El 70% de la población carcelaria total en el sistema penal bonaerense tiene entre 18 y 34 años y son provenientes de los sectores populares. La cárcel como “máquina de triturar personas”.
“Los jóvenes de los barrios son peones en un mapa criminal mayor”, sostuvo en una entrevista la presidenta de la filial argentina del Observatorio Internacional de Prisiones (OIP), Graciela Dubrez, quien agregó además que el sistema penal es “una máquina de triturar” con el cual la democracia tiene todavía una deuda pendiente.
Dubrez presenta cada año y ante distintos organismos nacionales e internacionales, un informe de diagnóstico sobre las prisiones Argentina, donde resalta que un joven o un adulto que ingresa en una cárcel no es un mero problema de “seguridad”, sino el producto de un fenómeno más complejo con su origen en la marginalidad y la violencia del contexto en el que esas personas crecen.
El informe 2012 “Situación de los menores en conflicto con la Ley Penal en la provincia de Buenos Aires”, elaborado por el OIP, señala que allí “900.000 jóvenes ni estudian ni trabajan y viven en los barrios más pobres del conurbano”, a lo que se suma que “son permanentemente acosados y perseguidos por las fuerzas de seguridad”.
Según la especialista, lo novedoso en el mapa de los barrios vulnerables es el narcotráfico organizado, que desplazó poblaciones enteras y contra el cual se contrapone una Policía y un sistema judicial que no está “operativamente preparado” para combatirlo y que, sumado a la falta de “una política demográfica seria”, resulta un caldo de cultivo para un gran número de esos jóvenes que, más tarde o más temprano, terminen presos.
Los números resultan abrumadores: según la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, hay un total de 450 menores de 16 años privados de su libertad y, según Dubrez, más del 50% cumple esas condenas por homicidio.
Una mirada sobre los datos provistos por el Servicio Penitenciario Federal sobre las prisiones de adultos, pone de manifiesto la vulnerabilidad de los sectores más jóvenes: el 70 por ciento de la población carcelaria total tiene entre 18 y 34 años, de los cuales cerca del 30% están entre los 18 y 24.
“El hacinamiento genera violencia, todo hormiguero genera violencia”, sentenció Dubrez, dando cuenta de un fenómeno cada vez más significativo y creciente: el del incremento de la población en los barrios marginales.
El informe “Magnitud y crecimiento de las villas y asentamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires en los últimos 25 años”, elaborado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) señala que entre 2001 y 2006, por cada 100 nuevos habitantes en el conurbano bonaerense, 60 se ubicaron en asentamientos informales, contra 10 de cada 100 entre 1981 y 1991, y 26 de cada 100 entre 1991 y 2001.
Mientras, según la presidenta del OIP, la Policía en los barrios “tiene una relación perversa con sus habitantes: por un lado les permite hacer negocios y, por otro existe una represión violenta y sin sentido”.
De acuerdo a datos aportados por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), de los 182 casos de gatillo fácil relevados en 2012, el 39% fueron en una cárcel, comisaría o situación de custodia, en tanto que el 47% de los casos los asesinados fueron menores de 25 años.
Sobre el futuro de un joven que recupera su libertad, Dubrez es categórica: “Un régimen penitenciario militar no puede pretender socializar a un civil, la mayoría de los presos sufre un síndrome postraumático que silencia las humillaciones y los maltratos vividos en el encierro”.
Gabriel Camoia.
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