La aprobación del proyecto de ley sobre la reapertura del canje de la deuda externa tuvo una discusión en el senado, mostrando los argumentos de siempre del oficialismo, y el seguidismo de la UCR, a pesar de sus cuestionamientos. Aunque las exposiciones no se apartaron de considerar que esto es lo único que se debe hacer, porque es una política de Estado, los senadores fueron algo prudentes y más mesurados en el exhibicionismo de los logros oficialistas. Todos votaron a favor, con la excepción de los senadores Rodríguez Saá, Linares, Juez, Escudero, Negre de Alonso, Giustiniani, Romero.
La sesión de la Cámara de Diputados, en cambio fue una clara muestra de la degradación institucional que se vive y el deliberado desconocimiento del orden jurídico del país. Los discursos oficialistas se repitieron unos a otros mostrando un imaginario desendeudamiento, enfatizando que somos un país soberano y olvidándose que en todos los bonos emitidos por Néstor Kirchner y la actual presidenta tienen una cláusula de renuncia a la soberanía y de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York. Los obsecuentes del FPV sostuvieron que todos los pagos que se hicieron (173.000 millones de dólares del 2003 a hoy) permiten el crecimiento, la inclusión social, una mejor educación, configurando un país ideal que solo existe en un relato falaz, donde las estadísticas dibujadas permiten decir cualquier cosa que se acomode a los proclamadores de la década ganada.
Pocas veces he visto tal sarta de mentiras alevosas, mientras está en juego la economía del país y el desarrollo de un pueblo que sigue siendo engañado por la sobreactuación discursiva del oficialismo y la patética mediocridad de sus opositores, que cultivan el lugar común y las ideas convencionales como una de las bellas artes.
Hablar de legalidad, de estado de derecho, en ese ámbito suponía ser tildado de loco, y por eso arreciaron los insultos y los gritos, cuando Pino Solanas trató simplemente de mostrar algunas cuestiones jurídicas que nulifican la deuda, haciendo esfuerzos junto a Alcira Argumedo y Jorge Cardelli, de mostrar que no se podía renegociar lo que es nulo. Lo único que le interesaba al FPV era exhibir pura hojarasca dialéctica para mostrar que se pretendía hacer una política de Estado, como si convalidar el fraude y el delito tuviera que ver con los actos que debe ejercer un país soberano. Fueron vanos los esfuerzos de Claudio Lozano mostrando cifras contundentes. No se quería escuchar otra voz que no fuera: HAY QUE PAGAR.
No debería extrañarnos ver tanta obsecuencia, tanta mediocridad acompañada por los discursos de la UCR y los distintos grupos que apoyan al gobierno y aún aquellos del peronismo que sigue a Massa, diciendo lo mismo: hay que tener políticas de Estado y debemos seguir pagando, olvidándose que las deudas se pagan, pero las estafas no, y que no se puede desconocer impunemente le orden jurídico.
Nadie pudo explicar porque después de haber pagado más de 390.000 millones de dólares de 1982 hasta hoy, debemos al 30 de diciembre 209.000 millones (incluidos holdouts). Nadie pudo explicar, porqué en las planillas del perfil anual de vencimientos que tiene el Ministerio de Economía, figura una deuda a diciembre de 191.000 millones, y en el informe de fin de año pasado figuran 197.464 millones. Nadie habló de que el Banco Central ha perdido más de 20.000 millones de dólares de reservas, que la inflación está licuando los fondos de los jubilados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. A nadie se le ocurrió preguntarse porque los actos delictivos de la dictadura militar tienen que ser reconocidos y sus deudas pagadas, porqué después de 10 años de gobierno nacional y popular las leyes financieras, de inversión extranjera y otras del dictador Videla se siguen manteniendo. Porqué, la prórroga de jurisdicción a favor de jueces extranjeros que ha permitido el enjuiciamiento de la Argentina en el tribunal de Griesa y que es una ley de la dictadura se siga observando con rigurosidad, y el gobierno en todas sus restructuraciones haga uso de ellas. Porqué la descomunal estafa de la deuda privada transferida a todos los argentinos por empresas como Renault, Bridas, Papelera Rio Paraná, Loma Negra, Pérez Companc, Ford, Citibank, Socma (grupo Macri) Fiat Sevel, Techint, etc. ha tenido que ser pagada y refinanciada por todos los gobiernos de la democracia, sin que a ninguno se le ocurriera cuestionarla, olvidando una investigación fundamental que hizo hacer el primer ministro de Economía de Alfonsín, el olvidado Bernardo Grinspun.
En todas las piruetas dialécticas del oficialismo, se soslayó toda consideración a la juridicidad, como si la deuda tuviera un régimen aparte fuera del ordenamiento legal de la República, y por supuesto se hizo un elogio desmedido al ex presidente Kirchner y a la actual presidenta, olvidándose (lo que se puede lograr con la desmemoria) que ellos apoyaron el vaciamiento del país desde 1989 hasta 1995, siendo actores principales del remate de YPF.
La selectiva falta de memoria es algo muy peligroso, porque además de exculparnos de nuestros propios errores, sirve para enfatizar los errores ajenos y así mediante largas disquisiciones convalidar cualquier arbitrariedad. Lo de ayer fue el claro ejemplo de lo que son los actuales representantes del pueblo y como lo que les interesa no es servir los reales intereses de la Nación, y sí continuar con la politiquería propia de un país atrasado, que se ufana en mostrar pequeñeces como grandes logros.
Como hace años lo ponía en evidencia con la rigurosidad que lo caracteriza, ese eminente Juez que fue Salvador María Lozada, y que hoy sigue con atención los problemas y dificultades que nos aquejan: existe un partido de la deuda en el que están todos, oficialistas y opositores, salvo contadas excepciones. Participan de él los medios audiovisuales, los grandes diarios y aquellos subvencionados por el gobierno, académicos de diversa especie, economistas, juristas y opinadores varios. Muchos de ellos por ignorar las investigaciones sobre la deuda, y otros porque pueden perder el empleo en sus bien remunerados cargos.
Respecto a los dos partidos mayoritarios, tampoco debe extrañarnos, ya que el Justicialismo y la Unión Cívica Radical, fueron desde 1983 hasta hoy los principales responsables de aceptar una deuda fraudulenta sin auditarla, negándose a hacerlo y negociando siempre con los usureros. En enero de 1984, el Dr. Martín Anzoátegui comunicó al Congreso Nacional la importancia de hacerlo, porque el juzgado a su cargo, donde se radicara la denuncia que efectuara mi padre en 1982, no tenía posibilidades de encarar semejante tarea. En el año 2000 y luego de una deficiente labor el juez Jorge Ballestero mandó al Congreso los resultados para que se tomara una decisión y nada ocurrió. En todos esos años radicales y peronistas se opusieron tenazmente a que se conocieran los entretelones del fraude y hoy, una vez más quieren echar un manto de olvido a su conducta irresponsable, queriendo mirar solamente el futuro.
La Diputada Carrió , habitual denunciante de oscuros negociados que tienen que ver con conductas propias de ladrones (Milani, Báez, López y otros), dejó su habitual énfasis cuestionador, se olvidó de todo lo que sabe de la deuda y decidió abstenerse, no queriendo comprometerse en cuestiones fundamentales que hacen a nuestra estructura económica. Pareciera que le resulta más fácil la retórica y el énfasis denunciador, que ocuparse de defender la legalidad.
Salvo algunos pocos que se atrevieron a enfrentarse a este nuevo acto de perpetuar el fraude, ocurrió lo mismo de siempre y la Escribanía del gobierno se limitó a formalizar lo que se le había ordenado. Quizá, no tengan en cuenta los diputados que votaron a favor, que en algún momento el juicio implacable de la historia va a alcanzarlos y los pondrá como ejemplo a otras generaciones, de cómo traicionaron un mandato que juraron cumplir y se hicieron cómplices de una nueva violación al estado de derecho.
Alejandro Olmos
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