El Directorio de la empresa de energía de la provincia de Córdoba (EPEC) anunció una reestructuración de la misma que supone un ataque a los derechos de los trabajadores y al convenio colectivo de Luz y Fuerza.
Entre los derechos que se quieren liquidar, se encuentran la reducción de la licencia por vacaciones, la energía gratuita para los trabajadores que producen la misma, el régimen de suplencias, la movilidad y los viáticos. También eliminar el pago de aportes sociales y modificar la bonificación anual por eficiencia (BAE), a la cual se pretende convertir en un verdadero presentismo, a lo María Eugenia Vidal contra los docentes bonaerenses.
Ante esta amenaza, los trabajadores de la empresa se movilizaron rápidamente y convocaron a asambleas y la conducción del sindicato tuvo que retirarse de las negociaciones con el gobierno y aprobar una sucesión de asambleas diarias -que prefigura un plan de lucha- donde se discute, a la par de la defensa del convenio, los planes del gobierno de privatización de la empresa, algo que fue rechazado años atrás por la lucha de los trabajadores del gremio.
En la asamblea general del miércoles pasado, fue ovacionada una intervención que reclamaba a la conducción romper con el gobierno provincial y dotar de independencia política a la organización gremial.
Los trabajadores saben que todas las derrotas de la clase obrera en el último periodo se deben principalmente a la entregada de las conducciones burocráticas, como sucedió en Córdoba con la gran huelga de trolebuseras y choferes de la UTA, hace menos de un año.
En la masiva asamblea se definió marchar hacia la sede de EPEC para reclamar la renuncia del Directorio de la empresa, la anulación de las medidas tomadas y la defensa del convenio colectivo y de la empresa estatal.
Inmediatamente el gobierno tuvo que recular y propuso un acta donde se establece una tregua respecto de las medidas tomadas por una semana.
Inicio de la ofensiva empresaria
El ataque de la empresa comenzó con la “digitalización” de la facturación que significa el cierre de las cajas de cobro que tiene la empresa, la regimentación de las horas extras, que pasarán a ser autorizadas no por los encargados, sino por el propio directorio y la restricción en el uso de vehículos de la empresa, entre otras medidas.
El gobierno y los medios de comunicación masivos se lanzaron a una verdadera campaña provincial contra los trabajadores, responsabilizándolos del complicado estado de la empresa y, por sobre todo, de los tarifazos, que el propio gobierno ha venido aplicando en el último tiempo.
De esa forma el gobernador Schiaretti busca, en primer lugar, descargar sobre los trabajadores las consecuencias de las medidas que ya se han tomado. El recorte de la atención al público y de las horas extras y la movilidad, se traducirá en un agravamiento del precario servicio que presta EPEC; barrios, zonas y poblaciones enteras deberán esperar días y semanas para el arreglo de los desperfectos que se suceden a diario.
Este ataque sobre el convenio forma parte de la aplicación de la reforma laboral por partes que han pactado Macri y la burocracia de la CGT y a la cual adhiere plenamente el gobierno de Schiaretti.
Cuestionando los convenios “avanzados” como el de Luz y Fuerza o el de la UTA, se encubre en realidad el intento de aplicación de los convenios basura, como el de la Uocra y Comercio o Limpieza.
Quién vacía la caja de EPEC
Endilgar el rojo de EPEC a los trabajadores, enfrentándolos a los usuarios, resulta una maniobra repetida para soslayar un régimen de negociados millonarios, sobreprecios y coimas, especulación financiera, y sueldos exorbitantes (que llegan a los 160 mil pesos) de supuestos funcionarios, que se ha establecido sobre la empresa pública provincial.
Además, la empresa subsidia la energía –o la entrega gratis- a las grandes empresas radicadas en la provincia, entre ellas las multinacionales automotrices.
Otro tema central es la pesada carga que supone pagar todavía la obra de repotenciación de la Central de Pilar, la que fue ejecutada con sobreprecios que superaron en un 70% a los valores del mercado y cuya beneficiaria principal fue Electroingeniería.
El año pasado se tomó deuda por 100 millones de dólares al 7% para pagar deudas.
La estrategia de Schiaretti
El gobierno pretende maniobrar para seguir en sus planes antiobreros y privatistas. El tiempo debe ser aprovechado para impulsar las medidas contra la reforma laboral estableciendo un plan de lucha y la convocatoria a todos los trabajadores de la provincia al apoyo activo a esta lucha.
Desde el Partido Obrero y la CSC nos hicimos presentes en los lugares de trabajo y en la asamblea general para establecer un planteo que resulta central para todo el movimiento obrero cordobés: paro activo y plan de lucha y congreso de delegados de base para establecer una salida propia ante la agresión de los gobiernos capitalistas. También invitamos al plenario obrero convocado por la CSC y el Polo Obrero que sesionará este viernes por la tarde con la presencia de la compañera Romina Del Plá, justamente en el salón “Agustin Tosco” de Luz y Fuerza, y que tendrá como eje central impulsar la lucha contra la reforma laboral.
Jorge Navarro
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