Quienes denunciamos este memorándum y lo combatimos políticamente rechazamos la judicialización política.
La causa que el juez Bonadío sigue contra Cristina Fernández y otros funcionarios del gobierno anterior por el memorándum con Irán representa, antes que nada, un atropello de la Justicia al Congreso Nacional. Considerando que en el régimen institucional argentino el Poder Legislativo es quien representa –aunque muy defectuosamente– el mandato popular, mientras el Poder Judicial es órgano no electo de funcionarios vitalicios, este atropello conlleva la eliminación de todo vestigio de democracia política. Dicho de otro modo, que un juez se arrogue el derecho a considerar a una ley del Congreso como un acto delictivo es un hecho inadmisible que debería levantar el repudio de todo verdadero demócrata.
Esto vale, desde ya, para el memorándum con Irán. Cuando fue tratado por el Congreso nuestro partido lo denunció como un eslabón más de la cadena de encubrimiento que existe sobre el atentado a la AMIA. Con el memorándum se agudizaba la política de evitar avanzar sobre la llamada 'conexión local' conformada por los funcionarios del gobierno argentino, las fuerzas de seguridad y la propia cúpula del sionismo en la Argentina. Mientras se proclamaba la búsqueda de la verdad, los archivos de la SIDE sobre el atentado a la AMIA seguían siendo secretos para las víctimas y sus familias.
El kirchnerismo se valió de la condena a Irán por el atentado a la AMIA como una forma de preservar sus lazos con el imperialismo. Ese lazo no se cortó siquiera antes choques importantes, como fue el rechazo a ingresar al ALCA en la Cumbre de Mar del Plata con la presencia de Bush. De manera ininterrumpida, Néstor y Cristina condenaban a Irán por el atentado a la AMIA, a pesar de que no existían pruebas fundadas que permitieran afirmar su responsabilidad. En la ONU, cuando hablaba el representante del gobierno iraní, indefectiblemente Néstor y Cristina se retiraban del recinto. Por último recordemos que la ley antiterrorista aprobada por el gobierno K y solicitada por los yanquis fue justificada por el atentado a la AMIA.
Para el kirchnerismo el memorándum no significó un cambio de política. Lejos de ello, el punto de partida era mantener la acusación contra Irán y sus funcionarios. Incluso más, no tenía como contraparte el levantamiento de las alertas rojas de Interpol. Como lo confesó Cristina Kirchner, el propio Obama estaba interesado en el acuerdo, porque era una vía para buscar reordenar su política en Medio Oriente y con Irán. Según trascendió, el acuerdo también incorporaba la asistencia de Argentina a Irán en materia de energía nuclear, a cambio de que el régimen iraní desactive todo uso militar de la misma. El kirchnerismo se movió como un peón de la administración demócrata, o al menos creyó contar con su aval.
La aprobación del memorándum por parte del Congreso se explica justamente porque los diputados y senadores sintieron que levantaban la mano con el aval del imperialismo. Por su parte, el parlamento iraní nunca lo aprobó, mostrando que no lo veían como un beneficio, posiblemente porque las alertas rojas siguieron vigentes. El sionismo sí protestó, porque no apoyaba el acercamiento que Obama estaba realizando con el régimen iraní. Esta quiebra entre el imperialismo yanqui y el sionismo conllevó la división del aparato de inteligencia local. Stiuso, una pieza del Mossad, rompió con el gobierno kirchnerista. Su reemplazo por el genocida Milani, un agente de la inteligencia militar, mostró que el choque entre servicios era una guerra por procuración de las grandes potencias.
El PO, que denunció este memorándum y lo combatió políticamente, por ejemplo haciendo un acto frente al Congreso Nacional, rechaza la causa judicial contra sus autores por considerar que no es materia del Poder Judicial las resoluciones políticas del Congreso Nacional, mucho menos en temas de política exterior. Los jueces actúan como una red del Departamento de Justicia de los EEUU, que desde la llegada de Trump al gobierno ha cambiado de política, reestableciendo una alianza cerrada con Israel y retomando la línea guerrera contra Irán. El gobierno de Macri, en este choque internacional, ha alineado a la Argentina con Trump y el sionismo, luego de su paso frustrado en el apoyo a la dupla Obama-Hillary Clinton.
La judicialización política, sobre todo cuando la realiza un poder judicial corrompido y alineado con el imperialismo, debe ser denunciada sistemáticamente como un avasallamiento a la democracia y a la autonomía nacional. Argentina debe mirarse en el espejo de Brasil, donde la Justicia ha tomado en sus manos buena parte de las decisiones más trascendentales del país sin pasar por ninguna elección popular.
Nuestra denuncia de esta política vale más cuando afecta a una adversaria estratégica como es Cristina Kirchner y su grupo político. Es ahí cuando se pone a prueba el carácter principista de un partido.
Gabriel Solano
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