El Gobierno insiste con su política xenófoba

Cambiemos apeló el fallo que declaraba inconstitucional el decreto que endurece la Ley Migratoria buscando expulsar a inmigrantes que tengan causas abiertas, sin que sean cosa juzgada.

Con un escrito de tres páginas y la firma de los representantes del Ministerio de Justicia, del Interior y la Procuración General de la Nación, el gobierno de Cambiemos presentó un recurso de apelación en la Corte Suprema de Justicia, para sostener su política anti inmigrantes.
El escrito del gobierno cuestiona el fallo que emitiera el 23 de marzo la Sala V en lo Contencioso Administrativo Federal que había dejado sin efecto el decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmado por Macri, planteando que avanzaba sobre competencias del Congreso Nacional y declararlo “nulo de nulidad absoluta”
Ahora Macri, a través de Germán Garavano (Justicia), de Rogelio Frigerio (Interior) y de Horacio García (director de Migraciones), insiste en defender ese decreto que habilita la expulsión sumaria de residentes inmigrantes con causas abiertas, sin necesidad de que tengan condenas firmes, a su vez permite la no entrada al país de personas de origen extranjero con proceso judicial en sus países de origen, sin que medie para eso ningún dictamen condenatorio de algún juez.
Resultan cínico y a la vez reveladores de la doble vara del gobierno, los argumentos de su apelación. El escrito habla de que la resolución de la Sala V "además de inoportuna, ilegítima y contraria al principio de división de poderes", "implica una traba al justo desempeño de los otros poderes del Estado".
Dice esto cuando precisamente ese DNU (el 70/17) modifica la Ley de Migraciones, ley N° 25871 que pertenece a la potestad del Congreso.
Además de que la misma Constitución –la que el gobierno dice defender- establece que los decretos de necesidad y urgencia, son permitidos precisamente cuando hay situaciones excepcionales que lo ameriten. Este gobierno ya emitió 35 decretos en su primer año de mandato.
No estamos hablando de tecnicismos, sino de que el gobierno de Macri busca con la ratificación de este decreto perseguir a inmigrantes que son trabajadores y de sectores populares. Mientras se lleva puesta, solo para estos sectores, la presunción de inocencia, un principio básico de las libertades democráticas.
Si no, porqué defiende (y no expulsa de su gobierno) a ministros y otros funcionarios acusados, con sobradas pruebas de delitos como mentir en sus declaraciones juradas ocultando empresas off shore, como Luis Caputo, o de recibir dinero de empresas destinadas a lavar dinero, como el director de la AFI Gustavo Arribas, o de beneficiar a empresas en las que hasta hace poco dirigían, como el ministro Aranguren con Shell.
La doble vara de Cambiemos ataca a quienes menos tienen mientras sostiene a los millonarios de su gobierno y beneficia a otros extranjeros, pero que son grandes empresarios o terratenientes. Benetton y Lewis, por ejemplo, son dueños de grandes extensiones de tierra en Argentina.
El primero por ejemplo posee 884.200 hectáreas sumando sus propiedades en Chubut, Santa Cruz y Río Negro y por esas tierras pasan hasta ríos virtualmente privatizados. ¿Alguien puede decir que es legal poseer un río? Esta situación se mantiene desde los ´90, sin que ningún gobierno haya intentado evitar ese delito.
Es por eso que este DNU es claramente persecutorio de quienes ingresan a nuestro país buscando un destino mejor y huyendo de una vida de miseria en sus propios países. Aunque una vez aquí, los esperan los trabajos más precarios.
Recordemos que esta iniciativa política xenófoba de Cambiemos fue apoyada en su momento por los dadores de gobernabilidad como es el PJ.
Ahora será la Corte Suprema la que tenga que decidir sobre esta apelación.

Mirta Pacheco