El impuesto a la renta financiera es simplemente una cortina de humo para hacer pasar el corazón de la reforma impositiva, que pasa por un enorme beneficio al capital que va de la mano de un fuerte ajustazo contra el pueblo. Un informe de la consultora Quantum Finanzas estima que el impuesto a la renta financiera recaudaría anualmente el equivalente entre 700 y 1.000 millones, equivalentes a sólo el 0,14- 0,17% del PBI. Es que sólo abarca al 4% de los inversores, pues la gran mayoría de las transacciones financieras son realizadas por empresas que ya estaban gravadas por el impuesto a las ganancias. Además, el proyecto oficial exceptuaría a los extranjeros, a los fondos de inversión y las operaciones en acciones. Está todavía por verse qué va a pasar con los bonos emitidos bajo ley extranjera, porque sería fuente de litigio con sus tenedores. Pero lo mismo puede ocurrir con los restantes bonos, lo que podría derivar en juicios al cambiarse las condiciones de emisión.
El alcance absolutamente acotado del impuesto explica que la cotización de los títulos públicos argentinos no se haya visto alterada. Si el impuesto termina afectando a alguien, será a los pequeños ahorristas, no a los grandes operadores. Por otra parte, siempre está el recurso de aumentar la tasa de interés sobre los plazos fijos y sobre las nuevas emisiones, de modo de neutralizar la incidencia del impuesto. El endeudamiento es una pieza clave en la estrategia económica oficial y nadie va a comprometer la bicicleta financiera, que es su engranaje principal.
Precisamente, el Banco Central acaba de aumentar la tasa de interés de las Lebac para contrarrestar el salto de la inflación en este último mes y preservar el rendimiento de los títulos y colocaciones financieras, aunque esto se dé de patadas con una reactivación.
El núcleo de la reforma
Por lo demás, la reforma prevé grandes ventajas impositivas a los capitalistas: rebajas del impuesto a las ganancias para las empresas del 35 al 25 por ciento, el impuesto al cheque podrá ser tomado a cuenta de Ganancias, el ajuste por inflación podrá ser deducido de los balances contables de la empresas en su liquidación impositiva anual y rebaja de los aportes patronales y la sustitución del impuestos a los ingresos brutos de las empresas por un nuevo impuesto al consumo.
La reducción de ingresos brutos -contra lo que sostiene la propaganda oficial- no es garantía de una rebaja de los precios -eso requeriría una apertura de libros y cuentas y un control generalizado de los trabajadores de todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización. Bajo el manejo despótico del capital, las rebajas impositivas, como ya ocurrió en el pasado, terminan engrosando el bolsillo patronal. En lo inmediato, la rebaja de ingresos brutos a ciertas empresas que viene de disponer la Capital y la provincia de Buenos Aires ha sido “financiada” con un impuestazo, aumentando el inmobiliario urbano 36 y 56 por ciento, respectivamente, incluido el propietario de vivienda única.
Los gobernadores, incluido los opositores, empezando por los del PJ, han dado su aval a esta reforma. No hacen otra cosa que amoldarse a sus mandantes, la clase capitalista, de la cual son tributarios, y que ha respaldado masivamente los anuncios gubernamentales. Esto no anula las disputas por los ingresos fiscales. Las provincias están reclamando una compensación por el impuesto al ingreso bruto que dejarían de cobrar, lo que se agrega al reclamo por la anulación de aumentos a los impuestos internos sobre algunos productos regionales. El gobierno ya ha cedido con el impuesto al vino y, según algunos trascendidos, estaría dispuesto a avanzar con medidas similares como prenda de negociación, siempre que los gobernadores se sometan al contenido fundamental de la reforma. La cuestión central gira en torno a la ley de Responsabilidad Fiscal, que condiciona la entrega de recursos al ajuste que hagan las provincias. Un suerte de premios y castigos que será monitoreado por el Estado nacional, el cual pasaría a concentrar en sus manos la recaudación de los recursos y manejar su distribución.
Complicidad
Mas allá de los tironeos, el respaldo de la oposición ha sido claro. Al apoyo del senador Miguel Pichetto se une la presencia de tres gobernadores (de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, distritos donde Cambiemos se impuso en las legislativas) en el viaje que Macri emprendió a Nueva York, a la que suma el gobernador de Neuquén y Lavagna hijo, en representación del masssimo.
Viene al caso señalar que en estas tratativas entre el Estado Nacional y las provincias, el pato de la boda serán una vez más los jubilados. Como lo reveló Carlos Pagni: “La principal carta de negociación es otra: el cambio del cálculo de la movilidad jubilatoria automática” (La Nación, 6/11). Con ajustes que pasarían a ser trimestrales en vez de semestrales, pero indexados por el índice de precios al consumidor en reemplazo de la actual fórmula que combina recaudación de impuestos y aportes. Si esta modificación fuera aprobada por el Congreso, el gobierno lograría dos objetivos. Por un lado, evitar que el elevado gasto público previsional (más del 40% del total nacional) crezca en 2018 por encima de la inflación y eleve el déficit fiscal. Por otro, “contar con una masa de recursos para negociar con las provincias la redistribución de fondos coparticipables por la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense, hoy en manos de la Corte Suprema y que los gobernadores buscan reemplazar con un acuerdo político” (ídem).
Pablo Heller
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