Los conflictos laborales evidencian la crisis en el transporte público, mientras el Estado hace foco en los gremios y los trabajadores, los medios hegemónicos de comunicación se hacen eco, a la vez que refuerzan un “sentido común” antisindical.
“La construcción discursiva de los medios hegemónicos de comunicación tiene la intencionalidad de deslegitimar las protestas laborales”, afirmó Juan Ignacio Issa (politólogo y docente) en su artículo del 27 de marzo de este año en Página12. Allí sostuvo que los y las trabajadoras que habitualmente usan un servicio como el transporte ferroviario no se reconocen a sí mismos como iguales al trabajador ferroviario, y que por lo tanto, cuando este último y sus compañeros optan por una medida de fuerza que interrumpe el servicio, del otro lado la reacción más común es la queja como usuarios.
“El neoliberalismo produce una persona (subjetividad) que no reacciona como trabajador a partir de la solidaridad de clase con el empleado ferroviario. Reacciona como consumidor”. Por lo tanto, la visión que se asume de los hechos no es en base a intereses de clase, si no en base a valores ajenos que son tomados como “propios”, producto de un proceso histórico que contiene factores como la “flexibilización laboral”, “transformismo de dirigentes”, “despolitización de los sectores populares” y la centralidad en la sociedad de valores como el individualismo, el hedonismo y el consumo. Por todo esto, Issa afirma que “los medios de comunicación hegemónicos han funcionado como dispositivos de producción simbólica que colaboraron en la naturalización de estos valores, que son los valores de los sectores dominantes”.
Desde la tragedia de Once hasta hoy, pasando también por el accidente en Castelar, la discusión sobre el sistema ferroviario ha recobrado centralidad en la agenda nacional, con acusaciones cruzadas desde distintos sectores. Desde el gobierno nacional se ha expuesto casos de negligencia de los motorman, mientras que desde los trabajadores ferroviarios se ha denunciado constantemente el vaciamiento y la falta de inversión en el sistema por parte de los grupos empresarios.
En los medios, desde una pretendida imparcialidad se expone, califica y juzga cada una de las medidas de los trabajadores, quienes sostienen que dichas acciones son en función de pelear por un mejor servicio. “Nosotros sabemos que nuestro trabajo tiene una importancia social, ya que fabricamos y arreglamos trenes. Los mismos trenes en los que viajan nuestros familiares y vecinos. Por eso es que queremos que se estatice integralmente el servicio de ferrocarriles de la Argentina, porque en manos de los empresarios como los Cirigliano o los Roggio, que se llenaron los bolsillos de subsidios y no invirtieron nada, no puede seguir”, comentó Ezequiel Peralta (delegado de EMFER) a Marcha.
Hoy, varios de los trabajadores de Emprendimientos Ferroviarios (EMFER) están siendo perseguidos por la empresa, a través de la justicia, luego de haber aportado pruebas en la investigación de la tragedia de Once frente al intento de destrucción de archivos referidos al mantenimiento de los trenes por parte de los ejecutivos de la empresa. Los trabajadores de EMFER, a través de su cuerpo de delegados protegieron dicho material y lo pusieron a disposición del Juez Bonadío, quien está a cargo de la investigación de Once. Posteriormente, la empresa del grupo Cirigliano solicitó a la Unión Obrera Metalúrgica el desafuero gremial de los delegados de EMFER, excusándose en el incurrimiento de faltas graves por parte del cuerpo de delegados. La UOM, tras notificarse de la solicitud, decidió no resolver la cuestión porque entendía que no era de su competencia, pero tampoco accionó en denunciar a la empresa por conducta antisindical.
Actualmente, los trabajadores de TATSA que pertenecen al mismo grupo (Cirigliano) que EMFER y que en algunas áreas son gerenciados por los mismos ejecutivos, se encuentran en un conflicto con la empresa tras que la misma decidiera unilateralmente y sin previo aviso, despedir a 13 trabajadores con sólo el 50% de la liquidación. Los trabajadores solicitaron la intervención del Ministerio de Trabajo (MTEySS), pidiendo la conciliación obligatoria para que retrotraiga la situación al momento anterior de los despidos. El Ministerio denegó el pedido de los trabajadores por lo que, los mismos, tomaron la fábrica en defensa de sus puestos de trabajo, y al día siguiente realizaron un corte de dos horas en la Gral. Paz para visibilizar su reclamo. Desde los medios tildaron al corte de irracional, de desmedido y que un grupo de trabajadores tenía de rehenes a la sociedad argentina.
“Los familiares de las víctimas seguimos sosteniendo que una real estatización tiene que tener en cuenta la palabra de los trabajadores y los usuarios. Se requiere de políticas profundas, no es cuestión de cambiar nombre o pintar vagones”, sostuvo Maria Luján Rey (madre de Lucas Menghini Rey, víctima de la tragedia de Once).
Desde los gremios se reclama un cambio, como en el caso de los trabajadores de EMFER que sostienen que es urgente la estatización integral del servicio -sobre todo el de pasajeros-, no quedándose en posturas corporativistas negándose sólo a los controles sobre los trabajadores, que hasta ahora ha sido la estrategia elegida por el gobierno nacional, lo cual coincide bastante por lo descripto por Daniel James (historiador y sociólogo británico) cuando sostuvo que “Crisitina hace suyos los peores prejuicios de la clase media argentina sobre los sindicatos…” en diálogo con Diego Genoud, publicado en La Nación el 14 de julio de este año.
Diego Paz.
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