“Una escalada de represión a la protesta”

Casi cuarenta organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos le pidieron a la CIDH que advierta al Estado argentino que está violando “los estándares de protección de los derechos humanos en materia de protesta social”.

Un estado de sitio de hecho que suspende garantías constitucionales de protesta por parte de la sociedad civil. Así definieron la situación unas cuarenta organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y ambientalistas, y pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) que “advierta al Estado Argentino que la política represiva que se verifica en el país viola los estándares de protección de los derechos humanos en materia de protesta social”. En la denuncia a la que accedió PáginaI12 abundaron en los detalles de la salvaje represión que el gobierno de Cambiemos desplegó mediante un operativo conjunto de tres fuerzas policiales y de seguridad contra quienes se manifestaban por la no aprobación de la reforma previsional, el jueves pasado. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE nacional), APDH Córdoba, Naturaleza de Derechos y las demás organizaciones solicitaron al organismo interamericano que se dicte “medidas cautelares generales a favor de toda la ciudadanía, ordenando que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho humano a la protesta social pacíficamente, sin amedrentamiento y amenaza del uso de la fuerza estatal, la cual debe poseer un estricto apego a los principios generales de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en contextos de protesta social”. Y advirtieron que esto debe ser puesto en práctica “muy principalmente para la movilización del día lunes 18 de diciembre a la Plaza Dos Congresos en la CABA”.
Fuentes consultadas por este diario estimaron que en las próximas horas la CIDH podría emitir algún comunicado al respecto, mientras define si otorga o no la cautelar solicitada. Los peticionantes requirieron que este organismo inste al Estado a “garantizar y proteger la integridad física y seguridad de los y las participantes de manifestaciones sociales y populares como así también brindar las garantías suficientes para el ejercicio del derecho a la reunión pacífica, y la libertad de prensa dentro del marco de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
En un extenso escrito que fue enviado a la sede de la CIDH en Washington, y que contiene el listado de los detenidos y de los periodistas y reporteros heridos el jueves pasado, las organizaciones denunciaron al Estado por “la escalada de hostigamiento, represión y cercenamiento a la protesta social, a través de la disposición de las fuerzas de seguridad de modo tal que impiden el libre tránsito de centenares de personas que quieren expresar y manifestar abiertamente su opinión contra las políticas de estado, como la reforma previsional y laboral en el Congreso, y los acuerdos de libre comercio”. Además acusaron a la administración de Mauricio Macri por la “represión ejercida contra las trabajadoras y trabajadores de prensa que cumplen con sus tareas de informar sobre los hechos que refieren a esas manifestaciones populares”, y describieron que “concretamente el 14 de diciembre se ha reprimido a mansalva a todos y todas las manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma en la Plaza Dos Congresos y sus inmediaciones, procediendo a detenciones masivas arbitrarias e ilegales de personas que pretendieron ejercer su derecho a la protesta social”, como así también “se procedió a detenciones de quienes no estaban manifestándose sino que simplemente circulaban por la vía pública, como es el caso de Damiana Barcellos, y hasta se reprimió a legisladores y legisladoras a quienes se les dificultó el ingreso al Congreso nacional”. Las treinta y ocho agrupaciones denunciaron “que se ha reprimido y herido a periodistas quienes se encontraban registrando la cacería humana por parte de las fuerzas del estado”, y destacaron que “la presentación tiene por objeto la intervención de esta Comisión, en razón de la violación de derechos humanos por parte del Estado Argentino atento su proceder de hostigamiento, amedrentamiento y de represión contra la población en las manifestaciones populares, que se constituye en una modalidad estatal sistemática para implementar solapadamente ‘un estado de sitio de hecho’ suspendiendo de facto todas las garantías constitucionales ante la protesta social de la sociedad civil”.
En el escrito dirigido al director ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, señalaron que “de acuerdo con los estándares internacionales, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades”, y afirmaron que en los hechos denuncian “se corrobora que la regla es el uso de la fuerza represiva, en tal sentido el Estado Argentino está violando los estándares internacionales y regionales de derechos humanos en materia de protesta social”. A criterio de los denunciantes, hay un proceder “sistemático y lo podemos corroborar en varios sucesos recientes en varias partes del país, donde las fuerzas de seguridad estatal (nacionales principalmente aunque si también las provinciales) proceden violentamente como regla ante las y los manifestantes, ciudadanas y ciudadanos que solo reclaman sus derechos avasallados. Lo mismo está sucediendo con los pueblos originarios”.
Sobre el operativo del jueves en Congreso, precisaron que “la presencia de las fuerzas de seguridad estatal ya era amenazante y preocupante desde temprana hora, y después de las 14 se ha procedido a reprimir como regla con una inusitada violencia con gases lacrimógenos y balas de goma ante los y las manifestantes que empezaron arribar al Congreso Nacional a manifestarse pacíficamente”, por lo tanto denunciaron ante la Comisión que “se trata de una política nacional represiva sistemática del Estado Argentino que viola derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, lo cual a su vez genera una responsabilidad internacional del Estado”.

Patrón represivo

Desde el minuto cero de la administración macrista, cuando los trabajadores de Cresta Roja fueron desalojados con balas de goma en la Autopista Riccheri, esta política represiva quedó en evidencia, y la denuncia toma nota de ello. “El proceder del Estado nos exhibe un patrón denominador común que lleva impreso un uso innecesario, irracional desproporcional y ultra abusivo de la fuerza de modo regular, nunca excepcional; ello, como en ocasiones anteriores, fue luego acompañado de detenciones masivas y arbitrarias, imputando a las y los manifestantes conductas genéricas e imprecisas. E inclusive con la intervención de personal de servicio, disfrazado de manifestantes sociales. Concretamente, el Estado Argentino regularmente en cada manifestación pública y popular está disponiendo a las fuerzas de seguridad estatal de modo tal de generar un amedrentamiento y temor en la población presumiendo como violentos y delincuentes a quienes solo acuden a ejercer su derecho constitucional a la protesta social”. Como antecedente destacaron las represiones en las marchas por la desaparición de Santiago Maldonado, en la movilización de la sociedad civil ante la OMC, el 12 y el 13 de diciembre. “La gravedad y urgencia son claras y habilitan la adopción de medidas cautelares urgente de la CIDH, ya que corren riesgo de daño grave la vida e integridad física y libertad ambulatoria todos los ciudadanos, ciudadanas y residentes de la Argentina que procuran ejercer su derecho a la protesta, como será el 18, ello ante la cacería de manifestantes sociales que viene realizando el Estado Argentino en cada manifestación social y popular”. Y recordaron tres hechos ya denunciados ante la ante esta CIDH: la represión a la Pu Lof en Resistencia, comunidades mapuches de Chubut en enero de 2017, la desaparición y muerte de Santiago Andrés Maldonado tras la represión en ese mismo lugar, y la muerte tras un disparo por la espalda de la Prefectura Naval a Rafael Nahuel, en la Lof Lafken Wincul Mapu el 25 de noviembre.
En diálogo con PáginaI12, el abogado Cabaleiro (Naturaleza de Derechos) anticipó que hará una ampliación de esta denuncia para destacar la gravedad que implica que los detenidos hayan sido imputados de “intimidación pública” y de impedir el funcionamiento parlamentario, dado esa figura penal que habilita la intervención del fuero federal en lugar de la justicia criminal ordinaria. “Lo dijo muy claro el CELS, les adjudican así a los manifestantes la intención de provocar temor y poner en riesgo la seguridad nacional sólo para agravar la ya criminalizada protesta”, apuntó el letrado que incluirá en su próximo envío el informe anual del CELS, presentado el sábado.
Suscribieron el texto enviado a la CIDH la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Córdoba), Red Universitaria Ambiente y Salud de la UNC, Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Colectivo Artesanos del Derecho, Asociación de Trabajadores del Estado, Suteba (Marcos Paz), Fesprosa, Cátedra Abierta de Estudios Americanistas UBA, Red de Abogadas y Abogados Populares, Lof Hualawe, Asociación Agentes de Propaganda Médica, Unidos por el Río (Vicente López), Acción por la Biodiversidad (Red Nacional de Acción Ecológica), Las Floras Libertarias, Asamblea Vecinal Ramallo, Huerquen-Comunicación en Colectivo, Foro Ambiental de General Viamonte, Foro por la Vida y el Ambiente de Vicente López, Vecinos Autoconvocados de Arroyo Leyes (Santa Fe), Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde, Espacio de Lucha Territorial Río Bravo, En Subversión Luján, Colectivo Por 1000 metros libres de fumigaciones en Necochea Quequen, Asamblea Paren de Fumigar Chascomús, Red Federal Docentes Por la Vida, Espacio Nacional y Popular Luján, Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Chapadmalal, Frente Universitario Luján, Catamarca contra la tortura, Abogados Populares Catamarca, Colectivo La Trinchera y Paren de Fumigar las Escuelas Rurales, entre otras organizaciones.

Adriana Meyer