Por el vaciamiento de su obra social
Moyano fue el único orador en una marcha del gremio de Camioneros a la Superintendencia de Servicios de Salud. Reclamó los fondos adeudados a las obras sociales, que en la actualidad acumulan unos 17 mil millones de pesos, y el rechazo a la atención de los monotributistas, que aportan un porcentaje menor que el de los afiliados de origen.
La marcha fue muy menor, comparada con las grandes concentraciones protagonizadas por los camioneros, por ejemplo las vinculadas con el rechazo del impuesto al salario. Moyano le reclama al gobierno casi 900 millones de pesos para Oschoca, la obra social camionera.
Pero el otro ingrediente de la marcha está más vinculado con la sección de policiales que con las páginas gremiales de los diarios. La marcha fue una reacción del camionero contra la ofensiva en su contra de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que da cuenta de transferencias millonarias de la obra social del sindicato hacia compañías prestatarias presididas por integrantes de su entorno familiar, entre ellas su esposa Liliana Zulet y su hijo Pablo. El gobierno K está haciendo saltar que existe una triangulación de dinero proveniente de la obra social y el sindicato hacia tres compañías controladas por el grupo familiar de los Moyano, y con un vertiginoso crecimiento patrimonial durante la última década. De acuerdo con la investigación que lleva adelante el juez Bonadio, las operaciones involucran transferencias por más de 580 millones de pesos, lo que puede llevar a Hugo Moyano a la cárcel.
En nombre de defender a los camioneros, Moyano utiliza un reclamo genuino para salvar su propio pellejo y llegar a un acuerdo con el gobierno, congelando reclamos a cambio de frenar las causas en su contra. No hay una salida para los reclamos obreros detrás de la burocracia sindical en descomposición. Contra los garfios del gobierno y de la burocracia sobre nuestras obras sociales, exigimos que pasen al control de trabajadores electos.
Daniel Sierra
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