Se trata del primer secretario de Estado de Cambiemos en recibir un procesamiento. Habría evitado sancionar a la empresa fundada por Quintana, actual vicejefe de gabinete de la Nación.
Transparencia cero. Poco margen le queda a Cambiemos para seguir apuntalando su discurso de anticorrupción. La Justicia Federal dictó el procesamiento de un ex funcionario del Ministerio de Salud, Raúl Alejandro Ramos, que se convierte en el primer secretario de Estado del gobierno de Macri procesado por abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público. Se lo acusa de proteger a Farmacity y evitar sanciones contra la firma.
El escándalo salpica a un funcionario de primera línea, que a pesar del tiempo de gestión cambiemita transcurrido, sigue estando a ambos lados del mostrador. Mario Quintana, vicejefe de Gabinete de la Nación, recientemente dijo que puso en venta sus acciones en Farmacity, empresa que él mismo creó. Para más precisión habría que decir que, además que estar de los dos lados, Quintana supo conseguir el favor de un funcionario ubicado en el mostrador que le resultaba más oportuno.
El procesamiento responde a una solicitud de la fiscal Paloma Ochoa y se dictó sin prisión preventiva. Ramos, ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud, está sospechado de haber dado una mano a la empresa de Quintana para zafar del pago de multas que sumarían un total de $60.500. ¿De qué manera? Cajoneando expedientes abiertos por irregularidades, llevándolos a la parálisis.
El juez que interviene en la causa entendió que “la responsabilidad primaria se encontraba en cabeza del funcionario Ramos y con el ello el deber de dictar el acto administrativo en los sumarios que habían tenido trámite en los órganos inferiores que intervinieron”.
Ramos había sido nombrado en el cargo en febrero de 2017 y fue separado en diciembre, cuando cambiaron las autoridades del Ministerio de Salud.
Según denunció la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Ramos demoró y se negó a sancionar a la cadena Farmacity en más de una oportunidad. La investigación empezó en julio de 2014 tras una inspección a una sucursal de Farmacity de la avenida Córdoba al 1800. Allí se constató “un cambio de farmacéutico auxiliar sin noticia ni autorización de la autoridad sanitaria nacional y emplear un libro recetario sin rúbrica ni habilitación”, según denunció la COFA. Por estas irregularidades, la Dirección de Sumarios del Departamento de Faltas Sanitarias sostuvo que correspondían multas por más de $60.000.
En febrero de 2017 la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización envió al ex funcionario un proyecto de resolución para sancionar a Farmacity. Según la COFA durante los dos meses siguientes no hubo novedades. El 5 de abril una apoderada de Farmacity se presentó en el expediente y aportó un poder firmado por Quintana, en 2011, como presidente de la empresa. Farmacity solicitaba que no se la sancionara o que en caso de ser multada, se efectuara una “eximición de las tablas de rigor" y se le cobraran multas más bajas que las establecidas.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio reafirmó su posición de sancionar a Farmacity en mayo, sin embargo el expediente siguió paralizado. En julio Ramos devolvió el expediente para su archivo y no firmó ninguna sanción por las irregularidades de la empresa.
El juez federal Sebastián Ramos a cargo de la resolución, expresó que “se tiene por acreditado que en al menos tres expedientes Ramos resolvió tardíamente las sanciones que en cada caso correspondían, siendo la emisión del acto administrativo (resolución) su deber, en tanto cumplía funciones como autoridad de la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación".
¿Tarde pero seguro?
La medida judicial tiene lugar luego de que Quintana declarara públicamente que venderá las acciones que le quedan en Farmacity. "Fui fundador de Farmacity y presidente de ese directorio durante mucho tiempo; estoy en proceso de venta de mi participación de todo negocio que tenía antes, ya salí de casi todos, y espero antes de fin de año haber salido de Farmacity", dijo Quintana en una entrevista al programa Odisea Argentina. En esa oportunidad explicó que buscaba “evitar un eventual conflicto de interés".
Días después la Procuración General de la Nación, a cargo interinamente de Eduardo Casal, avaló el desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires. El oranismo declaró inconstitucional un artículo que impide la instalación de cadenas comerciales que sean propiedad de fondos de inversión. Este fallo favorece al holding de Quintana, hecho que generó el repudio de las farmacias tradicionales que advierten sobre posibles cierres.
El vicejefe de gabinete es el principal accionista del fondo inversor Pegasus, propietario de la cadena Farmacity. Se comprende el "apuro" de Quintana por deshacerse de sus acciones en la cadena de farmacias, aunque es válido remarcar que ya lleva más de dos años en su rol como funcionario. El conflicto de intereses se hace más que evidente ahora que la Procuración le da el visto bueno para expandir los tentáculos de la compañía en el vasto territorio bonaerense, bajo la gobernación de María Eugenia Vidal.
Vale recordar que Quintana, en "honor" a la transparencia había renunciado a la presidencia de Farmacity cuando asumió su cargo en el gabinete de los CEO en 2015. Sin embargo esto fue un gesto más simbólico que otra cosa, en tanto sus intereses económicos siguieron ligados al holding a través de acciones.
Quintana es un hombre cercano y de confianza del presidente Macri. Tan es así, que según denunció el periodista Iván Schargrodsky en su cuenta de Twitter, Ramos es defendido por un abogado “que constituye domicilio en la misma dirección que el estudio de (Bernardo) Saravia Frías, abogado del Grupo Macri y ahora procurador del Tesoro de la Nación”.
¿Transparencia dijo? Te la debo.
Juana Galarraga
@Juana_Galarraga
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