La Cámara de Diputados ha consumado un saqueo fenomenal contra el pueblo trabajador. Pocas veces el carácter despótico y oligárquico de la democracia capitalista argentina quedó tan al desnudo.
Entre el lunes 18 y el miércoles 20 de diciembre la Cámara de Diputados de la Nación ha consumado un saqueo fenomenal contra el conjunto del pueblo trabajador. Pocas veces el carácter despótico y oligárquico de la democracia capitalista argentina quedó tan al desnudo. Una exigua mayoría de la Cámara de Diputados sancionó un combo de leyes repudiado por la amplísima mayoría de la población. Todos los poderes del Estado se complotaron para lograr este resultado. Sin embargo, la victoria gubernamental fue pírrica, como escribió tempranamente Fernando Rosso en La Izquierda Diario.
Es muy significativo que la consigna más coreada durante la imponente movilización frente al Congreso, y también en forma generalizada en los cacerolazos en la noche del 18 de diciembre y la madrugada del 19, haya sido “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode”. ¿La “grieta” del capitalismo estaba dando lugar a una embrionaria conciencia de clase? Parte del costo para la clase dominante de poner en el Gobierno a los dueños del país. O, para ser más precisos, a parte de los mismos, con gerentes incluidos.
Pagni y el ojo perdido
Pasado “el huracán que reconfiguró el mapa de poder”, según lo llamó Carlos Pagni en La Nación, una de las políticas del Gobierno pasa por avanzar en la demonización y criminalización de la izquierda. El mismo Pagni presenta como una supuesta evidencia que “el kirchnerismo y la izquierda proponen un régimen en el que la manifestación popular tenga poder de veto sobre las instituciones de la república” [1]. La concepción presente en esta afirmación del columnista de La Nación muestra que los “republicanos” de hoy le conceden menos derechos al pueblo trabajador que los que tenían los plebeyos en la república esclavista romana, donde los “tribunos del pueblo”, cargo establecido por primera vez en el 494 antes de Cristo, tenían el iusintercessionis, que les daba el poder de veto sobre cualquier ley o propuesta de cualquier magistrado que afectara a sus representados. Hoy los trabajadores deberían limitarse a reclamos sindicales o a manifestaciones impotentes, pero nunca a hacer pesar su fuerza mayoritaria para desbaratar maniobras antidemocráticas en su contra, como con una huelga general política, que tildarían de “sediciosa”.
En segundo lugar, y más allá de que el kirchnerismo y la izquierda anticapitalista expresamos estrategias claramente diferentes, hay que decir que las patronales y la derecha local no se han privado de utilizar el recurso de “la calle” como “poder de veto”. ¿Qué fueron sino los 129 días de lockout de las patronales agrarias –del 11 de marzo al 18 de julio de 2008–, incluyendo cortes de ruta generalizados, amenaza de desabastecimiento y otras formas varias de presión sobre el Congreso durante la votación de “la 125”? ¿O qué fueron los “cacerolazos” durante el Gobierno de Cristina Fernández? ¿O las marchas convocadas por Blumberg, que impusieron una modificación regresiva y “a lo cambalache” de la legislación penal bajo el Gobierno de Néstor Kirchner?
Esta cuestión no es solo nacional. Sin ir más lejos, recordemos el papel que jugaron las movilizaciones de las clases medias acomodadas, fogoneadas por la Red O Globo, para imponer el “golpe institucional” contra Dilma Rousseff en Brasil. Al Gobierno de los ricos y sus ideólogos y comunicadores lo que les preocupa no es que “la calle tenga poder de veto sobre las instituciones de la república” en general, sino cuando las movilizaciones ponen en cuestión votaciones que van a favor de los intereses de las clases dominantes, como vimos en estos días. La mirada de Pagni y otros que opinan parecido (ni hablar de Joaquín Morales Solá, que parece estar reviviendo los tiempos en que alababa, desde el diario La Gaceta la Tucumán de Bussi en la dictadura) es tan sesgada que parecería que fueron ellos quienes perdieron un ojo en las movilizaciones y no cuatro manifestantes a manos de la brutal represión policial.
La Constitución inmutable (o cómo los muertos deben gobernar a los vivos)
Pero, más allá de utilizar una vara distinta según quién sea el protagonista y cuál sea el carácter de las movilizaciones, expresan una concepción formalista de “república” como mera división de poderes, opuesta a “democracia” en tanto expresión de la voluntad popular, en sintonía con las concepciones más retrógradas de las que se plantean dentro del constitucionalismo burgués. Según se desprende de lo que hemos escuchado en estas horas, la “institucionalidad” consagrada en las Constituciones sería algo inmutable y la presión de la calle un acto cuasisedicioso. O directamente sedicioso, de acuerdo al carácter legal por el que pretende Cambiemos que sean procesados los manifestantes detenidos en las movilizaciones, y aún los diputados que se opusieron a la reforma previsional.
La interpretación que pretenden imponer del artículo 22 de la Constitución Nacional, que sostiene que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes” [2], es una antigualla política y jurídica. Según esta, una vez consumado el acto del sufragio los representantes electos pueden hacer lo que les plazca, aun si traicionan explícitamente el mandato por el que fueron electos, el llamado “contrato electoral”. El régimen institucional existente es poco menos que sagrado y su cuestionamiento es prácticamente un “crimen de lesa humanidad”. El carácter absurdo de esta interpretación es evidente. ¿Por qué las nuevas generaciones deberían pagar el precio de una institucionalidad inmutable consagrada en un tiempo, un espacio y una relación de fuerzas específicos?
Un absurdo que está bien señalado por Antonio Negri en El poder constituyente: “¿Cómo puede un hecho normativo consuetudinario hacer justicia a la innovación? ¿Cómo puede una «clase política» preconstituida ser el garante de una nueva Constitución? Ya el esfuerzo de cerrar el poder constituyente en una jaula de limitaciones espacio-temporales resulta insostenible −pero el intento de bloquearlo dentro de una prefiguración institucionalista llega a ser inconcebible: en efecto, se puede tratar de limitar el alcance del acontecimiento, pero seguramente no es posible definir por anticipado su singularidad innovadora”. Thomas Jefferson mismo se preguntaba en una famosa carta al mayor John Cartwright si las Constituciones podían ser inmutables, y se contestaba: “Creo que no. (…) lo único inmutable son los derechos innatos e inalienables del hombre” [3]. Entre los que se cuentan, como ocurre de Locke en adelante, el derecho a la rebelión y a la revolución. Qué sediciosas les deben parecer estas reflexiones a Pagni y sus amigos.
De seguir los consejos de los periodistas y “profesionales de la opinión” que apoyan a Cambiemos, estaríamos ante la vuelta a una concepción decimonónica de limitar la movilización popular a la sola petición a las autoridades. Al considerar una suerte de acto criminal cualquier cuestionamiento al actual régimen institucional, deberíamos limitar toda manifestación (e innovación) política dentro de los marcos establecidos por los constituyentes de 1853 (con las “adecuaciones” realizadas por Mitre después de Pavón), más la reforma amañada por el Pacto de Olivos de 1994 entre Alfonsín y Menem. Una reforma cuyo fin principal era permitir la reelección presidencial del riojano y que se consumó mediante una asamblea constituyente tan “soberana” que solo se podía discutir sobre el “núcleo de coincidencias básicas” (los temas acordados por el peronismo y el radicalismo) y no sobre el conjunto del texto constitucional. Al reducir al arbitrio de la camarilla gobernante toda modificación constitucional, intentan reducir a cero el poder constituyente de las masas.
El kirchnerismo, por su parte, fue tan conservador que a lo sumo pensó en alguna modificación de la Constitución “a lo Menem” para una nueva reelección de Cristina. Pero nunca, ni siquiera cuando conquistó el 54 % de los votos, vislumbró algún cambio de mayor envergadura del régimen institucional vigente. Algo que sí ocurrió -más allá de que en ningún caso se buscase trascender el orden capitalista y de nuestra crítica por izquierda al contenido de los cambios realizados que introducen o fortalecen elementos bonapartistas y de regimentación de las organizaciones de masas- en Bolivia, Ecuador y Venezuela.
El constitucionalismo formalista conservador que hoy escuchamos tiene sin embargo el mérito de sincerar cuál es el carácter esencial de toda república burguesa: limitar el ejercicio de la soberanía popular al ejercicio del sufragio cada dos o cuatro años, mientras que el poder económico vota todos los días. Una república plutocrática, el gobierno de los ricos. Por eso se negaron siquiera a convocar a una consulta popular en el caso de la reforma previsional, un recurso que incluso figura en la Constitución reformada de 1994.
Estafa
Si buscásemos una figura jurídica para calificar la conducta del oficialismo con sus votantes, no encontraríamos una mejor que la de violación y abuso sistemático. Cambiemos nunca planteó en la campaña electoral que iba a tomar medidas como las planteadas en el primer combo del “reformismo permanente” anunciado por Macri. Marcos Peña había dicho exactamente lo contrario en uno de los informes de rendición de cuentas dado en el Parlamento durante el período electoral, así como en declaraciones a distintos medios. El diario La Nación, por ejemplo, titulaba un artículo del 3 de agosto con declaraciones que el jefe de Gabinete había realizado al diario santafesino El Litoral: “Marcos Peña descartó una reforma jubilatoria: ‘No hay nada que temer, ningún proyecto que queremos impulsar’”[4].
Es clara la estafa que realizaron, en primer lugar a sus votantes. Por su parte, los distintos sectores del PJ que ahora dieron apoyo al paquetazo (entre ellos los gobernadores a los que Agustín Rossi busca exculpar por todos los medios) hicieron campaña en base a que iban a ser oposición a Cambiemos. Como se ve, la mentira lisa y llana es una práctica extendida entre la casta política burguesa. Distintas encuestas daban cuenta de un rechazo al proyecto de alrededor de un 70 % de la población, incluido un importante porcentaje de votantes de Cambiemos. Ante esto, desde la izquierda sostuvimos que debía realizarse una consulta popular. Los seudorrepublicanos, obviamente, se negaron. Sabían que iban a una derrota segura. Y el problema no es que “lo comunicaron mal”, máxime cuando tienen más del 90 % del sistema mediático a su favor, sino que les era imposible ocultar el carácter regresivo de la medida.
El cuento de la división de poderes de los republitruchos y democraticidas
En el caso de la aprobación de estas leyes, los voceros de la reacción que cuestionan como antidemocrático tratar de hacer pesar el “poder de la calle” hablan como si los diputados deliberasen aislados de toda presión, como si estuviesen encerrados del mismo modo que un jurado popular cuando discute sobre el veredicto de un juicio. Pero lo cierto es que Cambiemos pudo hacer aprobar el conjunto de leyes del ajuste al ejercer un proceso generalizado de coacción de los poderes Ejecutivo (nacional y provinciales) y Judicial sobre el Poder Legislativo, donde el Gobierno tenía minoría. Leyes que fueron aprobadas contra una opinión popular absolutamente contraria, como mostraban todas las encuestas. Hasta los defensores de la visión republicana meramente formalista deberían escandalizarse por esta flagrante y obscena violación del -para ellos supuestamente sacrosanto- principio de la división de poderes, que puede explicar cualquier estudiante de primer año de Ciencia Política.
La “conspiración” comenzó a gestarse no bien se conocieron los resultados de las elecciones de octubre. El Gobierno de Cambiemos inició el operativo con la utilización de la foto del presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti (acusado de “corrupto” por Elisa Carrió, quien pidió su juicio político) con María Eugenia Vidal para “apretar” a los gobernadores con hacer pagar a las provincias la restitución del Fondo del Conurbano a la provincia de Buenos Aires. Para Macri, esta medida busca ante todo asegurarse una victoria en primera vuelta en 2019, especulando que con esos recursos podría lograr el hipotético 3 % que tiene que sumar al resultado obtenido por el oficialismo en octubre pasado. Rápidamente, 23 de 24 gobernadores, incluyendo a Alicia Kirchner y todos los del PJ, con excepción de San Luis, acordaron con Macri descargar el golpe sobre los jubilados y todos los que reciben sus ingresos de la Anses, un planteo que, al igual que los puntos centrales de la reforma tributaria, había sido marcado al Gobierno por el Fondo Monetario Internacional el año pasado.
El desfalco se inició en el Senado gracias al voto de 25 senadores del peronismo (reiterando la práctica que tuvieron los dos años anteriores y que denunciamos desde el Frente de Izquierda), que se sumaron a los de Cambiemos. El acuerdo incluía que los gobernadores, a cambio de distintos “favores”, garantizarían que los diputados de sus provincias debían dar quórum o votar favorablemente el paquete legislativo gubernamental.
Pero el jueves 14 de diciembre el oficialismo no pudo conseguir el quórum, en medio de una militarización del Congreso y una brutal represión y cacería por parte de la Gendarmería a quienes se habían manifestado en repudio a la votación. Distintos medios cuentan que diputados de varias provincias recibieron centenares de llamados de la población instándolos a no apoyar el saqueo, cuestión que llevó a algunos, ante el temor a soportar el repudio de sus votantes, a desairar la promesa de sus gobernadores de que iban a dar el quórum. El Gobierno barajó promulgar la reforma vía un decreto de necesidad y urgencia, un atributo presidencial heredado de las monarquías absolutas, al cual recurren cada vez más frecuentemente los regímenes de las “democracias occidentales”, expresando las tendencias al bonapartismo del capitalismo contemporáneo. Los tuits amenazantes de Elisa Carrió y la dudosa constitucionalidad que tendría una resolución de este tipo los llevaron finalmente a dejarla de lado.
En cambio, se anunció un bono “compensatorio” (una migaja que solo involucra $ 4 mil millones de los $ 100 mil millones del saqueo a los jubilados) y se redobló la presión sobre los gobernadores de la oposición. Con nuevas concesiones económicas en algunos casos, logró una insólita acta de compromiso. En ella los “gobernas” se comprometen a que, como si fueran sus delegados personales y no hubiesen sido electos por el sufragio popular, los diputados de sus provincias voten favorablemente el proyecto y den quórum cuando se convoque la sesión. Un documento que es una suerte de acta de confesión del carácter corrompido de la democracia capitalista argentina y el único hecho de “sedición” verificado que hemos tenido en estos días.
La votación finalmente favorable a la ley no fue “la expresión democrática del cuerpo legislativo”, como nos quieren hacer creer, sino la victoria de la gigantesca operación coactiva del Poder Ejecutivo Nacional y los Gobiernos provinciales, apuntalada por la Corte Suprema, con militarización del Congreso incluida, para aprobar un proyecto rechazado por una amplísima mayoría de la población. La división de poderes de la que alardean los “republitruchos”, “te la debo”. Un verdadero democraticidio.
El saqueo de los ricos
Un estudio reciente consigna que la burguesía abarca en nuestro país al 0,3 % de la población, mientras que los directivos de las grandes empresas suman un 0,5 % más. En números absolutos, este 0,8 % de los habitantes de nuestro país no supera las 400.000 personas. Ahí está, asociado a las corporaciones imperialistas que actúan en nuestro país (que representan dos tercios de las principales quinientas empresas), el interés social representado por Cambiemos, el “Gobierno de los ricos”.
Este sector fue amnistiado respecto del delito de evasión fiscal y fuga ilegal de capitales que los ricos de este país cometen en forma generalizada y sistemática con el llamado “blanqueo”. Reconocieron haber evadido U$S 120 mil millones de los aproximadamente U$S 400 mil millones que se calcula tienen en el exterior. Incluso los familiares de Macri y Marcos Peña fueron beneficiarios directos de este blanqueo, junto con personajes emblemáticos de la burguesía local como Alfredo Coto o Paolo Rocca. Son miles de millones de dólares que no habían declarado. Esto se completa ahora con los ingresos extra que para estos sectores significa la reforma tributaria, con la baja de las contribuciones patronales (desfinanciando la Anses) y el porcentaje a pagar del impuesto a las ganancias, que pasa del 35 al 25 %. Son $ 154 mil millones que los más ricos se han autorregalado de acá al 2022.
Como puede verse, no exageramos un ápice cuando hablamos de que estamos ante una república plutocrática, donde la riqueza que se apropian las clases dominantes tiene como destino privilegiado la fuga de capitales hacia paraísos fiscales, especulación financiera, especulación inmobiliaria y consumo suntuario. No por casualidad, bajo Macri, la fuga de capitales ha llegado a la escalofriante cifra de U$S 3.100 millones por mes… Frente a los negocios ligados a la obra pública que reinaban en el Gobierno anterior con los Lázaro Báez, los Cristóbal López y los De Vido (de los que participaban también el íntimo del presidente Macri, Nicolás Caputo, y su primo, Ángelo Calcaterra), ahora se instaura una vía seudolegal de robo generalizado. Un acto que no puede tildarse menos que de mafioso, donde quienes ejercen el gobierno toman medidas para enriquecerse a sí mismos y a las empresas a las que representan, mientras les meten la mano en el bolsillo a los que menos tienen.
La resistencia
En los últimos días el pueblo trabajador ha protagonizado numerosas acciones de lucha contra este saqueo, con una respuesta cada vez más represiva por parte del Estado. Con Patricia Bullrich como vocera, el Gobierno de Macri viene insistiendo en una política de manos libres para las fuerzas represivas, como se vio en el operativo ilegal de Gendarmería que provocó la muerte de Santiago Maldonado o en el fusilamiento de Rafael Nahuel por parte de efectivos de la Prefectura.
La cumbre de la OMC fue la ocasión para desplegar una militarización del centro de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo operativo que se utilizó para militarizar el Congreso el jueves 14, con cacería generalizada de manifestantes (y de algunos que ni siquiera lo fueron) e incluso agresiones contra diputados. Según denunció el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en los últimos diez días se produjeron más de 250 detenciones en manifestaciones populares. Pese al intento de amedrentamiento con el operativo represivo del lunes 18, la movilización en Plaza Congreso involucró a decenas de miles de trabajadores y jóvenes. Mientras la CGT jugó un rol nefasto, con una convocatoria a paro sobre la hora y sin llamar a movilizar, la concentración expresaba determinación para que no fuese consumado el saqueo. La presencia masiva era la expresión de una continuidad con la movilización que se había realizado el día jueves. La bronca de los manifestantes fue una respuesta a la brutal represión de pocos días antes.
El operativo represivo esta vez incluía no solo desplegar numerosos policías infiltrados en la manifestación, sino también utilizar como carne de cañón a una parte del propio personal policial, a la vez que se apostaban francotiradores con pistolas lanzagases en terrazas de edificios cercanos para emprender una nueva cacería. Como lo expresa el hecho de que al menos cuatro manifestantes hayan perdido un ojo, la Policía tiró apuntando a la cara y no de la cintura para abajo, como indican sus protocolos. Entre los más graves hechos de la acción represiva se cuenta la golpiza propinada a un jubilado indefenso por una horda policial y que un efectivo en moto le haya pasado por encima a un joven cartonero del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
Por la noche, y pese a la campaña macartista y de amedrentamiento lanzada por los medios de comunicación adictos al Gobierno (más del 90 % de los existentes), nuevamente decenas, quizás centenares de miles ganaron las calles en cacerolazos espontáneos que se dieron en los barrios más diversos de la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en distintas ciudades del interior del país. Fue llamativo que la consigna más coreada, como señalábamos, fuera “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode”. Había mucha rabia y mucha bronca, que llevó a numerosos contingentes de “caceroleros” a marchar desde los barrios a Plaza Congreso, en un desfile de varias horas que solo se frenó a eso de las tres de la madrugada. Un hecho que expresó la erosión de la legitimidad política sufrida por el Gobierno en estas jornadas, que según distintos medios ya surge clara en las encuestas de opinión que maneja el propio Poder Ejecutivo.
Derrotar este paquetazo era posible. Es evidente que no era un enfrentamiento a piedrazos con la Policía lo que podía lograr esto, independientemente de comprender que estos enfrentamientos fueron expresión de una justa bronca popular. Para eso había que desplegar la fuerza del conjunto de la clase obrera en una huelga general con movilización que permitiera expresar la fuerza real de la voluntad popular en las calles. Ese fue nuestro planteo y a lo que se negaron los dirigentes burocráticos de la CGT (e incluso la mayoría de los dirigentes de los gremios que formalmente convocaron a movilizarse), pese a la tendencia a concurrir al Congreso de numerosos contingentes de trabajadores, que impusieron el paro y se movilizaron en distintos lugares de trabajo.
El ataque a la izquierda
Las piedras utilizadas por los manifestantes y las imágenes de un militante del PSTU (un obrero despedido de la General Motors que fue candidato extrapartidario por el FIT en la provincia de Santa Fe) en las que tiraba una bomba de estruendo fueron utilizadas para lanzar una durísima campaña mediática contra los manifestantes en general y contra la izquierda en particular. La campaña, aún en curso, incluye denuncias penales de dos abogados cercanos al PRO contra Myriam Bregman y Nicolás del Caño por “abuso de autoridad” y otras inverosímiles acusaciones por el estilo. Incluso los responsables de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo y Marcelo D’Alessandro, parecen querer dar nuevos fundamentos a los planteos de Giorgio Agamben sobre el estado de excepción permanente, con sus insólitas declaraciones en las que amenazan con quitar personerías legales a las fuerzas de izquierda que estuvimos presentes en la movilización.
No nos extrañan estos intentos para dar nuevos saltos en la criminalización de la protesta social y en la instauración de un Estado policial por parte de una fuerza política cuyo presidente es parte de un grupo económico familiar enriquecido con el genocidio. Los Macri pasaban de 7 a 47 empresas y lograban la estatización de su deuda privada (como toda la burguesía argentina) mientras en más de quinientos centros clandestinos de detención se torturaba, asesinaba y secuestraba, a la vez que se privaba de su identidad a más de cuatrocientos niños ilegalmente apropiados por la dictadura. O por parte del radicalismo, el otro socio de la coalición de Gobierno, cuyo prócer Arturo Illia (que gobernó con solo el 23 % de los votos en base a la proscripción del peronismo) fue parte en Córdoba de los comandos civiles de la “Revolución Libertadora” de Rojas y Aramburu, mientras que su canciller Miguel Zavala Ortiz tripuló uno de los aviones que bombardearon Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 y produjeron la muerte de 375 civiles, entre ellos mujeres y niños, y unos dos mil heridos, con el objetivo de deponer y matar a Perón, que había sido reelecto con el 63,4 % de los votos en noviembre de 1951. Tres meses después, en septiembre de 1955, lograrían el primero de esos objetivos e impondrían una proscripción política de dieciocho años para la fuerza con la que se identificaba predominantemente la clase obrera. Credenciales no muy democráticas que digamos, amén de los más de cuatrocientos intendentes que la UCR le dio a la dictadura militar.
Democráticos y autoritarios
Habitualmente, quienes están en el poder recurren a la banal teoría del “agitador externo” para explicar las protestas y el descontento social en su contra. Durante los hechos de la Semana Trágica se hablaba de una conspiración bolchevique a partir de un barco soviético que estaba en el puerto de Buenos Aires. Los medios de aquel entonces publicaban en portada noticias sobre la detención de “los líderes del sóviet” (el principal detenido era un sastre polaco afiliado al Partido Socialista) para justificar el pogromo asesino lanzado por las bandas de la Liga Patriótica y las fuerzas policiales y militares. Se sabe que Onganía, a quien Macri parece querer emular, culpaba a Lanusse del Cordobazo por haber desplegado tarde el Ejército y “a los francotiradores puestos por Aramburu”, en alusión a que entre los detenidos se encontraban miembros de Udelpa, el partido que había fundado el golpista de 1955. De la Rúa y gran parte del radicalismo sostuvieron que las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 (donde los crímenes de 39 manifestantes permanecen impunes) no fueron otra cosa que un golpe de Estado llevado adelante por los intendentes de la provincia de Buenos Aires.
Las teorías conspirativas que siempre emanan de los servicios de inteligencia (la cloaca del Estado) nunca toman la intervención independiente de las masas, su descontento, su rabia, su transformación en sujeto, como factor explicativo de los acontecimientos. Eso estamos viendo hoy nuevamente en los debates sobre el sentido de los acontecimientos que acabamos de vivir. Son debates que buscan incidir sobre el devenir, por ejemplo limitando el derecho a la protesta y criminalizando a quienes participamos activamente de las luchas del pueblo trabajador y queremos terminar con este sistema de explotación y opresión.
Pero, más allá de esto, quedó en evidencia ante millones, incluso para muchos que lo habían votado, que este es un Gobierno de ricos y para ricos, que no vacila en atacar el bolsillo de los que menos tienen para llenar el de la ínfima minoría social a la que representan. Y en quienes protagonizaron las movilizaciones la sensación de que hay efectivamente una “grieta de clase”. Para nosotros, se trata de desarrollar esas conclusiones para permitir la emergencia en Argentina de una izquierda anticapitalista y de los trabajadores que permita a las masas explotadas superar la experiencia histórica del peronismo y transformarse realmente en alternativa de poder.
Ellos, los “republitruchos”, defienden un aparato judicial corrompido y vitalicio, manejado a carpetazos y por operadores como Angelici y los fondos que salen de los servicios de inteligencia, que en el caso de la Justicia Federal la llevan a beneficiar siempre al poder de turno. Nosotros, la elección directa de los jueces por la población y el establecimiento generalizado de jurados populares. Ellos son parte de una casta política que cobra como gerentes de empresas, mientras nosotros luchamos porque todo funcionario político cobre como un trabajador calificado o como un docente y sea revocable por sus electores. Ellos defienden al Gobierno de los decretos y los vetos presidenciales. Nosotros propugnamos la abolición de la figura presidencial, un rey sin corona, como lo llamó Juan Bautista Alberdi en función de los atributos “cesaristas” que le consagra la Constitución Nacional al “primer mandatario”.
¿Quiénes son los autoritarios y quiénes los democráticos? Como siempre hemos dicho, nuestra lucha por terminar con este régimen político y social basado en la propiedad capitalista de unos pocos a costa de la esclavitud asalariada de la gran mayoría no se contrapone, sino que se ve fortalecida con cada nuevo derecho democrático obtenido. Como decía León Trotsky en Un programa de acción para Francia [5], la lucha por una democracia más generosa facilitará la lucha por el poder obrero, por un gobierno de los trabajadores basado en una democracia de los consejos, el “tesoro perdido” de las revoluciones, según los denominaba HannahArendt.
El “tesoro perdido” de las revoluciones (o de cómo Carrió no leyó a Hannah Arendt)
El carácter antidemocrático de toda república burguesa, donde el derecho al sufragio juega el papel de presentar una ficción de soberanía popular para encubrir el carácter despótico de un poder estatal al servicio de mantener el de una ínfima minoría de propietarios capitalistas, es algo que siempre señalamos los marxistas. Por ello luchamos por una democracia infinitamente superior a la más democrática de las repúblicas burguesas, una democracia de consejos de trabajadores.
La filósofa Hannah Arendt (cuyos libros Elisa Carrió podría alguna vez leer en lugar de utilizar su nombre para un instituto), una adversaria del marxismo, pero lúcida sin dudas, en su clásico trabajo On Revolution reconoció que cada gran revolución histórica (como la estadounidense, la francesa, la Comuna de París de 1871 o las revoluciones rusas de 1905 y 1917) dio lugar a sistemas de consejos populares, que serían la expresión más acabada de la libertad política. Reprochaba a los historiadores no haber tomado nota de esto: “Hasta los historiadores cuyas simpatías estaban, sin lugar a dudas, del lado de la revolución y que no podían dejar de mencionar la aparición de los consejos populares en el cuadro de su historia no los consideraron más que como órganos de naturaleza temporal en la lucha revolucionaria por la liberación; en otras palabras, no acertaron a comprender que el sistema de consejos les ponía en contacto con una forma de gobierno enteramente nueva, con un espacio público nuevo para la libertad, constituido y organizado durante el curso de la propia revolución” [6].
Pero la concepción de Arendt plantea una dicotomía entre el ejercicio de la actividad política y la resolución de “la cuestión social” que muestra el límite de sus planteos, al no comprender que desde Marx no hay libertad política sin libertad económica. Justamente un sistema de consejos obreros y de las masas explotadas sería para nosotros la forma que tomaría el poder en un Estado de los trabajadores. Sobre la base de la expropiación del puñado de capitalistas que mantiene el control de los recursos estratégicos de la economía, permitirían la centralización de los medios de producción y que sean las propias masas las que decidan democráticamente su propio destino, participando no solo en la deliberación política cotidiana (con representantes que serían revocables y que ganarían lo mismo que un obrero calificado, según estableció la Comuna de París y luego los sóviets rusos), sino en la planificación democrática de la economía.
Un régimen de tal tipo solo puede surgir de una voluntad mayoritaria de las masas explotadas y de ninguna manera producto de alguna acción de tipo “putchista”. La idea de Lenin sobre la necesidad de un partido de vanguardia no dice que una fuerza minoritaria pueda hacerse del poder, como sostienen en forma de caricatura sus críticos vulgares, sino que esa fuerza que expresa a los sectores más avanzados de la clase obrera debe ganar el liderazgo revolucionario de las masas obreras y explotadas para poder plantearse la conquista del poder, cuestión que inevitablemente tendrá que vencer la resistencia de los explotadores y de su aparato de dominación. Por ejemplo, los bolcheviques eran ya mayoritarios en los sóviets cuando estos tomaron el poder en octubre de 1917. Conquistar esa mayoría es una tarea que tenemos aún por delante.
El país ha vivido días de fuerte conmoción política. Nada será igual después de estas jornadas. Como efecto colateral, se evaporaron los devaneos sobre la “nueva derecha democrática” y la “hegemonía macrista”. Amplios sectores de la clase trabajadora y el movimiento de masas han tomado conciencia de sus propias fuerzas. Las peleas que se vienen, empezando por la reforma laboral, parten de la experiencia que han dado estas jornadas de lucha. No le será fácil al Gobierno de los ricos y los republitruchos y democraticidas continuar imponiendo su política de saqueo y robo descarado a las masas populares.
Christian Castillo
Emilio Albamonte
[1] “Un huracán que reconfiguró el mapa de poder”, Carlos Pagni, La Nación, 21-12-2017
[2] “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este comete delito de sedición” (Artículo 22, Constitución Nacional). Este artículo expresa una concepción que los socialistas siempre hemos cuestionado.
[3] Ver From Thomas Jefferson to John Cartwright, 5 junio de 1824.
[4] La Nación, 03-08-2017
[5] León Trotsky, Un programa de acción para Francia, junio 1934.
[6] Hanna Arendt, On Revolution, PENGUIN BOOKS, Londres, 1990 (hay versión en español: Sobre la revolución, Alianza Universidad, Buenos Aires, 1992).
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