Sebastián Piñera es un presidente empresario. Lo es por trayectoria (se dedicó a los negocios toda su vida en los más variados rubros), lo es por su círculo de influencia (entre otros, los ministros de Economía y Hacienda provienen del ámbito empresarial); y, finalmente, lo es por su ideología, la cual descansa en que la libertad de empresa es el camino al desarrollo.
El uso de esta última palabra no es casual: Piñera planteó en su campaña electoral que su misión es que para el 2025 “Chile sea el primer país de Latinoamérica en superar el subdesarrollo.” Para alcanzar su objetivo cuenta con el apoyo del empresariado chileno, que salió en masa a apoyar el nuevo gabinete económico. También con el respaldo de los organismos internacionales, como quedó claro con el escándalo del Banco Mundial que tuvo que reconocer públicamente la manipulación de estadísticas sobre Chile para perjudicar la imagen de la expresidenta Bachelet.
¿Cuál es el plan económico de Piñera? ¿Estamos frente a un plan de desarrollo? ¿Cuáles conclusiones se pueden desprender de su mandato anterior?
Uno de los ejes de Piñera es el tributario. En su programa se encuentra plasmada la propuesta concreta de reducir el impuesto de primera categoría, el cual se paga en función de las ganancias de capital y las rentas. No se propone rebaja alguna para el impuesto de segunda categoría, que es el que pagan los trabajadores. El argumento de fondo es que menos impuestos para las empresas implicarán mayores inversiones y por tanto, beneficios para la sociedad. La línea de la reforma fiscal presenta semejanzas a lo ocurrido recientemente en Argentina y Brasil, donde el objetivo principal de los cambios fue reducir los impuestos a las empresas.
Lo que resulta preocupante es que, al mismo tiempo que pretende reducir este tipo de impuestos, plantea como un eje incrementar el superávit fiscal; al punto que se propone perfeccionar la regla fiscal, la cual limita el gasto del Estado, para “que no sea tan vulnerable”. De todo esto se deduce que la contrapartida de la baja de impuestos será una reducción del gasto público con efectos nocivos para la actividad económica.
De todos modos, más allá de la retórica, Piñera no ha sido cuidadoso con los recursos y obligaciones del Estado. En su primer mandato la deuda del Estado Chileno se disparó, triplicándose en tan solo cuatro años. Medidas en dólares, la deuda interna del Gobierno central creció un 250 % y la externa un 159 %, según la Oficina de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda. Asimismo, la estatal Codelco -principal empresa del país- incrementó sus deudas en un 84 %, según la Agencia Bloomberg.
Otro punto en el que el programa económico del flamante presidente de Chile se asimila a lo que está sucediendo en Argentina y Brasil, es la propuesta de modificar las relaciones laborales. Bajo la idea de llevar adelante “Una Agenda Laboral pro empleo y pro mejores salarios para el Siglo XXI” se encienden las alarmas para los trabajadores de que tenga lugar una reforma al estilo de la que se llevó en Brasil y se propuso en Argentina, que tienen en común el desdibujamiento de la duración de la jornada laboral, nuevas formas de contratación inestable, reducción de indemnizaciones, entre otras.
El camino al desarrollo para Chile se percibe sinuoso. Por ejemplo, una variable que caracteriza a los países de altos ingresos es el alto gasto en investigación y desarrollo. Según datos del Banco Mundial este grupo de países, en promedio, destina un 2,56 % del PIB a este fin. En cambio, en Chile se destina apenas el 0,38 %, lo cual es incluso la mitad del promedio de América Latina (0,76 %). Los países desarrollados han fomentado la ciencia y la tecnología mediante la compra pública, el diseño de grandes planes estratégicos comandados por el Estado y la protección de sectores estratégicos, todas herramientas que se volverán impracticables para Chile en la medida que continúe firmando tratados de libre comercio que condicionan la autonomía de la política económica.
Las políticas de Piñera parecen estar apuntadas a favorecer al empresariado bajo la mirada de que sus mayores ganancias serán nuevas inversiones que beneficien al conjunto de la sociedad. Sin embargo, políticas basadas en el ajuste fiscal, el sobreendeudamiento y el desdén por las herramientas con las que cuenta el Estado para promover un cambio en la matriz productiva difícilmente permitirán avanzar hacia el desarrollo que aspira el presidente.
por Pablo Wahren
CELAG
@p_wahren
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