Punto de inflexión

Apenas perpetrado el robo a los jubilados, el Congreso tardó menos de un día en disponer el reparto del botín. El saqueo de 100.000 millones de pesos a los adultos mayores tendrá como contrapartida un conjunto de ventajas impositivas a los capitalistas, entre ellas, la reducción del impuesto a las Ganancias y -desde ya- la baja de los aportes patronales. El consiguiente vaciamiento de la Anses abre la puerta al retorno de la jubilación privada, bajo la forma de un haber complementario.
Entre el atraco jubilatorio y sus beneficiarios, asoma la coalición política de hecho que permitió esta gran confiscación social. Junto a Cambiemos, sumaron su voto los diputados de los gobernadores pejotistas. Pero el arco del ajuste se extiende, con matices, mucho más allá. En el Congreso, la borrada de Daniel Scioli, cuando se esperaba su voto negativo a la reforma previsional, puso de relieve qué hubiera hecho él con la cuestión previsional si era electo presidente por el kirchnerismo. Mientras tanto, un grupo de legisladores bonaerenses del FpV -electos con la boleta de Cristina- le daban quórum a la ley que cercena los derechos jubilatorios en el Banco Provincia. El plan de guerra contra las masas, anunciado por Macri apenas pasadas las elecciones, ha tenido como cómplices directos e indirectos a muchos de los que reclamaban el voto en nombre de “frenar el ajuste”.

Defraudación política, rebelión popular

Para los trabajadores, el proceso que llevó a la ley antijubilatoria ha sido un curso acelerado acerca del régimen político y social vigente, como maquinaria de engaño y explotación política de la mayoría del pueblo. Durante la campaña electoral, Marcos Peña se cansó de asegurar que “no estaba prevista reforma jubilatoria alguna”. Pero unas horas después de haberse embolsado los votos de millones de adultos, el gobierno anunció el reajuste a la baja de los haberes y la elevación de la edad jubilatoria. A los alcahuetes mediáticos que “deploran” la reacción popular contra esa estafa no se les cae una palabra de condena respecto de la inmensa violencia social y política que se ejecuta a través de las instituciones ‘representativas’ del Estado. Es este fraude lo que fue generando, lenta pero firmemente, un clima de rechazo entre los trabajadores. La percepción de que la bronca crecía llevó al gobierno a precipitar la votación el pasado jueves -pero ese golpe de mano no hizo sino precipitar una mayor inquietud popular.
Quien percibió el abismo que se abría entre el gobierno y la mayoría del pueblo fue Carrió: ante un Congreso cercado por los manifestantes y la represión feroz de la Gendarmería, la diputada del gobierno pidió levantar la sesión. Naturalmente, no para dar marcha atrás con el saqueo previsional sino para salvarlo con otro engaño -un bono miserable y por única vez a los jubilados. Sobre esta base, le reclamó a Macri refrendar el acuerdo con los gobernadores y descartar una reforma por decreto. Pero el traspié oficial del jueves no hizo más que redoblar la tendencia a la movilización: la jornada del lunes frente al Congreso orilló los 200.000 manifestantes, y puso de manifiesto una rebelión popular. En primer lugar, contra la confiscación jubilatoria del gobierno y de sus aliados. Pero también, contra la burocracia sindical: mientras la CGT convocaba a un paro “para después”, y sin la menor intención de incidir sobre la votación del Congreso, numerosas organizaciones obreras ganaban la calle para oponerse de verdad al saqueo jubilatorio.
Cuando el gobierno apeló a la represión para desalojar la plaza, esa movilización defendió con todos los medios a su alcance el derecho a seguir luchando y a exigir el retiro de la ley. El gobierno ha lanzado ahora otra escalada -en este caso, contra militantes y trabajadores que ejercieron esa autodefensa, y contra la izquierda y el Partido Obrero. Esta “puntualización” es una tentativa de ocultar el alcance enorme y extendido de la reacción obrera contra la represión, que abarcó a las más diversas columnas sindicales. La clase obrera no quiso abandonar la lucha, a pesar de una represión encarnizada que se cobró un centenar de compañeros heridos. La profundidad de esta tendencia la reveló otra cuestión: horas después de que el asedio policial lograra el desalojo de la plaza del Congreso, la clase media de la Ciudad y del conurbano le hizo el relevo a los baleados y gaseados, protagonizando un masivo cacerolazo. Como en 2001, la tentativa de condenar y aislar a la fracción más combativa de los trabajadores era derrotada.

Implosión de la CGT

Esta intervención popular ha provocado otro estallido, el de la cúpula de la CGT. El armado del Triunvirato cegetista, articulado en torno de la colaboración con el gobierno, ingresó en terapia intensiva. La CGT no sólo dejó pasar despidos y paritarias a la baja -ha sido, además, co-redactora de la reforma laboral junto al gobierno. Cuando comenzó a crecer la reacción contra el proyecto previsional, la burocracia sindical intentó reacomodarse, pero sin apartarse un paso de su colaboración con el gobierno. Esa política del triunvirato estalló por los aires el lunes pasado: su paro tardío terminó boicoteado por todo un sector de la burocracia (en primer lugar, la UTA). Mientras tanto, la movilización al Congreso, boicoteada por la CGT, resultaba multitudinaria. El telón de fondo de esta crisis es un profundo proceso por abajo: en estos dos años de macrismo, la clase obrera ha vivido derrotas, algunas severas. Pero con la misma intensidad, y principalmente donde se ha luchado, procesó una importante experiencia con sus direcciones burocráticas. En la plaza del lunes, delegados y trabajadores de sindicatos fuertemente regimentados -como la UOM- confraternizaban y actuaban en común con las columnas de la izquierda. En ese cuadro, y más allá de sus arrestos mediáticos adentro del Congreso, el sindicalismo kirchnerista careció de protagonismo. La burocracia sólo va a “reordenar” su implosión para poner a salvo su alianza de hierro con el macrismo y los capitalistas. Para el activismo obrero y el clasismo, la crisis le imprime una enorme actualidad a la lucha por un Congreso de bases de todo el movimiento obrero. Además de oponerle un plan de lucha al plan de guerra, un Congreso de bases debería debatir un programa de salida a la crisis nacional, que parta de la defensa incondicional de las reivindicaciones amenazadas y le oponga, al ajuste oficial, un plan económico de la clase obrera.

Perspectivas

El gobierno ha logrado poner a salvo el primer peldaño de su “plan de guerra”, pero dejando jirones en el camino. Lo mismo vale para sus socios en este paquete, en cuyas provincias se han desenvuelto importantes movilizaciones de masas. El Partido Obrero y la Coordinadora Sindical Clasista no hemos sido espectadores en esta tendencia a la intervención activa de los trabajadores. La preparamos convocando al clasismo y a los sindicatos combativos a iniciativas de lucha contra el paquete oficial, como la columna independiente en la movilización del 29 de noviembre, o la gran marcha y acto que concretamos el pasado 6.
La crisis en torno de la ley previsional mostró los límites de la victoria electoral del macrismo, que en menos de dos meses terminó enfrentado con una parte importante de sus votantes. El tratamiento de la reforma laboral, a su vez, ha pasado para marzo. Los choques de estos días han acentuado la inquietud del gran capital respecto de la marcha del gobierno, en medio de la acentuación de un conjunto de contradicciones irresueltas -endeudamiento creciente, déficit comercial también en aumento, sobrevaluación cambiaria y una reactivación frenada. En este cuadro, el gobierno necesita renovar el apoyo del gran capital defendiendo a rajatablas una orientación antiobrera. Pero la capacidad política de llevarla adelante ha sido, otra vez, puesta a prueba. Iniciativa obrera; cuestionamientos por arriba; deterioro de la base electoral del gobierno y sus aliados. La lucha previsional abre un punto de inflexión en la situación política, con enormes posibilidades de desarrollo para la izquierda revolucionaria.

Marcelo Ramal