Mientras crece la bronca popular por la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz se cumple un nuevo aniversario de la firma de los decretos de impunidad.
El beneficio de la prisión domiciliaria otorgado recientemente al represor Miguel Etchecolatz, ex jefe de la Brigada de investigaciones de la Policía Bonaerense quien estuvo al frente de 21 centros clandestinos de detención y fue condenado en seis expedientes por crímenes de lesa humanidad, retrotrae al año 1990.
En ese entonces, el presidente Carlos Menem sancionaba el Decreto 2.741/1990, indultando a los exmiembros de las juntas militares que en 1985 habían sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos.
Este decreto, quizás el más resonante debido a los genocidas beneficiados, vino a completar una serie que comenzó un año antes. En 1989 se habían firmado los primeros cuatro que alcanzaban a quienes tenían un proceso judicial abierto y comprenden las siguientes situaciones.
La totalidad de los altos jefes militares procesados y que no fueron beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sancionadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín, con excepción del exgeneral Carlos Guillermo Suarez Mason, extraditado de los Estados Unidos (que será incluido en una norma posterior) (Decreto 1002/89).
Todo el personal militar, de la Prefectura Naval y de inteligencia que intervino en las rebeliones contra el gobierno constitucional en la Semana Santa de 1987, Monte Caseros (1987) y Villa Martelli (1988).
Los exmiembros de la junta militar teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, almirante Jorge Isaac Anaya y brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo, condenados por sus responsabilidades políticas y estratégico-militares en las islas Malvinas
Volviendo al decreto del año 1990 por el cual fueron indultados los genocidas de más alto rango como Jorge Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini (luego se anexarían mediante otros decretos a Ramón Camps y Ovidio Riccheri) vale repasar algunos fragmentos que lo componen e intentan justificar.
"Visto las medidas dispuestas por el gobierno nacional para crear las condiciones que posibiliten la reconciliación definitiva entre los argentinos, y considerando: que una profunda reflexión sobre la situación imperante en la República lleva a concluir en la necesidad de que el poder Ejecutivo Nacional realice, respecto de los actos de violencia y de los desencuentros habidos en el pasado inmediato, una última contribución para afianzar el proceso de pacificación en que están empeñados los sectores verdaderamente representativos de la Nación”.
Con total impunidad se refiere a crímenes de lesa humanidad comprendidos dentro de un plan sistemático de terrorismo de estado como “desencuentros habidos en el pasado inmediato”.
“Que como ya se sostuviera, por sobre toda consideración sobre la razón o sin razón de las diversas posiciones doctrinarias o ideológicas, es menester adoptar las medidas que generen condiciones propicias para que a partir de ellas, y con el aporte insustituible de la grandeza espiritual de los hombres y mujeres de esta nación, pueda arribarse a la reconciliación definitiva de todos los argentinos, única solución posible para las heridas que aún faltan cicatrizar y para construir una auténtica patria de hermanos”.
Ridículamente y apelando a la “grandeza espiritual” se intentaba imponer como “única solución posible” la reconciliación con quienes desaparecieron y asesinaron a 30.000 compañeros y se apropiaron de sus hijos.
“Que cabe puntualizar, no obstante, que esta medida es sólo un mecanismo político, constitucionalmente previsto para crear las condiciones de la pacificación nacional. No implica en manera alguna que estos objetivos hayan sido alcanzados, ni que esté garantizado alcanzarlos; es una más entre las muchas medidas que el gobierno nacional, sacrificando convicciones obvias, legítimas e históricas, está dispuesto a propiciar para lograr la pacificación de la república”.
Lo llamativo de este fragmento es el reconocimiento de una supuesta renuncia a convicciones legítimas, con el objetivo de “pacificar” la república.
Para finalizar y dejar en evidencia que tanto los indultos como la idea de reconciliación con los genocidas descansa en la teoría de los dos demonios, se desprenden estas líneas a continuación que hablan de un “mutuo perdón”.
"Que el Poder Ejecutivo Nacional pretende crear las condiciones y el escenario de la reconciliación, del mutuo perdón y de la unión nacional”.
Cabe destacar que en ese entonces el 75 % de los argentinos, de acuerdo con las encuestas, se oponían los indultos. Dados a conocer los últimos un sábado en vísperas del Año Nuevo y de un fin de semana largo y al comienzo de las vacaciones. Esa maniobra no impidió la manifestación que se dio en la Plaza de Mayo, el domingo 30 de diciembre a la cual acudieron aproximadamente 100.000 personas.
Pasados los años 90 y luego de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 la lucha popular contra los genocidas ganó un terreno enorme. El mismo peronismo que trece años antes había avalado a Menem y sus indultos ahora se veía obligado a dar una respuesta. En 2003 el Congreso (a propuesta de la diputada de izquierda Patricia Walsh) anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Desde entonces hubo jueces que a título personal comenzaron a fallar en favor de la inconstitucionalidad de esos indultos.
Tres años después, en junio de 2006, la Cámara de Casación Penal resolvió que los indultos concedidos a condenados por delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales. Finalmente en agosto de 2010 la Corte Suprema determinó que los indultos no fueron constitucionales y las condenas que anularon debían ser cumplidas.
Hoy como ayer seguiremos exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva. Ni olvido ni perdón.
Martín Leonardi
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