Democracia de Infantería

Desde el Puente Pueyrredón al 18D.

El gobierno y la Justicia, actuando en tándem –“¿División de poderes? Bien, gracias”– están tratando de armar una causa por sedición contra los manifestantes y las organizaciones que participamos el 18 de diciembre en la movilización que reunió entre 200 y 300 mil personas. El Presidente se permitió incluso apretar públicamente a la Justicia en el brindis de Navidad el viernes 22, criticando a los jueces que liberaron a los manifestantes (y transeúntes), víctimas de la cacería de ese día.
No es novedad en la Argentina la culpabilización de las víctimas. Hay tres compañeros que perdieron el ojo en la brutal represión policial y otros dos que luchan para no perderlo, centenares de manifestantes heridos de balas de goma, un cartonero pisado por una moto policial cuando ya estaba en el suelo y, por supuesto, ningún policía investigado ni sumariado. Tampoco los hay por el abuso a la trabajadora apresada brutalmente el 14 de diciembre y los heridos de ese día. La campaña oficial y de los medios afines oculta todo eso, como también que los manifestantes fueron víctimas de un operativo tipo pinzas con fuerzas federales que atacaron desde los costados y a la retaguardia de una manifestación que abarcó cuadras y cuadras, incluso con ataque mediante bombas de gases desde helicópteros, además de carros hidrantes y gas pimienta. Se ha comprobado el emplazamiento de policías en los techos aledaños. Motos y patrulleros atravesaron columnas por distintas calles perpendiculares a Avenida de Mayo, arrollando y baleando a su paso, lanzando granadas de manos y arrojando gas pimienta a la cara.
Con el correr de los días, se va conociendo –o mejor dicho, filtrando involuntariamente–, la presencia de numerosos policías infiltrados que actuaron catalizando el enfrentamiento con la policía, incluido el hombre que Macri visitó, cuya madre se quejó en un reportaje (Laje) porque su hijo fue herido por la propia policía mientras “cumplía con su deber” entre los manifestantes. Resultan ilustrativas las fotos de encapuchados deteniendo manifestantes. Pero tal vez, el testimonio más notable lo dio el Defensor del Pueblo Alejandro Amor, quien en un audio imperdible, explica que concurrió con 150 colaboradores, que tiene filmaciones, y que en ellas se observa que la agresión inicial provino de un grupo encapuchado ajeno a las organizaciones sindicales y políticas que hoy están en la mira de la Justicia macrista. Agreguemos, además, en qué cabeza cabe ir a intentar tomar el Congreso por asalto con pecheras identificatorias como las que tenían ATE, la UOM, el PO, el MST, el PTS o cualquiera de las organizaciones que estaban en primera línea. Amor explica, incluso, que habló en ese momento con Ramal, Del Corro y Bodart, quienes trataron de dialogar con el grupo para impedir el accionar. Amor dice haberse reunido con el juez Bonadío y haber presentado todas sus pruebas y filmaciones a la Justicia, aunque ahora está actuando el juez federal Torres.
La profusa exhibición de manifestantes defendiéndose con piedras, rompiendo una vereda para obtenerlas o incluso la mentada imagen de un lanzador de fuegos artificiales atado a una rama, tienen por objeto demostrar la intención de un plan organizado para asaltar el Congreso e impedir su funcionamiento. Los hechos desmienten palmariamente tal delirio, mostrando incluso el altísimo nivel de improvisación de la autodefensa de la multitudinaria manifestación, que sin embargo mostró un rasgo profundo: aún bajo la represión policial nadie se quiso ir. “Nadie retrocede”, había titulado el jueves 14 una de las geniales placas de Crónica TV. Así también fue el 18.
Pues bien, ya desatada la batalla campal, cuando la presión de un grupo delantero de los manifestantes volteó las vallas, nadie intentó pasar hacia el Congreso, detalle fundamental. Al contrario, las columnas –entre ellas, las del PO–, retrocedieron de manera organizada, en nuestro caso por la calle Montevideo para preservar a los miles de militantes que habían concurrido. Eso sí, sin abandonar el escenario de la protesta hasta que la masa de la manifestación empezó a retirarse por imperio de la atmósfera irrespirable debido a los gases. El grupo delantero de seguridad, como siempre, y en todas las organizaciones populares, cubre la retirada de los demás compañeros. Cumpliendo esa función, la patota de Pedraza mató a Mariano Ferreyra, cuando los manifestantes fueron atacados mientras comían un choripán a cuadras de la desconcentración de aquella lucha. En resumen, hubo 200/300 mil manifestantes que persistieron en la función política de su presencia y de su lucha, no dejándose dispersar para que un parlamento de mayoría pírrica votara tranquilo el saqueo a los jubilados. Esa idea estuvo presente también en el cacerolazo de la media noche, porque todavía no se había votado y el macrismo transpiraba para reunir el total de los votos.

“Sedición”

La acusación de sedición por el artículo 22 de la Constitución y el 229 del Código Penal requiere probar la intención de un levantamiento para “deponer” alguna de las instituciones y el 230 se refiere a “una fuerza armada que se atribuye los derechos del pueblo”. El despropósito mayúsculo de encuadrar a los participantes del 18D en estos tipos penales tiene por objeto culpabilizar no sólo a los manifestantes en persona sino a organizaciones, personerías y dirigentes de las organizaciones señaladas políticamente por el dedo del poder.
Los antecedentes de este tipo de operaciones en tiempos rebeldes son múltiples en la historia argentina, tan rica en irrupciones populares. Pero resulta inevitable la comparación con el operativo montado por Jorge Vanoli, el ministro radical de Duhalde, junto a Aníbal Fernández, cuando armó la causa contra las organizaciones y dirigentes que participamos en la manifestación del 26 de junio del 2002, en reclamo de trabajo genuino o subsidio al desocupado. Fuimos acusados de atentado a las instituciones por la ley de “defensa de la democracia” (ley 23.077) tras la famosa masacre de Avellaneda en la que fueron asesinados Kosteki y Santillán. Hubo 33 heridos de bala de plomo, fuimos atacados desde los techos por tres fuerzas de seguridad en un operativo conjunto y luego, acusadas las víctimas. La acusación de “atentado a la democracia” se cayó junto con Duhalde, quien adelantó su salida del gobierno, pero las “pruebas” colectadas por los servicios, como ahora, aparecieron en el juicio al comisario Fanchiotti y el cabo Acosta, los asesinos de Maxi y Darío. La taba de la historia se había dado vuelta. Aunque la Justicia del régimen jamás juzgó a los conspiradores y responsables políticos de aquellos crímenes, varios de los cuales siguen flotando en las filas de los partidos de los explotadores hasta hoy.

El ataque al parlamento provino de Macri, no de los manifestantes

La comparación importa y mucho. Aunque Duhalde era un presidente de emergencia, nombrado por la Asamblea Legislativa y el actual fue electo hace dos años, Macri venía de la firma, por parte de todo el gabinete, de un DNU para aplicar las reformas que saquean a los jubilados y al Anses y que alteran todo el sistema tributario a favor del capital, contra consumidores y trabajadores. Recordemos que está prohibido expresamente por la constitución aplicar DNU a cuestiones tributarias y, desde luego, a cuestiones que no son de urgencia, como semejante reforma previsional. Estuvimos ante procedimientos irregulares para hacer pasar una ley anticonstitucional, que legisla de manera retroactiva sobre derechos adquiridos.
Es decir que el ataque al parlamento no provino de los manifestantes, sino del poder político. Para hacer pasar a sangre y fuego el pacto infame del Presidente y los gobernadores, con anuencia de la CGT. El antecedente al DNU había sido el intento anticonstitucional de hacer funcionar Diputados sin quórum, lo que La Nación tituló “Un quórum de cinco segundos”. Señalemos al pasar que la ley se votó finalmente con 127 votos de manera tal que si todos los que la votaron en contra se levantaban, no había ley, porque la sesión perdía el quórum. No lo hicieron porque la oposición es socia menor, de relevo, del régimen que votó el pacto con los fondos buitres, incluso estas leyes de ajuste con la vieja mayoría del Senado.
El argumento de que “los de adentro actuaban para hacer caer la sesión en combinación con los de afuera”, es una falacia. Los de adentro hicieron votar distintas mociones, entre las cuales la más destacada fue la de Romina Del Plá por un proyecto presentado antes, para la convocatoria de una consulta popular acerca de la ley previsional, lo que hubiera abierto una deliberación popular de dos meses y un referendo final. La moción perdió por 136 a 108 y la sesión siguió después de ella y de otras, todas propias de los legítimos mecanismos parlamentarios.
Por otro lado, apelando a los mecanismos propios del parlamento, el 14 de diciembre la propia Carrió mocionó levantar la sesión, cosa que el Presidente Monzó hizo de inmediato. Cuatro días después, esa misma postura por parte de quienes se oponía al saqueo a los jubilados, fue catalogada de “golpista” o “conspirativa” contra el parlamento. Romina Del Plá, en el fragor del debate, le contestó muy bien a Carrió: la única conspiración que vemos es esta ley que fue redactada por el FMI y la banca acreedora y ustedes la quieren imponer contra la voluntad popular.
Por otro lado, ya había ocurrido que “la presión de la calle” torciera el brazo a uno de los tres poderes: la Corte Suprema, e indirectamente al Senado que nombró sus ministros, en oportunidad del 2x1, cuando una movilización estimada en un millón de personas en todo el país “forzó al parlamento”, por medio de la acción directa de la movilización popular, a redactar y votar una ley en una tarde, para que no salgan libres los genocidas. La “sedición” viene de atrás.

Democracia de Infantería

Este operativo represivo, en realidad, forma parte de una tendencia profunda: la del régimen de Macri hacia el Estado de excepción. Lo marcamos con el decreto 721 de autonomía de las fuerzas armadas (tapa de Prensa Obrera), con el 2 x1, con la vía libre a las fuerzas de seguridad por parte de Bullrich que cobró dos víctimas impunes, Maldonado y Nahuel, en las maniobras parlamentarias anticonstitucionales y, ya después del 18D, con la represión a los obreros azucareros del Ingenio La Esperanza y la orden de captura y detención de la dirección de su sindicato.
Macri, en el fracaso de su política, hundida por una crisis fiscal, por el endeudamiento sideral sin salida, por una crisis de la balanza comercial, por una inflación del doble de la prometida, por el estallido de las cifras de la pobreza y el aumento del trabajo en negro, se desbarranca hacia una democracia de infantería para imponer una segunda fase del ajuste, que no explicitó en la campaña electoral. El golpe a las masas, que acicatea la rebelión y la combatividad obrera, fue ocultado a los jubilados que votaron a Carrió y a Cambiemos en todo el país. Este aspecto se apreció en el giro del humor fabril y callejero. Y el 18D concentró entre, la rebelión obrera de la tarde y el cacerolazo multitudinario de la noche, todo el cuestionamiento y la bronca popular.
Se abrió un nuevo período político, con agudo debilitamiento de la alianza oficial y de sus pactos con un PJ en disolución contenida, con una crisis rampante de la burocracia de la CGT, con una nueva y superior irrupción de masas a las conocidas en el primer trimestre del año. El ataque a la llamada “izquierda radicalizada” sobre la que editorializan Morales Solá o Sergio Bereztein, sobre la que advirtió Fontevecchia en un editorial notable en el diario Perfil, que crece a partir de una crisis histórica del peronismo, pretende ser detenida con represión y judicialización mediante esta acusación de sedición. Jamás triunfaron este tipo de salidas, al menos sin una derrota de fondo de la clase obrera que no han podido imponer y que ahora aparece más lejana.
Difícilmente ahora, también porque la crisis capitalista de conjunto dinamiza la crisis nacional y su descarga sobre las masas, y desestabiliza los golpes parciales del régimen de opresión. Algo con lo que también choca la burguesía en Brasil. La respuesta de las organizaciones de DDHH junto a los luchadores y la izquierda ha sido rápida, inmediata. También la vergonzosa reacción del kirchnerismo, condenando “a los violentos”, incluso a aquellos que lucharon desde sus filas, poniendo un signo igual entre el poderoso aparato de coerción del Estado y las masas trabajadoras. En los momentos cruciales la historia desnuda a todos sus protagonistas.
Podrán cortar algunas flores, incluso muchas, pero nunca detener la primavera. Preparamos al Partido Obrero para tiempos superiores de desarrollo e intervención política. Así recibimos esta “democracia de infantería” y este 2018, luchando junto a los trabajadores, para reforzar el clasismo y la perspectiva de un gobierno de trabajadores.

Néstor Pitrola