El asalto a los jubilados

El gobierno ha montado el saqueo a los jubilados con los métodos propios de un robo -o sea, a través de un golpe de mano de carácter parlamentario. Aunque estaba previsto votar la reforma previsional el 20 de diciembre, resolvieron apurar su tratamiento para la tarde de este jueves, apenas unas horas después del escandaloso trámite que aprobó la reforma “en comisión”.
Las razones del apuro son claras: temen que el repudio popular al saqueo jubilatorio gane terreno con el paso de los días. Para el 20, crecía el número de organizaciones que preparaban acciones de lucha sobre el Congreso. En las fábricas y en todos los lugares de trabajo crece la enorme conmoción causada por el robo jubilatorio.
Los esfuerzos oficiales para disimular el despojo en marcha no han prosperado. Ni los medios oficialistas han podido ocultar el robo de 100.000 millones de pesos como resultado del cambio en el cálculo de la movilidad jubilatoria, lo que afecta también a los beneficiarios de la AUH y las asignaciones familiares. En el paquetazo oficial está también el aumento “optativo” de la edad para jubilarse, junto a una reducción de aportes patronales que agravará el desfinanciamiento de la Anses.
La contracara de esta reducción de derechos jubilatorios es el anuncio de una ampliación presupuestaria que destinará 75.000 millones de pesos adicionales para el pago de comisiones e intereses de la deuda pública. O sea, casi la misma cifra que implica el ajuste a los pasivos. Las largas parrafadas sobre la “sustentabilidad previsional” se han venido abajo: los recursos del presupuesto que dejan de sostener a los jubilados van a las manos de los acreedores internacionales. Como ocurriera bajo el kirchnerismo, los fondos de la Anses sirven al pago de la deuda usuraria. No hay que olvidar que esta reforma previsional le fue exigida al gobierno por parte del Fondo Monetario, el representante mayor de los acreedores de Argentina.

Entramado político

Aunque el gobierno ha precipitado su aprobación, el saqueo jubilatorio es el resultado de un largo entramado político que envuelve a la seudo-oposición, incluso a aquella parte que ahora se rasga las vestiduras por “los abuelos”. Los votos necesarios le serán aportados, en principio, por el flamante bloque pejotista Federal, que incluye a los diputados de varias provincias que aprobaron el pacto fiscal con el macrismo. Ese acuerdo financia la reducción de impuestos a los capitalistas con los fondos previsionales. Pero más allá de este bloque colaboracionista, el pacto fiscal, que forma un rompecabezas inseparable con el golpe a los jubilados, también fue firmado por Alicia Kirchner. En cuanto al Frente Renovador, su reducido bloque actual ya no es decisivo a la hora de los votos, lo que le permite a los massistas hacer demagogia y rechazar la ley. Pero sus diputados también contribuyeron a este entramado, al votar las leyes que habilitaron el reendeudamiento y la falsa “reparación” a los jubilados, que sólo ha resarcido a una parte menor de quienes litigaban contra el Estado -pero sí sirvió de excusa para un indulto generalizado (blanqueo) en favor de los evasores capitalistas. El golpe a los jubilados no puede juzgarse por separado de ese derrotero de hipotecamiento y beneficios impositivos al capital, del cual ha participado toda la oposición patronal. El asedio de los jueces de Comodoro Py, que se extiende desde los funcionarios kirchneristas hasta los Manzur o Schiaretti, tiene por norte reforzar la extorsión a los opositores para la aprobación de este paquete reaccionario, que debe completarse con la reforma laboral.
La puntada final al proyecto oficial se la dio nada menos que Elisa Carrió, quien se jacta de haber sido votada por la mayoría de los adultos mayores de la Ciudad de Buenos Aires. La diputada oficialista se mostró “preocupada” por lo que resultaba evidente, a saber, que la aplicación del nuevo índice implicaría un despojo de 9 puntos porcentuales en el aumento a percibir en marzo -ello, por considerar solamente los datos de inflación del último trimestre y desestimar el ajuste de todo el semestre transcurrido. Pero, en cuestión de horas, la “preocupación” se tornó en un voto de confianza incondicional en la ley oficial. Lo cierto es que el gobierno no estaba dispuesto a mover una coma del proyecto que envió el Senado, para lograr su aprobación sumaria. En nombre de esta exigencia, Carrió se puso al frente de la maquinaria de engaño oficial y caracterizó a la ley como beneficiosa.

Los de arriba y los de abajo

Pero la decisión oficial de precipitar esta votación no sólo se relaciona con la inquietud popular, que se va a expresar con toda su fuerza en las puertas del Congreso de este jueves. El gabinete macrista mira también a los acreedores internacionales y al gran capital, que exigen garantías para el repago de un endeudamiento creciente, Macri se ha convertido en un cortesano de la OMC, del G20 y de la Unión Europea. Los resultados, por ahora, son magros o inexistentes: además de cargar con sus propias contradicciones, el macrismo enfrenta los límites de la bancarrota internacional. En ese cuadro ha resuelto ofrendarle los fondos jubilatorios al capital financiero.
Es necesario ver este cuadro de conjunto para reforzar la organización y movilización contra el paquete antiobrero. En las últimas horas, y mientras escribíamos estas líneas, crecía la determinación de concurrir al Congreso con todo este jueves, para que no pase el robo jubilatorio. Al mismo tiempo, el gobierno ha dispuesto una verdadera militarización en las cercanías del Congreso. La CGT ha convocado a movilizar a sus “cuerpos orgánicos” este jueves, y a un paro...pero recién para el viernes, si la reforma resulta votada. La burocracia toma nota del clima popular, pero en vez de parar el día mismo del tratamiento de la ley adopta una medida dilatoria y de “descompresión” de la bronca en ascenso. En cualquier caso, es necesario que empeñemos todas las fuerzas en rodear el Congreso este jueves, para impedir que pase el saqueo jubilatorio. El Partido Obrero convoca en estas horas a debatir y organizarnos en todos los lugares de trabajo, promover asambleas para resolver la concurrencia a Congreso y, allí donde sea posible, el cese de tareas con ese objetivo.

Marcelo Ramal