La política petrolera y energética del gobierno y la baja de la edad de imputabilidad: prioridades que cambian en el kirchnerismo y una pelea no resuelta.
A nadie le escapan las dificultades que enfrenta el kirchnerismo respecto de su propia política energética. Tras una década sin modificaciones sustanciales del marco regulatorio ligado al sector, los actores tomaron provecho para continuar la estrategia extractiva que está dejando al país sin reservas. El gobierno intentó primero participar de la fiesta de las petroleras, involucrando como socio al grupo Petersen, de la familia Eskenazi, en 2007. La operación fue un negociado sin desperdicios, pues el grupo local adquirió participación en la empresa a cuenta de las futuras ganancias de la misma; es decir, entró a YPF casi sin poner un peso.
Este intento frustrado de revitalización del empresariado nacional acabó en un fracaso. El resultado fue un abultado déficit energético, que obliga a importar cantidades crecientes a elevados precios, ocasionando además falta de divisas. Atrapado por las necesidades energéticas para sostener el crecimiento, el gobierno anunció en abril de 2012 su entrada al negocio por vía propia. La compra del 51% de las acciones fue festejada como un logro histórico. Sin perjuicio de la importancia simbólica de YPF, lo cierto es que no se trató de una estatización, dado que la empresa sigue sujeta a las leyes del derecho privado. Pero la YPF de 2012 no era la de décadas atrás: tras el vaciamiento neoliberal, gran parte de sus pozos ya no están en su auge.
Aparece así la necesidad de incursionar en hidrocarburos ubicados en terrenos de extracción más complicada, como el shale y el de aguas profundas. Para aprovechar los yacimientos del primer tipo es que, un año más tarde, el gobierno desdice a su propia militancia anunciando el acuerdo con Chevron. Se trata de la multinacional que más conflictos socio-ambientales causa en el mundo, y tiene un historial nefasto en nuestro propio país donde no ha realizado inversión alguna que permita pensar en el autoabastecimiento.
Los vínculos directos de Chevron con el gobierno estadounidense grafican que no es casual el beneficio que obtiene de la política imperialista de invasión en Medio Oriente: los aumentos del precio del petróleo ocasionados por las incursiones militares de Estados Unidos hacen rentables explotaciones de yacimientos de otra forma demasiado caros. Manteniendo limitada la producción de Arabia Saudita y otros países petroleros amigos, sumado a la destrucción de pozos por la guerra, el beneficio económico llega a las arcas de las petroleras en todo el mundo.
Pero invitar a Chevron a participar de la fiesta no es suficiente.
Ahora es Petróleos Mexicanos (PEMEX) la que está pendiente de su participación en el negocio en Argentina. La empresa mexicana es actual foco de conflicto político en su país. El presidente Peña Nieto ha anunciado desde su campaña su intención por privatizarla, abriendo el negocio a los capitales del sector.
Tal como ocurría en los ochenta en Argentina, la campaña de prensa señalando la ineficiencia de la gestión estatal está a la hora del día. Sin embargo, esto dista de la realidad. PEMEX está entre las 8 petroleras más grandes del mundo, y sus resultados negativos no se producen de la propia actividad, sino del vaciamiento de sus utilidades. Es decir, la empresa produce ganancias, pero éstas son completamente -y más- tomadas por el fisco público para financiar sus propios gastos: la tributación de PEMEX equivale a más del 100% de sus utilidades. Esto permite a los empresarios en México no pagar impuestos, y solventar la acción del Estado en la renta petrolera. La privatización de PEMEX generará un enorme negocio, y dejará al Estado mexicano en problemas de recaudación. Estas denuncias motivaron el pasado domingo una masiva movilización al zócalo capitalino, tras la convocatoria de López Obrador.
La explotación de shale gas es entonces un negocio para Chevron, y para el eventual socio que entre a través de PEMEX. Argentina tiene algunas de las reservas más importantes del mundo en este tipo de gas, por lo que la magnitud del negocio no debe desestimarse.
Las críticas, por supuesto, han llovido en el país.
La aprobación del acuerdo en la legislatura neuquina sesionó entre manifestaciones y protestas. Heridos y detenidos se multiplicaron en las calles. Al interior del recinto, el representante del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Raúl Godoy, desplegó una bandera de los Estados Unidos, como claro gesto de los intereses que sus colegas defendieron en la votación.
El evidente giro discursivo del gobierno para justificar su asociación con la petrolera estadounidense se empalma con otros giros en la política que parecen indicar un cambio de sus prioridades, como la designación (o su intento) de personal denunciado por los organismos de derechos humanos (Milani, Marambio) o la reciente voluntad de reducir la edad de imputabilidad penal. En una nota provocativa, el diario Página 12 defendió la explotación del shale gas acusando a ecologistas y militantes de reaccionarios desinformados.
La situación en Argentina parece haber tomado un rumbo decidido. En defensa del proyecto nacional y popular, se defiende a las petroleras y se ataca a los militantes sociales en todos los órdenes posibles.
La semana pasada, el concejo deliberante de Tornquist (Buenos Aires), bajo la presión de vecinos y organizaciones ambientalistas, prohibió la práctica de fracking en su municipio. Un buen antecedente para disputar la política petrolera expoliadora. Por fortuna, la pelea aún no está resuelta por completo.
Francisco J. Cantamutto.
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