El pueblo quiere saber

A 5 meses de la trágica inundación en La Plata, que dejó como saldo 67 víctimas fatales y más de 130 mil hogares damnificados, en diálogo exclusivo con Marcha, el Juez en lo contencioso y administrativo Luis Federico Arias, comentó algunos aspectos de la causa que intenta esclarecer la verdad sobre la cantidad de víctimas fatales producto de la inundación.

Luego de que el agua escurriera en la mañana del 3 abril, no sólo quedó al descubierto el desolador escenario de las víctimas y los daños. También quedó al desnudo un Estado ausente, y la capacidad de un pueblo de sobreponerse a la tragedia, el cual se organizó en asambleas y decidió tomar el asunto de esclarecer la verdad en sus manos.
El primer paso lo dio Julián Axat (Defensor Oficial en el fuero de Responsabilidad Juvenil) presentando un habeas data para investigar sobre posibles muertes de jóvenes en situación de calle. La acción presentada fue asignada al Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nro 1, a cargo del Juez Luis Federico Arias. Al poco tiempo, Axat, sería removido por la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, Maria del Carmen Falbo. Casi al mismo tiempo y en sintonía con los movimientos de la Procuradora, el juez en lo penal Guillermo Atencio presentó ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires un conflicto de competencias, por lo que la investigación de Axat y Arias debió cesar casi por 15 a 20 a días hasta que la Corte ratificó la competencia del juzgado de Arias en la investigación. Se había perdido tiempo valioso, por lo que se hacía más difícil recabar información sobre las víctimas y circunstancias vinculadas a la inundación a más de 2 semanas de los hechos.
El agua desbordó los arroyos, y la tragedia desbordó a los funcionarios públicos (el intendente se encontraba en el exterior aunque su equipo de prensa twiteaba que estaba asistiendo a los vecinos durante el temporal), y la situación pasó manos de las fuerzas de seguridad, fiel al estilo de la provincia. “Se formó un comité de crisis, presidido por el comisario Matzkin, a cargo de la superintendencia de policía de seguridad y participaron otros funcionarios. Se le dio un enfoque diferente al que hubiera sido deseable, con intervención de autoridades sanitarias, es una cuestión sanitaria. La policía de algún modo tomó el control de la situación”, declaró Arias.
En este sentido, hace poco se dio a conocer el caso de Juan Carlos García que murió ahogado durante la inundación, “permaneció 5 horas sin que retiren el cuerpo, en una rambla. La documentación que acredita su deceso, firmada por médico forense, certifica que falleció por un paro cardio-respiratorio no traumático, cuando fue traumático (producto del ahogamiento) y como causa mediata un carcinoma hepático. En realidad murió ahogado por la inundación. Este fue caso fue muy importante, porque demostró, de algún modo, la falsedad de listado oficial que se había enarbolado en ese momento”.
Respecto al número real y final de víctima fatales, el Juez Arias nos explica que “eso se va a saber con la sentencia, pero aún con la sentencia no sé si van a ser el total. Van a ser las que podamos reconocer a través de las pruebas. Ya hubo una primera etapa testimonial, ahora en septiembre habrá una segunda. Hemos citado a mucha gente: policías, rescatistas, vecinos, etc. También tenemos pruebas periciales pendientes”. Este tema, la cantidad total de víctimas, ha sido el más controversial tanto judicialmente como políticamente, “llama la atención la obstinación de cerrar el listado oficial” comenta Arias, y precisamente, esa actitud del ejecutivo provincial irritó a los vecinos y vecinas de La Plata, los cuáles inmediatamente respaldaron la labor del Juez en lo Contencioso y Administrativo.
Las irregularidades en el listado oficial, la falta de respuesta por parte de los poderes públicos, y el hostigamiento sobre quiénes intentaban investigar lo ocurrido el 2 de abril, enrareció aún más el tenso clima entre los vecinos y vecinas platenses tras la inundación. El martes pasado fueron recibidos, por primera vez, por el gobernador Daniel Scioli tras 5 meses de reclamos. El primer punto a remarcar por asambleístas y familiares de las víctimas fue respaldar la labor realizada por el Juez Arias, y que se retire la recusación elevada por Hernán Gómez, Fiscal de Estado, que depende del ejecutivo provincial.
“La justicia es algo muy serio para que esté sólo en mano de los abogados”, comenta Arias risueñamente. “Hay que tomar parte en los asuntos de la justicia, la sociedad civil debe estar informada de lo que pasa en la justicia. Sin prejuzgar, los jueces debemos informar de lo que va sucediendo, del proceso”. Lejos de la fidelidad a la corporación judicial, Arias reafirma su compromiso con los y las vecinas: “A mí me convocan de las asambleas y yo voy, y les explico cómo va la causa. Yo me veo en la obligación de explicarles. Es muy importante que los vecinos estén organizados en asambleas y discutan sus problemas democráticamente”.
Por último, el juez Arias hace referencia de la falencia del sistema judicial de proveer defensores oficiales en el fuero contencioso y administrativo, lo cual dificulta la posibilidad de los ciudadanos de accionar contra el Estado cuando sus derechos son vulnerados, por lo tanto, se les niega el acceso a la justicia. “Lamentablemente no se pudo avanzar en el debate de la democratización de la justicia y es un debate que hay que dar”.
Hoy se cumplen 5 meses de la trágica inundación del 2 de abril, y los vecinos organizados en asambleas barriales, junto a los familiares de las víctimas, se movilizarán desde las 18hs a las puertas del municipio, y a las de la gobernación exigiendo que se esclarezca la verdad y se indemnice a los damnificados directos. El pueblo quiere saber, y su única herramienta, por ahora, es un juzgado pequeño en el vasto mundo judicial e institucional, frente a las evasivas de la mayoría de los poderes públicos, tanto municipales como provinciales.