La respuesta de las distintas alas del peronismo y el grave precedente que sientan maniobras de este estilo sobre organizaciones políticas y sindicales.
El pasado miércoles por la tarde un palco improvisado se montó en las inmediaciones de la sede porteña del Partido Justicialista (PJ) para expresar el rechazo a la intervención judicial dictada por la jueza María Romilda Servini sobre ese partido y la designación de Luis Barrionuevo como interventor. Desde allí, con las vallas policiales de fondo, dirigieron sus palabras José Luis Gioja, desplazado por la jueza, el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario.
El primero en tomar la palabra fue Menéndez para transmitir confianza en el Poder Judicial. "Vamos a acatar cada fallo de la justicia como siempre lo ha hecho el peronismo”. Y luego disparo sus dos hipótesis: "pueden pasar dos cosas, que el Gobierno se salga con la suya y el peronismo vaya dividido a las urnas en 2019 o que esto nos haga abrir los ojos a todos para que dejemos de buscar excusas que nos dividan”.
Gioja, en alusión al macrismo a quien señaló como impulsor de esta medida, sostuvo que "son corruptos de guante blanco, son ricos que gobiernan para los ricos". Y agregó que “el pueblo con su voto los tiene que sacar, vamos por el triunfo popular en 2019”.
Por su parte, Magario afirmó que el fallo no tiene “argumento jurídico”. Y fue la encargada de confirmar que el próximo 18 convocarán al Congreso Nacional del partido, "porque vamos a seguir trabajando”, aseguró.
También expresaron su repudio a la intervención judicial otros referentes del peronismo, incluso algunos que venían un tanto desaparecidos del mapa peronista. Es el caso del ex presidente Eduardo Duhalde que llamó por teléfono a Daniel Scioli (que estaba con Gioja) para decirle: "yo no tengo nada que ver con esto, estoy para ayudar". Otro de los que sumo su voz fue el diputado nacional Máximo Kirchner que afirmó que el objetivo del macrismo es garantizar su continuidad en “el 2019 con todo este tipo de trapisondas".
En la mañana del mismo día, la ex conducción peronista desplazada, a través del abogado Eduardo López, presentó una apelación con efecto suspensivo en el juzgado de Servini. Servini dispone de tres días para decidir si da lugar o no a dicha la apelación de Gioja.
Un grave precedente
El fallo de Servini constituye una escandalosa intervención judicial en la vida interna del partido peronista en pos del favorecer al sector más oficialista y afín al Gobierno de Macri. ¿Por qué?
En primer lugar, el pedido de intervención fue presentado por el dirigente gremial Carlos Acuña, uno de los triunviros de la CGT, que responde directamente a Barrionuevo. Es uno de los responsables de la enorme tregua que mantiene la central sindical con el Gobierno para que avance con sus planes de ajuste.
En segundo lugar, Servini aceptó y dio curso a la decisión de intervención en menos de 24 horas, haciendo gala de una rapidez inusitada.
El avasallamiento judicial contra el peronismo llegó en un momento de deliberaciones, discusiones internas y reacomodamientos políticos expresados en distintas alas, como los gobernadores y senadores comandados por Miguel Ángel Pichetto, el kirchnerismo y hasta el massismo, de cara a las elecciones del próximo año. Si bien es verdad que quienes más vienen colaborando con los planes del macrismo son los gobernadores y los senadores, que entre otras cosas fueron quienes por ejemplo avalaron la reforma jubilatoria, también es verdad que todo el peronismo de conjunto viene siendo garante de la gobernabilidad de Macri votando sus leyes. Recordemos que el oficialismo no tiene mayoría, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Senadores.
Por último, fue Servini también la que en 2005 dispuso la misma medida judicial de intervención sindical al PJ. En ese entonces, desde el duhaldismo acusaron al kirchnerismo de estar detrás de esa maniobra judicial de la cual se beneficiaron. Más de 10 años después, la misma jueza vuelve a actuar igual. Hoy, el kirchnerismo sería uno de los perjudicados por este fallo.
Es una muestra más de la espuria relación que mantienen miembros del Poder Judicial, una casta millonaria y llena de beneficios, con los gobiernos de turnos. Nada bueno puede venir del mecanismo de la intervención judicial sobre las organizaciones políticas y también sindicales.
El caso del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) intervenido es un claro ejemplo de ello. Y es un claro ejemplo de cómo funcionarios políticos y burócratas sindicales terminan utilizando la gestión de esas organizaciones en beneficio propio, y de los intereses de quienes representaba, y en desmedro de los trabajadores y afiliados.
Celeste Vazquez
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