Este martes comienza el juicio por el caso de Walter Bulacio, 22 años después de ocurridos los hechos que terminaron en su muerte. El ex comisario Miguel Ángel Espósito, el único que se sentará en el banquillo de los acusados, lo hará por la detención ilegal del joven, y no por la muerte de este a causa de las torturas recibidas en la comisaria, tras su detención en abril de 1991.
"Caímos por estar parados"
La noche del 20 de abril de 1991, miles de pibes y pibas buscaban ingresar al Estadio Obras Sanitarias para ver a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sin embargo una razzia policial con carros de asalto, hidrantes y policía montada les impediría a muchos de ellos poder asistir al recital.
A la violencia desplegada por las fuerzas de seguridad, le siguió la detención de cerca de 100 personas, subidas a los golpes a colectivos, celulares y patrulleros. Fueron todos a parar a la comisaria 35 del barrio porteño de Núñez, a cargo del entonces comisario Miguel Ángel Espósito. A llegar a la misma fueron golpeados y molidos a palos por personal policial. Entre los detenidos de aquella noche, se encontraba Walter Bulacio, un pibe de Aldo Bonzi, de 17 años edad.
A la mañana siguiente Bulacio sin ser liberado fue llevado directamente en ambulancia al Hospital Pirovano, donde los médicos le diagnosticaron traumatismo de cráneo. Una semana después, en el Sanatorio Mitre, Walter Bulacio moría como consecuencia de la golpiza recibida aquella noche en la comisaria 35.
Trabas judiciales y organización popular
La causa judicial abierta por la muerte del joven, conoció en estos 22 años tantos juzgados, como artimañas judiciales posibles, que llevaron a que al día de hoy el ex comisario Espósito haya salido impune.
La justicia menemista se dedicó mediante todos los vericuetos legales posibles a trabar el desarrollo de la misma, hasta que el año 1996 el juzgado de sentencia “W” le dicto a Espósito prisión preventiva, aunque finalmente la evitaría al serle concedida la excarcelación.
Sin embargo, y a pesar de las dilaciones judiciales, la movilización popular no se detuvo, y mantuvo de la mano de festivales y actividades, la lucha por el esclarecimiento de la muerte de Walter Bulacio, y el fin de la violencia institucional.
Fue en ese camino, que la familia de Bulacio decidió llevar la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a donde llegó a comienzos de 2001. La CIDH no solo exigió al Estado continuar y finalizar la investigación sobre los hechos y dictar sentencia en relación a los responsables, junto con la indemnización a la familia, sino que fue mas allá y dictaminó en septiembre de 2003, que la misma se encuadraba dentro de los delitos de “Lesa Humanidad” y por lo tanto tenía carácter de imprescriptible. Lo que implicó la reactivación de la causa que había prescripto en el año 2002.
La CIDH le exigió también en aquel entonces al Estado argentino, la finalización de todo tipo de detenciones arbitrarias y por fuera del orden legal. Por otro lado, Espósito era finalmente destituido en el año 2008, por el entonces ministro de Justicia Aníbal Fernández.
22 años después, la hora del juicio
Después de 22 años, la causa llega a juicio en el Tribunal Oral numero 29. El único imputado por la muerte de Walter Bulacio es Miguel Ángel Espósito, acusado de “privación ilegitima de la libertad”.
En relación a esto, María del Carmen Verdú, abogada por la familia Bulacio, y quien ha llevado la causa en estos 22 años, señaló que no “se discute la cuestión de fondo, que es la muerte de Walter y tampoco las torturas a las que fueron sometidos los otros 73 chicos. Lo grave es que hoy, todavía, la policía sigue realizando las mismas detenciones y sigue torturando a los chicos. En este juicio, para la fiscalía la pena máxima que se podría dictar, por la privación ilegal de la libertad, es de cinco años y para nosotros, como querellantes, cinco años es muy poco, para la gravedad del hecho”. Desde la familia de Bulacio, entienden que Espósito debería ser imputado por “tortura seguida de muerte”.
La abogada y titular de la Coordinadora Contra la Violencia Institucional (CORREPI), sostiene que el juicio es de “puro derecho”, y solo busca determinar si Bulacio fue detenido o no de forma ilegal, por lo que la defensa de Espósito “va a apuntar a demostrar que todos hacían detenciones ilegales y estaba avalado por los funcionarios judiciales”, sostuvo Verdú, haciendo referencia al entonces vigente “memorando 40”, del año 1967. El mismo, habilitaba a la policía a realizar detenciones de menores, mientras no fuera por un delito, sin requerir la intervención judicial.
Con fecha para el 24, 25 y 30 de septiembre, y 2, 3 y 8 de octubre, están pactadas las audiencias, por las cuales transitarán fundamentalmente ex funcionarios judiciales y policías. Para mediados de octubre será el turno de los alegatos de la querella, la fiscalía y la defensa. El Tribunal a cargo de los jueces Rodolfo Goerner, María Deluca Giacobini y Alejandro Litvack, dictará sentencia con fecha límite el 27 de octubre.
A lo largo de 22 años, Walter Bulacio ha sido tanto bandera de lucha contra la violencia institucional y policial (“por Walter y por todos” reza una frase utilizada en el reclamo de justicia), como muestra cabal del denso entramado que se teje entre las instituciones judiciales, y las fuerzas de seguridad, de esa relación de simbiosis y complementariedad existente entre ambas, que ha servido para garantizar la impunidad de los integrantes de estas últimas.
Impunidad marcada por torturas, desapariciones, y todo tipo de maltrataos en cárceles y comisarías del país, y donde las fuerzas de seguridad se han cobrado desde el regreso de la democracia hasta la fecha, la vidas de miles de pibes, sobre todo de los barrios populares y marginales de la Argentina.
Marcha
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