En la última semana la Policía neuquina disparó sus armas contra trabajadores que reclaman por sus derechos. Una fuerza que tiene en su haber un largo prontuario de crímenes en manifestaciones sociales.
Tan solo ocho días habían pasado del violento desalojo de una protesta de trabajadores tercerizados del hospital Castro Rendón -dejando un tendal de heridos- cuando la Policía volvió a cargar sus armas para desalojar trabajadores que reclaman pos sus puestos de trabajo.
El 30 de noviembre trabajadores tercerizados del hospital Castro Rendón, que mantenían ocupado el lavadero de ese centro de salud, fueron desalojados violentamente. Entre los múltiples heridos se encontraban trabajadores de prensa. Un día después 10.000 personas se movilizaron por el centro neuquino para repudiar esta brutal represión.
En la mañana del 8 de diciembre, feriado nacional, la Policía ingresó a la fábrica MAM y desalojó a trabajadores y organizaciones que se habían acercado a solidarizarse. Entre los heridos se encuentran el diputado del PTS-FIT Raúl Godoy, a quien le quebraron el peroné y Yazmín Muñoz, secretaria de DDHH de ATEN Capital, entre otros. Además detuvieron a tres trabajadores durante varias horas.
Apenas circuló la noticia de las heridas sufridas por el diputado Raúl Godoy y demás manifestantes frente a la fábrica MAM, referentes y organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas de todo el país repudiaron públicamente a la represión ordenada por el gobierno de Omar Gutiérrez del MPN.
Un largo prontuario represivo
La Policía de Neuquén fue una de las fuerzas represivas que actuaron en el genocidio de la dictadura militar. Sin embargo pocos han recibido condena. Incluso muchos han sido ascendidos.
A la alida de la dictadura, en esta provincia patagónica, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) ha garantizado la impunidad de esta fuerza. En 1984, el entonces gobernador Felipe Sapag pone un genocida al frente de la Policía: el comisario General José Vicente Arango.
Fue esta fuerza, adoctrinada en los crímenes más aberrantes, la que en los años 90 dispara contra los piquetes, método de lucha utilizado por los trabajadores desocupados, como forma de impedir la circulación de mercancías para hacer escuchar sus reclamos.
Cutral Có y Plaza Huincul, ciudades dependientes del petróleo, tenían por esos años un 36% de desocupados, producto del impacto de la privatización de YPF en 1992. Cutral Có se convierte así en la tierra de las luchas por trabajo.
Entre el 9 y el 18 de abril de 1997, se lleva adelante el segundo Cutralcazo. Nuevamente las balas de la maldita Policía neuquina terminarán con la vida de un trabajador. Se trataba de Teresa Rodríguez, empleada doméstica.
El 12 de abril de 1997 Sapag ordena una brutal represión a docentes y pobladores de Cutral-Có y Plaza-Huincul. Las órdenes fueron ejecutadas por Gendarmería y la Policía provincial. Teresa Rodríguez, madre de tres hijos, fue alcanzada por una bala 9 milímetros cuando regresaba a su hogar.
Las represiones contra los trabajadores ocupados y desocupados continuaron. Trabajadores ceramistas de Zanon, que en la crisis de 2001 pusieron la fábrica a producir bajo control obrero, fueron un blanco de las fuerzas represivas provinciales.
Hasta hoy, aunque lo intentaron, sus balas no lograron terminar con esa gesta heroica, aunque sí causar graves daños como el sufrido por un ceramista: Pepe Alveal. En noviembre de 2003 una movilización de trabajadores desocupados fue salvajemente reprimida. Pepe fue encerrado contra la reja de una vivienda y recibió 64 impactos de balas de goma en su cuerpo, una de ellas impactó en su ojo. Pepe perdió su ojo y así fue detenido. Le negaron atención médica mientras continuaban sometiéndolo a distintos tormentos.
Seis años después fueron juzgados estos hechos. Producto de la política de impunidad del gobierno del MPN y su Justicia adicta, la causa terminó en un Juzgado Correccional que sólo puede condenar por delitos menores y con penas irrisorias la brutalidad del accionar policial. Uno de los imputados en esta causa es el comisario inspector Luis Laureano Díaz que durante la dictadura fue parte del “operativo Cutral Có”.
Diez años después del crimen de Estado en el que perdió la vida Teresa Rodríguez, nuevamente un trabajador es fusilado en la ruta cuando luchaba por la educación pública.
Carlos Fuentealba fue fusilado por la espalda, el 4 de abril de 2007, cuando estaba sentado dentro de un auto. El disparo fue dirigido certeramente por el cabo José Darío Poblete, integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP); apuntó hacia la cabeza de Fuentealba a través del vidrio, que se encontraba a unos 2 metros de distancia, y disparó una granada de gas lacrimógeno marca Towers.
Las órdenes políticas de la represión fueron dadas por otro gobernador del MPN: Jorge Sobisch.
Poblete fue el único condenado por este crimen de Estado, dejando impunes a los responsables políticos de ordenar y ejecutar las ordenes, Jorge Sobisch y su principal asesor en seguridad cuando la Policía mató a Fuentealba, el actual secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco.
Esta fuerza que tiene sus manos manchadas de sangre, desde la dictadura hasta hoy permanece impune. Los gobiernos de Sapag, Sobisch y Gutiérrez, mantienen un hilo de continuidad, ejercer la mano dura contra los trabajadores y reprimir la protesta social. Para esto cuenta con la Policía neuquina, instruida en los años de la dictadura.
Rosa D'Alesio
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