El 28 de septiembre se conmemora el Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Como en los últimos veinte años, el movimiento feminista, de mujeres y de derechos humanos se moviliza y exige a los parlamentos latinoamericanos escuchen el ardiente reclamo.
Mujeres pobres y jóvenes siguen muriendo por causas evitables en toda Latinoamérica. Las consecuencias de que los Estados criminalicen las acciones de las mujeres que no quieren ser madres, que no quieren adecuar sus conductas a las normas hegemónicas o que corren riesgo de vida en la gestación, redundan en la postergación por el reconocimiento de sus derechos. En este contexto, en toda la región se activaron protestas, manifiestos, marchas, intervenciones, seminarios de sensibilización académica, campañas y actividades conjuntas típicas o inéditas para interpelar a los poderes acerca de la necesidad de legalizar el aborto en nuestra América.
En Argentina, se realizarán desde este viernes 27 y hasta la semana siguiente, múltiples actividades coordinadas en el marco de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Este viernes se realizará frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, de 12 a 14, un abrazo simbólico para poner de manifiesto que el proyecto de ley de interrupción voluntaria de los embarazos, presentado en marzo de 2012 por cuarta vez consecutiva, y que cuenta con el apoyo de más de 50 diputados y diputadas y 300 organizaciones feministas, de la sociedad política, civil y estudiantil, nunca fue tratado en el recinto legislativo.
Mañana, 28 de septiembre, se realizarán en todo el país, mesazos, intervenciones territoriales que tienen el objetivo de visibilizar al aborto como una cuestión sociocultural, de magnitud política y colectiva para la salud psicofísica de las mujeres. Se brindará información y se juntarán firmas, a la vez que se recolectará la opinión de la ciudadanía en favor de este derecho postergado. Habrá intervenciones en las plazas y las calles de las provincias de Tucumán, La Pampa, Salta, Córdoba, Santa Fe, Chubut y San Juan. En la provincia de Buenos Aires, en La Plata, Morón, Lomas de Zamora y Vicente López.
Una deuda de la democracia
Para Martha Rosenberg, psicoanalista e integrante de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la postergación en el reconocimiento del derecho al aborto es una deuda de la democracia “porque no hay cambios legales ni políticas públicas para resolver la restricción del derecho de las mujeres a decidir sobre su futuro cuando han quedado embarazadas de manera involuntaria -ya sea por fallas de los métodos anticonceptivos o por coerción en las relaciones sexuales-, o cuando hay motivos que le hacen inaceptable continuar con su embarazo”. Y sostiene, a favor de la decisión autonómica, que “la maternidad debe ser un plus de vida para la mujer y no una condena. Las mujeres abortan aunque esté penado y la ilegalidad del aborto hace alrededor de 500 mil mujeres por año a pongan en riesgo su salud, su fecundidad y hasta su vida”.
En este mismo sentido, para Elsa Schvartzman, licenciada en sociología y también integrante de la Campaña, “un estado democrático y laico debe garantizar el acceso al derecho a la salud y a una vida digna de quienes la y lo habitan”. Agrega que “con la ilegalidad del aborto se cercenan estos derechos, excluyendo a las mujeres de un ejercicio indelegable de autonomía y libertad”.
Una muestra en Latinoamérica: la reciente experiencia de Uruguay
Según datos del Ministerio de Salud Público, desde que se legalizó el aborto en el vecino país, en diciembre de 2012, hubo 2.550 interrupciones de embarazos y no se registraron muertes de mujeres ni complicaciones debido a estas prácticas. Desde que el nuevo marco legal rige en Uruguay se ha consolidado el foco de las políticas públicas para que las prácticas de aborto seguras sean parte de un integral servicio de salud.
La política pública del gobierno tiende a disminuir la práctica de abortos a partir de la despenalización, en base a la educación sexual y reproductiva, la planificación familiar y la anticoncepción, tal es así que, desde diciembre de 2012 a mayo de 2013 se realizaron en el país 426 abortos al mes, concluyendo que 10 de cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años se practica un aborto en Uruguay actualmente.
Estas cifras sitúan a Uruguay entre los que tienen mejores indicadores, a la par de los estados de Europa Occidental, que tienen la tasa de aborto legal más baja del mundo. En cuanto al registro realizado por los servicios de salud de los abortos, en diciembre de 2012, fecha en la que se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el 52% de las instituciones reportaron los abortos, mientras que en mayo de 2013 el 98% de las instituciones lo hicieron.
Qué se espera de los Estados
La Campaña Nacional nació en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario de 2003 y constituye una estrategia feminista destinada no sólo a adecuar las leyes a las prácticas sociales en búsqueda del reconocimiento de los derechos y las decisiones de las mujeres, sino también a visibilizar la raigambre compleja del entramado social que debe dejar de lado las opresiones con educación, sensibilización y conciencia.
En Argentina más de 100 mujeres mueren anualmente por causas relacionadas a abortos inseguros. Desde hace más de 20 años, los abortos practicados en condiciones de riesgo son la primera causa de mortalidad materna y representan un tercio del total de esas muertes. Se realizan en nuestro país entre 486.000 y 522.000 abortos clandestinos al año. La mortalidad por esta causa se registra mayoritariamente en mujeres pobres y de escasos recursos.
A través de su lema, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, la Campaña pretende instalar una sostenida presión social para que el proyecto de legalización del aborto en forma de sanción de una ley que garantice la salud y las decisiones reproductivas de las mujeres, garantice que todas las mujeres puedan disponer de la información necesaria para realizarse los abortos en forma segura a través de asesoramientos para prevenir riesgos. El informar sobre la anticoncepción y el acceso a todos los métodos como prescribe la Ley Nacional 25.673 de -Salud Sexual y Procreación Responsable- y garantizar el acceso universal a una educación sexual laica y basada en los derechos humanos en todos los niveles de enseñanza se vuelve básico y fundamental para todo Estado que se precie de sostener la gobernabilidad y mejorar los estándares de institucionalidad, a casi 30 años de incipiente democracia.
Laura Salomé
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