La transición del kirchnerismo luego de diez años anuncia el mandato de la Casa Rosada y el proyecto electoral sciolista para el 2015 con un armado represivo. De cuando el western llegó al conurbano.
Rápidamente y sin ánimo de ofender a ningún cinéfilo, se podría decir que el western surge como género cinematográfico a partir del relato histórico de las conquistas y colonización de los territorios occidentales de Estados Unidos. Imágenes como la de los pistoleros al servicio de la ley, representan el imperio del orden y tienen como misión -desde lo iconográfico hasta la acción- el empleo de la violencia y la masacre.
Cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, definió el viernes pasado desdoblar el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense entregándole al ex intendente de Ezeiza, Alejandro Granados el de Seguridad mientras que Ricardo Casal se quedaba con la cartera de Justicia -como un guiño de preservación a quien es el gran armador del sciolismo de cara al proyecto presidencial 2015-, se presintió la profundización definitiva de un esquema de avance represivo y de militarización del territorio.
Los argumentos públicos de un rearmado en relación a las necesidades operativas en materia de seguridad y justicia no alcanzaron para justificar la llegada del sheriff Granados, un jugador de la profundización de la mano dura en el conurbano. Scioli llevará a la legislatura bonaerense una propuesta que deshace el esquema que él mismo había creado en 2010 cuando unió ambos ministerios. Con el guiño de ojo del massismo, todo indica que se podrá avanzar, mientras que desde la oposición hubo críticas que sólo revisten la visibilización del debilitamiento del kirchnerismo tras las PASO en el marco de la inseguridad como un problema clave.
El plan del sheriff
Alejandro Granados, fue intendente de Ezeiza durante 18 años, mantuvo un estrecho vínculo con el ex presidente Néstor Kirchner, es de extrema confianza de Scioli, y hace más de una década declaró -haciendo referencia a un episodio de delincuencia- lo que mantuvo hasta el día de hoy: “Estamos en guerra con ellos (…) es matar o morir”.
Aunque la relación con el kirchenrismo se enfrió durante el mandato de la presidenta Cristina Fernández, y tembló cuando su hermana Leonor, diputada provincial, se unió a la línea del Frente Renovador de Sergio Massa, desde la Casa Rosada le dieron el visto bueno cuando Scioli lo propuso como futuro ministro.
Es que el sheriff del conurbano viene siendo coherente con las “necesidades” de la coyuntura en la puesta en marcha de un plan de seguridad, ya que fue uno de los primeros intendentes en la gestión local en el armado de un plan propio de “Tolerancia cero contra la delincuencia” en el 2003. La experiencia de Ezeiza de ese entonces, tiene como correlato en la actualidad el propósito de trasladar algunas de sus prácticas a la conformación de una intervención de seguridad en toda la provincia. En diálogo exclusivo con Marcha el periodista Tomas Eliaschev analiza la figura del nuevo ministro de Seguridad, "Granados implementó el programa de Tolerancia Cero en su municipio que implicó: la proliferación de cámaras de seguridad así como la creación de una policía comunal, en la que se toma a policías retirados. Así fue como contrataron a José Antonio Pelozo, un ex comisario conocido como "el mataguachos" que estuvo a cargo de la comisaría de Villa Fiorito. Terminó condenado por el asesinato del joven Matías Bárzola, que tenía 17 años".
El plan de seguridad que fue ideado por Néstor Franco, actual director provincial de Seguridad Pública, cuando era funcionario del municipio de Ezeiza, está inspirado en el que lleva un nombre similar impulsado por el republicano Rudolph Giuliani en la ciudad de Nueva York.
Eliaschev afirma que “Granados sabe bastante de policías retirados: por ejemplo, Jorge Bogado, el puntero que respondía a Granados y asesinó al trabajador desocupado Javier Barrionuevo el 6 de febrero de 2002”.
El paradigma que une pobreza, delito y pibes
La campaña contra la inseguridad luego de las PASO trajo como correlato, que el candidato a diputado nacional del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, Martin Insaurralde, anunciara la presentación de un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores -algo que responde más a la lógica alarmista de los medios hegemónicos y a la instalación de la demagogia punitiva en los barrios más pobres- así como un proyecto de ley para el “desarme” de la sociedad civil.
El aparato oficialista pronto salió a reforzar además, las declaraciones de Insaurralde cuando horas después el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, afirmó que en “casi todos los delitos hay involucrados menores” reforzando así el paradigma de la criminalización de los jóvenes.
En simultáneo, la campaña electoral bonaerense puso en el centro de la escena al hombre que viene del duhaldismo, al hombre que se lleva los elogios de De Narváez y los mejores deseos de Massa. Las palabras de Granados ni bien asumió prometiendo cien mil policías y miles de cámaras de seguridad, demostró que no hay ambigüedad alguna en la política que viene llevando adelante el sciolismo, como pretenden instalar algunos medios de comunicación oficialistas que se enuncian críticos, sino todo lo contrario, viene a reforzar el paradigma “del autogobierno policial, una fuerza que regula el crimen organizado porque a esta altura, policía y mafia, constituyen una unidad que aparece como indisoluble” como sostiene Eliaschev.
La irrupción de las fuerzas de seguridad en los territorios, se liga con la trayectoria de Granados y su cruzada desde el menemismo, pasando por el duhaldismo en el 2002 cuando protegió a Jorge “Batata” Bogado, su puntero histórico en el conurbano autor del asesinato de Javier Barrionuevo en Echeverría. Hoy Bogado está libre.
Y esta lectura se puede realizar porque el conurbano engrosa la lista de casos de gatillo fácil y narco policía. En la madrugada de este lunes pasado, un joven de 29 años, Miguel Angel Durrels, apareció muerto dentro de los calabozos de la Comisaría de Pilar 1ra. Había sido detenido por una Patrulla del Servicio de Apoyo Policial (SAP), luego de su muerte todo se tornó confuso. La policía afirma la versión de un suicidio, mientras que su familia, como la de tantas otras de los pibes de los barrios, pide justicia en el territorio donde se juegan las reglas del western más crudo.
Camila Amatriain.
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