasta el 60 % en los compromisos que superan los 500.000 pesos y pagos directos en los casos en que los pasivos llegan hasta los 150.000 pesos.
La operación ya cuenta con la aprobación del Ministerio de Producción, que ofrece al grupo inversor beneficios impositivos y de cargas laborales. Jugó a favor de Adecoagro la relación fluida de Bosch con el Gobierno. En la Casa Rosada lo consideran parte de una nueva generación de empresarios que Mauricio Macri pone como ejemplo y en la que se destacan Marcos Galperin, de Mercado Libre y Martín Migoya, de Globant.

Conflictos estatales

Desde la noche del martes se bloquearon los accesos a Fanazul ante el retiro de maquinarias que ensaya el gobierno nacional. Luego de que se cumplieran 100 días desde que cerrara sus puertas y luego de una extensa lucha que incluyó caravanas a Buenos Aires y cortes de ruta, los trabajadores siguen en estado de alerta y movilización. En asamblea decidieron resistir en la puerta de la fábrica para impedir que se retiren los camiones que vinieron desde Fabricaciones Militares con el objetivo de desmantelar la fábrica.
“Desde hace tres días comenzaron a desmontar la fábrica con personal traído de la provincia de Córdoba, llevándose toda la maquinaria. Este procedimiento va en contra de las reuniones oficiales que se están manteniendo con autoridades nacionales en vías de encontrar una solución en el corto plazo al conflicto que deja sin trabajo a más de 200 familias. Luego del informe contundente presentado por los compañeros sobre la viabilidad de la fábrica, desde la vicepresidencia habían atendido el reclamo y pensamos que todo volvía a buenos cauces. Ahora nos encontramos con este panorama que nos moviliza nuevamente en defensa de la fuente laboral”, relató la titular de ATE Azul, Vanina Zurita.
Pasadas las 10:00 del miércoles, la Policía de la Ciudad reprimió abiertamente a los trabajadores de distintos sectores que se manifestaban contra los despidos en el centro de Buenos Aires. Como resultado del accionar policial hubo por lo menos dos trabajadores detenidos y varios heridos.
Entre los trabajadores que se movilizaban se encontraban mineros de Río Turbio, del Hospital Posadas, Ferrobaires, Ministerio de Economía y Cresta Roja, entre otros.
El lunes comenzó la semana de acampe en Plaza Congreso, en la que ATE y la CTA Autónoma, junto a despedidos y sectores en conflicto, acompañados por organizaciones sociales y otros sindicatos, hacen sentir el rechazo a los despidos, a las políticas de ajuste y de precarización laboral que impulsa el Gobierno Nacional. Alrededor de las 19:00, una multitud de una innumerable cantidad de sectores de trabajo y de un amplio abanico de organizaciones encendieron las antorchas y acompañaron en una marcha a los mineros de la mina Yacimientos Carboníferos Río Turbio a reclamar por la reincorporación de los 500 trabajadores despedidos.
Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) retomaron este lunes el plan de lucha en repudio a los despidos, el ajuste y la militarización en el organismo estatal ante lo que calificaron como un “grave” incumplimiento patronal.
Así lo definió una numerosa asamblea realizada el pasado viernes tras considerar que las sucesivas “mesas de negociación” ofrecidas por el presidente Javier Ibañez y llevadas a cabo por el Gerente de RR HH Ernesto Luna y el Gerente General Mariano Zlatanoff, iniciadas desde hace ya 23 días, “solo han sido un nuevo terreno de dilaciones, extorsión y de provocaciones”.
Por eso como respuesta y resolución de la Asamblea, se llevó adelante una movilización y corte sobre colectora de Av. Gral. Paz, en la sede central de la institución, en el partido de San Martín.
Las medidas de lucha llevadas adelante por 47 días -el paro y la permanencia- fueron suspendidas desde el 14 de marzo, por requerimiento patronal, a cambio de una serie de reuniones de negociación. La propuesta inicial de las autoridades fue de un número definido de reincorporaciones inmediatas, un período de 20 días hábiles para evaluar y avanzar con el resto de las reincorporaciones, y la devolución de los “salvajes” descuentos -del orden del 40% del salario- que ejecutaron sobre los salarios de febrero.
Docentes de la ciudad de Neuquén hicieron una vigilia en las puertas de Casa de Gobierno, en reclamo de la reapertura de la mesa de negociación salarial. Esta medida de fuerza se llevó a cabo durante 48 horas.
Tras el rechazo a la oferta salarial de un aumento salarial del 15% en tres tramos que el Gobierno llevó el viernes 6 a la audiencia paritaria, el Congreso Extraordinario de AGMER (docentes entrerrianos) aprobó un paro provincial docente de 48 horas para los días martes 10 y miércoles 11 de abril. Además, el plan de lucha incluyó una movilización provincial a Casa de Gobierno, el miércoles 11.
El martes y miércoles pasados pararon a nivel nacional los docentes universitarios. Hace un mes venció la paritaria 2017 pero la Secretaría de Políticas Universitarias ni siquiera llamó a nueva reunión. Reclaman un 25% de incremento para recomponer sus salarios.
Macri y Finnochiaro han recortado 3.000 mil millones de pesos del presupuesto de las Universidades nacionales, un presupuesto que, en más de un 90%, cubre los salarios de los docentes y los no docentes.
Hoy el cargo testigo del docente universitario está en $11.400, cuando la línea de pobreza es de 17.000 pesos y hay miles que siguen trabajando ad honorem o en situación de subrogancia.
El anuncio de cambios en la convocatoria para el ingreso a la carrera de investigador de CONICET además del recorte en la cantidad de vacantes (que bajan de 600 a 450) sumado al desembarco de los funcionarios del Ministerio de Modernización para realizar el “relevamiento de Dotaciones Optimas” en la Sede Central, fueron dos de los hechos que motivaron sendas convocatorias en las puertas de CONICET. La primera, el miércoles 4, motorizada por Consejos Directivos de varias facultades de la UBA y por diferentes agrupaciones de política científica tenía como objetivo lograr una reunión con el Directorio para expresar el rechazo a los cambios en la instrumentación del concurso y exigir 700 vacantes. Con un corte de calle y un ruidazo, Jóvenes Científicos Precarizados y la Red Federal de Afectados exigieron respuestas para los becarios y becarias que no fueron incorporados a la carrera de investigador por el recorte presupuestario. El Directorio se negó a recibir a las delegaciones que solicitaron reuniones.
El jueves 5, la Junta Interna de ATE CONICET convocó a un escrache al Ministerio de Modernización para expresar el rechazo a la política de las “dotaciones óptimas” que puede implicar el despido de trabajadores del sector administrativo. Posteriormente, una delegación de ATE, JCP y la Red de Afectados tuvieron una reunión con miembros del Directorio y Gerentes del CONICET en la que no dieron respuesta al reclamo de prórroga de becas, volviendo al clásico argumento de que los becarios no son trabajadores y que el organismo no tiene responsabilidad sobre su continuidad laboral.
La delegación UPCN de la Secretaría de Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministerio de Modernización se movilizó el jueves 5 para denunciar más de 30 despidos en organismos dependientes del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina que conduce Hernán Lombardi .
La medida de fuerza se realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en rechazo a decenas de despidos de trabajadores que prestan servicios en dicho organismo y en Tecnópolis, y se enmarca en el estado de alerta y movilización decretado por los empleados de las dependencias estatales a cargo de Lombardi.
El miércoles 4 alrededor de 20.000 docentes, trabajadores estatales y de la salud, se movilizaron en la ciudad de Santa Fe reclamando una mejor oferta salarial y el repudio al cierre por decreto de la paritaria. De la marcha participó la CTA Autónoma Provincia de Santa Fe junto a ATE Rosario, Amsafe Rosario, Siprus, y otras organizaciones que repudiaron el cierre de la negociación salarial y la amenaza del descuento del día de huelga.
Por su parte, Amsafe Rosario le aclaró al gobernador Lifschitz que los docentes no están discutiendo “6 kilos de pan por mes”, sino la defensa de la educación pública, de un salario digno y de la no pérdida del poder adquisitivo.
“Mientras la inflación sigue su marcha y ya las distintas consultoras hablan de un 25%, el gobierno provincial, a diferencia de lo que comunica mediáticamente, establece un techo en la discusión salarial del 16,6% y amenaza con establecerlo por decreto descontando los días de paro y buscando cercenar el derecho a la protesta”, señalaron. Los municipales rosarinos finalmente acordaron, tras varias reuniones, un aumento salarial del 18 %, en dos tramos, y con cláusula gatillo.
La represión se descargó en Jujuy sobre militantes de distintos gremios, organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanos cuestionadores, quienes se manifestaban en contra del ajuste que realiza el gobierno hacia el pueblo en general, y contra la educación y la salud pública en particular. Los hechos tuvieron lugar el miércoles 4 en las inmediaciones de la Legislatura de la provincia de Jujuy, donde el mandatario Gerardo Morales inauguró las sesiones legislativas ordinarias, al tiempo que elogió la democracia como forma de vida y organización de una sociedad en “paz” (sic).
La ATE y la CTA Autónoma de Chubut expresaron su profundo repudio a la represión ordenada por el Gobernador Mariano Arcioni y el Secretario de Seguridad Federico Massoni contra la movilización que los trabajadores de distintos gremios realizaban en forma pacífica, reclamando ser atendidos por los funcionarios.
ATE realizó un paro de 24 horas con movilización a los puentes carreteros que unen las ciudades de Cipoletti y Neuquén. Además dispuso acampes durante toda la semana en los organismos nacionales con sede en Río Negro.
El paro fue por “la reincorporación de los más de 500 trabajadores despedidos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)”, en tanto que la medida de esta semana es por “un cambio en el modelo económico y en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno nacional”, según se indicó desde el gremio. Agregó que la medida se replicará en las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El jueves pasado empleados administrativos, docentes, judiciales y trabajadores del área de la salud en la provincia de Buenos Aires realizaron un paro “en rechazo al ajuste y al 15% de aumento salarial” ofrecido por el gobierno de Vidal, que incluyó una movilización de más de 50.000 estatales en La Plata hasta la Casa de Gobierno.
En el marco del paro de docentes, estatales y judiciales porteños contra el ajuste de Horacio Rodríguez Larreta -que al igual que María Eugenia Vidal fijó un techo del 15 % en las negociaciones paritarias- los gremios convocaron a concentrarse en varios puntos de la Ciudad, donde realizaron cortes de calle el viernes pasado. También marcharon hacia la Legislatura porteña. Los subtes dejarán de funcionar a partir de las 20:30.

Conflictos privados

Con la presencia del ministro de Trabajo, Julio Genesini, representantes de la UOM y los dueños de la fábrica de cosechadoras Vasalli de Firmat rubricaron un plan de pago para que los trabajadores puedan cobrar la deuda que la patronal tiene con ellos, que en algunos casos asciende a los 80.000 pesos. Además, la provincia intervendrá en las relaciones comerciales de la empresa de aquí en más.
La empresa Quickfood, propiedad actualmente del grupo alimenticio brasileño Brazil Foods (BRF), habría solicitado la apertura de un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo. El objetivo de la compañía dueña de la emblemática marca de hamburguesas Paty, es el de reducir los puestos de trabajo de la planta que opera en la localidad bonaerense de Baradero.
Los trabajadores paralizaron las plantas mendocinas de San Martín y San Rafael de La Campagnola. El reclamo está centrado en un “achique” que, a fuerza de contratos sin renovar y retiros voluntarios, ya le permitió a la multinacional cordobesa deshacerse de unos 200 trabajadores en el Este mendocino, y más de un centenar en el Sur. Por otra parte, decidió no pagar un “bono compensatorio” de $ 7.000 a la espera de cerrar la paritaria 2018 y como colchón antiinflacionario del primer cuatrimestre.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes (Sutpa), Sergio Sánchez, advirtió que los empleados del sector levantarán las barreras en todo el país, si llegaran a producirse despidos en la actividad.
Laminados Industriales de Villa Constitución había despedido a 4 trabajadores y amenazó con despedir a 3 más, en medio de un conflicto por aumento salarial, pero tuvo que reincorporarlos y frenar los demás telegramas debido a la lucha de los obreros.
Tanto FIO FIO Producciones S.A. como la actual licenciataria de la AM 1070, Difusora Baires S.A. (Disney Argentina) no pagan los sueldos desde enero del corriente año, así como tampoco abonan las cargas sociales ni la cobertura médica, lo que deja en una situación de absoluta desprotección la salud de los trabajadores y sus familias. A esto hay que sumarle el agravante de haber despedido masivamente en forma arbitraria e ilegal al menos a 11 trabajadores (10 de prensa y un locutor), de los cuales 2 son delegados del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y otros 2 integraron la Junta electoral de la última elección de Comisión Interna.
Por tal motivo, exigen la intervención inmediata del Ministerio de Trabajo para que garantice que todos los trabajadores cobren sus salarios y reclaman la inmediata reincorporación de todos los trabajadores ilegalmente despedidos. Solicitan también la intervención inmediata del Ente Nacional de Comunicaciones para que en lo inmediato FIO FIO Producciones S.A. y Difusora Baires regularicen la situación de absoluta incertidumbre e inestabilidad que han provocado en LR1 Radio El Mundo.

Ministerio de Trabajo al servicio de las patronales

Centenares de repositores, cajeras y empleados de la multinacional Carrefour, la mayoría de ellos jóvenes que sufren la precarización de las grandes cadenas de supermercados, se acercaron a la sede Alem del Ministerio de Trabajo este miércoles. No fueron recibidos por funcionarios y volverán el jueves al mediodía.
La empresa anunció hace pocos días su intención de cerrar locales y despedir a miles de trabajadores aduciendo “pérdidas”. Para eso presentaron un “Procedimiento Preventivo de Crisis” que le permitiría descartar empleados a un costo mucho menor.
Según trascendió este martes, en una reunión “reservada” entre la empresa y el sindicato auspiciada por Jorge Triaca, se habría llegado a un principio de “entendimiento”. No habría 2.500 despidos y cierre de locales sino 1.000 “retiros voluntarios al 150%” (despidos encubiertos), algunos locales se transformarían en mayoristas y en los que alquilan terrenos sus trabajadores serían relocalizados.
No obstante, para avanzar en algún tipo de acuerdo, se movilizaron este miércoles más de 1.500 trabajadores de Carrefour. La movilización fue organizada por la Secretaría de Organización del SEC, que comanda Ramón Muerza, un hombre ligado al mandamás del gremio, Armando Cavalieri, pero que estaría decidido a disputarle el sindicato más grande del país.
Luego del paro del viernes pasado, la Asociación Bancaria sostuvo que evalúa la posibilidad de efectuar un nuevo paro de 48 horas, en caso de no recibir una mejora en la oferta salarial. Fueron unos 165.000 trabajadores quienes paralizaron el servicio de atención al público y el clearing de los bancos públicos y privados en toda la Argentina, en rechazo a la propuesta salarial del 7 % a partir de enero y de dos cuotas del 4 % desde julio y octubre. La propuesta también incluía la baja en un 50 % la compensación del Día del Bancario.
El secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, se refirió a la próxima negociación paritaria del sector y aseguró que no aceptarán la pauta del 15% impulsada por el gobierno nacional.
En ese sentido, dijo que “no vamos a firmar una paritaria del 15% ni locos, estamos pidiendo un 23 o un 25%”, sumado al bono de fin de año que luego de “las presiones del gobierno” pudieron firmar con los empresarios.
El plus conseguido ya lo están cobrando los trabajadores de las distintas ramas y va desde 9.500 a 20.000 pesos, según informó el sindicalista.
Comenzó la paritaria del gremio más importante del sector industrial. El gremio metalúrgico pidió una recomposición que supera el 20%. Las cámaras empresarias no respondieron. En las charlas informales propusieron un 12% en 3 tramos.
Tras suspender “sin goce de sueldo” a más de 500 empleados con un comunicado pegado en los portones, la multinacional Cargill retomó su actividad.
El conflicto se desató cuando la agroexportadora despidió a 44 empleados de su planta situada al sur de Rosario. A partir de esa decisión empresarial, el Sindicato de Aceiteros lanzó un paro por tiempo indeterminado y luego medidas de fuerza sorpresivas. La situación se prolonga hace más de dos meses.
Desde el sindicato de Aceiteros creen que las decisiones de Cargill son un paso para disciplinarlos y que el ajuste en una de las empresas más rentables del país no tiene otro objetivo más que quebrar la organización sindical.
Además, creen que detrás del conflicto hay una estrategia digitada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en un capítulo más de la guerra que emprendió el funcionario contra los sindicatos más reticentes a acordar con su cartera.
Aceiteros se encuentra en medio de la discusión paritaria que en un primer momento se había ofrecido un 10 %, luego un 13 % y la última propuesta fue del 15 %, el techo con el que el gobierno pretende cerrar el acuerdo salarial: "Pretenden que cerremos un salario a la baja y saben muy bien que no lo vamos a firmar", aseguró Jorge Yofra, Secretario General de los Aceiteros.
Por otro lado, el Ministerio aún no emitió los certificados de las autoridades del sindicato de Rosario -el más fuerte del país- que fueron elegidas en noviembre de 2016 como tampoco reconoció a los dirigentes de la Federación que se eligieron en agosto pasado.
Si bien no hubo impugnaciones como tampoco argumentos legales ni administrativos en la elección de las comisiones, desde la cartera se negaron a reconocer las autoridades elegidas. Tampoco se homologaron los últimos dos convenios que firmaron los aceiteros.
Con estos elementos, en el gremio temen que el objetivo final del ministro Triaca sea el de intervenir el sindicato, desplazar a las autoridades y reemplazarlas por una comisión con afinidad política.
Los trabajadores informáticos manifestaron que desde la cartera laboral se niegan a avalar acuerdos paritarios que superen el 15%, y dicho porcentaje es considerado insuficiente por el sindicato.
La justicia le puso un plazo de 5 días al Ministro de Trabajo para que le otorgue la simple inscripción a la Asociación Gremial de Abogados del Estado. Según la Ley de Asociaciones Sindicales, el trámite debería cumplirse en un plazo de 90 días.
Acerca de una supuesta denuncia del Ministerio de Trabajo, luego del paro realizado el viernes pasado, contra la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), ésta aclara en un comunicado que “continuará llevando adelante la defensa de los derechos de los trabajadores/as de la misma manera y con el mismo modelo de construcción democrática con que lo realiza desde hace más de 10 años”.
Un área clave del Ministerio de Trabajo que se ocupa de quienes fueron despedidos dejó de funcionar y ya perjudica a cientos de trabajadores en el último mes.
Se trata del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), el lugar que funciona como mediación entre el trabajador y el empleador para resolver conflictos laborales, individuales o colectivos. Allí se resuelven acuerdos entre ambas partes para la salida del empleado de una empresa.
En el SECLO, que está bajo la órbita de la cartera de Jorge Triaca, hace más de un mes que no se homologan los acuerdos que se realizan y los trabajadores se quedan sin cobrar. Terminan en la calle, sin trabajo y sin el dinero que les corresponde por el despido.
"Es un mensaje a los trabajadores para que no reclamen", afirmó el abogado laboralista Patricio Wilkinson. El letrado agregó: "Con esto lo que quieren es que el trabajador agarre las 'chauchas' que le depositan de la empresa cuando los despiden y no hagan ningún reclamo ante el SECLO. Es un reclamo en vano, es un desgaste al trabajador y a los abogados laboralistas para que no hagamos más reclamos. Vamos al SECLO, acordamos y no lo homologan. Entonces no queda otra opción que ir a juicio. Y de los 80 juzgados laborales que hay 40 tienen juez, los otros 40 tienen juez subrogante. Mandan a los trabajadores a un juicio eterno de 5 años".

Movimientos Sociales

Los movimientos sociales anunciarán el 1° de mayo la creación de un sindicato único del sector, que se consagrará, congreso constitutivo mediante, en el segundo semestre de este año, según confían sus promotores.
Para Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie, la iniciativa terminará de cristalizarse “en últimos meses del año”, y tendrá como efecto la constitución formal del “Sindicato Único de los Trabajadores de la Economía Popular” (Sutep).
Aunque cuenta con el apoyo de varios dirigentes de la CGT, se desconoce qué grado de aceptación pueda tener para el Ministerio de Trabajo esta forma de organización sindical.
El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) realizó un “Feriazo” del sector cooperativista y precarizado el miércoles pasado en las inmediaciones de Plaza Congreso, en conjunto con la CTEP, Barrios de Pie, CCC, el Frente Popular Darío Santillán y Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional.
El objetivo del “Feriazo” fue visibilizar y dar a conocer el trabajo productivo que realizan a lo largo y ancho del país y que organiza a miles de personas a pesar del magro ingreso de 4.750 pesos. Además reclaman que se abran paritarias libres para discutir un aumento que los acerque a lo que hoy cuesta la canasta básica familiar y los saque de la marginalidad. También exigen nuevos puestos de trabajo ya que cada día hay más pobres y desocupados que se acercan a sus organizaciones; por eso presentaron un proyecto para que el 25% de las obras que se realizarán en la Provincia de Buenos Aires con las partidas emitidas por Nación en el marco de la negociación por el Fondo del conurbano, sean realizadas por las cooperativas.

Mario Hernandez

Fuentes: Clarín, Perfil, Tiempo Argentino, www.pagina12.com.ar, Resumen Latinoamericano, Anre, APU, Red Eco Alternativo, Argentina Indymedia, La Izquierda Diario, Prensa ATE,