sábado, 2 de diciembre de 2017

ARA San Juan: un crimen de Estado y una crisis política



La comunicación oficial de que el gobierno daba por concluida la operación de rescate de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan y sólo continuará la búsqueda de la nave produjo una nueva crisis con los familiares.
En una tensa reunión, Aguad –quien por primera vez puso la cara– y el jefe de la Armada recibieron duros reproches. "Les pedimos a los jefes que dejen hablar al personal de la Marina, que digan lo que saben, que no los sancionen", dijeron los familiares (La Nación, 1/12).
Precisamente, lo que los familiares indignados quieren saber es qué hacía el San Juan, en qué condiciones se lo envió a su misión y por qué se le negó la solicitud de dirigirse a puerto seguro tras el reporte.
¿Tomaba parte el submarino de las maniobras conjuntas que en este mismo momento se hacen con fuerzas de tierra y mar de los Estados Unidos?
Esas operaciones incluyen, según el gobierno, “maniobras de guerra submarina de alta complejidad”. ¿Se obligó al capitán Fernández a marchar por encima de las capacidades técnicas de la nave que comandaba? La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, pidió que se levantara el secreto que pesa sobre la misión que fue a cumplir el ARA San Juan. Marcos Peña reconoció que "pudo haber pasado que esto sea parte de lo que puede suceder en un operativo militar de estas características" (Perfil, 30/11).
Como se sabe, el gobierno pidió y obtuvo autorización senatorial para el ingreso en territorio argentino de tropas y navíos de los Estados Unidos para desarrollar 22 maniobras militares en el curso de los próximos 18 meses. Situado en contexto, el desastre del ARA San Juan se produce en el nuevo papel que pretende asignarse a las Fuerzas Armadas para la represión interna, bajo el ala del imperialismo.

Qué se sabe

Se sabe, por ejemplo, que la batería estallada tenía problemas desde la botadura de la nave en 1985, y que el martes 14, un día antes del desastre, el capitán Pedro Fernández había informado que tenía “un cortocircuito en la batería 3” (Infobae, 29/11), presumiblemente debido al ingreso de agua por el snorkel. A las 6 de la mañana del miércoles 15, Fernández pidió que se le permitiera cambiar de rumbo porque estaba a 300 kilómetros en línea recta del golfo San Jorge y podía llegar a tierra. Se lo negaron y le ratificaron la orden de dirigirse a Mar del Plata. A las 7.30 el submarino tuvo su última comunicación con tierra. Desde ese momento está tragado por el océano.
Mientras eso sucedía, el jefe de la Armada, el almirante Marcelo Srur, estaba en Montevideo.
Peor aún: recién al día siguiente, el jueves 16, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, se enteró por los diarios. Nadie le había informado nada sobre el ARA San Juan.
Perdida otra posibilidad de comunicación, para trasmitir por vía satelital el submarino debía mantenerse en ese nivel de profundidad pero le resultó imposible porque el Atlántico se encontraba “en condiciones 5/6” (ídem), lo implica olas de entre seis y ocho metros. Golpeado por el oleaje, el San Juan se vio obligado a sumergirse, de modo que ya no podía impulsarse por diésel y tenía la mitad de las baterías inutilizadas. A las 10.30 se produjo la implosión, detectada por unidades internacionales de control de explosiones nucleares. La catástrofe se había consumado. La crisis no hacía más que empezar.
Resulta indispensable exigir que se hagan públicas las investigaciones porque esto es, a no dudarlo, otro crimen de Estado que debe dilucidarse.

Alejandro Guerrero

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