El 16 de agosto, la Afip allanó tres confiterías de la capital salteña, descubriendo una red de tratas cuyo alcance total todavía se desconoce y en la que se ha visto implicado directamente el poder político. Desde un comienzo la opinión pública apuntó sus cañones contra el intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, quien se encontraba en uno de estos prostíbulos, posiblemente en calidad de cliente.
A partir de ese momento se desencadenó, por un lado, una fuerte presión de los vecinos de Mazza por su expulsión, no sólo por este hecho sino por la fuerte crisis municipal, por las numerosísimas denuncias que lo ligan a negocios del mismo tipo y hasta al narcotráfico. Al mismo tiempo, las distintas fracciones del PJ gobernante y el romerismo empezaron a tejer sus maniobras para pilotear la crisis a su favor. Finalmente, Urtubey impuso la intervención, medida fuertemente denunciada por el PO, pues caracterizamos que tenía por objeto ajustar a la población, barrer la basura bajo la alfombra y allanar el camino a candidatos del mismo palo que Villalba. Este pronóstico se demostró correcto cuando el martes 27 el PJ oficializó la candidatura del intendente intervenido por ellos mismos. El gobernador Urtubey, presidente del PJ, se justificó: “Quién soy yo para negarle una participación electoral a un ciudadano…”
La crisis del gobierno ya viene de arrastre y se origina en la crisis económico-social y en el desbarranque electoral de un gobierno en fragmentación. El caso Villalba exacerbó las contradicciones: todo parece indicar que la repudiada candidatura fue impuesta por el Foro de Intendentes Justicialistas, mientras que varios de los diputados “U” repudiaron tibiamente la medida en un primer momento, para adaptarse después. El vicegobernador Zottos, enfrentado a Urtubey, dijo que este “tiene un millón de motivos para no soltarle la mano a Villalba”, dejando entrever los pactos mafiosos que hay detrás.
Sin complicidades políticas no hay trata
El entuerto del intendente en un cabaret puso en discusión el problema de la trata en Salta y el rol del Estado. Susana Trimarco, de visita en Salta, canceló su reunión con Urtubey y llegó a declarar sugestivamente que “la trata no es posible sin complicidad política”.
El PO planteó una comisión investigadora en la Legislatura para ir a fondo con las responsabilidades políticas. A su vez impusimos en el Concejo Deliberante una interpelación a las autoridades del municipio Capital, encargadas de la habilitación de estos locales. Allí, con pruebas en mano, denunciamos que 60 mujeres fueron rescatadas por la Afip, mientras la municipalidad y la división de Trata de la policía provincial cajonearon durante cinco años seguidos las denuncias de los vecinos. Desnudamos también que los locales funcionaron sin habilitaciones y que uno de ellos, Rumis, la tenía vencida desde 2010…
Más allá de la política confusionista del gobierno, que intentó abordar el episodio de Villalba como un problema moral e individual, la acción de nuestras bancadas canalizó un debate cuyo objetivo es enjuiciar a los responsables políticos de la situación de esclavitud de nuestras mujeres. Vamos a proponer un encuentro de luchadores contra la trata para fines de septiembre que potencie esta lucha. El gobierno de Urtubey está en crisis y debemos aprovechar todos estos episodios para superar definitivamente a un régimen descompuesto de tratantes y narcos.
Arturo Borelli
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