La tasa de no registro laboral volvió a ubicarse en 34,5% de los asalariados, según INDEC, al igual que el año pasado. En medio de reuniones con el sector, el Estado nacional sigue haciendo agua al no poder darse una política de regularizar el empleo precario.
En Argentina, la tasa de no registro, que se ubicaba en cerca del 32% en 1991, llegó a alcanzar cerca del 50% con el colapso de la convertibilidad durante la crisis de 2001/2002. En este contexto, no han sido menores los logros obtenidos en materia de empleo registrado en la última década.
Sin embargo, es una realidad que estas mejoras se detuvieron a partir de mediados de 2010. El último dato suministrado por el INDEC da cuenta de que para el segundo trimestre de 2013, la proporción de trabajadores que no tienen aportes jubilatorios, ni obra social, ART, indemnización en caso de despidos, negociación colectiva, entre otros derechos adquiridos, es el mismo que en el 2011 y 2012. Además, entre los datos publicados también encontramos que en el segundo trimestre hubo una caída en proporción de asalariados totales, lo que en términos generales implica un empeoramiento de las condiciones de empleo, ya que buena parte de la escasa creación de empleo en el último año correspondió a ocupaciones más vulnerables vinculadas al cuentapropismo.
Las causas de este freno en las mejoras no se encuentran en la finalización de alguna política específica de registro. Por el contrario, en 2009 se redujeron las contribuciones patronales para nuevos empleados para el primer y segundo año de contratación, como una forma de incentivar la contratación en blanco en medio de la crisis internacional, programa que aún sigue vigente.
Pero los indicadores de empleo no registrado dejaron de mejorar a la par de la reducción en la creación de empleo. Esto significa que, más allá de los programas de fiscalización, buena parte de las mejoras en años anteriores no se dieron por el "blanqueo" de trabajadores, sino que se debió a que gran parte de los nuevos puestos creados se hicieron directamente en blanco, en medio de un contexto económico favorable y de políticas macro que supieron aprovechar este escenario.
El Plan de Regularización del Empleo que inició el gobierno kirchnerista en el 2004 marcó un cambio en la concepción del empleo no registrado, incrementado las acciones concretas para combatir la precarización laboral. Sin embargo, en los 827 mil establecimientos relevados, solo fue regularizado un 30% de los trabajadores encontrados en situación irregular.
Pero además hay que tener en cuenta el 70% de los trabajadores precarizados trabaja en casas de familia o en unidades productivas que no aparecen inscriptas en ningún lado, lo que tradicionalmente se relaciona con emprendimientos de baja productividad, cuya supervivencia se ve amenazada si deben afrontar todos los costos fiscales, sobre todo en tiempos de crisis. Aquí se puede pensar en programas especiales que contemplen algunas particularidades a la vez que se intenta fomentar la creación de nuevos puestos que reemplacen estos puestos precarizados. Para las empleadas domésticas, un gran avance fue la nueva legislación que equipara sus derechos a los del resto de los trabajadores, aunque la fiscalización y el registro es muy difícil.
El 30% restante de los trabajadores no registrados corresponde a trabajadores en empresas que sí tienen a parte de sus empleados registrados. Estos son los casos donde más duramente deben recaer las sanciones por parte del Estado.
Con un horizonte nebuloso en cuanto la posibilidad de seguir creciendo a "tasas chinas" y tras tres años de estancamiento en la tasa de no registro, el Gobierno Nacional ha puesto en las mesas de negociaciones con sindicatos y empresarios el tema del empleo en regla. Por un lado se propuso un registro público de infractores que sancione con quita de beneficios de distinto tipo a aquellas empresas que tengan trabajadores sin declarar. Por el otro, se planteó un importe único para facilitar la inscripción de los trabajadores de las microempresas (entre 3 y 5 empleados).
Como sucede habitualmente, estas discusiones no se dieron con todos los protagonistas. Por el lado de los trabajadores, asistieron Antonio Caló por la CGT oficialista y Pedro Wasiejko por la CTA de Yaski. No fueron partícipes de la reunión las centrales opositoras de Moyano y Michelli, ni otras organizaciones sindicales que nuclean a trabajadores de la economía social y a precarizados, como la AGTCAP o la CTEP, que activamente denuncian y luchan contra el trabajo precario.
¿Y por casa cómo andamos?
El Ministerio de Trabajo menciona que las actividades de hoteles, restaurantes y transporte, tanto en empresas grandes y medianas, son las actividades donde más se precariza a los trabajadores. Sin embargo, se olvida de mencionar otro gran empleador precarizador: el Estado.
El empleo público aumentó mucho en la última década, lo cual es un dato que contrasta con el vaciamiento de los años 90. Esto se llevó a adelante, en muchos casos, a costa de ir por fuera de las formas de contratación regulares. Solo en el Estado Nacional, el 16% de los trabajadores se encuentra bajo contrato. Pero si no se consideran los ministerios de Seguridad y Defensa, donde se encuentra el personal policial y de fuerzas armadas, el porcentaje de contratados del empleo público nacional llega al 40%. Este 40% no posee los derechos de una relación de dependencia: vacaciones, licencia por maternidad, aguinaldo, días de estudio, negocian su salario individualmente y no tiene aseguradora de riesgos de trabajo, entre otras cosas.
Esta realidad varía según cada ministerio. En Jefatura de Gabinete directamente los contratados duplican a los trabajadores de planta. El Ministerio de Trabajo, por su parte, tiene al 30% de sus trabajadores bajo contrato. Se han realizado algunos avances en este sentido, con la apertura de concursos en algunos ministerios, pero al situación aún es muy grave. Llamativo es el caso de Desarrollo Social donde de sus 8.900 empleados, más de 7.500 son contratados.
Tampoco se debe olvidar a los trabajadores que reciben distintos tipos de planes de empleo, ya sea nacionales o provinciales, y que terminan realizando tareas similares a cualquier otro trabajador público con una remuneración inferior y el no reconocimiento de sus derechos como trabajador. A pesar de todo esto, para el Estado no hay registro de infractores, ni multas, ni pérdida de beneficios. En este contexto, es necesario que para la solución el tema, que el Estado Nacional convoque a dialogar no solo a los empresarios y sindicatos, sino también a todas aquellas expresiones sociales y políticas que buscan superar el trabajo precario.
Agustín Fungi
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