A 140 años del inicio de la “Campaña al desierto”, un breve recorrido de sus principales objetivos y propósitos. Las demandas de quienes habitaron y habitan esas tierras siguen más vigentes que nunca.
En 1878, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, se iniciaba la "Campaña al Desierto", llamada así por la historiografía oficial. Al mando del ministro de guerra Julio A. Roca, el Estado argentino se propuso extender la frontera al sur de la campaña bonaerense avanzando sobre las tierras indígenas teniendo como consecuencia la desarticulación y desmembramiento de dichas comunidades, a la vez que fortalecía el proyecto de la oligarquía terrateniente y estanciera consolidando la hegemonía del Partido Autónomo Nacional (PAN) e incorporando ciento de miles de hectáreas para el naciente modelo agroexportador. Es en este sentido que podría considerarse una de las principales acciones fundadoras del Estado Nacional.
¿Campaña al Desierto?
Hasta 1880 el Estado argentino no había completado la ocupación del territorio que reclamaba como propio. Las zonas no controladas por el Estado eran dos: hacia el norte el Gran Chaco y hacia el sur se extendía la Pampa y la Patagonia. La conquista emprendida por Julio A. Roca fue la más violenta y extendida de las campañas contra los indígenas, pero no la primera, ya que el siglo XIX estuvo signado por avances y retrocesos de la frontera indígena. Adolfo Alsina, anterior ministro de guerra del presidente Avellaneda, ideó la estrategia de realizar una zanja con fortines cada una legua. La “zanja de Alsina” fue criticada en su época por considerarse defensiva, de todas formas logró incorporar cincuenta mil kilómetros cuadrados y dejó sentada la línea para el posterior avance.
Roca adoptó una táctica completamente distinta, organizó una ofensiva militar formada por 6000 soldados del ejército integrado por cinco divisiones equipadas con moderno armamento, los fusiles Remington. Él comandó la primera división compuesta por 2000 soldados e “indios amigos”, cumpliendo su objetivo de llegar a Choele Choel a los márgenes del Rio Negro.
La campaña militar implicó el avance estatal en la región sur y oeste de Buenos aires, la Pampa, Sur de Córdoba, San Luis y Mendoza; además de la región norpatagónica de Neuquén y Río Negro. La mayor parte de la población indígena que allí habitaba fue apresada y quedó a disposición del gobierno nacional que estableció como políticas del Estado la desestructuración social de las comunidades. Esto se llevó adelante de dos formas intervinculadas: una vez apresados los indígenas eran trasladados y confinados en distintos espacios de encierro dependientes del Ejército y la Marina (el más conocido en la Isla Martín García) con el objetivo de “civilizarlos” donde los bautizaban y cambiaban sus nombres, para luego pasar al sistema de reparto que implicaba la distribución de manera forzada en emprendimientos productivos (estancias, ingenios, viñedos, canteras, etc.) [1]
Luego de estar asegurado el territorio por parte del Estado argentino, el proceso de conquista se complementó con un discurso oficial que tenía por objeto la invisibilización de las diferentes comunidades. La diversidad de pueblos y sus diferentes características pasaron a ser simplificadas en la generalización del “indio” borrando así los nombres de dichas comunidades. Ese “otro” construido como inferior e incivilizado fue reemplazado en la historiografía oficial por la imagen de una Argentina donde sus habitantes bajaron de los barcos provenientes de Europa.
Muchas tierras en pocas manos
Cuando Julio A. Roca emprendió la violenta conquista, las comunidades indígenas se hallaban debilitadas y no representaban una amenaza para el territorio “civilizado”. [2] Por lo tanto, los objetivos estratégicos eran político- económicos.
En las últimas décadas del siglo XIX, Argentina se incorporó al mercado internacional como productora de materias primas (productos agropecuarios) y como importadora de manufacturas y capitales. Es decir, se relacionó de forma dependiente con los países imperialistas que, desde una posición hegemónica, impusieron una nueva división internacional del trabajo. El modelo agroexportador implicó el triunfo de la hegemonía de la región del litoral (principalmente Buenos Aires) sobre las economías tradicionales del interior. De forma interrelacionada, se fue consolidando el Estado-Nación, que es la forma de dominación propia del sistema capitalista de producción. Para analizar el desarrollo de esta estructura económica es necesario tener en cuenta los tres factores productivos: tierra, capital y trabajo. Es decir, necesitaban de ese territorio para lograr incorporarse de forma definitiva al mercado mundial como socios dependientes del imperialismo inglés y satisfacer así la creciente demanda de carne y cereales por parte de Inglaterra, a la vez que permitían el ingreso de capitales extranjeros tanto en forma de deuda pública como en inversiones de infraestructura para “modernizar” el país. Bajo esta lógica se financió la expedición militar y se repartieron las tierras arrancadas a los indígenas: a través de la Ley N° 979 sancionada en 1878 se establecía que: “El Poder ejecutivo queda autorizado para levantar sobre la base de todas las tierras públicas mencionadas una suscripción pública para los gastos que demande la ejecución de la ley. A medida que avance la línea de frontera se harán mensurar las tierras y levantar planos, dividiéndose en lotes de 10.000 hectáreas, con designación de sus pastos y aguadas y demás calidades…” [3]
Junto con este decreto el Estado emitió bonos de $100 equivalentes a 250 000 hectáreas, los cuales fueron vendidos entre la elite que encontró un gran negocio para hacerse de grande extensiones de tierra a muy bajo costo. Estos bonos llevaron el nombre de “suscripción popular de 2.2000.000 $” y se debían adquirir como mínimo cuatro de ellos. Es en este sentido, que la conquista puede pensarse como una “empresa mixta” que combinó capitales privados y recursos estatales.
El Estado vendió, a muy bajo precio, más de 41.000.000 hectáreas en una zona de enorme productividad agropecuaria, cuya propiedad se concentró en manos de un pequeño grupo de no más de 541 terratenientes, cerrando el camino una vez más la posibilidad de acceso a la tierra de los inmigrantes europeos del período.
“…la conquista del desierto sirvió a la oligarquía para fortalecer en cuanto latifundistas y especuladora, incorporando a su haber increíbles extensiones de tierra que, en sus manos sirvieron para frenar el desarrollo nacional.” [4]
Orden y Administración
Con la conquista territorial, la oligarquía terrateniente también se fortaleció y consolidó políticamente conformando el Partido Autonomista Nacional que gobernó de forma ininterrumpida durante 36 años. El artífice del régimen fue justamente Julio A. Roca, “Pero la conquista del desierto sirvió para consolidar a la oligarquía y acrecentar su poderío, de modo que Roca resulta el ejecutor conciente de una política oligárquica y un verdadero héroe de la oligarquía.” [5]
Se iniciaba una etapa que tuvo como aspiración central la “modernización” capitalista de la nación. Tal proyecto se materializó, en parte, a través de la organización y unificación del país, la federalización de la ciudad de Buenos Aires, la nacionalización de la aduana, la expansión productiva, el fortalecimiento del ejército, la obligatoriedad de la educación pública primaria y la expansión del ferrocarril. Para lograr este plan el Partido Autonomista Nacional, conformado por la oligarquía porteña y la Liga de los gobernadores, se impuso a sangre y espada haciendo del lema “Orden y administración” su marca registrada. Fue un régimen profundamente antidemocrático basado en un sistema electoral restrictivo y fraudulento, y en la represión a cualquier cuestionamiento político. [6]
El régimen oligárquico garantizó la dominación política del sector hegemónico de la clase dominante conformado por el reducido grupo de los grandes terratenientes. De esta forma se conjugó sistema político y modelo económico para que un puñado de familias ligada estrechamente al imperialismo inglés amasara sus fortunas, dejando fuera del proyecto a los sectores medios, los trabajadores y, por supuesto, asesinando e invisibilizando a las comunidades indígenas.
En pleno siglo XXI, las consecuencias de las políticas de los fundadores del Estado nación son concretas y visibles y conllevan a numerosos conflictos. Se pueden nombrar algunos de ellos, como la lucha que llevan adelante distintos pueblos originarios por el reconocimiento de su identidad y territorios ancestrales. Estas peleas tienen como respuesta la represión y asesinato por parte del Estado, que a través de sus distintos gobiernos defiende la propiedad privada de terratenientes. Dos casos emblemáticos son los asesinatos a los Qom por parte de gobernador Insfran (PJ) en Formosa y los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en el sur durante el actual gobierno de Cambiemos. A 140 años del comienzo de la autodenominada “Campaña al desierto”, las demandas de quienes ancestralmente habitaron y habitan esas tierras siguen más vigente que nunca.
Florencia Rodriguez
1. Pérez Pilar, Estado, indígenas y violencia. La producción del espacio social en los márgenes de Estado argentino. Patagonia central 1880-1940, tesis doctoral, FFyll, Universidad de Buenos Aires, 2013.
2. Peña, Milcíades, De Mitre a Roca. Consolidación de la oligarquía anglocriolla. Ediciones Ficha, Buenos Aires, 1975.
3. http://indigenas.bioetica.org/leyes/947.htm
4. Peña, Milcíades, op.cit. p. 78.
5. Idem, p. 77.
6. Rojo, Alicia, Cien años de historia obrera en la Argentina 1870-1969: una visión marxista de los Orígenes a la Resistencia, Ediciones IPS, Buenos Aires, 2016.
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