La inflación de marzo fue de 2,3 %. Es probable que muchas trabajadoras y trabajadoras perciban que es mucho más. Las estadísticas oficiales no reflejan plenamente el impacto de los tarifazos.
La inflación de marzo fue de 2,3 %. En el primer trimestre llegó a 6,7 %. A este ritmo, a mitad de año, cuando se conozcan los datos de junio, la inflación alcanzaría un nivel cercano al 14 %. Es decir, se comería casi toda la meta del 15 % que fijo el Gobierno para todo el año.
El Gran Buenos Aires es donde más se sufrieron los tarifazos debido a que las otras jurisdicciones del país se venían aplicando desde tiempo atrás. Entre la fecha de asunción del presidente Mauricio Macri y febrero de este año, la electricidad subió 1627 % en las facturas que emite Edenor y 1615 % para los clientes de Edesur para un consumo residencial promedio.
En el caso de Metrogas, la facturación de la categoría más baja exhibirá un incremento de 1013 % cuando llegue junio, siempre comparado con diciembre de 2015. En mayo, la tarifa promedio del agua habrá experimentado una suba de 550 %.
Desde que se inició la nueva gestión gubernamental hasta junio de este año, los boletos mínimos de colectivos, trenes y subtes alcanzarán alzas que se ubican entre 178 % y 238 %.
Seguramente muchas trabajadoras y trabajadores perciban que la inflación que estima el Indec no refleje la realidad de lo que viven cuando van al supermercado, viajan en el transporte público o cuando les llega las facturas de luz, gas o agua a sus casas.
Es que las estadísticas no reflejan plenamente el impacto de los tarifazos.
El juego de la canasta
El último martes, el diario La Nación destacó en su tapa una nota con datos de la consultora Kantar Worldpanel, según la cual “los hogares de menores recursos destinan entre el 20 y 25% de sus ingresos al pago de las facturas de servicios públicos”. La referencia es a una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores.
La Izquierda Diario consultó cuánto gastan algunas familias de cuatro o cinco integrantes en los servicios públicos en el partido de la Matanza.
La respuesta promedio que dieron los consultados fue que desembolsaban $ 4.500 mensuales entre gas, luz y agua. Es cierto que es apenas un botón de muestra, pero no es descabellado que la proporción de lo destinado a servicios públicos oscile entre el 20 % y el 25 % del gasto total que dice la consultora Kantal, en una situación donde la mitad de los hogares del país percibieron ingresos menores a $ 20.000 durante el cuarto trimestre (octubre-diciembre) de 2017.
Lejos de ese 20 % o 25 %, la canasta que utiliza el Indec para medir la inflación a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) pondera, a diciembre de 2016, en 10,5 % a los servicios públicos para el Gran Buenos Aires. Por lo cual, al tener menos peso en el gasto total que el que se expresa en la realidad de las familias, se estaría subestimando el impacto de los tarifazos sobre el índice de precios.
Claro que la canasta del Indec es una síntesis (o promedio) de la canasta de todos los hogares: es decir, no sólo comprende a los de menores ingresos que destaca La Nación. No obstante, es probable que en los hogares de ingresos medios el impacto de los tarifazos haya sido tan fuerte o mayor (esto siempre en términos relativos porque es mejor tener mayores ingresos) que en algunos segmentos de bajos ingresos donde rige la tarifa social.
Es que el Indec utiliza para medir la inflación una canasta de bienes y servicios basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho) de 2004/2005, que ya no refleja la situación actual. A pesar de tener una actualización de las ponderaciones por precios no se actualizan las canastas consumidas.
Días atrás, poniendo paños fríos a las mediciones de pobreza, Agustín Salvia, quien está al frente del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, en una columna en el diario Clarín, explicaba varios factores por los cuales “Quizás, sea por todo esto, justamente, que los pobres no parecen percibir las mejoras”.
Investigadores de universidades públicas y técnicos del Indec consultados por La Izquierda Diario señalaron que debido a la desactualización de las canastas es probable que esté subestimada la inflación. Y que, por este mismo hecho, exista una subestimación del nivel de pobreza.
No obstante, especialistas con mucho conocimiento en el IPC señalaron que hay un fenómeno persistente de suba de precios en los alimentos, lo mismo que en la denominada “inflación núcleo”, que es independiente de las tarifas reguladas de los servicios públicos y que el Gobierno no logra controlar. Por lo cual, el proceso inflacionario es más general y eso sí es captado por el actual IPC.
Los especialistas consultados también destacaron que el Indec tiene en elaboración una nueva Engho que estaría disponible hacia fin de año. De esa nueva encuesta probablemente surjan diferencias entre el IPC actual y la nueva medición, pero que la distancia no debería ser exageradamente alta.
Incluso un documento técnico del Indec, publicado en agosto de 2016, destinado a explicar que es el IPC, advierte que la evolución de la inflación no es equivalente a la evolución del costo de vida, ni en términos de hogares específicos ni a nivel general.
En todos los casos, los estudiosos del tema señalaron que este tipo de problemas relacionados a las canastas de referencia utilizadas en las mediciones es de una naturaleza totalmente distinta al surgido de la manipulación estadística por parte del Indec intervenido por Guillermo Moreno.
Por otro lado, algo similar ocurre con el IPC estimado por la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una difusión extendida en los medios periodísticos y hasta el momento no ha sido cuestionado: en su medición, la ponderación de los gastos en vivienda y servicios públicos alcanza apenas al 12,51%, una proporción menor a lo que parece ser la realidad de la mayoría de los hogares. En este caso, la canasta también fue medida en un período muy anterior a los tarifazos: entre julio de 2011 y junio de 2012.
Habrá que esperar el resultado de la nueva Engho que está en curso en el Indec, pero no debería sorprender que registre un peso mucho mayor de los servicios públicos en el gasto de los hogares que el vigente actualmente para estimar el IPC.
Carestía de la vida
Entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2017, el salario promedio de los trabajadores registrados (habitualmente llamados en “blanco”) del sector privado se incrementó 67 % mientras la inflación, con los problemas ya señalados en su medición, fue de 78 % según el IPC de la Ciudad de Buenos Aires (debido al “apagón estadístico” no hay datos del Indec para este período).
En el sector estatal, los salarios perdieron en mayor proporción que en el sector privado frente a la inflación. Hay una incógnita sobre que verdaderamente ocurrió entre los trabajadores no registrados (en “negro”). Según Indec, en una serie corta iniciada en octubre de 2016, los salarios le vienen ganando a la inflación. Aún si uno diera crédito a este dato, en la comparación entre 2015 y 2017, es muy probable que este sector, totalmente desprovisto de la protección de las leyes laborales, haya perdido poder de compra.
La pelea por la defensa del salario tiene varios aspectos: reclamar un aumento que permita recuperar lo perdido en los últimos años; romper el techo del 15 % que quiere imponer el Gobierno en las paritarias de este año cuando todas las estimaciones de inflación no bajan del 20 %; y exigir una salario mínimo igual a la canasta familiar, estimada en $ 27 mil para el mes de enero de 2018 (en el cuarto trimestre de 2017, el 60 % de los hogares no alcanzaban este valor) por los trabajadores nucleados en ATE Indec.
Para todo esto hay que tener en cuenta que, como dice el Indec, evolución de inflación y costo de vida no son equivalentes. Lo que verdaderamente se debería considerar como criterio es lo que necesita cada trabajador y trabajadora, cada hogar, para llegar a fin de mes.
Pablo Anino
@PabloAnino
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